Hay herramientas que sirven para proteger a sus hijos de peligros relacionados con el uso de Internet o el celular, pero que pueden ser usadas para vigilar a clientes, parejas y empleados.
Para muchos padres, tener a los hijos en casa, sentados frente al PC durante horas, es sinónimo de seguridad y tranquilidad. Sin embargo, esto puede ser un espejismo. En la Red pululan serios riesgos para los niños, como pornografía, acoso de otros menores, presencia de abusadores y hasta amenazas reales de secuestro.
Para evitar esto, la tecnología provee programas y servicios web que ayudan a los padres. "A veces los niños no tienen claro qué es peligroso. Mi hijo aceptaba en sus redes sociales a personas a las que no conocía sólo porque eran 'amigos de mis amigos'. Yo no se lo permito y lo prevengo con servicios Web gratuitos que me avisan cuando pasa", dice David Castiglioni, de Microsoft.
Para este ejecutivo, las tecnologías de monitoreo se deben usar, de forma negociada, para prevenir riesgos.
"Yo contraté un servicio cuando vivía en Alemania, que me permitía conocer la ubicación del celular de mi hijo de 15 años mediante un mapa satelital a través de Internet. Así estaba tranquila cuando él salía", dice Renata Andrade, una colombiana residente en E.U.
Pero una cosa es cuidar a los hijos y otra vigilar ilegalmente a empleados, amigos o la pareja, algo que está contemplado como delito.
 
Al filo de lo ilegal
En nuestro país está prohibido intervenir las comunicaciones de una persona. Sólo una entidad de Policía o jurídica puede hacerlo amparada en una orden judicial.
"Instalar programas de espionaje o sistemas para captar el contenido de una llamada o el correo es considerado una violación del derecho a la intimidad", explica la abogada constitucionalista Clara Inés Vargas.
Sin embargo, una empresa sí puede monitorear, con ayuda de la tecnología, las actividades que realizan un empleado en el PC o el celular que le provee para trabajar. "Las empresas pueden indagar en qué sitios navegan sus empleados o con quién se comunican desde los PC de trabajo, sin que ello constituya una violación", dice. Lo que no puede hacer una compañía, afirma la abogada, es escuchar las llamadas o leer los contenidos de las comunicaciones.
Lo mismo se aplica en el espionaje de la pareja, cuando se sospecha que hay una infidelidad. La ley contempla que "los detalles y testimonios obtenidos por intervención ilegal de las comunicaciones de una persona no son válidos como prueba en un juicio", dice Vargas.
En el caso de los niños, "los padres deben acordar con ellos las normas de uso de Internet, el celular y el PC, informarles que van a estar vigilados y acompañados en caso de que sean víctimas de un incidente en la Red", explica Castiglioni.
Protección familiar gratuita
En el servicio de Hotmail hay una función llamada 'Protección infantil' (la encontrará en el enlace Más, en la parte superior de la página de su correo) que es ideal para supervisar la navegación y el servicio de chat.
Dicho sistema permite crear un perfil para cada persona que use el PC en la casa (uno por adulto y otro por cada niño), con funciones especiales, como: bloqueo de sitios Web con contenidos nocivos (pornografía, violencia, etc.); control de las personas que solicitan contacto por Messenger, etc. También podrá ver un informe detallado de las páginas visitadas por cada usuario, entre otras.
"La idea es que los padres sepan con quién se están relacionando los menores para que en familia discutan si es seguro, si no se debe aceptar la amistad de alguien y advertir así a los niños de los riesgos de seguridad asociados", explica José Antonio Barraquer, de Microsoft Colombia.
Es necesario descargar una versión de la herramienta en cada PC de la casa. El servicio no tiene costo.
'Smobile' protege y vigila un celular
Smobile es un programa que se instala en el teléfono móvil y permite, desde un sitio Web, saber a qué números llama la persona con ese equipo (o desde cuáles recibe llamadas), qué mensajes de texto entran o salen y qué correos electrónicos se intercambian.
También deja ver las fotos que se toman con el teléfono e incluso muestra en dónde está ubicado el celular en un mapa digital (el equipo debe tener activo un sistema de posicionamiento por satélite, o GPS).
Este software funciona en teléfonos BlackBerry, Windows Mobile, iPhone y Symbian (Nokia, LG, Samsung, etc.).
"Incluye un antivirus para proteger el equipo. También se puede bloquear el aparato o generar una copia de la información que guarda de manera remota, por Internet, en caso de pérdida", explica Nelly Suárez, de la empresa Kav Colombia, distribuidor mayorista del producto.
El sistema incluso le informa, vía correo electrónico, si ciertas palabras (sexo, droga, alcohol, etc.) aparecen en las comunicaciones del celular. La licencia anual del producto cuesta unos 100.000 pesos.
Norton no sólo es un antivirus
Además de los paquetes de programas de seguridad que ofrece Symantec con la marca Norton, esta empresa se apresta a lanzar servicios virtuales de protección como OnlineFamily.norton.com, un sistema que les permite a los padres de familia monitorear y controlar las actividades de sus hijos en Internet.
El programa, que se instala en el PC de la casa o en el de cada niño, permite definir un límite de horas de navegación al día; además, saber qué palabras están buscando los menores en la Red, qué programas son los que más usa cada persona y qué amigo es con el que se contacta más seguido a través de mensajería o redes sociales, entre otras funciones.
El servicio es, por el momento, gratuito.

El rastreo al Concejo de Bogotá
Ni el Concejo de Bogotá se salvó de la esquizofrenia del DAS por encontrar nexos de la política con la guerrilla. En un memorando del 23 de agosto de 2004, Jaime Fernando Ovalle le reporta al subdirector de operaciones del DAS, Hugo Daney Ortiz, que es urgente la identificación de los miembros del Concejo que promocionaron y sancionaron el Acuerdo 125 de 2004, que reglamenta la instrucción de la cátedra de “Derechos Humanos, deberes, garantías y pedagogía de la reconciliación” en todos los colegios del Distrito Capital. Todo lo que oliera a Derechos Humanos era inmediatamente relacionado con la guerrilla.
¿Conferencias subversivas?
El 8 de agosto de 2005, el director del DAS en Caldas, Guillermo León Cardona, le envió al jefe del G-3, Jaime Fernando Ovalle, la transcripción de una conferencia titulada “Periodistas, conflicto y Gobierno”, que dictó Hollman Morris a 120 estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales.
En la charla el comunicador hizo alusión a las masacres de San José de Apartado, de una familia en Cajamarca y de tres sindicalistas en Arauca y a la forma oficialista, según él, como los medios de comunicación las cubrieron. Además, hizo serias críticas a los informes periodísticos de las llamadas capturas masivas y les pidió a los estudiantes perder el temor para asumir posiciones críticas sobre el conflicto colombiano.
El DAS calificó la conferencia como una “crítica desmandada” contra la política de seguridad democrática y concluyó que esta clase de periodismo “incita a comunicadores y a comunidades de bajos recursos a organizarse para hacer asonadas contra la administración y la Fuerza Pública”.
Seguimientos a País Libre
Dentro de los seguimientos ordenados por el G-3, aparece un memorando del 10 de mayo de 2004 en el cual se solicitó indagar aspectos contables y certificados de la Cámara de Comercio de la fundación País Libre, establecida en la década del 90 por el hoy vicepresidente Francisco Santos. El abogado Óscar Silva, quien defendió a Ricardo Palmera (alias ‘Simón Trinidad’) en sus procesos en Colombia, también fue objeto de seguimientos por el DAS. Lo paradójico es que Silva tiene un hermano secuestrado por las Farc.
Pedro Juan Moreno y Luis Alfonso Hoyos
En el expediente de la Fiscalía por el escándalo de las ‘chuzadas’ aparecen registros confidenciales del DAS sobre las hojas de vida de Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, próximo embajador ante la OEA; Pedro Juan Moreno, ex secretario de la gobernación de Uribe; de Jaime Araújo Rentería, ex magistrado de la Corte Constitucional; entre otros. En uno de los reportes secretos, el DAS califica a Carlos Lozano, director del semanario ‘Voz’, como “representante de las Farc encargado de difundir su ideología”, y sobre el ex ministro Álvaro Leyva, otro informe en el cual es señalado como consultor de las Farc en asuntos políticos. Tanto Lozano como Leyva estaban siendo investigados por la Fiscalía pero sus casos fueron archivados.

Inteligencia dice que fue engañada y admite que, por eso, tiene frenado el monitoreo móvil. El proveedor asegura que vendió lo que le pidieron y que ha intentado conciliar.
Desde hace meses, la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) tiene paralizadas sus actividades de interceptación móvil de celulares porque los cuatro sofisticados aparatos GSM que, en teoría, le iban a permitir el rastreo de las comunicaciones de la guerrilla, del narcotráfico y de las bandas emergentes de 'paras' no sirven para nada.

Pagaron por ellos 5 mil millones de pesos, pero, tres meses después de la compra -mediados del 2007- la tecnología celular cambió en Colombia y quedaron obsoletos.

En una corta conversación telefónica, el coronel Jaime Alberto Perilla Gómez, subdirector de Inteligencia del Ejército, admitió el problema pero se abstuvo de entregar información sobre los detalles del contrato -que nunca fue colgado en la página Web del Ejército por ser un asunto de seguridad nacional-, argumentando que no le correspondía hacerlo.

Sin embargo, se obtuvo copia de un documento interno de Inteligencia, firmado el pasado 25 de junio por el propio coronel Perilla (y cuya existencia él admite), en el que el Ejército asevera que en este caso se configuró un claro fraude procesal.  "Lo que los proveedores ofrecieron y pactaron dentro del contrato no se  cumplió", dice el documento.

Los señalamientos recaen sobre la unión temporal compuesta por las firmas Salgado Piedrahíta Escallón y Energía Integral Andina.

Esta última empresa tiene más de 30 años en el mercado, factura más de cien mil millones de pesos anuales y se acaba de ganar un contrato con el Ministerio de Comunicaciones -por 54 mil millones de pesos-, para construir el cable submarino de fibra óptica entre Colombia y San Andrés.

En el documento firmado por el coronel Perilla se dice que, además del problema con los equipos, se alteraron los catálogos de la casa matriz que ensambló tres de los aparatos, y vendieron un cuarto equipo, comprado en Alemania, sin permiso de la fábrica.

¿Software alterado?

Pero el Ejército se percató de todas estas anomalías cuando ya había asignado el contrato y recibido la mercancía a satisfacción.

Cuando se detectó la falla en los aparatos, las dos empresas fueron emplazadas por el Ejército para que solucionaran el problema actualizando los aparatos. Pero, según el Ejército, eludieron su responsabilidad durante todo el 2007.

La única respuesta, dicen, fue que la firma fabricante de los equipos (Track Technology), no ha desarrollado aún la nueva tecnología para celulares.

El Ejército se reunió entonces con Craig Robinson, María Pulera y R.I. Wagner, representantes de Track Technology y los tres confirmaron que los equipos no pueden ser actualizados ni son aptos para monitorear líneas celulares.

También dijeron que el software habría sido manipulado sin autorización de la fábrica.

Por eso, recomendaron poner el caso en manos de las autoridades: "Las personas detrás de la venta de este sistema se esforzaron mucho para lograr un aspecto muy similar a la tecnología Track Technology", se lee en el informe de Ejército.

Y añade que las garantías de los aparatos eran de un año y no de cinco, como lo había ofrecido la unión temporal.

La polémica cláusula

Sin embargo, los proveedores alegan que siguen teniendo el aval de la casa matriz, que los aparatos sí pueden ser actualizados y que han presentado varias alternativas para subsanar el problema.

No obstante, aclaran que, según una cláusula del contrato, la actualización solo se puede hacer si el Ejército les suministra ciertos códigos. Pero esto es imposible.

Los códigos, conocidos en el mercado como K1, son de propiedad exclusiva de las compañías operadoras de telefonía móvil en Colombia y tienen carácter reservado porque son usadas como garantía de seguridad para sus usuarios.

Ante la la preocupación porque el caso trascendiera, los proveedores han ofrecido reemplazar los equipos por otros, pero estos (dice el Ejército) podrían ser detectados por las organizaciones a las que se quiere interceptar.

Este episodio tuvo frenada -entre el 9 y el 23 de junio pasado-, otra licitación de equipos de Inteligencia, por 1.800 millones de pesos.

Información externa aseguraba que la firma ganadora del nuevo contrato tiene relación directa con una de las firmas del problema. Incluso, una de las oficinas de contratación de las Fuerzas Militares pidió investigación de la Fiscalía y la Procuraduría.

Pero voceros de las Fuerzas Militares dicen que ya descartaron el supuesto nexo.

Lo que aún no han podido establecer es si hubo algún error a la hora de elaborar las condiciones del contrato o si la responsabilidad es de los contratistas.

La Fiscalía ya conoce el caso y tendrá que resolver estos interrogantes. Por ahora, hay 5 mil millones embolatados, cuatro aparatos que no sirven para nada y una operación básica de la Inteligencia -la interceptación de celulares- congelada.

'Vendimos lo que el ejército nos pidió'

Voceros de Energía Integral Andina y Salgado Piedrahíta Escallón le dijeron a este diario que le dieron al Ejército los equipos que pidió en los pliegos de la licitación. Incluso, sostienen, trajeron a un técnico extranjero para probar los equipos y capacitar a los militares en su manejo, trabajos que fueron recibidos a satisfacción.
Agregan que desde que se presentó el problema con el cambio de tecnología celular han tratado de conciliar y han incurrido en gastos que les ha creado un desequilibrio económico frente al contrato inicial, sacrificando las utilidades del negocio.
Y aclaran que el fabricante, Track Technology, les ha enviado varias cartas este año en la que no solo avala la garantía de 5 años que le ofrecieron al Ejército, sino los catálogos que fueron presentados durante el proceso de licitación y le ratifica que el cuarto equipo fue vendido por una de sus filiales en Alemania sin informarles la transacción. "Nos encantaría ponerle punto final a esto", dijeron.