La prohibición del porte de la dosis mínima de drogas, aprobada por el Congreso y promovida con insistencia por el presidente Álvaro Uribe, tiene todavía camino por recorrer y cuenta con numerosas críticas.
El Gobierno reformó la Constitución para definir el problema de la dosis mínima de droga no como un asunto del libre desarrollo de la personalidad, como estaba en la sentencia que la despenalizó en el país, sino como un derecho fundamental de la salud del individuo, según explica el senador Hector Elí Rojas, ponente del proyecto de ley que fue aprobado.
Así las cosas, el Estado debe velar por la salud de los ciudadanos y, en este sentido, prohíbe el consumo de drogas. Sin embargo, los críticos sostienen que al ser prohibida, pero no penalizada la dosis mínima, no es claro qué le sucederá a quien la porte. Por ahora, lo aprobado prevé que el adicto, no el consumidor ocasional, será sometido a tratamiento para su rehabilitación, siempre y cuando esté de acuerdo.
Sin embargo, según las estadísticas que suministra Augusto Pérez, director de la Corporación Nuevos Rumbos, en el país, cerca de 300.000 personas necesitan tratamiento y únicamente hay cupo para 30.000. Además, las buenas rehabilitaciones tienen un costo entre 5 y 8 millones mensuales, y no siempre se garantiza que sean efectivas En cuestión de tratamientos, las noticias no son muy buenas: "Ünicamente 1 de cada mil personas se rehabilita", explica Pérez.
Otros se preguntan quién y cómo se pagarán los tratamientos de los adictos. Esos ya están incluidos en el POS, lo que sucede es que las empresas no les cumplen a estos pacientes, ¿cómo será ahora con la crisis financiera de la salud?
Para reducir el consumo, según Pérez, es necesario prevenir. La Dirección Nacional de Estupefacientes cuenta con 3 millones de dólares que se destinarán a la prevención del consumo de drogas para el 2010.
Algunos críticos consideran que la decisión del Congreso es un retroceso, pues muchos países van hacia la despenalización y en cambio, en Estados Unidos, que es uno de los países más represivos, el consumo es uno de los más altos en el mundo (ver recuadro).
En cuanto a las sanciones para el que venda droga en pequeñas cantidades, el Gobierno ha dicho que el objetivo es imponer unas muy fuertes. Falta ver qué cambios se introducen en el código penal.
México despenaliza
Ciudad de México. Mientras en Colombia el Congreso acaba de prohibir la dosis mínima de sustancias estupefacientes para fortalecer la lucha contra el tráfico, en México, país agobiado por el mismo fenómeno, la legislación avanza en sentido contrario.
Aprobada en agosto pasado en medio de la guerra contra el narcotráfico lanzada por el presidente Felipe Calderón, la nueva Ley General de Salud de México permite el porte de dosis de hasta 500 miligramos de cocaína, 5 gramos de marihuana, 40 miligramos de metanfetamina, 2 gramos de opio o 50 miligramos de heroína.
Según el Gobierno, principal promotor de la iniciativa, la nueva legislación tiene dos objetivos fundamentales: atacar el llamado narcomenudeo (tráfico de pequeñas cantidades de drogas dentro de las grandes ciudades mexicanas), y abordar desde la salud pública un fenómeno al que -hasta ahora- sólo se había dado una respuesta policíaca.
"No se busca despenalizar el consumo de drogas, sino establecer criterios objetivos, referidos a cantidades específicas para definir el delito de narcotráfico. Queremos separar el trato que el Estado debe dar a los consumidores, del que se da a los productores o vendedores", señaló el propio Calderón al presentar la iniciativa y en respuesta a que equiparaban a la nueva ley con una legalización encubierta.
"El problema no es un asunto exclusivamente penal o criminal; es también, y básicamente, un problema de salud por el lado del consumo. Queremos distinguir entre los criminales y quienes son sólo víctimas", precisó el Mandatario en ese momento.
En términos generales, la clase política apoyó la iniciativa (luego de la negociación de algunas modificaciones en materia de procedimiento). Sin embargo, las críticas más duras vinieron de sectores como la Iglesia Católica que manifestó su preocupación por el posible incremento en el consumo de drogas.
Además de la creciente violencia que se refleja en el número de ejecuciones que deja la guerra entre los principales carteles mexicanos (1.637 en lo que va del 2009), el narcomenudeo avanza sin control en las grandes ciudades de este país, poniendo en entredicho la estrategia de Calderón.
Según cifras oficiales, sólo en el Distrito Federal, el número de puntos de venta de droga ha registrado un aumento de 700 por ciento en los últimos tres años. De igual forma, el consumo de drogas entre los niños de la capital mexicana registró un incremento significativo en los últimos tres años, al pasar de un 12 a un 14.7 por ciento, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Social del D.F.
Aunque con números menos exorbitantes, el mismo fenómeno se repite en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y Chihuahua, por mencionar sólo algunas.
"Aunque es poco tiempo para hacer un análisis concluyente sobre los resultados de la ley en la lucha contra el narcotráfico, desde el punto de vista jurídico me parece que es un avance importante establecer parámetros claros que permitan distinguir entre un infractor de la ley y un enfermo", dijo a EL TIEMPO Jesús García Linares, abogado penalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
"Es ilógico que se tratara como criminal a una persona que, como farmacodependiente, requiere asistencia médica y psicológica, no judicial", puntualizó el jurista.
Venezuela cuida la dosis
Según la última reforma de la ley de estupefacientes en Venezuela, realizada en el ano 2005, se considera que el limite de una dosis personal es toda aquella cantidad que no exceda los dos gramos en caso de cocaína o sus derivados, compuestos o mezclas, y hasta 20 gramos de en los casos de cannabis sativa (marihuana). Rebasar este límite hace que la persona pase automáticamente al delito de posesión, que, según la cantidad, puede ser penalizado hasta con 12 años de cárcel. Sin embargo, que una persona sea encontrada con cantidades consideradas dentro del límite de la dosis personal no la exime de cumplir con un castigo, que, dependiendo de la decisión de un juez, puede ser una orden de rehabilitación, orden de cura o desintoxicación, libertad vigilada o seguimiento, cumplimiento de horas de trabajo comunitario o, en caso de ser extranjero, la expulsión del país.
Portugal, libre
En el mundo hay precedentes de despenalización que, al menos en el papel, pueden considerarse exitosos. Es el caso de Portugal, que en el 2001 decidió despenalizar el consumo de dosis personales de marihuana y cocaína. A pesar de la lluvia de críticas, las cifras sugieren que el resultado fue positivo, pues el país llegó a tener el índice más bajo de consumidores habituales de marihuana en la Unión Europea. En Europa, sólo Holanda autoriza la venta de dosis personales de marihuana, si bien sólo en locales licenciados llamados coffe shops. Irónicamente, aunque allí es legal consumir marihuana, los cobija la legislación antihumo, creada para combatir el tabaquismo.
E.U: represión y consumo
En Estados Unidos, la posesión de sustancias prohibidas como la marihuana, la cocaína y la heroína es un delito federal que contempla sanciones que varían mucho, dependiendo de la cantidad, el tipo de droga y la jurisdicción, ya que todos los estados tienen normas diferentes. Aunque la norma general es que la posesión es causa de arresto, una primera infracción rara vez concluye en cárcel. Las sanciones van desde una multa entre los 100 y los 1.000 dólares, trabajo comunitario o rehabilitación obligatoria, hasta penas de 1 a 25 años de cárcel. Algunos estados han despenalizado la posesión, cultivo y distribución de marihuana con fines medicinales. Eso ha generado una gran polémica, pues va en contravía de las normas federales, pero cae en el ámbito de la libre autodeterminación de los Estados, que está contemplada por la Constitución.
Estados Unidos es uno de los países donde el consumo de drogas es más alto en el mundo.

La cifra la reveló la Procuraduría, en víspera del Día contra la Corrupción, que se celebra hoy.
Según esas cifras, de estadísticas recolectada por la Oficina Anticorrupción, los 3,9 billones de pesos que en procesos de contratación van a parar a los bolsillos de los corruptos alcanzarían para pagarle 10 semestres de carrera universitaria a 80 mil jóvenes colombianos, con un valor de 5 millones de pesos cada semestre.
Los cálculos del Ministerio Público y del Zar Anticorrupción indican que los recursos con los que se quedan los corruptos equivalen a la financiación de dos años de la seguridad democrática; podrían ser subsidios de vivienda por valor de 11,5 millones de pesos para 347 mil familias de escasos recursos o cubrir la educación de 325 mil niños.
La cifra de los 3,9 billones de pesos perdidos en corrupción la estableció la Oficina Anticorrupción, tras conocer una encuesta realizada por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado a 560 empresarios que contratan con el Estado.
Según Óscar Ortiz, zar Anticorrupción, se calcula que el 12,9 por ciento de los recursos contratados se van en pagos de sobornos, del total de 30 billones de pesos de contratos que ejecuta la Nación. Y tan solo el 8 por ciento de los encuestados que conocen de hechos de corrupción los denuncian, agregó.
Ortiz aseguró, además, que hoy existe "una sofisticación de la corrupción", pues décadas atrás se concentraba en "sustraer elementos de oficias y cobros por trámites" mientras que hoy "la tendencia es la intervención con operaciones financieras, manejos de excedentes financieros, contratos de fiducia y patrimonios autónomos".
Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez reiteró ayer que "la corrupción está a punto de convertir a Colombia en una nación inviable".
Embolatados más de $100 mil millones
Varios municipios, departamentos y entidades como la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) tienen embolatados más de 100 mil millones de pesos que fueron entregados a particulares a través de una figura denominada "ofertas de cesión de derechos de beneficio con pacto readquisición".
En la investigación por el detrimento de esos dineros la Fiscalía acaba de tomar las primeras decisiones y ordenó la captura de los ex tesoreros de Villavicencio Miguel González Roncancio y Agustín Hortúa Rodríguez, como los presuntos responsables de la pérdida de 30 mil millones de pesos en la capital del Meta.
El dinero salía de las arcas públicas y a través de una fiducia iba a parar a particulares que se comprometían a devolverlo con intereses, pero que al final no pagaron. De esta forma, Casanare tiene comprometidos 13 mil millones; Yumbo (Valle), 10 mil millones; Castilla La Nueva (Meta), 4 mil millones, y la DNE 25 mil millones de pesos.
Contraloría, con los ojos en Barú
El contralor General, Julio César Turbay Quintero, advirtió posibles irregularidades en la decisión de un juez de Cartagena que ordenó la devolución del predio La Puntilla, en la isla Barú (Bolívar), a un hombre que interpuso una acción de tutela.
Según el jefe del organismo de control, el terreno -que mide 74 hectáreas (cada una puede costar mil millones de pesos)- pertenece a la Nación y está a nombre de Fonade. Por eso, anunció que vigilará y llevará el caso a la comisión interadministrativa contra la corrupción, pues "de los hechos en cuestión podrán derivarse un daño al patrimonio público, una conducta disciplinaria y un eventual delito", dijo Turbay Quintero.
Este predio, ubicado cerca al lugar donde se adelanta un megaproyecto hotelero en la isla Barú, fue desalojado en septiembre pasado tras una larga batalla jurídica entre personas de la región y el Gobierno que aseguraba que el terreno fue invadido. En su momento, más de 100 ciudadanos fueron sacados del predio, pero insistieron que son herederos de las tierras y que el procedimiento fue ilegal.
Al anunciar la Contraloría que evalúa hacerse parte en el proceso, planteó varias dudas. Entre ellas que Eduardo González Angulo, quien interpuso la tutela concedida por el juez 13 administrativo de Cartagena, al parecer "ni siquiera (era) ocupante ilegal del mismo". Además, cuestiona que el juez haya ordenado devolver las 74 hectáreas de tierra, cuando las que fueron ocupadas ilegalmente eran 34.
Naciones Unidas anuncia sanciones
Ban Ki Moon, Secretario General de las Naciones Unidades, asegura que los actos de corrupción no solo afectan el desarrollo de las naciones, sino la propia democracia.
"El desarrollo no es la única víctima. La corrupción manipula las elecciones, socava el estado de derecho y compromete la seguridad (...) También puede afectar gravemente al sistema financiero internacional", señaló Ban Ki Moon, al celebrarse hoy el Día Internacional contra la Corrupción. El Secretario General anticipó que habrá sanciones para los estados que no combatan ese flagelo.

El director del Instituto de Desarrollo Rural (Incoder), Rodolfo Campo Soto; Javier Romero Mercado, director de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, y Gisella Torres Arenas, interventora de la Dirección de Seguimiento Presupuestal del Ministerio, hacen parte del listado de 30 funcionarios que serán llamados a interrogatorio por la Fiscalía por la escandalosa entrega de millonarios subsidios no reembolsables a poderosas familias de la Costa, dentro del controvertido programa de Agro Ingreso Seguro.
La semana pasada un fiscal anticorrupción había citado a interrogatorio a 41 de los beneficiarios de estos polémicos giros, pues se descubrió que fueron acreedores de dos o más subsidios aparentemente de manera irregular. Detalles reveladores de cómo accedieron a los programas de financiamiento del sistema de riego y drenaje de Agro Ingreso Seguro (AIS) ya le fueron entregados a la justicia por Juan Manuel Dávila Fernández de Soto y su padre Juan Manuel Dávila Jimeno, quienes declararon el viernes pasado. Pero al margen de lo que expliquen los beneficiarios, la Fiscalía tiene en el radar a 11 funcionarios del Ministerio de Agricultura que serán llamados a interrogatorio.
El Espectador conoció los avances del expediente y constató que además de éstos, la Fiscalía ya identificó a 19 funcionarios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) que también deberán comparecer para rendir sus explicaciones. Tres millonarios convenios firmados por el entonces ministro Andrés Felipe Arias y el IICA, entre 2007 y 2009, por un valor $287 mil millones, para desarrollar las convocatorias del Ministerio y entregar los subsidios, son los que enredan a estas 30 personas. Incluido el director del Incoder, Rodolfo Campo, quien también suscribió el convenio de 2008, en el que se entregaron $140 mil millones.
Todos serán citados a interrogatorio esta semana, pues la Fiscalía ya descubrió que los subsidios que debían apoyar al campesino o pequeño productor, supuestamente para paliar el impacto del TLC con Estados Unidos —que ni siquiera ha entrado en vigencia—, terminaron en manos de acaudalados empresarios que, para simular la legalidad de sus actuaciones, incorporaron en sus proyectos a varios miembros de la misma familia con contratos de arrendamiento que eran suscritos a última hora para llenar los requisitos de ley. Personajes todos con un denominador común: empresarios de influyentes familias del Magdalena que aportaron dineros a la reelección del presidente Uribe.
Las anomalías acontecieron en las barbas de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y del IICA, sin oposición alguna.
En el despacho del fiscal general (e), Guillermo Mendoza, se encuentra un pormenorizado informe que resalta que el IICA no tenía la experiencia ni las capacidades para haber ejecutado los tres millonarios convenios que suscribió con el Ministerio. En actas presentadas por el IICA quedó constancia de que subcontrataron con firmas de interventoría para hacerles seguimiento y evaluación a los proyectos presentados por los beneficiarios del programa de AIS. Si el IICA no estaba preparado para desarrollar estos programas, ¿por qué el Ministerio le entregó semejante tajada del presupuesto nacional? Es apenas una de las preguntas que se hace la Fiscalía.
También indaga la justicia por qué en algunos casos el IICA transgredió los términos de referencia de los tres convenios para ajustarlos a su presupuesto, lo que podría constituir una violación de la Ley de Contratación Estatal. La tesis del ente acusador es que el artículo 355 de la Carta Política de 1991 prohíbe la entrega de los subsidios que se ‘feriaron’ en AIS, pero, además, la Corte Constitucional, en la sentencia C-507 de 2008, tumbó la norma que facultaba al Gobierno a entregar apoyos económicos sin contraprestación alguna por parte del beneficiario.
Una de las principales dificultades de la investigación ha sido la inmunidad que tiene el IICA por ser un organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) y por eso la Fiscalía busca aclarar por qué el Ministerio de Agricultura no abrió licitación para entregar los $287 mil millones de los programas de riego y drenaje y, en cambio, por medio de convenios adjudicó los dineros al IICA. Entidad que, según las primeras pesquisas, no tenía la capacidad para vigilar los proyectos presentados por los beneficiarios.
Con estas evidencias, el fiscal Guillermo Mendoza se apresta a tomar decisiones en el caso del ex ministro Arias y el ministro Andrés Fernández, quien capoteó hace poco una moción de censura en su contra. Esta vez, sin embargo, el escenario parece distinto.

(Por León Valencia, Corporación Nuevo Arco Iris.) Se reactivan las Farc, sigue el paramilitarismo y las bandas criminales acechan en las grandes ciudades.
Los resultados de 2009 indican que la política de Seguridad Democrática ha empezado a declinar. Tuvo su punto más alto en 2008 cuando fueron extraditados 14 jefes paramilitares, se produjo la muerte de tres miembros del Secretariado de las Farc, se realizó la 'Operación Jaque' que trajo a la libertad a Ingrid Betancourt y a otros 14 secuestrados, y se redujo el tráfico de drogas.
Fue el momento cumbre de un proyecto que a lo largo de seis años había reducido los homicidios, los secuestros y el asedio de los grupos ilegales a los grandes centros de población y producción, mediante un gran esfuerzo del Estado y del sector privado que llevó a un aumento de más del 70 por ciento de los efectivos de la Fuerza Pública y a uno similar en los gastos de defensa.
Los impactantes resultados de 2008 generaron una gran euforia en el Gobierno y en la opinión pública y llevaron a pensar a muchos sectores que los paramilitares eran asunto del pasado y que las guerrillas estaban en su momento final.
Sin embargo, el balance de las acciones y de la presencia de los grupos ilegales en 2009 muestra un panorama distinto. Una nueva generación de paramilitares -llamados por el Gobierno 'Bacrim', bandas criminales- está extendiéndose de manera acelerada por todo el país y sus acciones han logrado un récord que supera la suma de las actividades de las Farc y el Eln.
Especial atención merece el caso de las ciudades. Medellín ha regresado a una situación muy parecida a la de 2003. Las bandas y los 'combos' se han reactivado y han logrado que este año la cifra de homicidios se acerque a 2.000: una tasa de 73 por cada 100.000 habitantes. Bogotá está empezando a vivir una preocupante presencia de grupos armados y mafias en las principales entradas y salidas de la ciudad, que acuden a la violencia y al sicariato para apoderarse de negocios lícitos e ilícitos. Y en otras 13 ciudades también se siente la proliferación de grandes bandas herederas de los paramilitares.
En cuanto a la guerrilla, después de sus graves derrotas en la cordillera Oriental, se ha atrincherado en lugares clave de la cordillera Central y en las zonas fronterizas de Venezuela y Ecuador, y ha iniciado con éxito un proceso de reorganización de sus fuerzas y relanzamiento de sus actividades. Hasta octubre 20, las Farc registraban 1.429 acciones, cerca del 30 por ciento más que en 2008. Han vuelto a atacar bases fijas y a incursionar en cascos urbanos con resultados muy negativos para las Fuerzas Militares y la Policía. El Eln, a pesar de su marginalidad y su baja actividad en los últimos años, muestra ahora un incremento considerable en sus filas y una mayor actividad de sus estructuras en Cauca, Nariño y Arauca.
Las Fuerzas Armadas están afrontando una dura prueba. El asesinato de 12 jóvenes oriundos de Soacha en un lejano paraje de Norte de Santander a manos de una unidad del Ejército, sacó a la luz pública una inmensa cadena de ejecuciones extrajudiciales que tienen a la Fuerza Pública en graves aprietos ante la Justicia y ante la comunidad internacional. Se conoció entonces que la Fiscalía tiene en procesos a más de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas y que 476 están presos. Esta situación, ligada al desgaste natural que traen siete años de ofensiva continua sobre las guerrillas, ha llevado a una pérdida de iniciativa de las Fuerzas Militares en algunas zonas del país.
La visión de que ha comenzado el declive de la seguridad democrática emana del informe anual del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris. Sobre la base de fuentes oficiales de la Vicepresidencia de la República, el seguimiento de la prensa regional, estudios monográficos en regiones y ciudades, y un diálogo intenso con otros centros de investigación y con fuentes de inteligencia militar, los investigadores de Arco Iris han logrado una radiografía de la situación de los grupos irregulares y del estado de la confrontación en el país, y señalan que es urgente un cambio en las estrategias que parta de reconocer los nuevos desafíos de la criminalidad en las ciudades y el reacomodo de las guerrillas. Que tenga en cuenta también la reducción de los gastos en el conflicto interno que vendrán con la crisis económica, el recorte de los dineros del Plan Colombia y la atención de la crisis con Venezuela.
Una gráfica que recoge una larga línea de tiempo de las acciones del Estado y de los grupos irregulares puede ilustrar el momento en que nos encontramos:
En su afán de esconder las limitaciones y fallas que se presentaron en la negociación con los paramilitares, el Gobierno ha insistido en deslindar los grupos que ahora se cobijan bajo las denominaciones de Águilas Negras, Los Rastrojos, Los Paisas, Nueva Generación, Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia, Oficina de Envigado, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, etc., de las fuerzas que estuvieron en la mesa de conversaciones en Santa Fe Ralito. Y también ha intentado minimizar el alcance de las acciones de estas organizaciones.
Pero un examen de los lugares donde actúan estos grupos, de sus jefes y del tipo de acciones que realizan, permite concluir que corresponden a estructuras que nunca se desmovilizaron, grupos y personas que después de participar en el proceso de desmovilización han vuelto a las acciones armadas, y nuevas fuerzas reclutadas a partir de la ruptura generada por la reclusión de una parte de la cúpula paramilitar en Itagüí y su posterior extradición a los Estados Unidos.
Los acontecimientos de 2008 y 2009 muestran que tenían mucho de cierto las afirmaciones que Iván Roberto Duque, 'Ernesto Báez', consignó en una carta enviada al alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, en diciembre 28 de 2006. "Queremos percatar a los colombianos sobre la gravedad del fenómeno de las mal llamadas bandas emergentes, que no son más que grupos de autodefensas desmovilizados a medias, por el fracaso de la reinserción y en proceso acelerado de rearme y expansión, dirigidos por comandantes con tanto poder como usted efectivamente los pudo conocer, y que alcanzaron a quedar por fuera de las puertas de la cárcel", decía Báez. Y agregaba: "Al respecto me veo forzado a recordarle que de los 40 grandes jefes que Usted conoció dentro de la cúpula federada de las Auc, 19 están detenidos, esto indica que más del 50 por ciento de estos altos mandos gozan de libre albedrío, entre ellos el cofundador histórico de las Auc. En igual condición están más de 500 segundos comandantes y cerca de 1.000 mandos medios".
En 2008, la Corporación Nuevo Arco Iris logró identificar acciones de estos grupos en 247 municipios. Para 2009 ha logrado registrar alguna actividad en 46 municipios distintos a los de 2008, lo cual indica que en estos dos años han tenido algún tipo de presencia en 293 municipios. Las agresiones a la población civil y las acciones de contacto con la fuerza pública alcanzan la cifra de 2.286 y el número de integrantes se aproxima a 11.000. Sin duda alguna, están involucrados en el narcotráfico, como lo estaban las Auc, pero se dedican también a golpear a las organizaciones sociales y sindicales, a amenazar a líderes de la oposición y a las víctimas que reclaman sus derechos, y a reconstruir sus nexos con sectores de la fuerza pública y con dirigentes políticos. Se diferencian de la anterior generación de paramilitares en que aún no tienen una estructura nacional que los cobije a todos y en que, en algunos lugares, están aliándose con uno de los grupos guerrilleros para compartir actividades de narcotráfico o para luchar por el control territorial combatiendo a la fuerza pública o a otro grupo insurgente.
El caso emblemático del fracaso de la negociación con los paramilitares es Medellín. Con ocasión de los acuerdos de paz realizados por el gobierno del presidente Uribe con Diego Fernando Murillo Bejarano, 'don Berna', que llevaron a la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, los homicidios se redujeron a 781 en 2005, 709 en 2006 y 790 en 2007.
Pero una vez rotas las negociaciones y extraditado 'don Berna', las cifras volvieron a escalar hasta 1.044 homicidios en 2008 y 1.717 entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2009, lo cual indica que en este año el número rondará los 2.000, cifra similar a los 2.012 registrados en 2003.
Las bandas y 'combos' que antes estaban bajo el control de 'don Berna,' han vuelto a una intensa actividad. Las autoridades han identificado cerca de 60 grandes estructuras, parte de las cuales recibe órdenes de alias 'Valenciano' y la otra de alias 'Sebastián'. La gran fragmentación y enfrentamiento que se produjo en 2008 empieza a ceder, y en el punto más alto de la pirámide del crimen han quedado estos dos mandos que en los tiempos de 'don Berna' ocupaban en lugar secundario.
Realizan, en todo caso, las mismas actividades de los anteriores paramilitares: obligan a conductores de vehículos de servicio público y a pequeños y medianos comerciantes de las comunas a pagarles una cuota. Controlan las entradas de la ciudad en la troncal que va hacia la Costa Caribe y en la carretera que lleva a Urabá, y también en el oriente por las vías que conducen a Bogotá y al aeropuerto José María Córdoba, y en el sur en la entrada desde Cali y el Eje Cafetero. Para conectar estos sitios establecen corredores por donde mueven grandes cantidades de drogas y de armas.
Este tipo de control territorial también empieza a darse en Bogotá. Las capturas de testaferros de 'el loco' Barrera llevaron a descubrir el interés de este jefe paramilitar en la compra de predios alrededor de la capital. Así mismo, el registro de 106 acciones de sicariato este año muestra que la disputa por el territorio y por los negocios entre las bandas paramilitares está cobrando gran fuerza en una ciudad que no tenía mayores antecedentes en este aspecto.
Kennedy, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y Usaquén son las localidades más afectadas por la presencia de estas bandas, y Corabastos es uno de los lugares donde con más claridad se registra la actividad de Águilas Negras, el bloque Cacique Nutibara, el grupo Héroes Carlos Castaño y el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista, al mando de Pedro Olivero, 'Cuchillo'. También hacen presencia en los sanandrecitos, los centros de expendio de droga, las casas de prostitución e influyen en los juegos de azar y en las cooperativas de vigilancia y seguridad. Privilegian en todo caso el suroriente por donde se sale hacia los Llanos Orientales, o la carrera 7ª en la salida hacia Boyacá. Además de 'el Loco' Barrera y de 'Cuchillo', las investigaciones señalan que existe presencia importante de grupos ligados a mafias de esmeralderos.
No hay aún un aumento sensible de homicidios en Bogotá, lo cual indica que la disputa por la ciudad apenas comienza y las autoridades están a tiempo de impedir que el fenómeno paramilitar eche raíces como en otras ciudades. En este sentido, tanto la prevención como la confrontación de la nueva generación de paramilitares requieren un cambio profundo de la visión del Gobierno y de la actividad de la fuerza pública.
Es claro que tras la negociación con las Auc quedó intacta buena parte de las redes de narcotráfico y de las estructuras militares más especializadas, y ha sido evidente que estas organizaciones mantienen importantes nexos con sectores de la política, la Justicia y las Fuerzas Armadas, y que cuentan con la tolerancia de agentes del Estado en todos los niveles.
El 'Plan Renacer'
La euforia del Gobierno y de la opinión pública por los golpes propinados a la guerrilla en 2008 tenía buenos motivos. La 'Operación Jaque' selló con broche de oro una larga cadena de éxitos militares, dentro de los cual el mayor triunfo fue la expulsión de las Farc de Bogotá y Cundinamarca, y en general la disminución decisiva de sus fuerzas en toda la cordillera Oriental. En 2003, las Farc tenían en Cundinamarca nueve frentes, incluido el frente 'Antonio Nariño', que realizaba operaciones en Bogotá.
En total eran más de 1.200 guerrilleros y no menos de 1.500 milicianos. Las operaciones 'Libertad I' y 'Libertad II', lanzadas en 2003 y 2005, lograron desmantelar la mayoría de esos frentes y que se replegaran hacia Meta y Caquetá. Así mismo, las operaciones lanzadas sobre la Sierra de La Macarena y los llanos del Yarí sometieron a permanente acosos al jefe militar de las Farc, Jorge Briceño, 'el Mono Jojoy', y desbarataron buena parte de sus anillos de seguridad.
Además del castigo continuado de las guerrillas en la cordillera Oriental, la fuerza pública asestó golpes en otras zonas que estremecieron la cúpula de la insurgencia y lograron disminuir sus fuerzas en cerca del 40 por ciento. La ofensiva del Ejército tuvo el mejor momento a finales de 2007 y principios de 2008, cuando 'Manuel Marulanda Vélez', el jefe histórico de las Farc, se debatía entre la vida y la muerte y en las filas de la guerrilla se producía un gran desorden que permitió acciones como el ataque al campamento de 'Raúl Reyes' y el asesinato de 'Iván Ríos' por parte de uno de sus compañeros.
A mediados de 2008 comenzó la reorganización de las Farc con la elección de 'Alfonso Cano' como sucesor de 'Marulanda', y el lanzamiento posterior del 'Plan Renacer', que plantea la reactivación militar de las Farc y la retoma de varios territorios mediante el uso intensivo de minas antipersonal, la movilización de tropa en pequeños grupos, la especialización de francotiradores para hostigar al Ejército en movimiento, la fabricación y uso de armas artesanales para sustituir el armamento convencional, la apertura de escenarios de combate en la cordillera Central y en las fronteras para atraer a la fuerza pública y disminuir la presión sobre la guerrilla en la cordillera Oriental.
Con la reorganización del mando y el nuevo plan, las Farc han logrado frenar el desangre y la desarticulación a las que venían siendo sometidas. Después de la 'Operación Jaque' han recibido muy pocos golpes e incrementado sus acciones: han logrado reactivar varias estructuras en zonas urbanas y rurales, e incluso creado un nuevo frente guerrillero en el Guaviare, algo que no ocurría hacía varios años.
Particular mención merece el crecimiento de sus fuerzas en Cauca, Nariño, el Bajo Cauca antioqueño y las estructuras que tienen presencia en la frontera con Venezuela. Las Farc mantienen en sus filas alrededor de 11.500 guerrilleros. La incursión de un comando guerrillero en el casco urbano de Garzón, Huila, en mayo pasado, y el reciente ataque a una instalación militar en Corinto, Cauca, con un saldo de nueve militares muertos, muestran que las Farc están recuperando capacidad para atacar bases fijas del Ejército y regresar a los ataques urbanos.
La gráfica 3 muestra la evolución anual de acciones bélicas de las Farc. En ellas se incluyen combates, emboscadas, hostigamientos, francotiradores, campos minados activados y ataques a la infraestructura energética. Pero no se tienen en cuenta capturas, confiscación de caletas, desmovilizaciones, acciones que, en términos generales, no implican actividad armada alguna.
Una mirada superficial nos diría que el accionar se ha mantenido estable, pero las características de las acciones se han modificado. Durante 2003, el 31 por ciento fueron realizadas con explosivos y en 2008 llegaron a 64 por ciento. En lo corrido de 2009 la tendencia no se modifica: las acciones con explosivos se acercan a 55 por ciento. Por acciones con explosivos se entiende campos minados, y emboscadas y hostigamientos en las que utilizan estos artefactos.
La gráfica 4 muestra el total de acciones de las Farc en 2009 (hasta el 20 de octubre se registraron 1.429 acciones). En 10 meses, las Farc realizaron un número superior de acciones a la totalidad del año pasado. Si la tendencia continúa, para finales del año las acciones se acercarían a 1.600, un aumento sustancial con respecto a los años anteriores.
La gráfica 4 indica que el número de Campos Minados Activados (CMA) está por debajo del número de Combates (C), mientras que se registraron 177 acciones de Francotiradores (F), 188 Hostigamientos (H), 88 Ataques a la Infraestructura Energética (AIE) y 36 Emboscadas (E). Es decir, que la capacidad bélica de las Farc en términos de confrontaciones abiertas ha aumentado con respecto a 2008.
La nueva coyuntura de las FF.AA.
El auge económico que permitió aumentar la fuerza pública de 260.000 efectivos a 445.000 en seis años y subir el gasto en defensa de 3,2 por ciento del PIB a 4,6 por ciento, según cálculos de Planeación Nacional, o a 6,0 por ciento, según estimaciones de analistas independientes, no va a continuar. El aumento del déficit fiscal no permite gran movilidad en el gasto. Los empresarios empiezan a mostrar reticencias ante el impuesto de guerra que ha producido cerca de seis billones de pesos en los cuatro años de recaudo. Y los recursos del Plan Colombia que contribuían en forma significativa a la movilidad aérea, pueden llegar a un recorte del 40 por ciento.
Al tiempo que los recursos tienden a disminuir, las bajas en las filas aumentan y este año entre heridos y muertos es muy probable que la cifra se acerque a las 2.500, dado que en los primeros seis meses se registraron 1.346, con una alta cuota de mutilados por minas antipersonales. A esta situación se agrega una mayor exigencia en el desplazamiento de las tropas por los nuevos escenarios de combate y por las tensiones en las fronteras. En apenas una semana, a mediados de noviembre, se anunciaron dos movilizaciones importantes de unidades militares: 2.500 efectivos al norte del Cauca para repeler la ofensiva de las Farc en Toribio, Corinto y Jambaló, y una brigada entera hacia la frontera con Venezuela.
No menos importante es la crispación que se siente en algunos sectores de las Fuerzas Militares por la creciente vinculación de sus miembros a los juicios por ejecuciones extrajudiciales y por la entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional que tiene puestos sus ojos en la situación colombiana.
Nada fácil va a estar la situación de seguridad en la próxima campaña electoral con una nueva generación de paramilitares en expansión, una guerrilla en proceso de reactivación y una fuerza pública en dificultades. Son asuntos sensibles que deberían estar en el centro del debate electoral, pero los candidatos están eludiendo la discusión bajo la premisa de que en este campo el presidente Uribe es amo y señor, y cualquier mención favorece su reelección.

(Semana) Diana, una joven de 30 años, cuenta cómo la secuestraron para ejercer la prostitución y cómo logró salirse de ese cruel mundo al que son sometidas 45 mil mujeres en el país.
Diana siempre se ha considerado una buena creyente de Dios. Por eso no deja de agradecerle al “Todopoderoso” el haberla rescatado de las garras de los “tratantes”, palabra con la que las autoridades designan a quienes integran las redes de trata de personas, las mismas que por poco le ocasionan la muerte en un país ajeno.

Su historia revela el drama por el que atraviesan cerca de 45 mil mujeres colombianas que son víctimas de este delito, uno de los más rentables detrás del tráfico de drogas y armas. Diana fue raptada del centro de Medellín el 17 de enero de 2009 y llevada a un lugar desconocido para ella, donde fue obligada a ejercer la prostitución.

Aprovechando un descuido de sus captores, Diana intentó fugarse, pero ello casi le cuesta la vida. Estuvo en coma por espacio de tres meses y cuando despertó estaba en un hospital de la ciudad de Caracas, Venezuela. Gracias a las gestiones de familiares y funcionarios de la Embajada de Colombia en el vecino país, regresó a la capital antioqueña, ciudad en la que reside desde los 8 años.

Regresar al seno de su familia no le representó un final feliz. La violencia urbana que padece la ciudad cobró la vida de su compañero sentimental en septiembre de este año, quien fue asesinado en su casa del barrio Manrique. Pero la tragedia de la mujer no paró allí, días después fue obligada a abandonar el barrio por amenazas de una de las bandas del sector.

Paradójicamente, Diana ya conoce de destierros, pues en 1988, ella y su familia, compuesta por su madre y otros tres hermanos, debieron salir de manera forzosa del municipio de Ituango luego que la guerrilla asesinara a su padre.

Ahora ella vive con su madre y sus tres hijos en el barrio Picachito, parte alta del noroccidente de Medellín. Las necesidades por las que atraviesa actualmente no dan espacio para que los recuerdos la atormenten, aunque dice que le gustaría continuar con el tratamiento psicológico que inició en la capital venezolana.

Hoy por hoy, sus mayores preocupaciones son económicas. “Todo esto ha sido muy duro y más triste es saber que siguen duras, pues no recibo ninguna ayuda para ir al médico, para los medicamentos, para entrar algo de comida a la casa. Me gustaría que alguien me ayudara”, dice con dejo de resignación.

Pero con la fe que ha mantenido a lo largo de sus 31 años de vida, repite que “Dios sabe como hace sus cosas, si me tiene viva es por algo” y asegura que la fortaleza para mirar de frente al futuro con optimismo la obtiene de sus tres hijos y su madre. “Las fuerzas que tengo las estoy enfocando en recuperarme físicamente para sacar adelante a mis hijos y volver a colaborarle a mi mamá”.

La Agencia de Prensa IPC dialogó con ella y presenta a continuación su testimonio pues según ella, “hay muchas jovencitas en este barrio que están ejerciendo la prostitución en la ciudad y me he dado cuenta que algunas son obligadas y sería muy doloroso que otras personas pasen por lo que viví yo”.

Con la cruz a cuestas
“A pesar de todo lo que me hicieron no guardo rencor en mi corazón. Si estoy viva, es porque Dios me necesita para algo. Pero ahora estoy en una situación económica muy difícil. Los médicos en Venezuela me dijeron que para poder recuperar mi pierna me debían hacer unos injertos de piel, unas curaciones y luego, mucha fisioterapia para recuperar la movilidad, si no la puedo perder”.

“Pero imagínese: la A.R.S me mandó para el Hospital San Rafael, ¿lo conoce? Ese que queda en Itagüí. Cada viaje desde mi casa aquí en Picachito hasta allá me cuesta 55 mil pesos, plata que ahora no tengo. Le estoy pidiendo a Salud Vida que me ubique en el San Vicente de Paúl, pero me dicen que no. Para mí, eso sería de gran ayuda”.

“Yo he sido ‘verraca’ para trabajar y si pudiera lo haría, pero mire mi pierna. Como si fuera poco a mi compañero lo mataron el 9 de septiembre y me tocó venirme de Manrique, donde vivíamos, porque si no me mataban a mí. Eso me da mucha tristeza porque sólo pude estar con él un mes largito después que regresé”.

“Carlos, mi compañero, era mecánico de motos. A veces le iba bien, otras no tan bien, pero me estaba ayudando mucho. Me hacía las curaciones, me bañaba, me colabora con los medicamentos. El día que lo mataron ya me iba a meter al baño cuando sonaron unos tiros. Cogí las muletas y corrí a ver a quién le habían dado cuando lo veo a él, ahí, tirado en la puerta. Me miró y con el último suspiro me dijo: “mona, ahora que va a hacer usted con esa pierna como la tiene”, y se desplomó. Pobrecito, no murió en paz pensando en lo que me iba a tocar de ahora en adelante”.

“No sé por qué lo mataron. Manrique se volvió muy peligroso. Hay muchas bandas, casi todos los días hay balaceras. A los días que lo mataron, unos muchachos llegaron a mi casa y me dijeron que mejor me fuera, sino quería que me pasara lo mismo. ¿Qué me tocó hacer? Hablar con mi mamá para que me recibiera a mí a y mis hijos. Yo tengo una niña de 14 años, otra de 12 y un niño de 7 años. Me tocó arrancar para Picachito. Mi mamá vive sola. Mi hermano le paga el arriendo, a mi hermana no le queda forma pues con sus hijos no le da y yo le colaboraba para el mercado. Pero yo así, la cosa se ha puesto muy dura. En Acción Social no me aceptaron la condición de desplazada, porque según ellos, eso fueron pillos y no grupos armados”.

“Estar al lado de mi mamá es una bendición. Pobrecita, todo lo que sufrió cuando estuve desaparecida y verla ahora pidiendo plata entre los vecinos para comprarme las pastillas, para el taxi para poder ir al hospital, para el mercado, eso me parte el alma. Pero yo no pierdo la fe que Dios nos va a ayudar. Ahora estamos pasando muy mal, pero si comparo como estaba cuando llegué de Venezuela, pues ni hablar”.

El accidente
“¿Por qué sé que estaba en Venezuela? Pues resulta que terminé en el Hospital General Domingo Luciani de Caracas. ¿Cómo llegué allá? No sé, tengo problemas de memoria. Imagínese que cuando desperté del coma no sabía ni donde estaba. Lo primero que vi fue mi pierna llena de tornillos, vuelta nada, en carne viva. Me dolía la cabeza, casi no podía hablar. No recordaba quien era: una enfermera me preguntaba mi nombre y no lo recordaba, sentía la cara hinchada”.

“Comencé a recobrar la memoria cuando la enfermera me preguntó de donde era: ‘de Medellín’; lo dije sin pensarlo. Fue como una película en la que van apareciendo imágenes. Recordé a mi mamá. Le dije a la enfermera que llamara a Medellín, pero ella me preguntó que dónde quedaba esa ciudad, yo le pregunté: ‘y es que donde estoy pues’, y ella me contestó: ‘estás en Caracas, Venezuela”.

“Eso fue como a mediados de mayo. Los doctores me dijeron que alguien me había llevado a ese hospital, el 4 de febrero para ser más exactos. Pero, verá, yo no recuerdo nada. Lo último que tengo memoria fue un día en el que me dejaron salir de donde me tenían encerrada. Eso era como una finca, muy bonita. Había una caballeriza y un hombre me preguntó que si quería montar a caballo. Yo le dije que sí y comencé a correr y a corre en él, a ver si me escapaba, cuando llegó una camioneta muy grande y me arrolló. Hasta ahí”.

“Duré cerca de tres meses en coma. Pensaron que me iba a morir. Dicen que llegué inconsciente, que parecía una indigente por lo sucia que estaba y que tenía la pierna fracturada en cinco partes. Como también la tenía infectada, por poco me la amputan. Pero aquí estoy”.

“Le dije a una enfermera: ‘llamé a mi mamá a este número: ella se llama Araminta, dígale que estoy bien’. Y así fue. Recuerdo la alegría que me dio cuando la escuché. Me contó que nunca había perdido las esperanzas de verme de nuevo con vida. Ella le contó a las directivas del hospital que yo figuraba como desaparecida desde el 17 de enero de este año. De ese día también recuerdo poco”.

Extraña desaparición
“Verá: yo trabajaba en un motel cerca al Jardín Botánico. Era un viernes y cuando terminaba el turno, a eso de las 7:00 de la noche, dos compañeras del trabajo me invitaron a una discoteca en Junín. Estábamos pasando lo más de bueno hasta que me tomé un trago y ya. Cuando desperté estaba en una habitación, sola. No sabía dónde estaba ni que pasaba. Luego entró una mujer, muy bonita, acompañada de otro hombre, muy ‘pintoso’ también. Hablaban con un acento extraño. Me dijeron que me portara bien, que no me iba pasar nada. Yo les dije que si me dejaban hablar con mi familia. Me dijeron que después, que ya llegaría el momento”.

“Pasaron los días y nada que podía hablar con mi familia. Cuando salía de la habitación, me tocaba sentarme en una sala donde había muchas mujeres, todas muy bonitas. Luego llegaban los hombres y había que atenderlos, usted me entiende. Eso fue algo muy horrible. No es que yo no quiera contarle más detalles, es que no recuerdo muy bien porque me mantenía como borracha. Yo creo que me la pasaba drogada”.

“Imagínese que cuando desperté no podía ver a los hombres porque me provocaba matarlos. Sólo con los días comprendía el por qué. Los médicos allá fueron muy queridos conmigo. Me regalaban tarjetas para que pudiera llamar a mi familia en Medellín. Yo le decía a mi esposo, que en paz descanse, que hiciera todo lo posible para que me sacara de ese hospital”.

“Las autoridades venezolanas si fueron muy groseras conmigo. Cuando les contaba la historia no me creían y me decían que me iban a llevar hasta El Tachira y que yo ya vería como me defendía. Por fortuna mi esposo pudo hablar con una funcionaria de la Embajada Colombiana en Caracas. Olga Patricia Dávila se llama ella. Una señora muy querida. Me visitaba casi todos los días y me daba ánimos. Verá, yo allá me deprimía mucho. Me ponía a llorar por todo y por nada como dicen. La pierna no me dolía tanto, ni siquiera los recuerdos de esa finca donde estaba; extrañaba mi ciudad, a mi mamá y a mis hijos, a mi gente”.

El regreso
“Hasta que llegó el día. La doctora Olga Patricia llegó con otros funcionarios de la Embajada y me tomaron la foto para el pasaporte. A los dos días exactamente llegó ella con el documento y me dijo que habían capturado a un venezolano acusado de traficar con mujeres desde Colombia y que si yo estaba dispuesta a colaborar. Le dije que sí. Efectivamente era uno de los tipos que vi en la finca, pero estoy segura que él no trabaja solo. Pero volviendo al tema, El 9 de agosto me dieron de alta y en una ambulancia del hospital me llevaron hasta el aeropuerto y a los dos horas, estaba en Bogotá”.

“Allá me recibieron unos agentes de la Sijin. Me tomaron una declaración de lo que me había pasado. Como a la media hora me montaron en un avió y derechito para Medellín. No se alcanza a imaginar la alegría. Fue como volver a nacer”.

“Ahora que lo pregunta le cuento que no he vuelto a saber de las compañeras con las que salí ese día. No sé dónde están y la verdad, no me interesa saberlo. Antes de morir, mí compañero me contó que al ver que no aparecía, se fue para el motel a buscarlas, hasta que encontró a una. Según ella, yo resulté con un tipo y que después de mucho bailar, él me propuso viaje para Venezuela y que yo respondí que sí. Pero hubo algo que a Carlos no le cuadró: la intimidación de mi compañera. ‘Miré, deje las cosas así, si no se quiere meterse en problemas’, fueron las palabras que ella le lanzó”.

“Pero vuelvo y le repito: yo no guardo rencor en mi corazón. Las fuerzas que tengo las estoy enfocando en recuperarme físicamente para sacar adelante a mis hijos y volver a colaborarle a mi mamá. Todo esto ha sido muy duro y más triste es saber que siguen duras, pues no recibo ninguna ayuda para ir al médico, para los medicamentos, para entrar algo de comida a la casa. Me gustaría que alguien me ayudara, pero Dios sabe como hace sus cosas. Si me tiene viva es porque me tiene guardadas cosas muy bonitas. ¿No cree usted?

El último episodio de resonancia nacional frente a este conflictivo tema fue protagonizado la semana pasada por un ex presidario que se dejó traicionar por sus negativas emociones para reclamar violentamente la custodia de su hijo menor de dos años y medio. Con pistola y granada en mano, Fredy Castillo terminó con su existencia y la de la madre del menor, quien de paso quedó huérfano, razón por la cual sus familiares más cercanos asumirán su crianza.
Y es que el tema de la custodia y cuidado personal de los menores de edad está en el centro del debate en el Congreso de la República, que estudia si aprueba o no una iniciativa que pretende, entre otros objetivos, entregar a ambos padres este derecho (custodia compartida) cuando estén separados y no cohabiten bajo el mismo techo, teniendo en cuenta que por lo general las demandas resueltas en los juzgados de familia son ganadas por las madres con el argumento, la mayoría de los casos, de que ellas son más aptas que los hombres para asumir el cuidado de los hijos habidos en la relación.
El ejercicio de la custodia recae de igual forma en el padre y en la madre, no hay norma o fórmula mágica que imponga preferencias en atención al sexo o la edad, en virtud al plano de igualdad que se predica tanto de los progenitores, como de los hombres y las mujeres.
Áxel Germán Navas, abogado especializado en derecho de familia, precisa que “de manera amplia, el cuidado o custodia de los hijos es un conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de los hijos”.
Según la legislación colombiana, ese derecho-obligación tiene dos manifestaciones: tratándose de las relaciones de carácter puramente personal, nace lo que se conoce como autoridad paterna, en tanto que respecto de las patrimoniales surge la patria potestad. Esta última, explica el especialista, comprende lo relativo a la representación de los hijos menores, la administración de sus bienes y al usufructo de los mismos.
En lo atinente a las relaciones de tipo personal, los padres deben ejercer la custodia o cuidado de los hijos mediante la crianza y la educación, así como al ejercicio del poder de vigilancia, corrección y sanción.
Navas aclara que esa custodia “en principio es compartida en la medida en que los padres y los hijos vivan juntos. No obstante, cuando ello no es así, el cuidado directo, que se traduce en la convivencia o tenencia, como también suele llamarse, debe corresponder a uno de los progenitores, o en defecto de éstos a terceros, como los parientes consanguíneos más próximos, preferiblemente los abuelos, o inclusive al Estado, por intermedio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que para el efecto puede acudir a los hogares de paso, los hogares sustitutos y, en últimas, a la adopción”.
En la Sentencia T-500 de 1993, la Corte Constitucional precisó que “este cuidado personal hace parte integral de los derechos fundamentales del niño, consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política. Por tal razón, en principio, esos derechos, en especial el del cuidado personal, no pueden delegarse en terceros, ya que ellos nacen de la especialísima relación que surge entre padres e hijos”.
Cuando el conflicto de pareja impide a los padres conciliar la custodia de los hijos, quedan las puertas abiertas para iniciar una demanda ante un juez de familia, quien —previo interrogatorio de parte, a la recepción de testimonios y de las pruebas pertinentes— asignará la custodia a uno de los padres, bien porque de hecho éstos no viven juntos, o porque media entre ellos una declaración de nulidad del matrimonio, de divorcio o de separación de cuerpos; y entre ellos no conciliaron el asunto.
La abogada Jimena Cardona explica que en este tipo de controversia jurídica demandante y demandado intentarán convencer al juez, con pruebas, sobre su idoneidad para asumir el cuidado personal de sus hijos.
A quien pierda la custodia sobre un hijo se le respetará su derecho correlativo a visitarlo. “Cuando a un padre no se le asigne la custodia no se le limitan sus demás derechos, como serían los relativos a la participación en la educación y en la corrección de sus hijos, así como el ejercicio de la patria potestad, pero tampoco lo libera de sus responsabilidades, especialmente en lo relativo al deber de colaborar con la crianza, que se traduce principalmente en el cumplimiento de la obligación alimentaria”, dice Navas.
Sólo cuando la conducta de uno de los padres afecte la salud física o mental de los menores (por ejemplo en casos de maltrato o el incumplimiento en el aporte de los alimentos), un juez de familia puede privarlo de la custodia y negarle el derecho correlativo de las visitas. Inclusive, puede suspenderse o privársele del ejercicio de la patria potestad, lo que sucede en casos extremos.
La sentencia que resuelva sobre la custodia y las visitas puede ser modificada posteriormente por el juzgado que conoció de la demanda inicial, previa petición de uno de los padres, cuando varíe la situación de hecho con base en la cual se tomó la decisión.
Al final, siempre queda una luz al final del túnel: nunca es aconsejable hacer justicia por mano propia, como ocurre cuando uno de los dos progenitores impide al otro padre ver a un hijo (ver ejercicio arbitrario de la custodia), como si el niño fuera un botín de guerra. Olvidan, quienes así obran, que los niños tienen sentimientos y siempre extrañan la presencia del padre ausente.
Efectos del ejercicio arbitrario de la custodia
La Declaración de los Derechos del Niño, promulgada en 1959 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es clara al advertir que los niños tienen derecho a preservar sus relaciones familiares y a no ser separados de sus padres contra la voluntad de éstos; pero, si hay alguna separación, tienen derecho a “mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular”. Por tal razón, se deberá tener en cuenta el interés superior del niño, cuya valoración no depende del capricho del juez o de los padres, como cuando uno de ellos sustrae, oculta, retiene o arrebata a uno de sus hijos menores sobre quienes ejerce la patria potestad con el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado personal.
En este caso, ese padre incurre en el delito conocido como ejercicio arbitrario de la custodia de menor de edad, y por ese sólo hecho puede ser condenado a prisión de uno a tres años y multa de 1 a 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Colombia is running a rebranding campaign to convince tourists that the world’s former kidnap capital is now safe to visit. TV adverts show Bogotá boutiques, white sand beaches and smiling indigenous folk before a voice dipped in honey delivers the line: “The only risk is wanting to stay”.
It’s a clever campaign that works because the message is true. Colombia has become a safe and attractive destination for foreigners. Pablo Escobar is long dead and leftist guerrillas have been pushed deep into the jungle. Some 1.2 million tourists visited last year, double the number in 2002. Foreign investment has also jumped. It is an impressive turnaround for a country that once verged on being a failed state.
That line, however, has a darker meaning if applied to President ­Alvaro Uribe, now almost eight years in office; supporters are on the brink of changing the constitution to allow him a third term from next year. It was amended in 2006 to give him a second.
Uribe has been coy about whether he will seek election, but has done nothing to discourage his supporters’ constitutional moves.
The dilemma for Colombia is the risk to democracy if Uribe remains in power. Supporters say this idea is ­ridiculous. They believe the tough conservative leader saved democracy. He stood up to the Farc guerrillas, made the army strong and cities safe. He brought jobs, investment, stability. And Uribe is popular; polls predict a landslide if he is allowed to run next year. Supporters ask: what would be so bad about that?
Potentially,  a lot. Under Uribe’s stewardship the country has made impressive gains. But scratch the surface of the shiny new Colombia and enamel flakes away. The president has centralised power and suborned institutions. For congress, the army and the intelligence services, all roads lead directly to the man in Casa de Nariño. Scandals have felled dozens of senior allies and officials – illegal wiretaps, bribes and links to narco-traffickers and paramilitary death squads. The army slaughtered hundreds of slum-dwellers and dressed their corpses up to look like guerrillas. And yet Uribe has emerged pleading innocence. The one institution that has maintained some independence is the supreme court, but it has faced repeated intimidation. Grant Uribe another term and judges may buckle.
With the media, Uribe is more thuggish and subtle than his neighbour and rival, Hugo Chávez. Venezuela’s president pulled the plug on critical TV and radio stations and created a sycophantic state media empire. Uribe has risked journalists’ lives by publicly accusing them of being terrorists, obliging them to flee before rightwing hit squads took the hint. “It was a threat made by the president on national TV,” said Hollman Morris, one of the reporters. The message to investigative journalists was clear, he said: expose wrongdoing by the state at your peril. Morris, speaking at a seminar in Bogotá, was mobbed like a rock star by journalists. He was a rare ­independent, outspoken voice.
Most of the other participants worked for three big media groups – El Tiempo, Caracol and RCN. They dominate news in Colombia and ­reflect an establishment line that muffles criticism of the president. Grovelling is less overt than Venezuela but self-censorship is rife. “There are lines we cannot cross,” said a radio reporter from Cali. A news editor from Medellín said: “We are living in a perfect civilian dictatorship.”
Uribe is not famous for charm. Once, aboard his jet, I asked questions that so agitated him he went purple and strained against the seatbelt.
The US regards him as a key ally, a bulwark against not just leftist guerrillas but South America’s anti-yankee tide. With US military and counter-narcotic officials no longer welcome in Bolivia, Ecuador and Venezuela, the US wants greater ­access to Colombian military bases. But some Democrats, alarmed at murders of trade union leaders, have resisted a trade deal with Bogotá and opposed another term for Uribe.
Uribe took Afro-Colombian ­allies from Chocó, an impoverished coastal region of slave descendants, to Washington to bolster his case with black Democrats. They should have visited the swamps of Chocó. Security has improved – no recent murders, no burning villages. But it is a grim, neglected place. ­Poverty is extreme.
Government claims to have pacified the region aren’t true. Guerrillas are active in the highlands, and the lowlands are controlled by rightwing paramilitaries who quietly re-formed after a much trumpeted demobilization. In towns like Vigia Del Fuerte thousands of families live in shacks, too afraid to return to their farms, seized for palm oil plantations and protected by paramilitary thugs and government officials. “It’s not safe to go back,” said Arturo Moreno, forced off his land in 2002. He has no choice but to stay in the slums.

(El Espectador) Los pasados 25 y 26 de septiembre, en el municipio de Melgar (Tolima), a instancias del Centro de Pensamiento Primero Colombia, del que hace parte el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, se reunieron 60 líderes agrarios de 10 departamentos y dos sindicatos agrícolas de Antioquia y el Valle, para dar los primeros pasos hacia la constitución de la Federación Nuevo Liderazgo Campesino, una organización que busca edificar una alianza entre empresarios, industriales y el Estado para orientar a las comunidades campesinas.
En su plataforma de presentación, conocida por El Espectador, sus promotores advierten que el movimiento agrario colombiano ha sido penetrado por fuerzas que terminaron por imponer un adoctrinamiento político basado en la lucha de clases, pero que en la medida en que el Estado ha venido recobrando sus espacios a través de los órganos judiciales, administrativos y las Fuerzas Armadas, se hace necesario crear un “Gran Pacto Social Agrario”, donde estén los gremios, los productores, el Estado y los trabajadores del campo.
Según el documento, hoy se necesita adoptar una concepción empresarial del problema agrícola y superar las tradicionales luchas reivindicatorias del pasado. Por eso, entre sus propuestas están: insertar la organización a los proyectos y políticas del Estado, fortalecer la concertación con los gremios, impulsar la figura del contrato sindical en las empresas agroindustriales, desarrollar las cooperativas sólo para la comercialización y el manejo técnico y promover estrategias de integración con los tratados de libre comercio, entre otras.
De manera simultánea, en la Comisión Quinta del Senado y para primer debate, cobra forma un proyecto de ley presentado por el congresista antioqueño de Cambio Radical Jorge Enrique Vélez, que pretende restablecer en Colombia el régimen de aparcerías, de tal manera que los propietarios de la tierra, a través de la figura del comodato o el arrendamiento, puedan entregar a los campesinos parcelas para su explotación productiva, sin que signifique derechos de propiedad o titulación, pero en cambio permita a los dueños recuperarla en cualquier momento.
La iniciativa establece que tanto el propietario de la tierra como el cultivador pueden integrarse a través de Sociedades Agrarias de Transformación, que los campesinos pueden acceder a líneas de créditos especiales del Banco Agrario para desarrollar los terrenos, que el propietario no está obligado a reconocer mejoras de ninguna clase a los labriegos, y que sólo es viable una indemnización cuando el propietario reclame el inmueble mientras el campesino le esté dando pleno cumplimiento a la explotación que haya sido pactada.
En su defensa, el senador Vélez García afirmó que el proyecto apunta a “crear sociedades agrícolas entre los campesinos y los dueños de las tierras y, sobre un porcentaje del 1% o lo que quiera el dueño de la tierra, garantizarles seguridad alimenticia a los labriegos”. Además, resaltó que la idea es que los colombianos puedan volver al campo formando sociedades agrícolas, de tal manera que el campesino pueda solucionar el problema de la alimentación y el dueño de la tierra pueda ser exonerado del pago del impuesto predial.
Sin que ambas iniciativas tengan plena publicidad, ya tienen enconados detractores. El director de la organización Salvación Agropecuaria, Aurelio Suárez, advierte que lo del Nuevo Liderazgo Campesino ya está cobrando forma y el ejemplo patente es la siembra de palma africana, montada sobre alianzas estratégicas, o el controvertido Agro Ingreso Seguro, donde nadie tiene claro cuántos campesinos van a poner sus parcelas, mientras los industriales y comercializadoras terminarán llevándose la mejor parte del negocio.
En otros sectores, los dos proyectos han sido definidos como la amalgama del modelo Carimagua, es decir, entregarles la tierra a los empresarios para que los desplazados o los campesinos se conviertan en mano de obra barata. Si se tiene en cuenta que hoy los niveles de concentración de la tierra en Colombia son de los más altos de América Latina, los detractores de estas acciones sostienen que ya no cabe duda de que lo único que se busca es “favorecer a la gran agricultura empresarial”, como lo ha venido afirmando el senador Jorge Robledo.
“Esto no es feudalismo del siglo XXI”, insiste el senador Jorge Enrique Vélez, y agrega que la idea de la ley de aparcería surgió de Joaquín Urrea, el dueño de la empresa Leonisa, quien falleció hace cuatro meses y tenía la idea de que los ricos en Colombia tenían que empezar a ceder sus tierras para el beneficio de los campesinos. Sin embargo, los opositores advierten que es el viejo sueño gubernamental de aplicar el sistema malayo, con fincas de 12.000 hectáreas donde los jornaleros trabajan para los hacendados.
De cierta manera, estos dilemas agrarios parecen revivir el ambiente que vivió Colombia entre los años 60 y 70, cuando a la reforma agraria impulsada por el presidente liberal Carlos Lleras Restrepo, incluyendo la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), terminó atravesándosele entre 1971 y 1972 el denominado Pacto de Chicoral, que institucionalizó la ganadería extensiva como la forma más adecuada para explotar la tierra, acabando de un plumazo con la iniciativa de los campesinos para hacer viable la anhelada reforma agraria.
Según el ex ministro Apolinar Díaz Callejas, en su clásico libro Colombia y la reforma agraria, el Pacto de Chicoral, que cobró forma a través de la Ley 4ª de 1973, fue un golpe contundente contra la modesta reforma agraria que quiso implementar el presidente Lleras Restrepo aplicando la Ley 135 de 1961. Y recalca Díaz Callejas: “En el gobierno de Misael Pastrana, después de haber logrado la división del movimiento campesino entre la ‘línea Armenia, gobiernista, y la ‘línea Sincelejo’, de la auténtica Anuc, todo quedó servido para sacar adelante el Pacto de Chicoral”.
Las organizaciones campesinas no conocen mucho sobre el Nuevo Liderazgo Campesino que impulsa el Centro de Pensamiento Primero Colombia, ni del proyecto de ley sobre la aparcería agrícola en Colombia. Mientras advierten que sus políticas apuntan básicamente a proteger a los pequeños y medianos agricultores, los defensores del nuevo modelo creen que ya no es viable un sistema de desarrollo que prescinda de la agroindustria como el motor para la promoción de la explotación agrícola a gran escala.
Por ahora, el tema está planteado en términos teóricos, pero quienes se reunieron en el centro vacacional La Colonia del municipio de Melgar en septiembre pasado ya tienen claro su objetivo inmediato: para el mes de junio del año 2010 piensan desarrollar su asamblea de constitución de la Federación Nuevo Liderazgo Campesino, con ideas específicas para crear proyectos de infraestructura, agroindustria, mercadeo y comercialización de los productos, bienes y servicios que genera al campo.
Los argumentos de quienes impulsan un “nuevo liderazgo”
El Nuevo Liderazgo Campesino, impulsado por el Centro de Pensamiento Primero Colombia, busca fortalecer la formación técnica de los campesinos, entregándoles también herramientas para comprender la realidad política, con ideas más adecuadas a sus intereses.
Su propósito es superar la idea de un movimiento agrario campesino desdibujado en su real contenido, sobre todo por las organizaciones guerrilleras. El 90% de los desplazados en Colombia son campesinos y hoy están afectadas más de 3’300.000 hectáreas, que representan el 5% del área agropecuaria del país.
En cuanto al régimen de aparcería, el objetivo inmediato es que, a modo de comodato, los grandes propietarios de la tierra entreguen a las familias campesinas algunos de sus predios para que se comprometan con el trabajo rural. Hoy, según el estudio del senador Jorge Enrique Vélez, la organización agraria se destaca por el poco aprovechamiento que hace de la tierra productiva.
El país posee 21,5 millones de hectáreas con vocación agrícola, pero sólo se utilizan 3,7 millones. En cambio, para la ganadería hoy están habilitadas cerca de 38,7 millones de hectáreas.
Ni reforma agraria ni avance
Por tradición, Colombia ha sido un país con vocación agrícola. Sin embargo, desde hace varias décadas existe un notorio contraste entre la acumulación de tierras de grandes propietarios y una gran masa de arrendatarios, aparceros, desplazados, peones y jornaleros. Aunque desde principios del siglo XX surgieron las primeras organizaciones campesinas, sólo hasta los años 20 cobraron protagonismo en el país.
Hacia finales de esa década, después de múltiples confrontaciones y fallidos intentos de organización agraria, quedaron varias ligas campesinas y sindicatos de obreros rurales que no lograron sacar adelante un proyecto sólido de acceso a la tierra. En 1936, a través de la Ley 200, el gobierno de Alfonso López Pumarejo expidió una “Ley de Tierras”, más bien enfocada a sanear títulos de propiedad y producir alimento.
Con el paso del tiempo y el auge de la violencia partidista, la ley cayó en el olvido, pero no el tema que recobró vigor a través de la Ley 135 de 1961, durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, que sólo cobró cierta fuerza en el cuatrienio de Carlos Lleras Restrepo, entre 1966 y 1970, cuando nació el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) y el surgimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc).
Después vino el Pacto de Chicoral, que debilitó la organización campesina. Lo demás han sido esfuerzos aislados de comunidades campesinas negras e indígenas a lo largo de las tres últimas décadas, con más ideología y política que realizaciones efectivas, y un atraso significativo en el campo sumado a más de dos millones de desplazados por la guerra y la pobreza.

El desmovilizado paramilitar Luis Hernando Mejía Múnera, alias ‘el mellizo', manifestó, desde los Estados Unidos, que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, las que llevaron a Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la República.
"Las Autodefensas pusieron a Uribe en la presidencia", indicó el ex jefe narcoparamilitar en declaración ante la Fiscalía General de la Nación desde Estados Unidos.
Así mismo, manifestó que ellos asesinaron a Vicente Castaño bajo la promesa de que no iban a ser extraditados. "Para que hicieran ese asesinato nos prometieron que no nos iban a extraditar", sostuvo alias ‘el mellizo' al sostener que fue él mismo quien condujo a los agentes del Gaula al sitio donde finalmente fue ultimado el ex líder de las AUC y hermano de Carlos Castaño.
"Él está muerto y creo que hay un hombre de confianza que se entregó al gobierno norteamericano; se llama ‘Pepe'. Eso prácticamente fue ordenado desde la Casa de Nariño", precisó ‘el mellizo' frente al supuesto crimen de Vicente Castaño.
Por otra parte, reiteró las denuncias en torno al ex gobernador de Arauca, Julio Acosta Bernal, de quien aseguró le había ofrecido todo el respaldo a las Autodefensas para que operaran en ese departamento de los Llanos Orientales.
Afirmó que Acosta Bernal lo había convencido de no desmovilizarse a cambio del ofrecimiento de un apoyo financiero y armamento.
De la misma manera, alias ‘el mellizo' denunció que el bloque paramilitar del que él hacía parte contaba con todo el apoyo y colaboración de la Policía y el Ejército en el departamento de Arauca.
Las declaraciones se produjeron dentro de la versión libre que rinde el desmovilizado, dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz, en audiencia que se cumple desde los Estados Unidos, a través de un video conferencia.

(EL País) Cuando Ingrid Betancourt aterrizó en el aeropuerto de Bogotá, recién rescatada de un secuestro de seis años, buscó entre la multitud que la aguardaba al periodista Herbin Hoyos y lo abrazó emocionada. "¡Gracias, hermano para siempre!", le dijo. Hoyos, director del programa radiofónico Las voces del secuestro, había sido su cordón umbilical con el exterior durante su cautiverio en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A través de esos micrófonos, Betancourt, como otros muchos rehenes, había ido recibiendo mensajes de su familia. Y la ilusión de oír a sus hijos la había mantenido viva en el fondo de la selva, aferrada a su pequeño transistor. Hoyos, reportero de Caracol Radio, ha tenido que dejar Colombia esta semana, después de que los servicios de Inteligencia frustraran un plan de las FARC para asesinarlo. Se ha refugiado en España y no piensa tirar la toalla: ayer comenzó a emitir su programa desde los estudios de la cadena SER.
Muy a menudo, las pequeñas historias cotidianas describen la realidad de un país mejor que las grandes noticias. Desde 1994, miles de colombianos de todas las edades y condición social han desfilado por Las voces del secuestro, con la esperanza de que el padre, el marido o la hija puedan escucharles allí donde estén cautivos. En estos 15 años, más de 350.000 mensajes han llenado las madrugadas de los domingos de palabras de amor y de aliento, de anécdotas y novedades familiares.
"Desde que comenzamos el programa, hemos registrado 17.083 casos de secuestro. De ellos, 13.924 han sido liberados. Y de casi 3.000 no se sabe nada. Para mí, hasta que no aparezcan sus restos, siguen siendo secuestrados", explica Herbin Hoyos, recién llegado a Madrid. La idea del programa partió de su propia experiencia: él mismo fue rehén de las FARC durante 17 días, antes de ser rescatado por el Ejército. A partir de entonces Hoyos, veterano reportero formado en la Universidad Complutense, nunca ha faltado a la emisión, que ha conducido desde Chechenia, Palestina, Irak o Bosnia.
La ofensiva del Gobierno colombiano contra las FARC ha reducido en un 85% los secuestros, segunda fuente de financiación de la guerrilla después del narcotráfico. En 2009 se han denunciado 132 casos, frente a los 3.200 anuales que se llegaron a registrar como media en los años noventa. Paradójicamente, Las Voces del secuestro tiene más repercusión ahora. "Hace 10 años, el programa sólo interesaba a las familias de los secuestrados. Con las liberaciones de Ingrid Betancourt y otros rehenes adquirió notoriedad, porque hablaron de él". Y llegaron el reconocimiento y los premios, como el Ondas, que recibió en 2008.
Las voces no es sólo un puente entre los secuestrados y el mundo exterior. "Antes de 1994, las familias de los rehenes vivían con miedo y, además, estigmatizadas. Los vecinos se alejaban de ellas para no comprometerse. El programa rompe esa estructura de terror que había creado la guerrilla. Las víctimas se organizan y emergen a la luz pública. Y el país, hasta entonces indiferente, empieza a reconocerlas y a solidarizarse".
¿Pero por qué una guerrilla como las FARC, que da un trato inhumano a sus rehenes, les permite oír la radio? "Yo mismo les hice ver, en mi programa, que un secuestrado aislado e incomunicado entra progresivamente en una depresión, hasta el punto de que la muerte se le vuelve una opción de escape. Va a intentar desaparecer: bien escapando, bien suicidándose. Pero un secuestrado que tiene un contacto con su familia tiene esperanzas. Come lo que le den, camina hasta donde lo lleven, no se enfrenta a sus captores, porque quiere vivir".
Al principio, Hoyos enfocó su emisión como un servicio neutral. "No calificamos, no opinamos. Respetamos la regla de la neutralidad", declaró en una ocasión. El contacto con el drama humano acabó por romper la equidistancia. "Con el tiempo fui tomando una posición más radical contra el secuestro. Y muestro a la guerrilla como lo que es". Aficionado al motociclismo, el reportero prepara una caravana de moteros que partirá de Madrid el 6 de noviembre y recorrerá durante dos semanas Francia e Italia, donde será recibida por el Papa. "Queremos activar la solidaridad con las víctimas del secuestro en todo el mundo, no sólo en Colombia. Ésa es mi batalla".