Estados Unidos perdió la oportunidad de atrapar a Osama Bin Laden en las montañas afganas de Tora Bora en diciembre del 2001, cuando el terrorista saudí estuvo al alcance de las tropas estadounidenses, concluye de forma categórica un informe del Senado.
El estudio, elaborado a instancias del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata John Kerry, sale a la luz sólo unos días antes de que el presidente de E.U., Barack Obama, dé a conocer el martes su nueva estrategia para Afganistán.
El informe destaca que los responsables militares estadounidenses tomaron la costosa y crucial decisión de no perseguir a Bin Laden con un dispositivo masivo a finales del 2001.
La fuga de Bin Laden, destaca el análisis, sentó las bases para el resurgimiento de la insurgencia afgana y la desestabilización del vecino Pakistán.
Sin embargo, "el haber eliminado al líder de Al Qaeda del campo de batalla hace ocho años no habría erradicado la amenaza extremista mundial", afirma el informe.
"Pero, las decisiones que propiciaron su escapada a Pakistán permitieron que Bin Laden surgiera como una potente figura simbólica que sigue atrayendo un flujo constante de dinero e inspira a fanáticos de todo el mundo", indica el análisis que aparece en la página web del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
El estudio afirma de forma categórica que Bin Laden estaba oculto en Tora Bora en momentos en los que E.U. tenía la capacidad para protagonizar una asalto rápido con varios miles de soldados.
Hace hincapié en que la información disponible y entrevistas con personas clave, "eliminan cualquier duda y dejan claro que Osama Bin Laden estaba a nuestro alcance en Tora Bora".
El estudio concluye que alrededor del 16 de diciembre de 2001, Bin Laden y sus guardaespaldas "dejaron Tora Bora sin problemas y desaparecieron en la desregulada área tribal de Pakistán" donde todavía se cree "está basado".
En lugar de lanzar un ataque masivo, menos de cien soldados estadounidenses, en colaboración con las milicias afganas, intentaron capturar a Bin Laden.
"La amplia gama del poder militar estadounidense, desde los equipos de francotiradores a las divisiones más móviles de los Marines y el Ejército de tierra se mantuvieron al margen", afirma el estudio recién divulgado.
El entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld consideró que un ataque masivo podía ser contraproducente y tanto él como otros altos cargos sostuvieron que las pruebas de la presencia de Bin Laden en la zona no eran concluyentes.
El informe indica que un mayor despliegue militar pudo haber conducido no solo a la captura de Bin Laden, sino también a la de Mullah Muhammad Omar, el líder de los talibanes afganos, quien también escapó a Pakistán en el año 2001.
El complejo de cuevas de Tora Bora, donde se presume se escondían Bin Laden y su lugarteniente Ayman al-Zawahri, entre otros, fue también el centro de operaciones del terrorista saudí durante la lucha contra las fuerzas soviéticas en la década de los 80.

(SEMANA) Qué político corrupto no sueña con llegar a elecciones con una abultada chequera de recursos públicos para girar sin miramientos? Esta idea, que en verdad es una pesadilla para el país, parece convertirse en realidad por cuenta de la polémica interpretación que en algunas regiones están haciendo de la ley. En el centro del debate están los multimillonarios recursos de los Planes Departamentales de Agua (PDA). Son nueve billones de pesos destinados a que, por fin en la próxima década, todas las poblaciones del país tengan agua y alcantarillado. Lo paradójico es que una de las razones para que el gobierno diseñara estos planes fue tapar la vena rota que permitió durante muchos años que se pagara por la construcción de acueductos que nunca se hicieron.
Los PDA son como una gran bolsa a donde llegan recursos de la Nación, de transferencias, regalías y de los entes territoriales. Los departamentos que querían acceder a estos dineros adquirían unos compromisos de cómo se debían ejecutar. Como estos acuerdos debían ser aprobados por las Asambleas, implicó un proceso de casi tres años. Mientras tanto se hicieron los ajustes que requería la política para que todo estuviera bajo control, tanto es así, que fue necesaria una reforma a la Constitución, tres leyes y 14 decretos, para que finalmente viera la luz este ambicioso proyecto.

Para que todo marchara sin contratiempos se diseñó una organización que tiene un comité directivo, compuesto por el gobernador y alcaldes de ese departamento; un gestor, que es el que instrumenta el Plan y puede ser el departamento o una Empresa de Servicios Públicos Departamental, y una gerencia asesora, que entre otras funciones tiene a su cargo la interventoría de las obras. Pero algo falló. Desde hace algunos meses se abrió una discusión jurídica que hoy tiene muy preocupados al gobierno, a la Contraloría y a la Procuraduría, y que ya empieza a mostrar las orejas de un nuevo gran escándalo.

El meollo del asunto es que la ley permite que las empresas de servicios públicos puedan contratar como si fueran empresas privadas. No necesitan licitar, ni tienen los demás requisitos de convocatoria abierta que obliga la Ley de contratación con recursos públicos.

Las inquietudes se comenzaron a dar cuando una investigación de la Contraloría descubrió que muchas de estas empresas de servicios públicos, pese a su nombre, no prestaban ningún servicio público. Se crearon con un gerente, una secretaria y un mensajero, y de la noche a la mañana podían empezar a hacer multimillonarios contratos, que tenían como soporte una sola cotización.

Además, hay todas las dudas sobre su idoneidad. Así, hay 10 departamentos que a través de estas empresas comenzaron a contratar con sus normas internas que en algunos casos les permiten adjudicar contratos de hasta 5.000 millones de pesos de forma directa. "La corrupción se sabe camuflar muy bien, por eso no hay que dejar espacios donde ésta pueda ejercer", dijo el contralor, Julio César Turbay, refiriéndose al tema.

Un concepto de la Superintendencia de Servicios Públicos, la encargada de vigilar este tipo de empresas, dice que pese a la forma como están constituidas, si no cumplen con su objeto de prestar un servicio público, no pueden contratar como si fueran privadas. En la Procuraduría comparten esta posición.

La mitad de los 300.000 millones de pesos de dineros públicos que los PDA han contratado se ha manejado como si fueran empresas privadas. Leyla Rojas, viceministra del Agua, que tiene a su cargo esta política, asegura que desde cuando se dio la polémica han estado muy atentos a la forma como se ejecutan estos recursos y que "esta discusión jurídica de talla mayor" se está llevando al Consejo de Estado para que la resuelva. Controvierte que se diga que hay un boquete, pues, según ella, en el diseño de los PDA se incluyó procedimientos incluso más rigurosos que los que contempla la Ley de contratación.

Sin embargo, esta revista conoció que las normas de las que habla la viceministra también desataron otra controversia jurídica. Algunos departamentos, pese a haberlas aceptado cuando firmaron los contratos, ahora alegan que estas van en contra de la descentralización. "Más que atentar contra la autonomía, se está atentando contra el principio de precaución", dice Rojas. "Lo que está pasando es que hay sectores que le están apostando a que los Planes se caigan y esto vuelva al esquema de antes, en el que nadie pedía cuentas de cómo se ejecutaban estos presupuestos", agrega.

Como si faltaran dolores de cabeza, la Contraloría también reveló que con las gerencias asesoras que hacen las interventorías, también hay problemas. Encontró que los departamentos están usando la figura de convenios para saltarse la selección de estas firmas, y estas, a su vez, subcontratan organizaciones que no son idóneas. Encontraron un caso en que el objeto de una de estas firmas era el de un ancianato, algo que claramente no tiene que ver con el sector de la ingeniería. Por su parte, la Procuraduría ha identificado interventores que ni siquiera saben dónde están los proyectos.

A pesar de que la de los PDA es una política reciente, en los lugares donde se ha instrumentado sin contratiempos ya muestra importantes beneficios. La viceministra de Agua cuenta que hay municipios de Atlántico que pasaron su cobertura de agua del 2 por ciento al 90 por ciento en muy poco tiempo, y otros como Chibolo, en Magdalena, que ya llegaron al ciento por ciento de alcantarillado.

El diseño de la política ya le significó a los PDA un reconocimiento de Naciones Unidas, como una de las estrategias más innovadoras para alcanzar los objetivos del milenio en las metas de reducción de la pobreza. Y aún se está a tiempo para corregir las 'fisuras legales' que en tiempo de campaña resultan muy convenientes para algunos y que atentan contra el éxito de los Planes. De no actuar de una forma efectiva, el país verá muy pronto cómo nuevamente se hacen agua estos multimillonarios recursos.

El número de personas que pasan hambre se incrementará un nueve por ciento este año y llegará a los 1.020 millones, la peor cifra desde 1970.
En anuncio fue hecho por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
La FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) dijeron que aproximadamente 100 millones de personas más que el año pasado sufren desnutrición en el 2009, el número más elevado en cuatro décadas.
"El número creciente de personas hambrientas es intolerable", dijo el  director general de la FAO, Jacques Diouf, en la presentación anual sobre el hambre en el mundo.
"Tenemos los medios técnicos y económicos para hacer desaparecer el hambre, lo que falta es una voluntad política más fuerte para erradicar el  hambre para siempre", explicó el funcionario.
El incremento del número de personas hambrientas no es resultado de malas cosechas, sino que se debe al alto precio de los alimentos -particularmente en los países en vías de desarrollo-, a ingresos más bajos, y a la pérdida de empleos.
Antes de la combinación reciente de crisis alimentaria y recesión, el número de desnutridos ha ido creciendo de forma sostenida durante los últimos años, revirtiendo los progresos de la década de 1980 y principios de la del 1990.
Los países que integran el Grupo de los Ocho prometieron en julio 20.000 millones de dólares en tres años para ayudar a las naciones pobres a alimentarse y señalaron un nuevo foco en el desarrollo agrícola a largo plazo.
Esa decisión generó algunas preocupaciones respecto a que la ayuda de emergencia en alimentos podría recortarse como resultado.
El PMA recaudó unos 5.000 millones de dólares para alimentar a los pobres cuando el alza en los precios de los alimentos en 2006-2008 desató enfrentamientos en algunos países.
En lo que va de año, ha recibido 2.900 millones de dólares, y ha tenido que recortar las raciones de alimentos o reducir sus operaciones en lugares como Kenia y Bangladesh.
La FAO y el PMA instan a abordar el problema desde dos enfoques y aseguran que una inversión a largo plazo en desarrollo de la agricultura no debería llegar a expensas de las iniciativas a corto plazo para luchar con las hambrunas espoleadas por la repentina escasez de alimentos.
Los países africanos son los más afectados
Los países africanos continúan a la cabeza del Índice Mundial del Hambre de 2009 presentado este miércoles en Berlín por la alemana Organización Mundial contra el Hambre y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, sigla en inglés), en el que se destaca que las mujeres son las que más padecen desnutrición y pobreza.
La República Democrática del Congo, Burundi, Eritrea, Sierra Leona y Chad son los países con el índice de hambre más agudo.
Bärbel Dieckmann, presidenta de la Organización Mundial contra el Hambre, subrayó que 1.000 millones de personas pasan hambre en el mundo, en su mayoría mujeres y niños.
El 70 por ciento de los 1.400 millones de pobres en el mundo son mujeres, dijo Dieckmann, quien destacó que en aquellos lugares en  los que las mujeres se ven más desfavorecidas el hambre resulta mayor.
Allí donde llevan la economía familiar y tienen influencia y reconocimiento a nivel comunal, las mujeres y sus hijos tienen una mejor alimentación, explicó la experta alemana, quien apeló a los países industrializados a tener en cuenta esta circunstancia.
"Reforzar el papel de las mujeres resulta clave en la lucha contra el hambre y la pobreza", afirmó Dieckmann, para quien "la política de ayuda al desarrollo no puede ser la continuación de una política de intereses de estado con otros medios".
El informe presentado por las dos organizaciones humanitarias subraya que en 29 países del mundo, todos ellos africanos o asiáticos con la sola excepción de Haití, la situación del  hambre es muy grave y preocupante, aunque en Asia se han registrado desde 1990 apreciables progresos en la lucha contra la desnutrición.
El índice considera que el hambre es un problema serio en Nicaragua y moderado en la República Dominicana, Panamá, Ecuador, Perú, El Salvador, Venezuela, Colombia y Paraguay.
El índice que preparan las dos organizaciones humanitarias de Alemania y Estados Unidos está realizado con datos actuales de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura FAO.
Esta calcula que 642 millones de personas en Asia, 265 millones en África y otros 53 millones de ciudadanos de Latinoamérica pasan hambre y que la India, con 230 millones de desnutridos, encabeza la lista por países.

Un proyecto de ley que ordena revisión total de la estrategia en el Hemisferio Occidental será radicado en la Cámara este jueves. Serían evaluados el Plan Colombia y la iniciativa Mérida, entre otros.
De convertirse en Ley, la H.R. 2134 crearía una 'Comisión de Notables' compuesta por 10 personas que tendría 12 meses para realizar su evaluación y proponer nuevas alternativas encaminadas a controlar tanto la oferta como la demanda de estupefacientes.
El proyecto será presentado durante una audiencia organizada por el Comité para las Relaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes, que será presidida por el demócrata Elliot Engel.
La 'Comisión de Notables' que crea la ley tendrá un carácter bipartidista, lo cual le ofrece una gran posibilidad de ser aprobada cuando pase a las plenarias de ambas cámaras: cuatro de sus miembros serán nombrados por demócratas, otros cuatro por
 republicanos y los últimos dos los pondrá el presidente Barack Obama.
El proyecto, que tiene como coautor al republicano Dan Burton, entre otros, parte de la base de que E.U. ha invertido casi 15.000 millones de dólares a lo largo de las últimas dos décadas sin que con ellos se haya logrado frenar el consumo y la demanda
 de drogas en el país.
"De 1980 al 2008 la asistencia antinarcóticos para Latinoamérica y el Caribe ha totalizado unos 11.300 millones de dólares. Adicionalmente, la DEA se ha gastado otros 2.500 millones de dólares. A lo largo de esos años el consumo de drogas para marihuana,  cocaína y heroína ha ido creciendo de manera interrumpida", dice el texto.
En E.U. está el 17,2 por ciento de consumidores
De esos fondos, casi la mitad (unos 7.000 millones) se han gastado en Colombia. El proyecto sostiene, además, que pese a contar con solo el 5 por ciento de la población mundial, en E.U. está el 17,2 por ciento de consumidores de drogas ilegales.
Y el  negocio de las drogas, anota, genera violencia, inestabilidad y corrupción en la región andina, fortalece las organizaciones criminales en Centroamérica y alimenta una cruenta guerra entre carteles -y contra el gobierno- en México.
La tarea de la Comisión, que será llamada Comisión para el Hemisferio Occidental en Políticas Antidroga, será llegar al fondo del problema y ofrecer alternativas para mejorar lo
existente y corregir lo que vaya mal.
La ley les pide a los notables que evalúen la efectividad de los programas de erradicación, interdicción y desarrollo alternativo que se vienen implementando. Entre ellos el Plan Colombia, y la Iniciativa Mérida para México.
Así mismo, deberá estudiar el uso de nuevas tecnologías para combatir a los carteles y determinar el proceso de certificación que usa E.U. para medir si la cooperación en la lucha contra las drogas está arrojando resultados positivos.
También le pide mirar el otro lado de la moneda. Es decir, la demanda de las drogas en E.U. En primer lugar, que produzca un reporte que aterrice la gravedad y extensión de este problema y de su valoración sobre los programas existentes en prevención, tratamiento, y cortes especializadas en el juzgamiento de casos relacionados con drogas (drug courts).
Igualmente, analizar las experiencias de otros países en el tratamiento de adictos y ofrecer alternativas para el diseño de una nueva política para la reducción de la demanda.

(Por Agustín Iguarán Gonzales – El Heraldo) Las recientes versiones del clan de Los Rojas ante un fiscal de Justicia y Paz y las que entregó en una ocasión el extraditado Hernán Giraldo Serna aceptando los crímenes de los directivos de Unimag Roque Morelli y Julio Otero y la del estudiante Hugo Maduro dejaron sin piso las acusaciones que sobre estos homicidios recayeron contra el ex rector Carlos Caicedo Omar.

Los ex jefes paramilitares confesaron que la escalada de homicidios entre 2000 y 2002) estuvo enmarcado en la consigna paramilitar de que “todo lo que olía a guerrilla había que darlo de baja”.

Por eso el vicerrector Otero, el decano de Educación Morelli y el estudiante Maduro fueron asesinados por orden de Giraldo Serna, conocido como El Patrón y quien para esa época era el comandante del Frente Resistencia Tayrona del Bloque Norte de las AUC.

DOLOR Y PERDÓN. “¡Soy inocente!, y a quienes me hicieron tan injustos señalamientos no solamente los entiendo sino que puedo decir, desde lo más profundo de mi alma y pidiéndole licencia a Dios, que los perdono”, dijo ayer el ex rector, actualmente privado de la libertad en su casa por un presunto peculado a favor de terceros.

Caicedo manifestó que comprende el dolor de los familiares que al quedar en el desamparo fácilmente fueron presa del desespero.

“Fueron víctimas del poder malsanamente utilizado, siendo ésta la misma situación que aún me mantiene, pese al tiempo y a los hechos transcurridos, atado a ese proceso”, precisó.

El 4 de junio pasado, Los Rojas, y particularmente alias Yoyo” (hombre de confianza de Jorge 40), reconocieron que tenían en su poder una lista de funcionarios públicos con supuesto vínculos con la guerrilla.

El ex rector señaló que es un convencido de su inocencia y siempre acudió a las autoridades. “Me he presentado a la sociedad como lo que soy, una persona honesta”, puntualizó.

Carlos Caicedo fue rector de la Universidad de 1997 a 2006, tiempo durante el cual implementó un proceso de refundación que permitió alcanzar altos niveles académicos y administrativos.

EN LA LISTA DE VÍCTIMAS

El ex rector Carlos Caicedo dijo que él aparecía en la lista de quienes debían ser asesinados en Santa Marta. Señaló que fue perseguido constantemente. “Mi madre fue amedrentada en su casa, merodeaban el colegio de mis hijos, y mi hermana fue acosada. Fueron años de mucho riesgo para mí y mi familia”, subrayó.

(Por Armando González) Un incidente de nulidad sobre el estudio de exequibilidad de la ley que convoca al referendo reeleccionista fue interpuesto por el senador Rodrigo Lara ante la propia Corte Constitucional, argumentando que el Tribunal excluyó decretar una prueba.

De acuerdo con el legislador de Cambio Radical, se omitió incluir entre las pruebas decretadas por el magistrado Humberto Sierra, sustanciador del proceso número CRF-003, la información sobre el tiempo en que fue publicado el Diario Oficial que incluía el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias para la madrugada del 17 de diciembre de 2008, en la que se aprobó, en segundo debate, el referendo.

En varias constancias de la propia Imprenta Nacional (ver una de ellas en foto y recuadro), el Diario Oficial que incluyó el decreto de convocatoria se terminó de imprimir el mismo 17 de diciembre y se publicó en la web a las 4:44 de la tarde.

“Este hecho demuestra –conceptuó Lara– que la actuación llevada a cabo en la alborada del día 17 en el Congreso de la República fue manifiestamente ilegal, pues ningún decreto puede producir efectos hasta tanto no se haya surtido su publicación, como expresamente se establece en la Constitución y en la Ley. En este sentido, el vicio resulta incontrovertible al tenor del artículo 149 de la Constitución”.

La norma citada por el congresista reza: “Toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones serán sancionados conforme a las leyes”.

Lara basó el incidente de nulidad en la jurisprudencia de la misma Corte, según la cual “la insuficiencia probatoria es constitutiva de una violación manifiesta al debido proceso”.

La acción de Lara se suma a las que se surtieron la semana pasada para resaltar los vicios que presenta la iniciativa, incluidos los incurridos en los últimos días.

Para Lara es llamativo que de seis elementos probatorios que le recomendó al magistrado Sierra, a través de un memorial del 17 de septiembre de 2009, se haya omitido uno de ellos.

Lo que el senador pide en el incidente de nulidad es “retrotraer la actuación al momento en que se avocó el conocimiento de la Ley 1354 de 2009”, que convoca al referendo, “para que la propia Corte corrija su decisión y, por ende, decrete la prueba omitida”.

Vicio tras vicio

Esta semana, por ejemplo, el representante liberal Guillermo Rivera le pidió a la Corte esperar a que el Consejo de Estado falle una demanda que está en curso antes de seguir estudiando la exequibilidad: “Es que hasta que el Consejo de Estado no falle sobre la legalidad del decreto de convocatoria a extras, porque está demandado, pues no puede la Corte continuar su estudio”, le explicó el legislador a EL NUEVO SIGLO.

Rivera expresó que “esa situación justifica que se solicite la suspensión del estudio bajo la figura de la prejudicialidad”.

Precisamente, como ya lo anotó Lara, uno de los vicios en que incurrió el Congreso durante el trámite del referendo reeleccionista fue la intempestiva citación a sesiones extraordinarias ocurrida en la madrugada del 17 de diciembre, con el fin de aprobar el proyecto en la plenaria de la Cámara. La citación habría sido ilegal porque el decreto salió en la noche del 16 de diciembre, cuando aún estaban vigentes las sesiones ordinarias, algo que es prohibido por el ordenamiento legal y constitucional.

Efectivamente, la Ley Quinta de 1992, que es el Reglamento del Congreso, establece en su artículo 85 que las “sesiones extraordinarias” serán “convocadas por el Presidente de la República, estando en receso constitucional el Congreso”.

De este vicio se desprende otro, porque el proyecto no se tramitó con carácter prioritario, como corresponde a una iniciativa que se originó en firmas reunidas entre la ciudadanía.

Pero ese mismo miércoles, la aprobación en la plenaria de la Cámara de cuatro actas de igual número de sesiones en que se discutió el referendo reeleccionista podría constituirse en un nuevo vicio de la iniciativa.

El propio Rivera llamó la atención acerca del voto afirmativo de 18 congresistas al acta de la sesión extraordinaria del 17 de diciembre, en la cual esos legisladores no estuvieron presentes.

“Cuando se aprueba un acta lo que se da es fe de que lo que consta en la misma coincide con la realidad de los hechos: Nosotros nos dimos cuenta que 18 representantes a la Cámara que no estuvieron presentes en la madrugada del 17 de diciembre, votaron el acta en cuestión. Y si eso es así, nos parece que esos 18 están dando fe de lo que no pueden dar fe, porque no estuvieron presentes”, manifestó Rivera.

El congresista liberal le solicitó a la mesa directiva la elaboración de un cuadro comparativo sobre los representantes que asistieron a ambas sesiones y sus correspondientes votaciones para constatar si se presentó la anomalía.

“La Corte Constitucional lo que va a desarrollar fundamentalmente es una revisión del procedimiento legislativo, y nos parece que ese es un elemento de juicio que debe obrar en el expediente”, explicó.

La Cámara sometió ese día a votación las actas 199 y 200, de los días 25 y 26 de agosto, correspondientes a las sesiones en que se debatieron y votaron los impedimentos de los 86 representantes investigados por la Corte Suprema por aprobar la iniciativa sin que ésta llenara los requisitos legales, según el demandante, el legislador Germán Navas.

También se votó el acta 201 del 1 de septiembre, sesión en la que la plenaria aprobó el informe de conciliación del referendo entre LOS diferentes textos ratificados en cada una de las cámaras.

Además, fue aprobada, por 69 votos afirmativos y 18 negativos, el acta 160 de la sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2008, sesión por la cual están siendo procesados los 86 legisladores ya mencionados.

Como si fuera poco, ese mismo día el representante Germán Reyes, del Polo Democrático, denunció ante la Comisión de Acusación de la Cámara al presidente Álvaro Uribe por sancionar la ley que convoca al referendo reeleccionista, debido a que el funcionario debió haberse declarado impedido para hacerlo.

Para Reyes, Uribe violó el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 que ordena que todo servidor público deba declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión.

Contenido de la carta

Este es el contenido de la carta que Francisco Fonseca, subgerente de producción de la Imprenta Nacional, le hizo llegar al senador Rodrigo Lara:
“En respuesta a su derecho de petición recibido en la Imprenta Nacional de Colombia el día 16 de septiembre de 2009 me permito informarle lo siguiente:
1- El material que contiene el Decreto 4742 de 2008, fue recibido de acuerdo a los registros existentes, el día 16 de diciembre de 2008 a las 19:45 horas; y en cumplimiento de los procedimientos establecidos se le asignó número de orden de producción y número de Diario Oficial 47.205.
2- El proceso de preprensa inició en ese mismo día a las 21:00 horas una vez se recopiló todo el material, y culminó este proceso a las 10:37 horas del día siguiente (17.12.08).
3- El Diario Oficial 47.205 quedó publicado en la página Web el día 17 de diciembre de 2008 a las 16:44 horas”.

A mediados de 2000, los medios de comunicación informaron una nueva y cruel modalidad de secuestro de las Farc: el collar-bomba. A doña Elvia Cortés, una acomodada campesina de Chiquinquirá, la guerrilla le puso en el cuello un tubo con explosivos, operado a control remoto, y entregó un casete con instrucciones para pagar a la organización $15 millones. El insólito y cruel caso dio la vuelta al mundo mientras los generales, el Ministro de Defensa y el obispo de ese municipio confirmaron la responsabilidad de las Farc.
Un técnico de explosivos y la víctima ‘volaron’ al intentar desactivar el mecanismo ante las cámaras de la televisión, que transmitían en vivo el brutal acontecimiento. El país reaccionó indignado y con ira y los militares reiteraron el señalamiento contra las Farc. El presidente Pastrana canceló una reunión entre la guerrilla y delegados extranjeros inclinados a reconocer su estatus de beligerancia, y repudió una “acción de la que hasta las bestias se arrepentirían”. Pero las Farc rechazaron la acusación y Marulanda se paró furioso de la mesa de negociaciones en el Caguán.
Pero Inteligencia de la Policía, pese a la opinión de su director, abrió con mesura otra hipótesis: delincuencia común. Dos semanas después, el consejero de Paz Camilo Gómez admitió que “las Farc no fueron las autoras del collar-bomba”. A pesar de las excusas que el Gobierno le presentó muy discretamente a la guerrilla, la acusación tuvo consecuencias políticas en la negociación, sin duda, calculadas por los “enemigos agazapados de la paz”, como años atrás los calificó Otto Morales Benítez en relación con los acuerdos de la Uribe firmados entre el Gobierno y las Farc.
El juicio y la condena mediáticos pueden determinar el proceder de jueces y magistrados. Actuar a contracorriente del fallo emitido por los medios de comunicación es aventurado y peligroso. La opinión pública se moldea con facilidad, pero difícilmente modifica su juicio una vez se incrusta. Así, cualquier sospechoso puede ser acusado, juzgado y condenado antes de ser oído por jueces que, en algunas ocasiones, son incapaces de confrontar ese ‘jurado’ de conciencia manipulado en la opinión pública.
Caso Transmilenio
El 29 de diciembre del año pasado ocurrió el asesinato de Javier Pulido en Bogotá, en el Portal de la 170 de Transmilenio. Imágenes tomadas por las cámaras de la estación dejaron ver el recorrido de dos muchachos que se bajaron de una flota de Zipaquirá, se pararon a orinar en la zona de pasajeros, cómo otros reaccionaron en su contra, la pelea que tuvo lugar en el túnel que comunica las plataformas, y luego, la fuga de los agresores y la muerte Javier, uno de los muchachos que habían llamado la atención a los que orinaron en público.
Las cámaras mostraron el desconcierto de la Policía, la improvisación de Transmilenio, la indiferencia y morbosa curiosidad de la gente. La ambulancia tardó 40 minutos en llegar, el mismo tiempo que duraron el desangre y la solitaria agonía de Javier. Dos días más tarde, la Policía mostró a los asesinos, que se habían presentado voluntariamente y fueron condenados a ocho años. El padre de uno de ellos, convencido de la inocencia de su hijo, apeló a la Defensoría del Pueblo, que trasladó el caso a la recién inaugurada Unidad Forense.
Un equipo técnico asumió el proceso. Observó el video que sirvió a la Fiscalía para acusar a los dos muchachos —obreros de la construcción— y al juez para condenarlos. Examinó cuadro a cuadro la película y formuló una hipótesis: sólo uno de los dos agresores era culpable. Realizó un riguroso trabajo de campo en el portal, tomó medidas y fotografías, recogió testimonios y pasó toda la información a los computadores, que mostraron que la distancia y la posición de uno de los acusados le impedía haber apuñalado a la víctima.
Hubo una recomposición del crimen hecha con ayuda de los equipos técnicos de la Defensoría —distanciómetro láser, brújula, software autocad y un programa de infografía de última tecnología—, la cual, desde febrero de 2007, asumió una función legal de la que carecía: la investigación forense. Hasta entonces sólo Medicina Legal tenía potestad en esta materia y sus dictámenes eran prácticamente incuestionables.
Todo litigio judicial discurría sobre un plano exclusivamente jurídico, apoyado, en el mejor de los casos, sobre técnicas probatorias muy precarias. Hoy la Defensoría puede controvertir científicamente las pruebas aportadas por la Fiscalía, la cual, por ley, ejercía un monopolio que la hacía aún más poderosa en el sistema oral, y al ciudadano más vulnerable a una equivocación o a la parcialización de un juez.
El caso del fútbol
Los estadios deportivos cumplen un papel similar al de los púlpitos cuando la religión dominaba a sus fieles. Hoy, los juegos de fútbol la sustituyen. En Colombia, las guerras civiles comenzaban por un par de terratenientes, eran legitimadas por facciones políticas, luego los partidos, y al final, armas alzadas por un arzobispo o por el Gran Maestre de la masonería. Los empresarios de fútbol, que ganan millones de dólares, sostienen que las justas deportivas diluyen las luchas políticas, con la aclaración de que lo que se jugaba antes en una guerra civil ahora se lo embolsan los accionistas de esas multimillonarias empresas. La sangre ahora la ponen los hinchas.
El 12 de mayo de 2005 se enfrentaron en El Campín Santa Fe y América, en el torneo de apertura de la Copa Mustang, otro socio del negocio. Las hinchadas, que se inflaman de pasión por las transmisiones radiales, estaban predispuestas a ganar como barras en las graderías lo que sus equipos pierden en la cancha. Al final del partido las barras estaban enloquecidas y armadas, y la Policía no encontró la manera de contrarrestarlas.
“Édison Garzón, de 20 años, falleció cuando era trasladado de urgencia al Hospital San Ignacio, luego de ser apuñalado en los pasillos del estadio por un aficionado del América”, dijo un canal de televisión. Esa misma ardiente tarde, Jéison Ruiz fue golpeado y lanzado de la parte superior de la tribuna por hinchas del América camuflados como miembros de su propia barra, la Guardia Albirroja Sur, decía la información.
Jéison sufrió gravísimas lesiones cerebrales y la Fiscalía, basada en videos de los noticieros de televisión, acusó a dos hinchas por tentativa de homicidio y lesiones personales. El juez falló y los condenó a más de 20 años de cárcel. El padre de uno de ellos acudió a la Defensoría porque, mirando los videos, no vio que Jéison estuviera al alcance físico de su hijo, que tenía puesta una camiseta amarilla.
Las indagaciones del Centro de Prueba Forense de la Defensoría establecieron que el muchacho de camisa amarilla no fue quien apuñaló y empujó de la gradería a Jéison, sino otro, desconocido también, pero con una camiseta amarilla que en vez rayas negras las tenía rojas. La Defensoría mostró, además, que el acusado del crimen no había podido saltar por encima de las bancas y además herir a Jéison, por la distancia y altura del obstáculo. Hoy, el caso está en revisión.
La Fiscalía es un ente congestionado de casos sobre los que debe pronunciarse en tiempos determinados por el Código de Procedimiento Penal. A medida que el sistema oral y las políticas de seguridad se amplían y más y más ciudadanos caen bajo sospecha, la Fiscalía tiene menos posibilidades de acertar y los ciudadanos, menos garantías de una efectiva justicia. Con la Unidad Forense, cuyos equipos fueron donados por la Unión Europea, la Defensoría ha roto el monopolio de Medicina Legal, un departamento de la Fiscalía que, en cierto sentido, actuaba como juez y parte.
En legítima defensa
Un último ejemplo de casos que tomó bajo su tutela la Defensoría es el del ex alcalde de Guepsa (Santander), un pueblo de tradición panelera donde, desde niños, los hombres andan con revólver. Luzardo Zárate es un político tradicional y fue alcalde entre julio de 1992 y diciembre de 1994. En los días en que sucedió el caso, tenía 70 años y su mujer era una buenamoza de 25. Un día llegó al pueblo Eladio Zapata Hincapié, contratado como escolta por un hombre rico de la región y quien se enamoró de la mujer de Zárate. Descubierto, el ex mandatario lo amenazó.
Una noche de junio de 2007, pasaba el escolta frente al Café Hornillas, donde el viejo conversaba con sus amigos. Sin más ni más, éste llamó al escolta por su nombre. Fue como una escena de película, un duelo en el que el primero que dispara la tiene asegurada. Y lo hizo don Lizardo. La Fiscalía lo acusó de homicidio agravado, pero la Defensoría concluyó, con base en un estudio de campo, pruebas balísticas y dictamen médico, que el hecho debía ser juzgado como legítima defensa, pues el escolta también andaba armado, sólo que fue más lento que el viejo funcionario.
La Defensoría probó que la necropsia de la Policía, ilustrada en una silueta plana, estaba equivocada al ser trasladada a una tridimensional animada: los cuatro tiros sólo eran tres y el primero había sido recibido de frente y los otros dos aparecían en la espalda porque Eladio se volteó para tratar de huir. Sobre esta versión, el juez falló que el ex alcalde había actuado en legítima defensa.
El apoyo de un grupo especializado de investigadores y peritos, con dedicación exclusiva para la defensa, es una experiencia singular en el contexto jurídico mundial, aunque la figura de defensa pública esté vigente en todos los países que han adoptado el sistema acusatorio oral. Dadas la impunidad, la congestión y la tradición en la aplicación de nuestra justicia, el esfuerzo de la Defensoría es un gran avance en favor del debido proceso.
La justicia mediática es uno de los resultados del “Estado de opinión”. En el caso del collar-bomba, la noticia fue montada con el claro propósito de interferir los acercamientos entre Pastrana y Marulanda. Los otros casos buscaban chivos expiatorios fáciles para ser condenados. No es que los medios dicten sentencia, sino que preparan el tribunal y lo predisponen. Y la Fiscalía, arrinconada por el número creciente de crímenes que debe atender como ente acusador, con un presupuesto limitado, con presiones extrapoladas del sistema de recompensas que se traducen en sobornos, con un Instituto de Medicina Legal no ajeno a todo lo anterior, está expuesta a fallos parcializados e incompletos.
La Defensoría ya tiene con qué enfrentar todo lo que desvirtúa la justicia, con pruebas sólidas que pueden controvertir a jueces y fiscales. Al comienzo, comenta un técnico del Centro de Prueba Forense, “tuvimos bastantes problemas en el encontronazo científico con la Fiscalía, pero hemos ido teniendo éxito en los estrados, lo que contribuye a que ella mejore y perfeccione sus procedimientos”. El defensor del pueblo, Vólmar Pérez, cree que en el futuro la investigación defensorial debe ser un servicio al que tengan derecho todos los colombianos y no sólo aquellos ciudadanos que, como hoy, no están en capacidad de contratar un abogado particular. La igualdad ante la ley sería así un hecho cumplido.

(El Colombiano) A nadie le gusta pescar en el lago, que es pequeño. No hay quién se le mida a amanecer en el bosque que está en la parte trasera de la mayoría. Las leyendas locales describen a un perro negro con un hocico que despide llamas y humo. La gente siente en las noches que los espíritus de las víctimas gritan de dolor y le dan golpes al portón de la hacienda.

Esa finca ahora tiene un aviso a la entrada que dice: El Caimán. Pero siempre fue llamada La 35. El ombligo del proyecto paramilitar de los últimos 15 años, que comenzó con las Autodefensas de Córdoba y Urabá (Accu), al mando de Carlos Castaño, y que luego se amplió a todo el país con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Desde La 35 se "exportaban" combatientes a las regiones donde los paramilitares impusieron sus métodos de terror, primero en la lucha contra la guerrilla y luego en un proyecto ilegal de hegemonía militar y política, que tuvo tentáculos en el narcotráfico y en la expropiación de miles de hectáreas a medianos y pequeños propietarios de tierras.

Pero La 35 no solo guarda hoy esos recuerdos tenebrosos, asociados a la desaparición de decenas de personas que entraron allí y nunca más volvieron a aparecer. Una montonera de cadáveres de los cuales la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación halló y exhumó 17, entre el 21 y el 25 de septiembre pasados. Esqueletos de hombres, mujeres y niños con signos de tortura y descuartizamiento. Casi todos atados de pies y manos.

No es solo de ahora ese temor popular a que a alguien lo relacionen con el centro de operaciones adonde los "paras" llevaban a civiles sospechosos de colaborar con la guerrilla o de hacer parte de ella.

En la mente de un ex miembro de las autodefensas está el recuerdo del castigo a un hermano del conocido ex jefe de las Accu, Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias "Monoleche ó 18", primero lugarteniente y luego asesino de Carlos Castaño. Su familiar amaneció atado a un árbol.

No era cualquier árbol. Era parte de un bosque que se extendía desde la parte trasera de la casa y que durante un tiempo funcionó como cementerio de víctimas de los paramilitares. Allí fue que la Fiscalía encontró 17 esqueletos, pero donde, según un ex jefe paramilitar que dio su testimonio, debe haber por lo menos un centenar de cadáveres.

"Era tanto el miedo a ese bosque -advierte la fuente- que a las tropas no les gustaba amanecer allí. Y cuando se aplicaba algún castigo, el más temido era pasar la noche amarrado a un palo, como le tocó al hermano del Monoleche".

La 35 funcionó como centro de entrenamiento y campamento de tropas, entre 1994 y 2003, cuando las AUC comenzaron su negociación con el Gobierno y su posterior desmonte gradual.

Las instrucciones, las órdenes y los castigos los solían imponer tres personajes centrales en lo que fue "el período de auge y expansión" de los paramilitares:

Carlos Castaño, a quien en sus inicios llamaban "El Pelao" o "Alex". Los otros dos eran Manuel Arturo Salón Rueda, alias "J.L.", y Carlos Mauricio García Fernández, alias "Doblecero", ambos ex militares fogueados en tácticas contrainsurgentes y ambos muy cercanos a los hermanos Fidel y Carlos Castaño.

Alias J.L., capturado el 5 de octubre de 2008 bajo la sindicación de ser hombre clave en la estructura de Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario", era un personaje impopular entre quienes acudían a entrenamientos en La 35. Muy duro con los combatientes y también con los jornaleros de la finca.

Doblecero guardaba gran aprecio por J.L. y de él había aprendido a ser tan o más severo con la tropa.

La ACCUarela y Doblecero
Carlos Mauricio García Fernández, lancero destacado del Ejército hasta su evasión y luego retiro por pegarle a un superior con una bandera, fue llamado por el mismo Vicente Castaño el "gran estratega militar de las ACCU". Hasta el 2002, antes de romper definitivamente sus vínculos con el grueso de la cúpula paramilitar, Doblecero pasó horas en la instrucción de cuadros y tropas en La 35.

Su figura todavía hoy despierta odios y afectos entre quienes hicieron parte de la maquinaria paramilitar. Los testimonios de algunos desmovilizados lo describen como el jefe e instructor de descuartizamientos en La 35 y coleccionista de más de 12.000 cédulas de sus víctimas, según le dijo alias "El Iguano" a la Fiscalía.

Pero dos personas que lo conocieron muy de cerca sostienen que aunque en las AUC había gente capaz de las más inimaginables atrocidades, en La 35 y en su "escuela Corazón", en San Roque, nordeste antioqueño, Doblecero se acercaba a la población campesina y a sus hombres, porque era la única manera de dejar a la guerrilla sin piso y sin apoyos.

Sin embargo, era implacable: "al terror se le combate con terror", solía decir. Y en La 35, durante las instrucciones, su lema era que si un centinela se dormía, quien lo descubriera debía darle un tiro en la cabeza de inmediato, porque de no hacerlo correría con la misma suerte.

Cuando el proyecto paramilitar comenzó a extenderse al resto del país, en especial a los Santanderes y a César, La 35 se amplió en terrenos contiguos, en la vereda San Pablo. El eje central de operaciones era el corregimiento El Tomate, a una hora por carretera destapada desde el casco urbano del municipio de San Pedro de Urabá.

Esa ampliación se dio en un campo de entrenamiento que alias Doblecero llamó La Acuarela. Su primeras letras remitían de inmediato a la sigla ACCU, pero hay otra versión sobre el origen del nombre:

"Mientras se organizaba el bloque Norte, Doblecero se hospedó con alias Merchán en un centro vacacional de Santander que se llamaba Acuarela. Allí tuvo un romance que lo dejó impactado y luego le puso ese nombre a la escuela de combatientes", nombre que además encajaba con la sigla ACCU.

Pero la realidad no era tan amable. En La 35 entrenaban a los combatientes paramilitares que luego sembraron el terror por todo el país, enterrando a sus víctimas en los cientos de fosas comunes que hoy buscan, en una tarea tan paciente como científica, los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.

En la finca La 21 y La Acuarela "se capacitaba" a los cuadros de mando de las autodefensas. Un testigo advierte que los tres primeros cursos de comandantes los "dictaron" alias Doblecero, Carlos Castaño; Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez; José Miguel Narváez, experto en doctrina militar, y una mujer a la que apodaban La Chávez, de apellidos Bolaños Dereix.

La de La 35 y La Acuarela "era una zona amplia -recuerda un ex jefe paramilitar- donde Doblecero prefería pasar las noches con las tropas permanentes y las de paso". Tropas que se podían mover desde allí al corredor del Alto Mulatos y al eje bananero de Urabá.

Otra fuente observa que a esa zona regresaban los contingentes paramilitares luego de sus incursiones, "arrastrando prisioneros que en la mayoría de los casos acabarían enterrados allá, y seguro muchos fueron torturados para sacarles información". Un ex jefe "para" coincide: "muchas personas entraron a la finca y nunca volvieron a salir. A los comandantes que se salieran de los lineamientos del mando se les aplicaba la pena máxima. Uno intuía lo que sucedía, pero nadie cuestionaba las órdenes de Doblecero y de El Pelao (Carlos Castaño)".

"La Empresa"
La 35 y La Acuarela hacían parte de una decena de fincas desde las cuales los paramilitares estructuraron un ejército ilegal que en su momento alcanzó a tener más de 20 mil hombres.

Esas fincas y el área en mención se ubicaban en un cuadrante estratégico que incluía, en los departamentos de Córdoba y Antioquia, a los municipios de Valencia, Tierralta, Montería, San Pedro de Urabá y Arboletes.

"Las fincas -explica un ex asesor de los 'paras'- eran lo que ellos llamaban 'La Empresa'. La 2 era Las Tangas; La 21, el sitio de reuniones con políticos y empresarios. Y La 28, La 35, La 37, La 20, La 40, La 50, La 45 y La 39, eran de 'La Empresa', aunque figurasen a nombre de ganaderos tradicionales o de empresas forestales".

Sus nombres, casi todos con números, provenían de un código de comunicaciones que ideó alias Doblecero, quien coordinaba las "instrucciones de operaciones de las comunicaciones (IOC)".

Ese código, con palabras cortas y precisas, facilitaba y simplificaba el manejo de las comunicaciones: "pues por radio, Changas y Tangas o Carmelo y Caramelo sonaban lo mismo". El área de "La Empresa" era de fincas de ganado aparentemente normales en las que había connivencia entre los paramilitares y algunas unidades militares y policiales.

"Cualquier ataque del Estado -advierte el ex asesor- tendría que se aéreo o mediante un lento operativo de control de una zona muy amplia".

Además, el llamado "trabajo social" de los paramilitares en el norte de Urabá, les permitió diseñar un plan de carreteras alternas que atravesaba los potreros de "La Empresa", por las que solo ellos podían circular.

Esos carreteables todavía funcionan hoy y no aparecen en ningún mapa oficial. Por ellos, por ejemplo, se puede circular entre Montería y Turbo, cruzando solo en tres ocasiones la vía pública, pero sin transitar por ella.

"Yo lo hice una vez con Carlos Castaño -dice el ex asesor- sin pasar por ningún poblado. Era pasar de potrero en potrero y los niños de los jornaleros abrían las puertas, pues la costumbre era darles confites a cambio".

Entre 2000 y 2003, La Acuarela pasó a llamarse La ECA, Escuela de Combatientes de las Autodefensas. Fue cuando Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna o Adolfo Paz, se mudó a la zona de "La Empresa" y se alejó de Medellín mientras los hombres de La Oficina, y de otro lado los operativos de los organismos de seguridad del Estado, acababan y reducían a la banda La Terraza, antigua aliada de los paramilitares.

En La ECA sentó sus bases el bloque Héroes de Tolová y el instructor jefe pasó a ser Carlos Arturo Hernández, alias Duncan, en prisión.

La voz de las víctimas
Hoy los siete cuartos, el kiosco, los tres baños y el establo de La 35 se notan deshabitados y deteriorados. Y en aquel bosque temido por civiles y combatientes solo se escuchan los chillidos de guacamayas y micos.

En San Pedro de Urabá, familiares de víctimas como María del Pilar y Socorro* aguardan que la Fiscalía halle los restos de sus esposos Amadeo y Ángel María, desaparecidos en julio de 1992 y marzo de 1995. Testigos aseguran haberlos visto cruzar para El Tomate, de donde nunca volvieron.

"Que dejara eso quieto, me decía la gente del pueblo", relata María del Pilar. Pero ella aguarda la verdad y la reparación del Estado.

Una de las mujeres dice que todo fue como si los paramilitares cogieran una gallina de un corral y nadie pudiera decir nada. Ambas creen que sus maridos cruzaron frente a los palos de totumo y de guayaba de La 35 y que son parte de las almas en pena que se oyen gritar en las noches.

(Por Juan Carlos Monroy Giraldo) Las asociaciones de desmovilizados de las autodefensas creadas para representar a los ex paramilitares, servir de plataforma política y mantener en la legalidad a los antiguos combatientes parecen asunto liquidado. De las 46 asociaciones constituidas por los reinsertados tras su desmovilización entre 2005 y 2006 (registradas legalmente), hoy solo quedan dos: la Fundación Villa de la Esperanza y la Corporación Democracia.

Pero en ambos casos, sobreviven con una representatividad venida a menos y una de ellas, la Corporación Democracia, entró en fase terminal. Solo existe en el papel de la personería jurídica.

Varios directivos de la Corporación Democracia fueron asesinados en los últimos 12 meses y otros fueron capturados por las autoridades. La sede en Medellín fue cerrada.

El resto de ellas, corporaciones o fundaciones, desaparecieron por los líos judiciales de sus representantes, por la extradición de los ex jefes paramilitares que las financiaban y, en algunos casos, por sustracción de materia: decenas de asesinatos, cientos de capturas y el reclutamiento de desmovilizados por parte de las bandas emergentes.

Para los desmovilizados y analistas del conflicto, la extinción temprana de estas asociaciones es uno de los problemas y al mismo tiempo una deficiencia del proceso de reinserción. Es también un motivo de distanciamiento entre el Gobierno y un sector de los reinsertados.

Desaparición temprana
Dos casos que revelan la caída en desgracia de las asociaciones de desmovilizados son la Cooperativa Agropecuaria del Nordeste y Coravuncol.

La primera funcionó desde 2006 en la finca La Colombina, en el corregimiento Santa Isabel, de Remedios. Llegó a tener 150 desmovilizados del bloque Central Bolívar que sembraban café, plátano y cacao. Pero cuando el Gobierno extraditó a E.U. a Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco", el proyecto se vino a pique porque éste lo financiaba. Luego, la finca pasó al Fondo de Reparación de Víctimas y todo acabó. Algunos de los desmovilizados fueron reclutados por las bandas emergentes y unos 16 de ellos asesinados.

En Valencia, Córdoba, unos 180 desmovilizados se asociaron en Coravuncol, que con ayuda del Estado inició proyectos ganaderos y agrícolas. El trabajo duró hasta mediados de 2008, cuando la arremetida de la banda de alias "Mario" generó un éxodo de reinsertados, por amenazas y decenas de asesinatos de ex Auc que se negaron a rearmarse.

Meses después, algunos representantes, como un desmovilizado conocido con alias "22", fueron capturados por las autoridades, acusados de conformar grupos ilegales.

Según un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, que se publicará en enero, muchas asociaciones desaparecieron por falta de recursos tras las extradiciones, porque eran sostenidas por los ex jefes de las Auc, otras porque sus líderes siguieron delinquiendo y algunas porque el Gobierno cambió el modelo en 2007 con la Consejería para la Reintegración.

"Ésta concibe el proceso como individual y sin intermediarios, para cortar el mando que, según el Gobierno, mantenían los jefes sobre los desmovilizados a través de estas organizaciones", explicó el investigador Gerson Arias.

Para Fernando Soto, vocero nacional de desmovilizados y representante de la Fundación Villa de la Esperanza, aunque hay casos de reincidencia en el delito, la razón de fondo es la improvisación del Gobierno durante el proceso.

"Al principio las ayudó a formar porque necesitaba controlar las estructuras desmovilizadas, saber dónde estaban y quiénes eran los desmovilizados, pero luego fue incoherente y le quitó a estas asociaciones el aval y el apoyo económico a los proyectos productivos que desarrollaban. Y de paso se nos niega el derecho a asociarnos, a hacer política", explicó Soto.

Sin intermediarios
Para el Gobierno, las asociaciones sirvieron para mantener las antiguas estructuras y, por eso, no se apoyaron más ni son reconocidas como intermediarias en el proceso.

"Cuando empezamos a trabajar hace tres años encontramos asociaciones que los ex comandantes habían promovido, pero en algunas vimos un intento por mantener las estructuras, las líneas de mando y las actividades ilegales. Por eso decidimos no tener esa intermediación. Eso no significa que los desmovilizados no puedan asociarse, pero no bajo la misma estructura y menos para delinquir", indicó Frank Pearl, consejero para la Reintegración.

Algunos desmovilizados como Soto no renuncian a asociarse y en junio pasado conformaron el Movimiento de Reconciliación, con el que pretenden figurar en la política. "Nos reunimos 218 líderes que representamos a 39.850 desmovilizados, tanto de las Auc como de la guerrilla. Ya tenemos el aval de Apertura Liberal y vamos a tener 9 reinsertados como candidatos a la Cámara en 2010".

(Por revista Cambio) CAMBIO presenta un panorama de la expansión de un fenómeno que afecta a los 32 departamentos del país.
 
Una buena tajada de los 174.000 millones de pesos que desde 2007 ha entregado el Gobierno mediante el programa Agro Ingreso Seguro, ha ido a parar a los bolsillos de miembros de las castas políticas del litoral Caribe y hasta de reinas de belleza. La Contraloría, rezagada en la misión de recuperar más de 1,5 billones de pesos del erario que se han embolsillado funcionarios venales, destina parte importante de su presupuesto para alimentar una nómina paralela que, en promedio, cuesta 12.000 millones de pesos el semestre. En el Inco, hace solo unos días, rodaron las cabezas del director y tres funcionarios por cuenta de una grabación revelada por la Casa de Nariño en la cual había evidencia de negociaciones de coimas en el proceso de adjudicación de la línea férrea del Centro, un negocio que terminará costando 1,3 billones de pesos. Las continúas denuncias de corrupción, que cada año le significan al Estado más de cuatro billones de pesos, llevaron al procurador Alejandro Ordóñez a diseñar una estrategia que ha llamado "de choque", para revivir grandes casos de corrupción que duermen desde hace años en los anaqueles del Ministerio Público. Se trata de asaltos al erario por no menos de 11,5 billones, el 95 por ciento de los cuales afecta a municipios y departamentos.
 
En 750 entidades regionales y municipales, funcionarios corruptos han saqueado cuatro billones por concepto de regalías (Cesar se destaca por el mal uso de las regalías del carbón). Los procesos comprometen a 48.000 funcionarios, entre ellos 800 alcaldes y 30 gobernadores y, según la Procuraduría, esta es solo la punta del iceberg de la corrupción.
Una encuesta que la Universidad Externado de Colombia adelantó entre un grupo representativo de empresarios sobre cuál es el monto de las comisiones que tienen que pagar para hacerse a un contrato o ganarse una licitación, indica que es del 13 por ciento en promedio. Basados en esta cifra, el zar anticorrupción Óscar Ortiz y un equipo de colaboradores calcularon que si el presupuesto general de la Nación es de 30 billones de pesos -presupuesto de este año-,  por el solo concepto de coimas el Estado perdería 3,9 billones de pesos, cifra similar a la calculada por la Procuraduría.
 
Según esto, la corrupción en materia de contratación pública duplicaría el costo anual de seguridad democrática -dos billones de pesos, en promedio, según el PNUD-, y superaría en 700.000 millones de pesos las reservas por 3,2 billones de pesos para contingencias: reparación a víctimas de la violencia, reliquidación de pensiones, pago de deudas por bonos pensiónales y pago de sentencias judiciales. Con la misma suma podrían darse 152.113 subsidios de vivienda para personas marginadas, a razón de un poco más de 11,5 millones de pesos cada uno.
 
Transparencia Internacional Colombia, que aún no tiene una medición general confiable del fenómeno porque sus múltiples expresiones impiden establecer indicadores claros, considera, sin embargo, que los cálculos hechos por el Zar anticorrupción son relevantes.
CAMBIO investigó sobre lo que ocurre en el país en materia de corrupción e hizo un muestreo que ilustra la magnitud del fenómeno. Nunca los inspectores de Policía que atienden en el sector comprendido entre las avenidas Circunvalar y La Cordialidad, en Barranquilla, habían trabajado en forma tan febril. A sus despachos todos los días llegan personas que dicen ser dueñas de los predios aledaños al Metroparque donde será construida una nueva zona franca y quienes, escrituras en mano, alegan que sus propiedades están ocupadas en forma ilegal. Los funcionarios inician querellas por "perturbación a la posesión", que son resueltas con inusitada rapidez a favor de los reclamantes, quienes curiosamente son en su mayoría parientes o amigos de funcionarios de la administración distrital que saben cuánto se han valorizado los terrenos.
 
Los que han denunciado las anomalías aran en el desierto. Nadie se da por enterado de que la mayoría de las escrituras presentadas son falsas. Tampoco surten efecto las denuncias contra el jefe de la Oficina de Inspecciones y Comisarías por el traslado al sector de funcionarios que saben que los predios avaluados en 400 millones de pesos el año pasado, hoy pueden costar 1.500 millones. Facilitar esos negocios podría significarles jugosas comisiones a inspectores venales.
La corrupción se extiende como mancha de aceite a lo largo y ancho del país. De muy poco o nada han servido las campañas educativas y de actualización de los procesos de contratación pública promovidas por los órganos de control en un documento llamado a propósito "Manual de la Tramparencia" para la prevención de 40 modalidades de fraude preparado por la oficina del Zar anticorrupción.
 
Por ejemplo, en Catangallo, un municipio del sur de Bolívar de 9.500 habitantes, el Alcalde adjudica contratos a dedo pese a que la cuantía de algunos de ellos obliga a hacerlo mediante licitación, como lo establece la Ley 80 de contratación. Pero con el argumento de "urgencia manifiesta", el Alcalde contrata en forma directa, sin motivación específica y sin autorización previa. "Aquí estamos viviendo como animales -dice una de las consideraciones de un decreto para la contratación directa de unas obras públicas-. El innegable estado constitucional de las cosas es un hecho supernotorio". 
Contrario a la creencia generalizada, la corrupción no está más extendida en las costas que en el resto de las regiones. En el Eje Cafetero proliferan denuncias sobre tráfico de subsidios del programa presidencial Familias en Acción, que incluso se ha prestado para la suplantación de beneficiarios. Por ejemplo, en Salamina, Caldas, la Oficina de Desarrollo Comunitario ha certificado pagos mensuales a familias que aún no han recibido un peso, y entidades bancarias tienen registradas las operaciones de pago.
 
También ha hecho carrera la idea de que la corrupción está más extendida entre funcionarios del Ejecutivo y de que en esa rama del poder se presentan los casos más graves. No es cierto. Los jueces no escapan al fenómeno. Por ejemplo, 11 de los 32 alcaldes del Chocó se han quejado ante el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia y Transparencia porque por cuenta de embargos decretados por jueces que reconocieron obligaciones inexistentes de sus municipios con particulares, carecen de recursos de inversión.
 
Tampoco la corrupción es mayor en municipios alejados de los grandes centros urbanos o de regiones apartadas. En Bogotá, por ejemplo, cursan medio centenar de investigaciones penales y disciplinarias contra el llamado "cartel de los embargos", una red de la que hacen parte jueces, abogados litigantes y particulares para apoderarse de cuantiosos recursos públicos. Y en Santa Marta, la juez segunda Civil Magaly Esther Suárez Ariza, destituida a comienzos de septiembre por el Consejo Seccional de la Judicatura, figura en la lista de 10 funcionarios judiciales involucrados en un fraude por 20.000 millones de pesos al ISS. El saqueo se produjo mediante el cobro de deudas y títulos inexistentes. Además de jueces, en el fraude intervinieron directivos del Instituto, y la Fiscalía indaga si los hilos de la trama fraudulenta eran movidos desde la cárcel por el ex congresista Miguel Pinedo Vidal, recientemente puesto en libertad dentro del proceso de la 'parapolítica'.
 
Alto riesgo
Una de las más recientes mediciones de Transparencia Internacional (2006), indica que 16 de los 32 departamentos presentan riesgos de corrupción entre 'medios' y 'muy altos' en el manejo de los asuntos públicos. El promedio de riesgo en los gobiernos departamentales pasó de 50,47 a 59,64 por ciento entre 2003 y 2006 (ver mapa).
Por otra parte, un estudio sobre las sanciones disciplinarias por corrupción entre 2004 y 2008 y su impacto regional, hecho por el procurador delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales Carlos Augusto Mesa, y el gerente de Información Misional de la Procuraduría Gabriel Jaime Dávila, revela que el campeonato se lo llevan la Orinoquia y la Amazonia, las mismas regiones que, según Transparencia, presentan los índices de riesgo más altos, junto con el Magdalena. Cundinamarca y Bogotá, en cambio, registran el menor número de sancionados, aunque proporcionalmente el volumen de quejas es superior.
 
La Procuraduría contrastó su información con la de la Fiscalía y encontró proporciones similares en el número de procesos penales activos. En Guanía, 79; en Arauca, 23, y solo 12 en Bogotá (ver gráficos). Sin embargo, un investigador de la Procuraduría advierte que "la medición revela también un hecho sobre el cual no hemos llamado suficientemente la atención, y es que los órganos de control y de administración de Justicia han mirado más hacia la periferia que hacia el centro". En otras palabras, que Procuraduría, Fiscalía y Contraloría deberían concentrar más esfuerzos en los centros de decisión, que es donde estaría más enquistada la corrupción.
 
Basado en la información obtenida de fuentes oficiales y de reportes de corresponsales, CAMBIO trazó un mapa de la corrupción y pudo establecer que las regalías siguen siendo el principal botín de los corruptos, pese a medidas como su congelamiento y el control sobre la transferencia de recursos. Y confirmó que las normas sobre contratación pública se han convertido en rey de burlas y que, mediante esguinces a la ley, los corruptos hacen su agosto.
 
Orinoquia
Los réditos de la explotación de los 30 pozos petroleros del piedemonte llanero de los últimos 10 años, habrían alcanzado para resolver los problemas sociales que agobian a Casanare, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. Diecisiete obras públicas, cuyos costos oscilan entre 2.000 y 10.000 millones de pesos, están abandonadas. 
Pero no solo eso. Parte sustancial de las regalías son manejadas mediante intermediarios del mercado bursátil y terminan embolatadas o se evaporan. La Fiscalía investiga la forma como el alcalde de Arauca, William Alfonso Cadena, negoció cerca de 16.000 millones de pesos con Probolsa que, al parecer, le ofrecía excelentes rendimientos y una comisión personal. Presionado por los órganos de control, el municipio inició acciones para recuperar el dinero pero recibió 2.000 millones de pesos menos de lo que había entregado. ¿Y el resto del dinero? ¿Y los intereses? Los investigadores analizan versiones que van desde peculado masivo hasta presiones del Eln para hacer la operación.
Según seguimientos hechos por la oficina del zar anticorrupción Óscar Ortiz, las auditorías especiales a la Gobernación de Casanare y a la Alcaldía de Yopal sobre la destinación de las regalías, permitieron establecer que casi todas las obras públicas financiadas con esos recursos están abandonadas. Por ejemplo, el Museo del Hombre, un típico hato llanero con siete edificaciones que representarían los departamentos llaneros, proyectado como importante centro cultural, solo tuvo dos torres de las cuales una se desplomó y la otra amenaza ruina.
A la lista de 'elefantes blancos' se suman el parque recreativo y la planta de sacrificio de pollos de Yopal, y una vía que no lleva a parte alguna. Por estos hechos hay siete investigaciones por enriquecimiento ilícito aún no falladas, y solo hay dos detenidos de rango medio.
 
Amazonia
El 9 de julio, la Procuraduría ordenó suspender por tres meses al gobernador de Putumayo, Felipe Guzmán Mendoza, quien tiene el dudoso mérito de haber desarrollado por lo menos 19 formas de eludir la Ley 80 de contratación, como fraccionamientos, sobreprecios, desvío de recursos y favoritismos, entre otros. Una de las múltiples irregularidades tiene que ver con un contrato para la compra de juguetes de Navidad que nunca llegaron a los niños del departamento.
El día en que Guzmán fue notificado de su suspensión, les dijo a sus amigos que si no salía 'indemne', volvería a hacer política con los ahorros hechos en todos sus años de trabajo. Les puso de ejemplo a su amigo Félix Acosta, gobernador de Amazonas, quien pese a que fue condenado por la Corte Suprema por fragmentación de contratos, sigue moviendo los hilos de la política regional desde su casa. Allí, gracias a un dudoso certificado médico por un problema de diabetes, sigue purgando su pena y atiende no menos de 30 audiencias diarias.
La Licorera de Caquetá, una de las pocas empresas públicas rescatables del departamento, le confió la producción de 480.000 unidades de aguardiente Extra a la cuestionada Industria Licorera de Caldas, y por cuenta de ello los intermediarios sacan tajada y las transferencias a salud y educación se han reducido en más del 30 por ciento.
 
Región andina
Un funcionario del Programa Anticorrupción de la Presidencia que evaluó el nivel de moralidad administrativa en Antioquia, apeló a una fórmula coloquial para presentar su informe y dijo que en ese departamento, que se ha caracterizado por la eficiencia de sus empresas públicas, está extendiéndose la modalidad del MTC que, en buen romance, quiere decir "Miguelito también come".
Los ejemplos que dio no se referían a megaproyectos como hidroeléctricas o grandes vías y autopistas, sino a "proyectos creativos" como la llamada Patrulla Inteligente que quiere crear la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para combatir el hampa en Sabaneta.
El funcionario reveló que un ingeniero que quería participar en el proyecto, presentó evidencia de que un suboficial, miembros del comité de evaluación del proyecto, le exigió un porcentaje del contrato a cambio de meterlo en el negocio. Cerca de 75 denuncias como esta, relacionadas con procesos de contratación, llegaron este año a las Procuradurías departamental y provincial, de las cuales 14 fueron trasladadas a Bogotá dada su gravedad.
 
La Alcaldía de Bogotá también ha sido cuestionada por manejos dudosos de multimillonarios contratos. Luis Bernardo Villegas, primer secretario de Movilidad de la administración de Samuel Moreno, y quien fue destituido, estuvo a punto de abrir una licitación por cerca de dos billones de pesos para dotar a la ciudad de detectores electrónicos de infractores de tránsito, pero la Contraloría Distrital la paró porque descubrió irregularidades y posible favorecimiento a dos consorcios, uno de los cuales estaba integrado por empresas de amigos suyos.
En Bogotá, el alcalde Moreno ha tenido que lidiar también con denuncias contra el ex secretario de Educación, Abel Rodríguez, por la compra de un lote por un valor siete veces superior al avalúo, caso que ya le costó una condena fiscal por 1.200 millones de pesos impuesta por la Contraloría Distrital.
 
Además, la Personería abrió investigación disciplinaria contra la secretaría de Gobierno Clara López, por denuncias sobre maniobras para favorecer las aspiraciones de su esposo, el ex concejal Carlos Romero, a una curul en el Senado.
 
Región Caribe
Riohacha está expuesta a los embates del mar en épocas de marea alta y por esa razón, en 2007, la administración de José Luis González Crespo destinó 22.500 millones para la construcción de 12 espolones para contener las aguas.
Sin embargo, solo hay seis construidos, no todos en las zonas demarcadas en el proyecto, que se han convertido en focos de contaminación. Finalizar el proyecto cuesta 16.000 millones, algo así como el 20 por ciento de lo que valdría llevar agua potable a regiones que carecen del servicio.
 
En Magdalena, uno de los departamentos con los índices más altos de corrupción, según Transparencia, funcionarios judiciales y abogados han convertido los embargos a los recursos del Sistema General de Participaciones en fuente de enriquecimiento. El sistema recibe del Estado recursos para educación y salud, y pese a que no pueden ser objeto de medidas judiciales, son usados para respaldar deudas laborales reales y ficticias. Mientras tanto, profesores que trabajan sin contratos pero a quienes el Gobernador prometió incorporar a un régimen que les garantizaba estabilidad, llevan seis meses sin recibir un solo peso.