La principal estrategia de una campaña política debe ser la de mantener informados (y no manipulados) a todos los electores acerca de las propuestas por las que se pide votar. Así el elector informado depositará su voto en la urna por convicción y no por intuición, ni por falsos sentimientos políticos. Por eso consideramos oportuno y conveniente divulgar de manera clara y precisa las razones por las que la dirigencia regional ha convocado a los ciudadanos del Caribe colombiano para que apoyen con su voto el proceso de regionalización. En esta ocasión reproducimos los 11 compromisos regionales que animan la actual etapa del proceso de integración del Caribe Colombiano. Ellos están contenidos en un documento denominado “COMPROMISO CARIBE” que fue concertado y firmado en Barranquilla el día 2 de Noviembre de 2007 por los entonces electos gobernadores de la región y alcaldes de ciudades capitales, en el marco del “Taller del Caribe Colombiano” convocado por el Centro de Estudios Regionales del Banco de la República, el Observatorio del Caribe Colombiano y Fundesarrollo.

Luego de unas consideraciones preliminares, y teniendo en consideración de que “es necesario promover el desarrollo regional del Caribe colombiano como un proceso centrado en la población, que brinde posibilidades a las personas para acceder a las condiciones materiales, de sentirse incluida y de participar en sociedad, de tener una identidad y una calidad de vida en un ámbito de libertad cultural y en armonía con el medio ambiente” se pactaron los siguientes compromisos:

1. Convertir en política de Estado la reducción de las enormes disparidades regionales en el ingreso y en los indicadores de bienestar material. En tal sentido, lograr que en Colombia las políticas para erradicar la pobreza estén orientadas también por la dimensión territorial.

2. Crear un Fondo de Compensación Regional que haga que el efecto regresivo del gasto público del gobierno central se compense con recursos que permitan darle un mínimo de servicios del Estado a todos los habitantes de Colombia en cualquier parte del territorio nacional.

3. Fortalecer el aparato productivo de la región Caribe en sectores competitivos de alto valor agregado y generadores de empleo que produzcan ingresos para superar las condiciones de pobreza de los costeños.

4. Avanzar en el mediano plazo en la erradicación de la desnutrición de la población infantil de 0 a 4 años y trabajar conjuntamente con la Nación, los departamentos, los distritos, municipios, el empresariado y la sociedad por el cumplimiento de las Metas del Milenio, propuestas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD.

5. Eliminar el analfabetismo y darle prioridad a la educación sobre todas las otras inversiones que realizan los gobiernos locales de la región. Es prioritario universalizar la educación secundaria y buscar la calidad de todo el sistema educativo regional. Fortalecer la etno-educación bilingüe en aquellos lugares donde se habla como primera lengua una distinta al español.

6. La Costa Caribe tiene una clara vocación como Región. El objetivo es materializarlo en las formas autorizadas por la Constitución de 1991, lo cual no ha sido logrado en numerosos intentos que se han hecho en el Congreso. Insistiremos en el propósito de institucionalización de la Región. También promoveremos mecanismos específicos para la Costa Caribe que permitan su expresión conjunta como región en el ámbito nacional en los temas relacionados con el desarrollo social, económico, ambiental y cultural. De igual manera, se debe estimular la conformación de redes de cooperación, solidaridad e intercambio económico y social con el objeto de fomentar una mayor integración regional. Todo lo anterior con el objetivo de obtener un desarrollo económico que se traduzca en mejoramiento de la calidad de vida de costeñas y costeños. En el proceso de integración regional se utilizarán las vías que la creatividad permita, incluyendo en ellas el uso de las nuevas tecnologías de las comunicaciones y la información. El Canal Regional de Televisión, Telecaribe, debe jugar un papel fundamental en esta integración.

7. Fortalecer los centros de estudios regionales en el Caribe colombiano, como centros especializados en la generación de conocimiento y capacidad de pensamiento de la región en su conjunto, que los ha convertido en canal de expresión de la academia y la intelectualidad y que estarán en capacidad de hacer evaluación y seguimiento periódico al Compromiso Caribe.

8. Superar la fragilidad de las instituciones regionales y mejorar la calidad de las administraciones locales, departamentales y municipales, y ello sólo se puede lograr si se erradica la corrupción y cada día hay una mayor participación de ciudadanos en los asuntos públicos que no tengan intereses particulares en los resultados electorales, propugnen por los intereses colectivos y trabajen para solucionar los problemas de la sociedad. Promovemos la condena social a la corrupción por los perversos efectos sobre la legitimidad del Estado y el demérito de lo público; por la destrucción que causa al capital social en especial por la orientación de la riqueza mal habida y la anomia social que produce; por la sustracción que hace gasto destinado a promover la equidad y la igualdad de oportunidades; por el desestimulo a una sana competencia empresarial; y, por el desaliento que genera en el reconocimiento al mérito, la ética del trabajo, el emprendimiento y la búsqueda de innovación.

9. Promover programas y proyectos encaminados a mejorar la situación ambiental de la región. El medio ambiente se deteriora en amplias zonas del territorio Caribe. No podemos seguir comportándonos como hermanitos menores que no cuidamos la naturaleza que nos rodea.

10. Aumentar la participación de profesionales de la Costa Caribe en el gobierno central para avanzar en la reducción de las disparidades económicas regionales. Una de las maneras de lograrlo es eligiendo en los próximos años personas oriundas de la región a la presidencia de la república.

11. Estimular el fortalecimiento de nuestros vínculos sociales, culturales y comerciales con el Gran Caribe, a través de una estrategia nacional de acercamiento.

¡El tercer tarjetón, es la opción!

Comité Regional Promotor
Consulta Caribe ¡Región yá!

(Por Alejandro Arias) De cara a la etapa anual en la que se recapitulan los hechos y actos que han marcado nuestras vidas y la suerte de tantas persona a nuestro alrededor; poco a poco se encuentra uno con verdades que en vez de liberarnos terminan comprobando que a la ciudad, por cuenta de la administración distrital y con la complicidad de los 16 concejales de las mayorías, este año se la feriaron, la negociaron… la endeudaron en pro de intereses mezquinos tendientes a enriquecer a personajes que en condiciones normales no tienen la suficiencia profesional ni personal para siquiera mantener en condiciones dignas a sus propias familias y por ello deben apelar a los recursos públicos en claro perjuicio no solo de la ciudad sino de los más vulnerables habitantes de ella.
El año 2009 está plagado de este tipo de actos y diciembre se ha constituido en el mes de las verdades anunciadas. Un ejemplo, para esta oportunidad, la constituye el Sistema Estratégico de Transporte Público – SEPT.
Recordaremos que el Sistema Estratégico de Transporte Público – SEPT es un modelo de planificación y rediseño de ciudad propuesto por la Presidencia de la República bajo el programa de las “Ciudades Amables”. Una idea que apuntaba a tratar, de forma estratégica, no solo los problemas inherentes a la movilidad sino a la implementación de herramientas que permitan orientar el crecimiento planificado de las ciudades intermedias al menor costo, mayor eficiencia y superando los impactos propios de las urbanizaciones desordenadas que hoy se presentan en ellas. Recordaremos además, que mediante un documento Conpes el Gobierno Nacional materializa un esfuerzo denodado para que estos propósitos se cumplan y que como todo proyecto es susceptible de modificarse de acuerdo a las necesidades de cada ciudad beneficiada y sus posibilidades económicas; tal y como sucedió en Pasto, Villavicencio, Neiva, entre otros.
Pues bien, en Santa Marta muy a pesar de las tantas voces de advertencia se logró imponer la tozudez y la insensatez del alcalde Díazgranados y de los 16 concejales de las mayorías al comprometer la suerte social de más del 45% de nuestra gente que vive en condiciones de literal miseria y forzaron la aprobación y financiación de un proyecto que a todas luces mostraba ser inviable y por tal razón se mostraba como un inminente elefante blanco, en la medida en que los recursos que se comprometían no garantizaban la terminación de la misma.
La discusión sobre el SETP siempre se centró en tres aspectos básicos, sin perjuicio de las consideraciones técnicas y sociales que también se expusieron, así: Sostuvieron la administración distrital, los Concejales de las mayorías y algunos periodistas adscritos a la chequera gubernamental, en primer lugar, que con los aportes señalados en el Documento Conpes 3548 se garantizaban “la totalidad” de las obras que demanda el diseño de este proyecto teniéndose como base que la Nación aportaría un monto “máximo” de $199.634 millones de 2008, que la inversión privada sería de $76.930 millones de 2008 y que en principio, el distrito, asumiría $86.638 millones de 2008 (y preciso que en principio porque la ciudad debe asumir los mayores costos y el valor de las obras no financiadas por el Conpes) de los cuales se aprobaron $ 92.000 millones comprometiendo vigencias futuras. En segundo lugar se afirmó que en el 2011 las obras estarían “concluidas en su totalidad”, y bajo esa tesis se aprobaron las facultades al Alcalde para endeudar a la ciudad hasta el 2016, incluso se afirmó que Santa Marta disfrutaría de un sistema igual o mejor que el de Hamburgo o de cualquier ciudad Europea y en tercer lugar que todos los diseños y requerimientos estaban listos luego solo bastaba aprobar las vigencias futuras y el SETP sería una inminente realidad.
Sin perjuicio de las consideraciones técnicas, sociales y la ausencia, hasta la fecha, de un Plan de Movilidad; quienes nos opusimos al comprometimiento de los recursos del Distrito y a la forma como se aprobó el proyecto del SETP siempre afirmamos que con el presupuesto contemplado en el Documento Conpes 3548 no se podían realizar las obras del SEPT y que incluso por la configuración y obligaciones que depositaba el mismo documento en cabeza de la ciudad la llevaba a asumir una carga económica superior al billón de pesos. De suerte que si muy difícilmente podíamos asumir los $ 92.000 millones ¿cómo entonces comprometer a la ciudad en una cifra ciertamente incierta?, al respecto la Alcaldía, los 16 Concejales de las mayoría y los volubles periodistas sostuvieron que esta tesis era un vil mentira.
Precisamos, igualmente, que en atención a los diseños plateados no sólo sería imposible iniciar y garantizar la terminación de la obra, por la incertidumbre que ofrecían sus costos, sino que además afirmamos que era imposible que estas pudieran culminarse en el 2011 y un ejemplo de ello estaba centrado en la terminación de la calle 30 para lo cual se tenía contemplado, en el diseño, a esta vía como de doble calzada desde la lucha hasta la carrera 4 y ni siquiera esa inversión estaba cuantificada en el proyecto presentado del SETP; por ende, mucho menos presupuestada. No obstante el Alcalde, los 16 Concejales de las mayorías y sus periodistas afirmaron que quienes así hablábamos estábamos asociados con intereses oscuros de políticos de Barranquilla.
No siendo lo anterior suficiente, advertimos que resultaba irresponsable arrancar el Sistema Estratégico cuando ni siquiera estaba elaborado un adecuado y actualizado Plan de Movilidad y advertimos a la administración y sus socios que no era de recibo confundir los diseños del SETP con el Plan de Movilidad. Esta falencia obligaría a ir recomponiendo el proyecto por tramos y eso lógicamente implicaba una incertidumbre peligrosa y costosa no solo en su realización sino que atentaba en contra de su culminación y la utilidad de éste. Una vez más alcalde, concejales y beneficiarios nos tildaron de enemigos de la ciudad.
Cuando no han pasado siquiera 6 meses desde la aprobación de las facultades otorgadas al Alcalde por pate de los 16 Concejales de las mayorías para comprometer recursos hasta el año 2016 afectando el desarrollo social de las poblaciones más vulnerables nos encontramos con que el Concejal Juan Carlos Palacios Salas, presidente de la Comisión Segunda y principal abanderado de este macabro proyecto hace un acto de constricción navideño y nos confirma que siempre tuvimos la razón y que la bendición que a tal entuerto ofreció el Concejo tuvo su sustento en una Gran Mentira.
De suerte que el Sistema Estratégico de Transporte Público – SEPT ya no cuesta $ 300 mil millones de pesos porque se cree que ya cuesta el doble, las obras no estarán listas antes del año 2011 y el desarrollo de las misma dependerá del manejo distrital según sus necesidades y avances.
Si no me cree, escuche el audio adjunto.
Fragmento no editado de la entrevista realizada por el reconocido periodista Raúl Caballero Rolong de Radio Magdalena filial a Caracol.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y la actriz británica Emma Thompson han inaugurado en Madrid la exposición 'The Journey' contra el tráfico sexual. Siete contenedores instalados en pleno parque del Retiro recogen la escalofriante experiencia de Elena, una joven moldava que con 18 años fue obligada a prostituirse en Londres.
"Es inaceptable que en pleno siglo XXI haya mujeres que están siendo vendidas y compradas como si fueran bolsos. La venta de mujeres está sucediendo aquí mismo, en Madrid, delante de nuestras narices", ha dicho la actriz Emma Thompson, que ideó esta exposición en colaboración con la Fundación Helen Bamber que atiende a víctimas de la tortura.
A través de los siete contenedores, que fueron encargados a destacados artistas, se recrea el viaje de Elena desde sus sueños de infancia hasta el estigma de haber vendido su cuerpo. La exposición, de la que es imposible salir indiferente, busca concienciar y movilizar contra el tráfico de mujeres, que ha encontrado en nuestro país uno de sus principales destinos mundiales. El 90 % de las mujeres que ejercen la prostitución en España son extranjeras, y la mayoría de ellas –aunque las cifras reales nadie las conoce- han sido víctimas de la trata.
"No podemos ser cómplices de esto mirando hacia otro lado. Esta exposición pretende que nadie cierre los ojos. No podemos permitir que existan mujeres esclavizadas en nuestro entorno. Podemos acabar con el tráfico", afirmó la ministra Bibiana Aído.
'The Journey', de una crudeza que roza lo insoportable, permite al público meterse por unos minutos en la piel de unas mujeres, verse dentro de sus mismas ropas obscenas y hasta respirar el ambiente fétido de la habitación en la que trabajan. La recreación en uno de los contenedores del cuarto de trabajo de una prostituta es el momento más impactante de toda la exposición. Dentro de ese contenedor, el público puede ver una cama con sábanas sucias que se agita al ritmo de una relación sexual, una papelera llena de condones usados, y otro montón de condones nuevos, maquillaje barato. Y sobre todo, se puede respirar un olor nauseabundo.

La abogada barranquillera Margarita Cabello Blanco fue elegida por el gobierno para completar la terna de aspirantes a la Fiscalía General de la Nación.
Cabello reemplazará a Virginia Uribe, quien renunció a su candidatura a finales de noviembre. Cabello reemplaza en la terna para Fiscal a la abogada antioqueña Rosa Virginia Uribe, quien renunció hace dos semanas a su postulación.
Uribe fue la segunda ternada en renunciar a su aspiración para ser Fiscal General de la nación, luego de que lo hiciera semanas atrás el también antioqueño Juan Ángel Palacio, sobre quien existían denuncias sobre supuestos actos de corrupción.
Su designación se produjo a pocas horas de que se reúna la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, para decidir sobre la elección del nuevo fiscal general.
Se espera que con el nombramiento de la ex magistrada queden solucionados los problemas surgidos por la declaratoria de "inviabilidad" que la Corte Suprema hizo sobre la terna de candidatos enviada por el Presidente de la República.
El único 'sobreviviente' de la terna original propuesta por el Gobierno a la Corte Suprema de Justicia es el ex embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina.
Tras varios meses de una aguda polémica entre la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República, Colombia sigue sin tener un fiscal en propiedad, pues todavía ejerce de manera interina el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago, tras el cumplimiento del período legal de Mario Iguarán Arana.

Quien es la nueva ternada:
La doctora Margarita Leonor Cabello Blanco es abogada de la Corporación Universitaria de la Costa, especialista en Derecho de Familia y en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia. Docente en pregrado y postgrado. Asesora Jurídica en varias entidades de Barranquilla. Conferencista en Seminarios, Diplomados, Congresos a nivel Nacional y Regional En la actualidad es procuradora delegada para la vigilancia administrativa.
En su amplia trayectoria profesional se ha desempeñado como magistrada de la Sala Civil y de Familia en el Tribunal del Atlántico, jefe de la Oficina Jurídica de Cofinorte (Barranquilla), Juez Civil de Circuito y Juez de Menores
Ha sido conferencista en Seminarios, Diplomados, Congresos a nivel Nacional y Regional En la actualidad es Procuradora Delegada para la Vigilancia Administrativa.

(AFP) La Iglesia Católica colombiana rechazó hoy como “abortista e inmoral” la propuesta del candidato a la Presidencia Rafael Pardo de suministrar la píldora del día después' a las menores de 15 años, como una medida para prevenir embarazos.
“El uso de esa píldora es inconveniente, pues atenta contra la salud de las mujeres y es claramente abortiva”, dijo a la prensa el secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Juan Vicente Córdoba.
Añadió que “todo lo que se pueda hacer para que no se sigan causando efectos nocivos en la salud de las niñas hay que hacerlo” y que la Iglesia considera la píldora abortiva tras basarse “en estudios científicos, no en cuenticos de sacristía”.
El obispo de la ciudad de Pereira (centro-oeste), monseñor Tulio Duque, pidió a Pardo que rectifique su propuesta porque, a su juicio, es “inmoral”.
Pardo, quien aspira a ganar las elecciones presidenciales de mayo próximo por el Partido Liberal (oposición), propuso suministrar de manera gratuita la 'píldora del día después' a las jovencitas como una manera de evitar los embarazos en adolescentes.
Según el candidato presidencial, el embarazo adolescente se ha duplicado en las últimas dos décadas en Colombia y esa situación implica que las jovencitas quedan inmersas en una “trampa de pobreza de la que es complicado salir”.
Pardo negó que la píldora sea abortiva como asegura la Iglesia y señaló que se debe facilitar su acceso en casos de emergencia, si bien recalcó que el problema se debe afrontar principalmente con “educación y prevención”.
El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, rechazó el lunes la propuesta del candidato presidencial y coincidió con la Iglesia en que la 'píldora del día después', cuya venta es libre en Colombia, es abortiva.

(EFE) El papa Benedicto XVI dijo hoy en el Vaticano que el origen del mal está en el hombre mismo y en el uso equivocado de la libertad humana.
Ante unas ocho mil personas que asistieron en el Aula Pablo VI a la audiencia pública de los miércoles, el Pontífice resaltó la "misericordia infinita, la paciencia y la benevolencia" de Dios hacia la humanidad pecadora.
El Obispo de Roma hizo estas manifestaciones echando mano de las enseñanzas del monje del siglo XII Ruperto de Deutz, del que resaltó la "gran cantidad de obras que todavía hoy suscitan un enorme interés" y subrayó que fue muy activo en diferentes discusiones teológicas, como en la defensa de la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
"De Deutz estaba convencido de que el origen del mal se encuentra en un uso erróneo de la libertad humana, defendiendo así la absoluta bondad de Dios", afirmó el Papa Ratzinger, que agregó que el monje siempre rechazó el razonamiento teológico de la escuela teológica de Laon según el cual Dios permite el mal sin aprobarlo y sin quererlo.
Benedicto XVI también se refirió al Ministerio Petrino (el suyo) y dijo que cuando surgen controversias dentro de la Iglesia el Primado de Pedro "garantiza la fidelidad a la sana doctrina y da serenidad y libertad interior".
Con esas palabras -de las que echó mano para recordar que Rupuerto de Deutz se opuso a ser ordenado por un obispo que no estaba de acuerdo con el Papa de la época- Benedicto XVI reiteró la fidelidad al Pontífice por parte de los prelados.
A la audiencia asistieron numerosos fieles procedentes de España -entre los miembros de la Hermandad del Santo Entierro y de Nuestra Señora de la Soledad, de Dos Hermanas, en Sevilla- México y otros países latinoamericanos, a los que exhortó a "reconocer con agradecimiento" la presencia real de Cristo en la Eucaristía.

A sus tiernos 20 años de edad, la Federación Colombiana de Municipios (FCM) tiene amenazada su supervivencia, por un explosivo coctel de plata, política y juegos de poder.
Dos de sus más grandes ex afiliados, Bogotá y Medellín, lideran con Cartagena la creación de un nuevo gremio, porque no se sienten bien representados y, sobre todo, porque consideran que Fedemunicipios se les metió al rancho y ha promovido acciones que atentan contra sus propias rentas. La gran capital fue más allá y denunció penalmente ante la Fiscalía a Gilberto Toro Quintero, director Ejecutivo del gremio, por haber recaudado, en forma presuntamente ilegal, unos 12.000 millones de pesos en comparendos y multas de tránsito. El dirigente gremial pasará de la defensa al ataque... y usando las mismas armas.
La parte más publicitada de la historia, pero a la vez la más endeble, tiene que ver con la politiquería, por la persecución que se le habría montado a una Federación supuestamente dominada por la valenciocracia e irrestricta en su apoyo a las pretensiones reeleccionistas del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Por ese capítulo, sin embargo, se puede pasar de largo, porque el tema de fondo data de una época en la que el uribismo no estaba ni en pañales.
Fedemunicipios nació pobre como gremio, en 1989. Toro Quintero llegó al cargo hace 13 años. Encontró un presupuesto anual de 510 millones de pesos, a nueve funcionarios que trabajaban en un local prestado y a los que les debían cinco meses de sueldo. Hoy tiene 85 empleados directos y recoge de sus afiliados más de 6.000 millones de pesos, de los cuales el 60 por ciento proviene de las cuotas que pagan los municipios. A pesar de haber borrado de su balance 5.000 millones de pesos de deudas anteriores al 2004, los entes territoriales le están debiendo cerca de 9.000 millones de pesos.
Quedarse enana no era su intención, pues quería pesar en la arena política doméstica e internacional, generar más recursos para sus asociados y profundizar la descentralización. Al poco andar se le ocurrió buscar mayores caudales. El finado Senador, Víctor Renán Barco, le dio este consejo a Toro Quintero: "Búsquese un parafiscal". Gracias a un fuerte cabildeo se logró incorporar en la Ley 769 de 2002 el artículo 10, para crear y mantener actualizado a nivel nacional un Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, más conocido como Simit.
Por ley, al gremio le toca una partida del 10 por ciento. Sin embargo, siete años después se mantiene viva la polémica sobre la base que se debe usar para liquidarla. Para Fedemunicipios, el porcentaje debe aplicarse sobre el total de lo recaudado por multas e infracciones de tránsito, independientemente de si para ello hubo participación o no del Simit.
Bogotá y los municipios que se están retirando de Fedemunicipios, entre ellos Medellín, consideran que debe estimarse y pagarse sobre el 10 por ciento de las multas de tránsito que ingresan al fisco gracias a la gestión del Simit, porque de lo contrario se estaría haciendo una donación a una empresa de naturaleza privada, sin contraprestación alguna.
Hablando en plata blanca se aprecia mejor la diferencia de criterios.
Según datos oficiales, entre noviembre de 2002 y octubre de 2009, el Distrito ha recibido 486.303 millones de pesos por concepto de multas y comparendos de tránsito.
De ese monto, el Simit ha recaudado directamente 29.408 millones, de los cuales se ha quedado con más de 3.121 millones de pesos y le ha entregado al Distrito la suma restante.
De acuerdo con la tesis de la FCM, a sus arcas tendrían que haber ingresado en ese mismo período, no el 10 por ciento de lo que el Simit ayudó a recaudar (o sea más de 3.121 millones de pesos), sino el 10 por ciento del total de las multas y comparendos: Esto es, más de 48.630 millones de pesos. Con intereses de mora más corrección monetaria la pretensión de la Federación se está acercando a los 100.000 millones de pesos.
Visto de otra manera, el gremio pretende unos 97.000 millones de pesos adicionales a los que ya ha recibido de los recursos del Distrito.
De esa magnitud es la bolsa que está en disputa y que ha dado lugar a una tremenda batalla jurídica. Medellín está a un pelo de sumarse a ese lío, porque en lugar de ver aumentados sus ingresos, considera que le está transfiriendo más dinero de la cuenta al Simit.
Entre 2006 y lo corrido del presente año la capital antioqueña ha recibido en multas de tránsito más de 58.127 millones de pesos. El Simit recaudó directamente más de 5.411 millones de pesos y recibió por comisión más de 5.049 millones de pesos. Si el porcentaje se estimara sobre el dinero que el Simit ayudó efectivamente a recaudar, entonces su ingreso se desinflaría y quedaría en 541 millones de pesos.
A la Fiscalía
Las diferencias son tan abismales, que tanto Fedemunicipios como Bogotá han defendido sus intereses hasta con los dientes. La mejor prueba de ello es que el Distrito denunció penalmente a Gilberto Toro Quintero ante la Fiscalía.
Juan Ricardo Ortega, secretario de Hacienda del Distrito, dice que obraron así al ver la falta de espacios para el diálogo, las presiones mediante control de advertencias de la Contraloría General de la República y hasta anómalos fallos de los tribunales. Sus cuentas indican que Toro Quintero se habría apropiado, de manera presuntamente ilegal para el Simit, de unos 12.000 millones de pesos, ligados exclusivamente a recursos de las tesorerías de los entes territoriales. "Él, añade el funcionario, no tiene autorización legal para hacer recaudos, está suplantando personas y apropiándose de recursos públicos con el servicio que está prestando en Bogotá".
"La denuncia contra él no se mueve un centímetro, por los contactos que tiene", sostiene Ortega. La que sí avanza es una investigación penal contra el secretario de Hacienda, derivada de un fallo sobre una acción popular que fue remitido a organismos como la Contraloría y la Fiscalía. De hecho, muy pronto, según le han comentado, será llamado a indagatoria para responder por los presuntos delitos de prevaricato y enriquecimiento sin causa.
Toro Quintero declara que no tiene la más mínima preocupación por la denuncia penal que le pusieron ante la Fiscalía. Sostiene que ha obrado conforme a la ley y no para defender los intereses de su bolsillo y que hasta tiene cartas de dos secretarios de Movilidad que lo autorizan para hacer esos recaudos.
Acto seguido pasa al ataque. Anuncia que más inquietos deberían estar los funcionarios del Distrito por la denuncia que pondrá la Federación contra ellos, por cuatro delitos que los podrían llevar a pagar, de su propio patrimonio, más de 80.000 millones de pesos. Entre ellos destaca las figuras de peculado por apropiación indebida de recursos públicos, peculado por destinación diferente de recursos públicos y prevaricato por acción y por omisión.
En su opinión, Bogotá está obligada a tener disponible esa plata no transferida al Simit. "No pueden decir que no la tienen, porque eso es confesar el peculado".
¿Contra quién pondrá esa denuncia penal?, le preguntó este diario. "Eso se lo dejo a los abogados", respondió Toro Quintero.

(EFE) El candidato izquierdista José Mujica ganó las elecciones de Uruguay con entre el 50,1 por ciento y el 51,5 de los votos, según los primeros sondeos a pie de urna, por delante del conservador Luis Alberto Lacalle, que alcanzó entre el 44,4 y el 46,2 por ciento de los sufragios.
Mujica, un ex guerrillero que pasó trece años de su vida en la cárcel, buena parte de ellos durante la dictadura militar (1973-1985), ganó la primera vuelta con el 48% de la votación.
as mesas receptoras de votos en la segunda vuelta de las elecciones en Uruguay cerraron a las 19.30 hora local (21.30 GMT) tras una jornada que transcurrió con normalidad y bajo lluvias en buena parte del país.
"Hubo problemas menores, en especial relacionados con las inundaciones", dijo a Efe el ministro de la Corte Electoral, Edgardo Martínez Zimarioff.
"El dato triste fue la muerte de una señora de avanzada edad cuando realizaba la cola para votar en un circuito del barrio Malvín de Montevideo", agregó el ministro, sin precisar la causa del deceso.
Algunas mesas permanecen abiertas por una hora más, posibilidad prevista en la reglamentación, debido a la presencia de cola de votantes a la hora de finalización.
Un total de 2.563.285 uruguayos estaban habilitados para votar en elecciones con voto obligatorio.
Martínez Zimarioff estimó "entre el 89 y el 92 por ciento" el porcentaje de uruguayos que concurrieron a las urnas.
El candidato de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio, el senador y ex líder guerrillero José "Pepe" Mujica, es el favorito para ganar frente al ex presidente (1990-1995) Luis Alberto Lacalle, del conservador Partido Nacional o "Blanco".
Los dos fueron los más votados en la primera vuelta de las elecciones del pasado 25 de octubre.
El Frente Amplio ganó entonces con el 48 por ciento de los votos pero no logró superar el 50 por ciento para ganar la presidencia en primera vuelta, como exige la legislación uruguaya.
El Partido Nacional obtuvo el 29 por ciento en la primera vuelta, pero las posibilidades se equilibraron algo porque el Partido Colorado, que logró el 18 por ciento de los votos el pasado octubre, apoya a Lacalle.
Las aguas estuvieron presenten en las elecciones uruguayas porque nueve de los 19 departamentos fueron afectados por inundaciones en la última semana: Artigas, Salto, Paysandú, Soriano, Cerro Largo, Treinta y Tres, Colonia, Rivera y Durazno.
Además, la Dirección Nacional de Meteorología lanzó una "alerta naranja" para todo el territorio uruguayo debido a que están previstas copiosas lluvias, fuertes vientos, posibilidad de granizo y tormenta eléctrica.
En Salto, Paysandú y Artigas "la situación está complicada" y se espera "una gran tormenta para las próximas horas", lo que podría dificultar el traslado manual de la información para el escrutinio, "por ello habilitamos la posibilidad del envió de los datos por fax", agregó el ministro.

(Por Rafael Guarin) A pesar que el llamado de Hugo Chávez a prepararse para una guerra generó nerviosismo continental, no es una novedad. Amenaza con ella desde 1999 y no está improvisando.
La política de seguridad y defensa de la revolución bolivariana se formuló para enfrentar ese posible escenario. A eso responde el Concepto Estratégico de Defensa Integral y el Concepto Estratégico Militar, el fortalecimiento bélico, los vínculos con Rusia e Irán, la adopción de la llamada guerra asimétrica, al igual que la constitución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional, que operará en las áreas donde ``ante la materialización de alguna de las hipótesis de conflicto les corresponderá actuar'', es decir, en la frontera con Colombia.
Desde esa perspectiva, un primer análisis sugiere que las advertencias de guerra y la compra de armamento, son expresiones de los factores psicológico, técnico y político que requiere una buena disuasión, siguiendo a Raymond Aron.
Pero la cuestión no es tan simple. Primero, porque es evidente que el Pentágono no tiene en su agenda planes de invasión en Latinoamérica. Segundo, porque en el absurdo caso de querer intervenir en Venezuela, técnicamente no necesita del territorio colombiano y, tercero, porque si bien los acuerdos suscritos entre Washington y Bogotá consolidan una alianza política y militar son contra el narcotráfico y el terrorismo y no contra ninguna nación.
Son otras las verdaderas explicaciones. El poder militar cumple dos funciones: es clave en el mantenimiento y entronización de la revolución en la propia Venezuela y se concibe como bastión de la expansión del modelo bolivariano y de la construcción de la ``patria grande''. El discurso de la disuasión esconde la ambición de convertirse en potencia militar, con capacidad de hacer operaciones más allá de sus fronteras, en alianza con otros gobiernos y hasta con organizaciones terroristas.
En ese contexto, cuando Chávez habla de guerra hay que creerle, así convenientemente después baje el tono como acaba de suceder. Entre otras cosas porque su gobierno declaró hace mucho tiempo una guerra irregular a Colombia al apoyar activamente a las FARC en el propósito de derrumbar la democracia liberal e imponer el socialismo del siglo XXI.
Si bien es inviable una guerra convencional, no así un evento bélico, más aún cuando en el Palacio de Miraflores se elabora una historia ficticia que pretende dar vuelta a la real situación y pasar de agresor a agredido y de acusado a acusador, con la falsa denuncia de que la administración Uribe envía cuadrillas de paramilitares para asesinar al teniente coronel y desestabilizar la revolución.
El asesinato de jóvenes en la frontera, la sindicación de que eran paramilitares (lo que sus familias niegan), la utilización de mentirosos testimonios sobre una supuesta conspiración hecha desde la Casa de Nariño y la redacción de una novela de espionaje, que afecta además a Cuba y Ecuador, demuestra que se está montando un tablado para justificar una acción militar.
Otra opción es el escalamiento de la guerra irregular contra Colombia. El teniente coronel calificó la firma del acuerdo de cooperación como una declaración de guerra y le preocupan los efectos militares que tendrá en sus aliados, las golpeadas guerrillas. Adicionalmente, las FARC le ofrecieron ayuda militar a Chávez y este nunca la rechazó, por el contrario, le pidió entrenamiento a las FARC en guerra de guerrillas, conforme a la nueva doctrina militar bolivariana.
Es urgente que la comunidad internacional actúe para evitar el conflicto y desescalar la crisis. La iniciativa de acudir al Consejo de Seguridad de la ONU y la OEA es el camino, no UNASUR. Estas organizaciones deben garantizar la seguridad y la paz internacionales, sobre la base de proscribir la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, precisamente cuestión en que está empeñada la revolución chavista.

(Por Óscar Collazos) Quien haya estado en Cartagena sabe que, todavía, durante los días festivos, miles de personas, provenientes de las periferias pobres, ocupan las playas que van desde El Laguito hasta La Boquilla, pasando por Bocagrande, Marbella y Crespo. La línea costera se prolonga hasta Manzanillo del Mar, una zona codiciada ya por el sector inmobiliario y hotelero, que tiene proyectos de expansión hacia el norte.
Ir a la playa constituye, después de la visita a los centros comerciales, la segunda "actividad cultural" de los cartageneros, según el programa 'Cartagena, cómo vamos'. Las playas son, por supuesto, de uso público. Y es la posibilidad de uso público lo que mueve a esas masas que buscan entretenimiento gratuito en una ciudad donde hasta lo barato resulta demasiado caro.
La falta de controles y, lo que es peor, la falta de autoridad en la aplicación de las normas, y la ausencia de un sistemático plan educativo de pertenencia colectiva a estos espacios convierten las playas de Cartagena en un bazar de baratijas. La oferta parece más grande que la demanda y es más agresiva de lo que pueda tolerar una persona. El cuidado que esos miles de bañistas y vendedores ponen en el mantenimiento de estos espacios públicos es casi nulo.
Por lo masiva y espontánea, la segunda actividad cultural de los cartageneros se desarrolla en medio del desorden, como si no existiera conciencia de que aquellos lugares pertenecen también a la comunidad. Al final de los días festivos, las playas parecen un muladar de desechos abandonados irresponsablemente.
Pero, por triste que sea constatar que el disfrute público de esas playas se ha vuelto casi incontrolable, más triste e irritante resulta saber que se están dando largos pasos hacia una indirecta privatización de tramos de playa. Así se empezó a entrever en la promesa que el Presidente de la República le hizo a Cotelco en su asamblea pasada: introducir un plan gradual de concesiones de playas a particulares.
Temo que, una vez se conceda a particulares la gestión de estos lugares de recreación masiva, los controles de seguridad van a ser tan drásticos y tan "selectivos" e intimidantes los precios del consumo, que lo que era de libre acceso será de uso restringido. Los filtros sociales se convertirán en señales prohibitivas; lo que seguía siendo en teoría público acabará siendo, en la práctica, de dominio privado.
En estos días me intrigó una afirmación del director de la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias. Tal vez estuviera pensando con el deseo. Según el funcionario, Cartagena debería pasar de ser una ciudad turística para convertirse en "una sociedad turística".
Cuando hago esfuerzos para entender la propuesta, me imagino el indeseable futuro de toda una comunidad sirviendo a un negocio de particulares, condicionando sus hábitos cotidianos y hasta su fuerza de trabajo a una industria que haría llover de los cielos el maná que remediaría males terribles, como la pobreza extrema, el desempleo y la exclusión social.
La concesión de playas a particulares sería parte de ese futuro, saludable para los negocios, pero nefasto para el tejido ya roto de una sociedad con dramáticas exclusiones sociales y económicas.
Muchas ciudades del mundo que se entregaron por entero al negocio del turismo, tan decisivo en el desarrollo económico de muchos países, son vastas zonas de oferta y consumo, depredación ambiental, monstruosidades urbanísticas, especulación inmobiliaria, corrupción administrativa, desnaturalización de las identidades culturales y mendicidad reglamentada.