La prohibición del porte de la dosis mínima de drogas, aprobada por el Congreso y promovida con insistencia por el presidente Álvaro Uribe, tiene todavía camino por recorrer y cuenta con numerosas críticas.
El Gobierno reformó la Constitución para definir el problema de la dosis mínima de droga no como un asunto del libre desarrollo de la personalidad, como estaba en la sentencia que la despenalizó en el país, sino como un derecho fundamental de la salud del individuo, según explica el senador Hector Elí Rojas, ponente del proyecto de ley que fue aprobado.
Así las cosas, el Estado debe velar por la salud de los ciudadanos y, en este sentido, prohíbe el consumo de drogas. Sin embargo, los críticos sostienen que al ser prohibida, pero no penalizada la dosis mínima, no es claro qué le sucederá a quien la porte. Por ahora, lo aprobado prevé que el adicto, no el consumidor ocasional, será sometido a tratamiento para su rehabilitación, siempre y cuando esté de acuerdo.
Sin embargo, según las estadísticas que suministra Augusto Pérez, director de la Corporación Nuevos Rumbos, en el país, cerca de 300.000 personas necesitan tratamiento y únicamente hay cupo para 30.000. Además, las buenas rehabilitaciones tienen un costo entre 5 y 8 millones mensuales, y no siempre se garantiza que sean efectivas En cuestión de tratamientos, las noticias no son muy buenas: "Ünicamente 1 de cada mil personas se rehabilita", explica Pérez.
Otros se preguntan quién y cómo se pagarán los tratamientos de los adictos. Esos ya están incluidos en el POS, lo que sucede es que las empresas no les cumplen a estos pacientes, ¿cómo será ahora con la crisis financiera de la salud?
Para reducir el consumo, según Pérez, es necesario prevenir. La Dirección Nacional de Estupefacientes cuenta con 3 millones de dólares que se destinarán a la prevención del consumo de drogas para el 2010.
Algunos críticos consideran que la decisión del Congreso es un retroceso, pues muchos países van hacia la despenalización y en cambio, en Estados Unidos, que es uno de los países más represivos, el consumo es uno de los más altos en el mundo (ver recuadro).
En cuanto a las sanciones para el que venda droga en pequeñas cantidades, el Gobierno ha dicho que el objetivo es imponer unas muy fuertes. Falta ver qué cambios se introducen en el código penal.
México despenaliza
Ciudad de México. Mientras en Colombia el Congreso acaba de prohibir la dosis mínima de sustancias estupefacientes para fortalecer la lucha contra el tráfico, en México, país agobiado por el mismo fenómeno, la legislación avanza en sentido contrario.
Aprobada en agosto pasado en medio de la guerra contra el narcotráfico lanzada por el presidente Felipe Calderón, la nueva Ley General de Salud de México permite el porte de dosis de hasta 500 miligramos de cocaína, 5 gramos de marihuana, 40 miligramos de metanfetamina, 2 gramos de opio o 50 miligramos de heroína.
Según el Gobierno, principal promotor de la iniciativa, la nueva legislación tiene dos objetivos fundamentales: atacar el llamado narcomenudeo (tráfico de pequeñas cantidades de drogas dentro de las grandes ciudades mexicanas), y abordar desde la salud pública un fenómeno al que -hasta ahora- sólo se había dado una respuesta policíaca.
"No se busca despenalizar el consumo de drogas, sino establecer criterios objetivos, referidos a cantidades específicas para definir el delito de narcotráfico. Queremos separar el trato que el Estado debe dar a los consumidores, del que se da a los productores o vendedores", señaló el propio Calderón al presentar la iniciativa y en respuesta a que equiparaban a la nueva ley con una legalización encubierta.
"El problema no es un asunto exclusivamente penal o criminal; es también, y básicamente, un problema de salud por el lado del consumo. Queremos distinguir entre los criminales y quienes son sólo víctimas", precisó el Mandatario en ese momento.
En términos generales, la clase política apoyó la iniciativa (luego de la negociación de algunas modificaciones en materia de procedimiento). Sin embargo, las críticas más duras vinieron de sectores como la Iglesia Católica que manifestó su preocupación por el posible incremento en el consumo de drogas.
Además de la creciente violencia que se refleja en el número de ejecuciones que deja la guerra entre los principales carteles mexicanos (1.637 en lo que va del 2009), el narcomenudeo avanza sin control en las grandes ciudades de este país, poniendo en entredicho la estrategia de Calderón.
Según cifras oficiales, sólo en el Distrito Federal, el número de puntos de venta de droga ha registrado un aumento de 700 por ciento en los últimos tres años. De igual forma, el consumo de drogas entre los niños de la capital mexicana registró un incremento significativo en los últimos tres años, al pasar de un 12 a un 14.7 por ciento, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Social del D.F.
Aunque con números menos exorbitantes, el mismo fenómeno se repite en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y Chihuahua, por mencionar sólo algunas.
"Aunque es poco tiempo para hacer un análisis concluyente sobre los resultados de la ley en la lucha contra el narcotráfico, desde el punto de vista jurídico me parece que es un avance importante establecer parámetros claros que permitan distinguir entre un infractor de la ley y un enfermo", dijo a EL TIEMPO Jesús García Linares, abogado penalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
"Es ilógico que se tratara como criminal a una persona que, como farmacodependiente, requiere asistencia médica y psicológica, no judicial", puntualizó el jurista.
Venezuela cuida la dosis
Según la última reforma de la ley de estupefacientes en Venezuela, realizada en el ano 2005, se considera que el limite de una dosis personal es toda aquella cantidad que no exceda los dos gramos en caso de cocaína o sus derivados, compuestos o mezclas, y hasta 20 gramos de en los casos de cannabis sativa (marihuana). Rebasar este límite hace que la persona pase automáticamente al delito de posesión, que, según la cantidad, puede ser penalizado hasta con 12 años de cárcel. Sin embargo, que una persona sea encontrada con cantidades consideradas dentro del límite de la dosis personal no la exime de cumplir con un castigo, que, dependiendo de la decisión de un juez, puede ser una orden de rehabilitación, orden de cura o desintoxicación, libertad vigilada o seguimiento, cumplimiento de horas de trabajo comunitario o, en caso de ser extranjero, la expulsión del país.
Portugal, libre
En el mundo hay precedentes de despenalización que, al menos en el papel, pueden considerarse exitosos. Es el caso de Portugal, que en el 2001 decidió despenalizar el consumo de dosis personales de marihuana y cocaína. A pesar de la lluvia de críticas, las cifras sugieren que el resultado fue positivo, pues el país llegó a tener el índice más bajo de consumidores habituales de marihuana en la Unión Europea. En Europa, sólo Holanda autoriza la venta de dosis personales de marihuana, si bien sólo en locales licenciados llamados coffe shops. Irónicamente, aunque allí es legal consumir marihuana, los cobija la legislación antihumo, creada para combatir el tabaquismo.
E.U: represión y consumo
En Estados Unidos, la posesión de sustancias prohibidas como la marihuana, la cocaína y la heroína es un delito federal que contempla sanciones que varían mucho, dependiendo de la cantidad, el tipo de droga y la jurisdicción, ya que todos los estados tienen normas diferentes. Aunque la norma general es que la posesión es causa de arresto, una primera infracción rara vez concluye en cárcel. Las sanciones van desde una multa entre los 100 y los 1.000 dólares, trabajo comunitario o rehabilitación obligatoria, hasta penas de 1 a 25 años de cárcel. Algunos estados han despenalizado la posesión, cultivo y distribución de marihuana con fines medicinales. Eso ha generado una gran polémica, pues va en contravía de las normas federales, pero cae en el ámbito de la libre autodeterminación de los Estados, que está contemplada por la Constitución.
Estados Unidos es uno de los países donde el consumo de drogas es más alto en el mundo.