Columnistas
La propuesta de Navarro
Por: Carlos Holmes Trujillo
El senador Antonio Navarro alborotó recientemente el cotarro, con su propuesta de tramitar una reforma constitucional para permitir la participación en política de los miembros de la guerrilla que se desmovilicen.
Si bien es cierto que no existe aún un texto definitivo de la iniciativa, la sola idea ha dado lugar a una intensa controversia.
Y no hay razón para sorprenderse. Éste es uno de los puntos más sensibles de las conversaciones en La Habana, y respecto del cual los sondeos de opinión siempre muestran que un porcentaje muy alto de los encuestados se expresa en contra de esa posibilidad.
Habida cuenta de que los acuerdos a los que se llegue en esta materia tienen mucho que ver con la viabilidad real de las conversaciones, conviene analizar varios aspectos vinculados con el proyecto cuya presentación se dio a conocer. Para empezar, tramitar la anunciada modificación a la Carta, en el momento actual, sería una concesión inconveniente a las Farc. El tema de la participación en la vida política de los desmovilizados no puede tratarse aisladamente, toda vez que está íntimamente ligado a los mecanismos de justicia que se acuerden en Cuba
Mientras ellos no existan, no hay razón para avanzar apenas en una de sus partes haciéndole cambios a la Constitución. En segundo lugar, sería un problema para los integrantes del equipo negociador del Gobierno. Un flaco servicio se les prestaría a quienes están al frente de los diálogos si se pretende definir en el Congreso, de manera anticipada, materias que son centrales en las conversaciones. De otro lado, implicaría desconocer, de manera arrogante, el sentimiento mayoritario de los colombianos.
Hay que tener presente que el porcentaje de ciudadanos que se opone a que los miembros de las Farc pasen del monte y el terrorismo a cargos de elección popular es muy alto y consistente. Por otra parte, se cometería el mismo error en el que se incurrió con la aprobación del marco jurídico para la paz. Esa reforma fue inconveniente, innecesaria, inoportuna, y le incorporó rigideces innecesarias a las negociaciones.
Tanto es así que ya se habla de desestimarla.
En quinto lugar, distraería la atención de la sociedad y del Estado sobre un aspecto de fundamental importancia, además de que dificultaría que se hagan esfuerzos dirigidos a construir una posición nacional para llevarla a la mesa y discutirla con las Farc.
En resumen, éste no es el momento apropiado para embarcarse en discusiones que se están dando en el lugar que el Gobierno considera adecuado.
Nadie duda de la buena intención que asiste al senador Navarro. Su propia vida en el escenario democrático es prueba suficiente de la sana intención que lo asiste. Pero sería un error embarcarse en esa discusión ahora. Es mejor contribuir a que existan condiciones para que las conversaciones puedan seguirse haciendo con el beneplácito de la ciudadanía y para que lo que se acuerde sea aceptable y sostenible. Lo que conviene es ayudar a que haya investigación, juicio y castigo para los culpables de los más graves delitos, y a que la incursión en la vida pública de éstos no sea un premio inaceptable. De igual manera es aconsejable contribuir a que el punto de llegada del proceso que se está adelantando sea el producto de la voluntad de los ciudadanos, expresada mediante la aplicación de un mecanismo que se diseñe a través de un gran acuerdo político y de Estado.
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