Eficiencia e inconformismo una disputa entre las partes

Mientras la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía manifiesta eficacia y resultados en los procesos judiciales tratados en la Ciudad, un amplio porcentaje de los samarios denuncia lentitud y negligencia.

Con la expedición de la Constitución de 1991, se crea en Colombia la Fiscalía General de la Nación, organismo que promueve un nuevo sistema penal acusatorio en el que se contemplan las Unidades de Reacción Inmediata (URI), imitando así el sistema anglosajón (Germano) desde el año 2005 en Colombia, el cual fue puesto en marcha en Santa Marta desde el año 2008.

El nuevo sistema implementado tenía la intención de lograr que los procesos de investigación fueran más eficientes, teniendo en cuenta que el anterior Código Penal Acusatorio, a partir de la ley 599 y 906, se basaba, según especialistas consultados en procedimientos versariales, muchas audiencias y escritos, a diferencia de este cuya intención era que las audiencias fuesen orales y rápidas.

Divididas en tres áreas, audiencias preliminares, audiencia de acusación, y audiencia oral, funcionan las URI en el todo el país, están a cargo de un fiscal en turno, efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), estos organismos judiciales son comparados con las salas de urgencia de los hospitales, las cuales deben estar en funcionamiento las 24 horas del día.

Santa Marta cuenta con una URI, en el Departamento existen cinco, y están ubicadas en las cabeceras municipales de Pivijay, Plato, El Banco, Ciénaga y Fundación, las cuales, según manifestó Germán Ordoñez Plata, director regional de Fiscalías, figuran como turnos de disponibilidad, agregando qué, “falta personal judicial en el Departamento, en los municipios de Plato, El Banco y Pivijay solo se cuenta con dos fiscales, uno local y otro seccional, lo que dificulta la cobertura, sin embargo, hacemos un trabajo arduo porque el delito no para”, apuntó.

Desde el corregimiento de Palomino, en el departamento de La Guajira, hasta las instalaciones de la Drummond son jurisdicción de la URI distrital de Santa Marta, incluyendo Bonda y Minca, lo cual indica que todo hecho delictivo efectuado en esta área, es función de los fiscales de la Ciudad.

Desde el primero de enero hasta la fecha, la URI de la capital del Magdalena registra 2.000 casos de judicialización, 3.519 denuncias, 122 inspecciones a cadáveres (muertes naturales y violentas), y 100 detenciones domiciliarias.

“DENUNCIAR ES UN KARMA”

Entre los samarios se habla que el proceso de denuncia en la URI es un ‘karma’, OPINIÓN CARIBE se encontró con el testimonio de un hombre que prefirió reservar su identidad pero que expuso las razones por las cuales decidió no volver a instaurar una denuncia, después de haber sido víctima de hurto por parte de unos individuos que, en moto, llegaron a la puerta de su casa y lo despojaron a él y a su familia de las pertenencias.

“Departíamos en familia cuando fuimos envestidos por seis sujetos, dos en motocicleta, con arma de fuego en la mano nos amenazaron y a la vez nos quitaron lo que poseíamos en ese instante: celulares, prendas, computadora portátil y demás objetos de valor. Con impotencia, nuestra reacción fue llamar al cuadrante, quienes acudieron al lugar y nos manifestaron la necesidad de instaurar el denuncio en la URI. Así lo hicimos, alrededor de tres horas se tomó hacer mi procedimiento de denuncia en la URI, y hasta la fecha no sé qué gané, los objetos nunca aparecieron ni hubo captura”, apuntó.

Sin embargo, Manuel Lizarazo, Coordinador de la URI Seccional Santa Marta, manifestó las razones por las cuales la comunidad se siente inconforme, y explica con detalle cada uno de los procesos que se determinan desde la Fiscalía amparados en la ley, “las denuncias toman en promedio de 60 a 80 minutos de tiempo, este proceso entra a un Sistema Nacional de Fiscalía, por lo cual debe darse por enterada la opinión pública que no solo es escribir los nombres de los implicados”.

Agregó que la Fiscalía ha entrado en un sistema de contextualización y priorización de casos, por ejemplo de 100 hurtos, 20 parecen ser cometidos por la misma persona, por lo que ha sido política nacional focalizar y analizar muchos casos en contexto y no solo caso por persona.

“Todos los casos tienen la misma relevancia en la Fiscalía, sin embargo, existe prioridad en algunos con el fin de dar golpes a bandas criminales que son las que más atentan contra la ciudadanía”, apuntó Lizarazo, “infortunadamente el acceso carnal, abuso sexual, lesiones personales y violencia intrafamiliar son los delitos más denunciados en la ciudad, los cuales después de un estudio cultural se elevan en fechas de festividad, seguido del hurto y de los homicidios, estos últimos tarea diaria de los cuadrantes de la policía”.

HACINAMIENTO

El Sistema Nacional de Fiscalías en el país, ha expuesto que en los últimos meses las seccionales no dan abasto con el alto número de detenidos, sin embargo, en Santa Marta, como lo manifiesta Lizarazo Rojas, no hay dificultad, “contamos con una estructura pequeña pero muy eficiente, donde los detenidos siempre están en su ciclo, se judicializan dentro de las 36 horas, si el delito comporta medida de aseguramiento es remitido a la cárcel, de ser más flexible en el caso de prisión domiciliaria es enviado a la casa, y si dentro de la investigación no hay claridad del grado de culpa de la persona, esta es puesta en libertad”.

Paralelo a este escenario, en la actualidad el centro penitenciario Rodrigo de Bastidas, presenta un alto grado de hacinamiento el cual supera el 100 % de reclusos, cifras que despiertan en la opinión pública un interrogante frente a cuál es la incidencia que esta situación tiene en la decisión por parte de los fiscales de enviar a la cárcel, darle medida de aseguramiento domiciliaria, o dejar puesto en libertad a quien haya cometido un delito.

Amparado en la Ley 599 del 2000 de la Constitución Política de Colombia, las personas quedan libres cuando el fiscal determina qué:

– No presenta antecedentes durante el año anterior a la detención, garantiza la comparecencia del proceso al ser llamado y no representa peligro para la comunidad.

“Estos parámetros lo estipula la Ley con el fin de evitar uso de las cárceles con delitos de menor cuantía, dándole prioridad a hechos delictivos que superan cinco años de pena” sintetizó Lizarazo, agregando que cuando la comunidad hace justicia por mano propia, lincha y deja con lesiones al presunto delincuente, el fiscal prevé la protección e integridad del individuo como persona que posee derechos, los cuales deben ser respetados, por ende muchos quedan libres de manera inmediata.

Germán Ordóñez Plata, Director de Fiscalías Magdalena.

OPINIÓN CARIBE consultó al Director regional de Fiscalías del Departamento, Germán Ordoñez Plata, quien al respecto dijo que paralelo a este tema, es la primera vez que en mucho tiempo, el Distrito recibirá cinco fiscales nuevos, con el fin de contrarrestar bandas criminales, abuso sexual en niños, violencia intrafamiliar, homicidio y administración pública, de los que aseguró ya hay cuatro posesionados y están a la espera de quinto que viene desde Medellín.

En contexto a los diálogos de paz, Ordoñez Plata enfatizó que de darse el acuerdo, los fiscales encargados de investigar temas como desaparición forzada, reintegro a la vida civil de los miembros de las Farcy demás grupos alzados en armas, no podrían estar ubicados dentro de los mismos municipios de la región, teniendo en cuenta la falta de logística y seguridad, por lo cual a quienes se designen deben hacer seguimiento desde Santa Marta, contando con todos los elementos de protección.

“Desde que llegué acá, he luchado por incrementar el número de efectivos, solo contamos con 80 investigadores, 60 efectivos en función, lo cual es insuficiente, nos faltan peritos, ingenieros, psicólogos, porque en la búsqueda de acabar con esta ola de delincuentes que atentan contra los menores tenemos que estar bien preparados”.

Agregó que debe ser política nacional que las próximas administraciones y las actuales le dejen a la ciudad y al Departamento el CAPIV, (Centro de Atención Penal Integral a Víctimas) existentes en ciudades y municipios como Bogotá, Medellín y Buenaventura