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Análisis

Panorama del conflicto en la frontera colombovenezolana

Opinión Caribe

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Luego de que las autoridades venezolanas, en cabeza del Presidente Nicolás Maduro, informarán sobre un atentado a tres militares, en los que resultó herido un civil el pasado 20 de agosto, en la ciudad de San Antonio de Táchira, en la frontera noreste con Colombia, la guardia venezolana cerró el cruce legal de la frontera a la altura del Puente Internacional Simón Bolivar que comunica a las ciudades de Cúcuta con Ureña y posteriormente bloqueó el acceso y salida de colombianos y venezolanos por los cerca de 100 cruces ilegales que existen en la frontera.
 
Según el Presidente Maduro, los militares que cumplían con un operativo de lucha contra el contrabando fueron atacados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y quienes les propinaron varios disparos en la parte superior del pecho. Maduro atribuyó el atentado a la presencia de bandas criminales en las poblaciones de frontera entre ambos países y sostuvo que los atentados fueron orquestados por paramilitares provenientes de Colombia que se lucran del contrabando.
 
El estado de excepción declarado por el gobierno venezolano ha repercutido en el estallido de una crisis humanitaria tras el éxodo de miles de colombianos que han abandonado las ciudades venezolanas donde residían hace más de 9 años e incluso donde vieron nacer a varios de sus familiares, producto de la dinámica de intercambio cultural propia de las zonas de frontera.
 
En masa, los colombianos decidieron salir de Venezuela, atravesando las trochas para finalmente cruzar el río Táchira con algunas de sus pertenencias al hombro, tras los reiterados anuncios de un censo poblacional en los que aseguran se identifican las viviendas con las letras R y D, que anuncian una revisión y una posterior demolición de las propiedades de las familias colombo-venezolanas.
 
Varios de los colombianos que han encontrado refugio temporal en la ciudad de Cúcuta sostienen además que son víctimas de una señalización por parte de las autoridades venezolanas, quienes los acusan de ser miembros  o colaboradores de grupos paramilitares y algunos han denunciado que la guardia venezolana se ha llevado a jóvenes y adultos colombianos detenidos por los mismos señalamientos.
 
Argumentando presiones por razón de odio y ante el temor de que sus familiares fuesen retenidos o que se les negara el derecho a sus pertenencias, cerca de 6.000 colombianos decidieron repatriarse voluntariamente y sumarse a las lista de los 1.097 ciudadanos deportados del vecino país, según cifras de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
 
PRONUNCIAMIENTOS EN COLOMBIA 
El gobierno colombiano, en cabeza del Presidente de la República, Juan Manuel Santos ha evidenciado su malestar por la forma como que se ha tratado a los colombianos y anunció una serie de medidas iniciales con las que busca garantizar la protección de sus derechos.
 
Las medidas fueron tomadas por el Presidente Santos luego de que Venezuela incumpliera la cita para una reunión prevista entre el Defensor del Pueblo colombiano, Jorge Otálora y el Gobernador de Táchira, José Vielma Mora, acordada en la pasada reunión que sostuvieron las cancilleres de ambos países en Cartagena. Aunque la reunión finalizó sin un compromiso sólido, se había anunciado una acción humanitaria en la que se permitiría a Otálora ingresar a territorio venezolano para supervisar la situación de los colombianos en la frontera, ingreso que finalmente fue negado.
 
El mandatario sostuvo en rueda de prensa el jueves que dio instrucciones a la Canciller de Colombia, María Ángela Holguín para que llame a consultas al embajador de Colombia en Venezuela y convoque una reunión extraordinaria de cancilleres de Unasur, con el propósito de difundir las irregularidades que se vienen presentando en el trato a los colombianos. Situación que el mandatario calificó de inaceptable.
 
Durante su intervención, Santos recalcó que el país privilegia el diálogo y la democracia pero sostuvo igualmente que el gobierno defenderá a los colombianos y velará por el respeto de sus derechos, «Ojalá de parte de Venezuela tengan esa misma actitud porque hasta ahora, lo que hemos visto, es que no tienen ninguna voluntad ni de dialogo, ni de soluciones diplomáticas. Son soluciones de fuerza o actitudes como las que han venido teniendo con nuestros compatriotas que merecen respeto», afirmó el Presidente. 
 
La Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, es el organismo internacional del que hacen parte Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela; Su objetivo ha sido construir un espacio de integración en lo cultural, económico, social y político. Tras el estallido de la crisis, algunos senadores del Partido de la Unidad Nacional, solicitaron la retirada inmediata del país como miembro de la Unión y pidieron demandar al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
Según el Secretario General de Unasur, Ernesto Samper, la salida de Colombia del organismo regional es «improbable» por las repercusiones que acarrearía para la región. Así lo sostuvo durante su visita a Buenos Aires, Argentina, «Yo espero que los colombianos entiendan que el tema de Unasur no es exclusivamente el tema de las relaciones con Venezuela, que son por supuesto preocupantes, si no que hay una cantidad de intereses regionales involucrados que se verían afectados».
 
De otro lado la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín y el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunciaron que a través de la instalación de una Mesa Humanitaria Unificada, se monitorea la situación que se registra en la frontera y lo que sucede con los colombianos afectados por las medidas aplicadas en Venezuela. Los ministros sostuvieron además que el cierre de la frontera y la deportación de colombianos no ayuda a resolver los problemas en ambas zonas e hicieron un llamado para que no se pretenda sacar provecho de la situación.
 
«Es  a través de la cooperación y no de la confrontación como lograremos de manera conjunta combatir con éxito fenómenos como el de contrabando que nos afecta por igual a ambas naciones. Y solo con cooperación también tendremos resultados en la lucha contra las bandas criminales que operan en la frontera. Hacemos un llamado a la dirigencia política de ambas naciones para que no caiga en la tentación facilista de utilizar la compleja situación que vivimos para pescar en río revuelto y obtener beneficios electorales cuando nos acercamos a procesos de elecciones en Colombia y Venezuela».
 
EL CONTEXTO DE LA CRISIS
Aunque el gobierno colombiano no ha descartado que el contrabando y la reorganización de las bandas criminales en la frontera con Venezuela esté causando efectos nocivos sobre la seguridad y estabilidad de las zonas limítrofes, tampoco ha aceptado que los brotes de inseguridad creciente en el vecino país sean causa directa de los fenómenos sociales que vive colombia.
 
Expertos en la materia sostienen, inclusive, que los señalamientos sobre incursión de la delincuencia colombiana en Venezuela obedecen más a una estrategia del Presidente Maduro de endilgar a agentes externos las causas de un conflicto que se originó internamente en su país. Según datos del Observatorio de Venezuela que maneja la Universidad del Rosario, a través de sus Facultades de Ciencia Política y Gobierno Y de Relaciones Internacionales, durante el último año el presidente Nicolás Maduro ha identificado como paramilitares colombianos a los Colectivos sociales que abandonaron las filas del chavismo y le declararon la guerra al gobierno.
 
Según el analista e investigador del observatorio, Ronal Rodríguez, varios de los colectivos que surgieron como organizaciones civiles, bajo los primeros años de gobierno del expresidente fallecido Hugo Chavez, se tranformaron luego en organizaciones criminales que contaban con un respaldo complaciente y a las que les delegaban la tarea de hostigar a la oposición, con acceso a armas de fuego y adiestramiento militar, en el marco de la nueva Doctrina Militar Bolivariana.
 
«En octubre del año pasado los colectivos agremiados en el denominado “5 de Marzo” engrosaron las filas de los enemigos del gobierno, tras la muerte de su líder, José Odreman, en confusos hechos. Es prudente recordar que antes de ser dado de baja, Odreman, se dirigió a los medios de comunicación diciendo que responsabilizaba al entonces Ministro del Interior, Rodríguez Torres, si algo le sucedía. Desde entonces y hasta la fecha los del “5 de Marzo” y otros colectivos delincuentes han iniciado una guerra que pasa por amenazar directamente al Jefe de Estado Venezolano y al Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello».
 
Para muchos sectores políticos en Colombia es comprensible que se asocie el fenómeno paramilitar con lo que sucede hoy en Venezuela, pues ambos se han producido con los mismos componentes, entre otras cosas porque según datos que ha entregado el propio presidente Maduro, uno de cada seis venezolanos es de origen colombiano, sumado a ello que Colombia es la única frontera viva de Venezuela.
 
«No son casos aislados, es un proceso que cubre lo largo y ancho del territorio venezolano, el gobierno lo llama lucha contra la delincuencia, y sí está luchando contra la delincuencia, pero no solo la delincuencia común sino esa delincuencia a la que el chavismo le permitió crecer y actuar, y que ante la ausencia de Chávez ha decidido amenazar el poder de sus herederos», precisó el analista.
 
Por su parte el gobierno venezolano insiste en que el paramilitarismo apoyado por sectores de ultraderecha en Colombia ha tratado de apropiarse del territorio venezolano. El pasado lunes, luego de realizar una visita a la zona fronteriza, donde existen unas 2.000 viviendas en terrenos de invasión, el vicepresidente de Venezuela Jorge Areaza, reportó el hallazgo de una casa donde al parecer fueron confiscados armamento, precursores químicos, explosivos con detonantes, dinero venezolano en efectivo y prendas a las que el gobierno venezolano señaló como propiedad de grupos paramilitares colombianos.
 
El vicepresidente venezolano informó además del desmantelamiento de una «casa de citas» donde sostuvo se explotaban a mujeres tanto venezolanas como colombianas y habló del supuesto hallazgo de una cárcel subterránea donde se presume que escondían a personas secuestradas. 
 
Pero la tensa situación no para ahí. Recientemente medios internacionales revelaron que la decisión de deportar a los colombianos residentes en Venezuela, la habría tomado el gobierno del vecino país como represalia por la autorización del Presidente Santos de extraditar hacia los Estados Unidos, a dos sujetos capturados en Colombia, señalados de participar en una red de narcotraficantes conocida como el Cartel de los Soles y en la cual se presume hay una participación directa de altos mandos del gobierno venezolano. 
 
Según informó El Nuevo Herald, los sujetos conocidos como Gersaín Viáfara Mina, alias Eliseo, y Óscar Hernando Giraldo Gómez, alias el empresario, podrían brindar nuevos datos sobre la vinculación de altos funcionarios del chavismo con las operaciones del narcotráfico.

LO PREVISTO

La crisis en la frontera se mantiene, aunque ha sido evidente un cambio en el tono del discurso empleado por los presidentes de ambos países. Mientras el mandatario colombiano se ha mostrado mucho más  enérgico y decidido a llevar a instancias internacionales el caso, el mandatario venezolano aseguró que está dispuesto a reunirse con Santos, en el momento en que éste lo disponga, sin embargo dio órdenes el sábado de extender el estado de excepción a cuatro municipios más.

Durante el pronunciamiento hecho en la llamada “Marcha Patriótica por la Paz”, en la que chavistas salieron a las calles en apoyo al cierre de la frontera con Colombia, Maduro anunció la ampliación del estado de excepción a los municipios de Lobatera, García de Hevio, Panamericano, San Juan de Colón, La fría, Coloncito y Ayacucho, donde dispuso un operativo con cerca de 3.000 miembros de la Fuerza Armada Nacional Venezolana.

La reacciones en Colombia no se hicieron esperar, los senadores y representantes crearon un frente común de apoyo a las medidas anunciadas por el presidente Santos y exigieron respeto hacia el gobierno y la garantía mínima de protección a los derechos de los colombianos residentes en Venezuela, en especial a quienes han si sido apresados por la guardia Venezolana.

Algunos, más enfáticos, inclusive, solicitaron el retiro de Venezuela como uno de los países garantes en las negociaciones que se adelantan en Cuba para la terminación del conflicto armado con la guerrilla de las Farc. Por su parte el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a los gobiernos de Colombia y Venezuela que se comprometan a seguir manteniendo un diálogo constructivo para resolver la crisis y expresó su preocupación por la tensión en la frontera y por las informaciones que han recibido sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en el proceso de deportación de colombianos.

Se espera que para este lunes a las tres de la tarde se efectúe en Washington, la reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos convocada por el gobierno nacional, donde delegados colombianos plantearán la necesidad de que los cancilleres de la región traten el tema de la crisis humanitaria que se vive en la frontera.

Según el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, la convocatoria a dicha reunión de consulta es un instrumento utilizado solo en ocasiones extremas y para ésta vez se espera contar con el apoyo de más de la mitad de los 34 países miembros.

Mientras los canales de comunicación e intervención se hacen efectivos, más colombianos siguen cruzando ya no sólo la frontera en Cúcuta sino también la frontera a la altura de Paraguachon en la Guajira, con el propósito de rehacer su vida en territorio nacional, algunos están buscando albergues y otros se han instalado en improvisados refugios, en una cifra que se teme supere los 7.000 afectados.

Con la crisis fronteriza, muchas familias de colombianos reviven el drama de haber salido años atrás, hacia el vecino país, escapando de la violencia del conflicto armado en Colombia, que en medio siglo ha dejado más de seis millones de desplazados.

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