Connect with us

Metrópolis

Localidades: Crecen las expectativas sobre la nueva organización territorial

Opinión Caribe

Published

on

A UN PASO DE LA DESCENTRALIZACIÓN

Santa Marta se dividirá en localidades y a partir del próximo año los miembros de las Juntas Administradoras Locales deberán conformar una terna de candidatos a ocupar el puesto de alcaldes menores, cuya elección estará en manos de quien resulte victorioso en la contienda electoral para elegir al nuevo alcalde del distrito el próximo 25 de octubre. De acuerdo a las experiencias vividas por otras ciudades que comparten la misma condición especial de distrito en la región, se plantean una serie de retos que la ciudad debe asumir y superar para consolidar los objetivos planteados en Ley.

Las elecciones de octubre están cada vez más cerca, la amplia participación de personas que aspiran a ser elegidos como ediles de los distintos barrios y sectores de la ciudad ha vuelto a poner sobre el tapete, la nueva división territorial que tendrá Santa Marta de ahora en adelante.

La iniciativa de reorganizar el territorio a través de localidades fue impulsada por el alcalde Carlos Caicedo, sin embargo la idea no es el reflejo de un capricho personal o de un proyecto político del mandatario, sino que se originó para darle cumplimiento a los dispuesto en la Ley 1617 que sancionó el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en febrero del año pasado.

La Ley tiene por objeto dotar a los distritos de las facultades, instrumentos y recursos que les permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, así como promover el desarrollo integral del territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a partir del aprovechamiento de sus recursos y ventajas derivadas de las características, condiciones y circunstancias especiales que estos presentan.

En la norma se estableció que el Concejo debe propiciar la división del territorio en localidades, asignarle competencias y asegurar su funcionamiento y recursos. Además debe determinar los sistemas y métodos con base en las cuales las Juntas Administradoras locales podrán establecer el cobro de derechos por concepto de uso del espacio público para realizar los actos culturales, deportivos, recreacionales, juegos, espectáculos y demás actividades que se organicen en las localidades.

Así mismo tiene como responsabilidad dictar normas que garanticen la descentralización, la desconcentración, la participación y la veeduría ciudadana en los asuntos públicos del distrito.

Por otra parte el artículo 35 de la Ley precisa que la división territorial del distrito en localidades deberá garantizar que las comunidades que residan en ellas se organicen, que se genere una participación efectiva de la ciudadanía en la dirección, manejo y prestación de los servicios públicos, en la construcción de obras de interés común y en el ejercicio de las funciones que correspondan a las autoridades.

A su vez da garantía para la fiscalización y vigilancia de quienes cumplan tales atribuciones y en la definición de las prioridades comunitarias en la elaboración del presupuesto distrital, entre otras.

Un año después de sancionada la Ley, Santa Marta dio los primeros pasos en la futura descentralización del poder administrativo y una mayor participación ciudadana, la alcaldía presentó el proyecto de localidades y en diciembre del año pasado el Concejo Distrital aprobó el proyecto de acuerdo 025.

El proyecto consagra en su artículo cuarto la división territorial del distrito turístico en tres localidades, dentro de las cuales se encuentran 9 comunas, 4 corregimientos, dos parques nacionales naturales y un resguardo indígena. A cada localidad se le asignó un nombre y una delimitación específica.

La localidad Cultural Tayrona – San Pedro Alejandrino es la localidad uno, se encuentra conformada por un área urbana que comprende las comunas 1, 6 y 9 y un área rural integrada por los corregimientos de Guachaca y Bonda.

La Histórica – Rodrigo de Bastidas es la localidad dos, conformada por un área urbana que comprende las comunas 2, 3, 4, 5 y un área rural conformada por el corregimiento de Taganga y la Turística – Perla del Caribe que es la localidad tres, conformada por las comunas 7 y 8 y un área rural integrada por el corregimiento de Minca.

EXPERIENCIAS SIMILARES

Esta nueva experiencia en la descentralización y descongestión de la administración distrital que vivirá la ciudad, ya la han afrontado ciudades como Cartagena y Barranquilla con resultados hasta ahora distintos, pero que sirven de ejemplo para contemplar los retos que se avecinan, sobre todo en materia de asignación de recursos y de cumplimiento de garantías.

Barranquilla lleva ya cerca de ocho años en el proceso de transición de su nueva organización territorial, aunque se han logrado avances importantes en el tema de ampliación de la participación ciudadana aún no se asignan los recursos correspondientes al 10% del presupuesto distrital.

María Josefina Pérez, alcaldesa de la localidad de Río Mar, una de las localidades más recientes del distrito de Barranquilla aseguró que la experiencia no ha sido fácil, en especial porque aún no entran en funcionamiento los fondos de desarrollo local y porque las alcaldías menores no han podido acceder al manejo autónomo de los recursos.

“La ley obligaba al distrito a la creación de los fondos de desarrollo locales que nosotros hasta ahora no tenemos, en el tema de la descentralización estamos avanzando, en estos cuatro años no pudimos hacer cumplir la ley, pero creo que para el próximo período los alcaldes locales van a contar con ese fondo de desarrollo para que puedan dar los recursos que nos corresponden, los ingresos que equivalen al 10% de los recursos de libre destinación del distrito”.

Sostiene la alcaldesa menor que entre las dificultades para el funcionamiento de la división territorial, se encuentra la falta de conocimiento de la existencia de las alcaldía menores en el distrito de Barranquilla.

“La gente no tiene conocimiento de que Barranquilla por ser distrito especial y portuario, está dividido en localidades, todavía hay mucho desconocimiento, lo primero que se tiene que trabajar es hacer visible las localidades, para que la gente conozca que hay una alcaldesa que se ocupa de las problemáticas, nosotros tenemos ochenta y pico de funciones que no ejercemos bien, por falta de conocimiento y de presupuesto”.

De igual forma precisa María Pérez que hasta la fecha en Barranquilla no hay descentralización, porque la ley fue sancionada hace apenas hace dos años y no ha sido fácil hacer el empalme, debido a que el distrito ya tenía su partida hecha, sin embargo sostiene que la alcaldía mayor está consciente de la situación.

“Si gestionamos un tipo de recursos no podemos recibirlos porque como no tenemos personería jurídica propia, entonces esos recursos no pueden entrar acá, no ha sido fácil pero tampoco imposible, lo principal es crear los fondos de desarrollo con personería jurídica independiente, a eso le estamos apuntando para poder ejecutar lo que por Ley nos corresponde, lo otro son las sedes, ya se pusieron las primeras piedras para que todas las sedes sean iguales, la nuestra aún no tiene el terreno, las otras cuatro si, como funciona en Bogotá e inclusive en Cartagena, nosotros una vez que tengamos esos recursos somos ordenadores de gastos, tenemos facultad para contratar, creo que las proyecciones a futuro si se van a dar”, argumenta la alcaldesa.

LA ORGANIZACIÓN EN CARTAGENA

Otra experiencia distinta ha vivido la ciudad de Cartagena. Allí las localidades se implementaron en el año 2007 cuando se dio la división político administrativa a través del acuerdo 006, el cual distribuyó el territorio de Cartagena en tres diferentes localidades, una que se llama Histórica y del Caribe Norte, la localidad de la Virgen y Turística y la localidad Industrial y de la Bahía.

Según Mauricio Betancourt, alcalde de la localidad dos o Histórica y del Caribe Norte, en Cartagena más que un proceso de descentralización se originó un proceso de desconcentración que sin embargo ha permitido el acceso al manejo de los recursos asignados, los cuales han aumentado en los últimos años.

“Descentralización como tal no tenemos, pero desde que se crearon las localidades inmediatamente a las alcaldías locales se les han asignado unas partidas para inversión, unos recursos mediante los cuales se ejecutaban obras que eran priorizadas por la comunidad y por las juntas administradoras locales, se priorizaban y se venían realizando, tenían un monto relativamente bajo por así decirlo, eran de aproximadamente de 1.500 a 2.000 millones de pesos, desde el año 2007, a partir de la expedición de la ley 1617 se aumentó esa cantidad y hoy en día las localidades tienen un aproximado de 10 a 11 mil millones de pesos para temas de inversión, en las cuales priorizamos diferentes obras de infraestructura como las calles, parques, alcantarillado, acueducto”.

Desde el 2007 en Cartagena se asignó un sitio para el funcionamiento de las alcaldías locales, que cuentan con distintas dependencias y funcionarios que desarrollan programas para el distrito, en temas de educación, participación ciudadana, salud, deporte y control urbano, así como un salón donde sesionan los ediles en audiencia pública con la presencia de las comunidades. Aunque aún no se ha logrado una descentralización financiera, Cartagena, aduce Betancourt, está construyendo un camino con miras a lograr ese objetivo.

“Un ente descentralizado como tal, implica que se tiene un manejo financiero que no tiene que ver con el gobierno central, por así decirlo, es decir nosotros deberíamos pagar cuando un contratista, por poner un ejemplo, llámese OPS o un contratista que ganó un proceso en una licitación pública debería pagarse directamente desde la alcaldía local, y sucede que ellos deben presentar las cuentas directamente a la secretaría de hacienda distrital, entonces financieramente nosotros no estamos descentralizados vamos en el camino pero todavía no se ha dado”.

Para los alcaldes locales esta división del territorio por localidades es una prueba de fe y confianza en su desempeño como garantes de la ejecución de obras y proyectos priorizados por las distintas comunidades y en el caso de Santa Marta será fundamental para determinar qué tanta voluntad política hay con miras a propiciar que lo consagrado en las normas se haga visible en la práctica y ejercicio de la política local.

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *