Autoridades nacionales y regionales y expertos en temas de paz, se dieron cita para debatir sobre las posibilidades de reconciliación política, los instrumentos legales y los retos que se avecinan con el fin de la guerra.

En el marco de las actuales negociaciones de paz con las Farc, la Fundación Paz & Reconciliación, la Organización Internacional para las Migraciones, la Alcaldía de Santa Marta, y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se dieron cita en el Hotel Tamacá en el encuentro sobre reconciliación y política post-conflicto: “La primera reconciliación es política. De la guerra a la democracia en el postconflicto” con especialistas en temas de paz y autoridades regionales y nacionales.

Entre los ponentes participantes se encontraban Carlos Caicedo Omar, Alcalde de Santa Marta; Bruce Bagley, politólogo internacionalista de la Universidad de Miami; Joshua Mitrotti, politólogo, historiador y especialista en periodismo de la Universidad de los Andes, así como Daniel Millares de la OEA y Nidia Díaz, activista, ex-guerrillera y política salvadoreña.

Las conclusiones principales apuntan a que la paz no se logrará con la firma del tratado de paz, sino que ese será el inicio de un proceso donde el Estado debe garantizar la confianza y los mecanismos legales para la construcción de una democracia pluralista y sólida, lo que jamás se logrará, si no se le abren los espacios de participación política a las FARC, junto con una inversión económica fuerte ligada a unas políticas de Estado sólidas y claras.

Al respecto, el Alto Consejero para la Reintegración, Joshua Mitrotti, advierte que “es fácil firmar el acuerdo, lo difícil es cumplirlo en el tiempo. En América somos muy buenos para acordar, pero malos para aplicar”.

El debate concluye con la necesidad de que en el postconflicto la Justicia Transicional sea una política de Estado y en que se pueden establecer métodos alternativos a la privación de la libertad como método de reparación a las víctimas, según asegura Daniel Millares de la Organización de los Estados Americanos (OEA) agregando que la ley internacional no prohíbe que se usen métodos alternos si se establece una seguridad jurídica y unas reglas claras para la efectividad del proceso.

Mitrotti ratifica esta propuesta asegurando que la taza del éxito de las cárceles a nivel mundial para la reintegración a la vida civil no supera el 40%, lo que demuestra una poca capacidad como transformadores de conducta y que los 12 años de equivocaciones deberían llevarnos a la institucionalidad del proceso y a generar una apuesta de Estado que determine una estabilidad jurídica para que las partes sepan su tratamiento a futuro.

El debate concluye asegurando que es impensable un proceso de paz sin la participación política de las Farc, debido a que el origen del conflicto no es sólo de desigualdad o de desequilibrio económico, sino que se trata de un conflicto político originado por la debilidad de la Constitución para garantizar el pluralismo.

SE NECESITA FORTALEZA ESTATAL: CARLOS CAICEDO OMAR

En su pronunciamiento, el Alcalde Carlos Caicedo afirmó que hay sectores que están pensando cuál es la dosificación penal cuando de lo que se trata es de hacer una negociación política, sin perjuicio de la discusión frente a los derechos de las víctimas. “Bienvenidas las Farc al ejercicio político, claro que no va a ser sencillo, pero nutriría la búsqueda de una democracia más fortalecida” recalcó.

Asegura el mandatario distrital que el Estado debe demostrar su capacidad para garantizar la vida de los actores de la insurgencia que se reintegran a la vida civil, independientemente de las otras discusiones de carácter judicial. Advierte que, si no se fortalecen los mecanismos de garantía en términos de seguridad, habría una desmotivación en el proceso por parte de quienes dejen las armas y sientan que se pone en riesgo su vida.

“El Estado tiene que fortalecer sus mecanismos de garantías en términos de seguridad para los actores que de la insurgencia vienen a la reincorporación en la vida civil. Una estrategia y una política pública en materia de seguridad ciudadana y un sistema de protección son fundamentales, porque finalmente se trata de garantizarle la vida a personas que estuvieron en la insurgencia por 50 años y que, al dejar las armas pongan en riesgo sus vidas es un factor con el cual muchos actores se desmotivarían. Aquí, el Estado tiene que demostrar su capacidad para demostrar la vida de las personas, independientemente de las otras discusiones de carácter judicial” puntualizó Caicedo.