Una moda que a muchos incomoda

Diversas son las reacciones que generan los resultados de las consultas de intención de voto que se han realizado en Santa Marta y el Magdalena para conocer cuál de los candidatos para la alcaldía y la gobernación es el de mayor popularidad y será eventualmente el elegido para asumir los cargos. Ante las inquietudes frente a la credibilidad de los resultados de dichas encuestas, OPINIÓN CARIBE acudió ante el Consejo Nacional Electoral para despejar las dudas.

A toda marcha entran en su recta final las campañas políticas que se realizan para los comicios electorales de este próximo 25 de octubre, en los cuales se escogerá a los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y presidentes de JAL que estarán al mando del país en el periodo 2016-2019.

Durante el desarrollo de las campañas se hicieron diferentes encuestas de intención de voto, que en su mayoría posicionan como ganadores de la contienda a Rafael Martínez, candidato a la alcaldía del Movimiento Fuerza Ciudadana, y a Rosa Cotes candidata a la gobernación del Partido Cambio Radical.

Los resultados de las encuestas generaron reacciones de la opinión pública que, en algunos casos estuvo de acuerdo pero que, en otros, mostró inconformismo ante la marcada tendencia que arrojaban las diferentes herramientas de medición.

Ante la duda sobre cuál es el grado de credibilidad que se puede tener frente a las encuestas de intención de voto, OPINIÓN CARIBE consultó sobre las características jurídicas con expertos del Consejo Nacional Electoral.

EL CASO MOCKUS V.S SANTOS

Las experiencia de la historia nacional, dicta que el ganador de las encuestas no siempre es el vencedor en el día decisivo, como fue el caso de Antanas Mockus quien se mostrara como claro ganador a ocupar el cargo de mayor jefe de Estado para el periodo 2010-2014, al mostrarse arrollador en casi todas las consultas mediáticas. No obstante, en ‘el día del juicio’, la balanza expresó un contunde y mayoritario sí a la propuesta de Juan Manuel Santos, su más acérrimo contendor, quien como en una pelea de Rocky ganó los últimos dos ‘rounds’, alzándose con la banda presidencial, ‘cual cinturón de campeón obtenido por nocaut’.

Sin embargo, el citado antecedente aún no puede ser considerado como una razón de peso para que desemboque en la idea de que los perfilados ganadores, que en esta ocasión son Martínez y Cotes, no obtengan en definitiva el máximo aval popular, dado a que en realidad cuentan con serias posibilidades conforme a las más recientes mediciones electorales, las cuales los ubican por encima de sus contendores.

LAS ENCUESTAS Y SU LEGALIDAD

Ante las dudas e interrogantes que cuestionan la seriedad y la credibilidad de las encuestas, OPINIÓN CARIBE acudió ante el abogado Felipe García Echeverri, uno de los nueve Magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se desempeña como vicepresidente de este organismo garante de la democracia en el país.

Felipe García, también fue quien dio claridades frente a la más reciente investigación realizada por el mismo CNE sobre el Centro Nacional de Consultoría, una de las firmas encargadas de las últimas encuestas para la alcaldía de Santa Marta, en la que, presuntamente, algunos encuestadores habrían manipulado las respuestas.

García Echeverri explicó los pasos para que una consulta de este tipo se encuentre cumpliendo con la normativa legal.

“Una encuesta debe entenderse como un instrumento de investigación que ayude a recopilar, en el caso electoral, cierta tendencia o intención de voto entre los ciudadanos. Así mismo, el CNE cumple un papel de vigilancia y control sobre este tipo de consultas. Por otro lado, para que una firma o empresa quiera adelantar una encuesta, debe estar registrada en el CNE” explicó el Magistrado, agregando que los medios de comunicación tienen prohibido divulgar el resultado de una encuesta realizada por una empresa que se encuentra por fuera del Consejo Nacional Electoral.

Conjuntamente y, de acuerdo con García Echeverri, el mencionado organismo le corresponde confirmar la acreditación de la firma encuestadora, así como la naturaleza de la ficha técnica; que en palabras simples describe el total de personas encuestadas.

El representante del CNE en cuanto a la elaboración del cuestionario, expresó que este debe contener preguntas que no induzcan a escoger una de las opciones, que no tengan la intención de tergiversar la decisión del encuestado, quien debe tener la total libertad a la hora de decidir.

“En términos legales, cualquier firma que caiga en una irregularidad por medio de una encuesta, deberá pagar la multa de 40 salarios mínimos legales vigentes. Así como puede ser sancionada con la pérdida del registro ante el CNE, lo cual impide que pueda realizar una encuesta política o electoral” manifestó García.

Con respecto al tema de cómo identificar que una encuesta haya sido alterada, Felipe García asegura que “es un trabajo que le corresponde a la comisión técnica del CNE, y la revisión se hace a partir de la ficha técnica, analizando el cuestionario de preguntas. Se debe tener en cuenta que la encuesta no puede ser publicada una semana antes de cualquier jornada electoral o fecha de elecciones”, concluyó García Echeverri.

Es así que, las encuestas que publican los medios deben ser las realizadas por empresas debidamente registradas en el CNE, ante lo cual, las muchas suspicacias alrededor de sus resultados, en muchos de los casos se constituyen en una estrategia difamadora de los aspirantes que, no saliendo ganadores, arguyen que quien repunta en las encuestas suele contratarla firma. Lo cierto es que, difícilmente, se puede tergiversar la credibilidad de las organizaciones legítimamente encargadas de adelantar las consultas de intención de voto.