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Análisis

Las dificultades del control a la trashumancia – Análisis Observatorio de Procesos Electorales Universidad del Rosario

Opinión Caribe

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Lo que se juega en las elecciones locales del próximo 25 de octubre no parece ser tanto la implementación territorial del posconflicto; ni la consolidación del uribismo como fuerza política; o la continuidad de la izquierda en Bogotá. El tema central bien podría ser la credibilidad de las autoridades electorales.

Así lo afirmó Yann Basset, director del Observatorio de Procesos electorales (OPE) de la Universidad del Rosario, ante la decisión sorpresiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) de anular más de un millón de y medio de cédulas por trashumancia electoral, lo que representa cerca de 5% del censo, es decir, que un elector de veinte vio su inscripción anulada para votar en estas elecciones.

De acuerdo con su análisis Las dificultades del control a la trashumancia, la medida del CNE parte de una excelente intención. “Tradicionalmente, la trashumancia no ha sido muy combatida en parte por la indolencia de las autoridades electorales, en parte por discrepancias acerca de lo que había que entender por residencia electoral. En este contexto, la trashumancia floreció como una práctica banal a la sombra de la impunidad. Por esta razón, el nuevo activismo del CNE en la materia es bienvenido”, dijo Basset.

No obstante, dicha institución pasó abruptamente de una actitud laxa a una posición maximalista que ha suscitado desconcierto e inconformidad. El CNE decidió revisar la totalidad de las inscripciones nuevas en todos los municipios del país en un periodo de tiempo muy breve antes de las elecciones. Lo hizo confrontando las inscripciones con las bases de datos del FOSYGA, de la ANSPE, y del SISBEN, lo que de por sí es bastante contestable dado que estas bases tienen tantos problemas como el censo electoral, señala el análisis.

El caso de Bogotá

Para el Observatorio de Procesos electorales (OPE) de la Universidad del Rosario, aún más criticable fue la decisión de anular las inscripciones de las cédulas que no se encontraban en ninguna de estas bases y estaban inscritas en un municipio distinto en las pasadas elecciones locales. Esta última modalidad de anulación “por censo” es la más contestable y fue particularmente usada en las grandes ciudades.

Con este procedimiento, las inscripciones pasaban a ser vistas como trashumantes a menos de que se demuestre lo contrario, cuando tradicionalmente, había que demostrar que las cedulas eran trashumantes, lo que resultaba difícil y no se concretaba sino demasiado tarde, explicó el académico.

Frente a la ola de protesta, el CNE decidió echarse para atrás en Bogotá, recordando tardíamente que la trashumancia solo es considerada como un delito cuando se realiza entre municipios distintos. En el caso de la capital, se habían anulado inscripciones por trashumancia de una localidad a otra. Sin embargo, aunque la medida logre aplacar la inconformidad de parte de los bogotanos cuyas inscripciones habían sido anuladas sin motivo válido, no toca el corazón del problema.

Trashumancia regional

La anulación de inscripciones en Bogotá apenas representaba 1% de su censo. Fuera de las grandes capitales, el problema toma otras dimensiones

En cerca de 100 municipios, las anulaciones representan más de 15% del censo (sobre la base del censo tal como quedó después de las anulaciones, ya que hay datos necesarios para reconstruir el censo tal como estaba antes del proceso). El record es para San Francisco (Antioquia) con 41,3% del censo anulado, seguido de San Fernando, Bolívar, con 36,8%; San José de Uré, Córdoba, con 31,2%; Busbanza, Boyacá, con 30,7% y Carmen del Darién, Chocó, con 30,7%.

Para Yann Basset, “en estos municipios, un buen tercio del electorado inscrito no podrá votar este domingo, y es probable que una buena proporción de dicho tercio no se dará cuenta de eso sino en el mismo momento de votar, por más que la Registraduría informe al respecto. En rigor, esto no significa que se les desconozca el derecho a votar, ya que se supone que la cédula quedará inscrita en el lugar donde estaba anteriormente, pero lo vuelve casi imposible de ejercer en la práctica”.

Así, el tema de las anulaciones generará probablemente una fuerte ola de inconformidad en estos municipios, volviéndolos vulnerables al fenómeno de las asonadas que ya se presentaron con frecuencia en 2011.

Los analistas y las organizaciones de veeduría de las elecciones han criticado recurrentemente el CNE por su inacción frente a los delitos electorales, y mal harían en criticarlo hoy por ponerse en fin a enfrentarlos. El combate a la trashumancia es necesario, y lo peor que pueda pasar después de este domingo es que las voces críticas justifiquen una vuelta hacia la situación anterior de ausencia de control, concluyó el académico.

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