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Disminuye intromisión de embarcaciones en áreas de pesca del Caribe

Opinión Caribe

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En los últimos cinco años se capturaron 87 embarcaciones de bandera nacional y extranjera desarrollando actividades de pesca ilegal en las costas colombianas, el año pasado se decomisaron 24 que se encontraban en áreas no autorizadas o sin el permiso de la autoridad competente, mientras que para este año se han identificado apenas 5 embarcaciones.

Cabe aclarar, que esta situación se ha venido mitigando como resultado de los operativos de control e inspección que adelanta la AUNAP en compañía de las demás entidades de control en puerto, donde se verifica el cumplimiento de las normas de pesca vigentes.

¿A qué se debe este cambio? Para asegurar una respuesta certera, habría que remontarse al 2012 cuando se creó la Mesa Nacional de Pesca Ilegal, coordinada por la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura (Aunap) e integrada por diferentes entidades como la Armada Nacional, la Fiscalía, la Cancillería, Parques Nacionales, la DIMAR, la DIAN y Migración Colombia.

La interacción de diferentes actores del Estado en la lucha por un propósito común, logró fortalecer los mecanismos de control y captura de embarcaciones que no cumplían con la ley, y esto a su vez encendió las alarmas de las personas que pensaban que podían continuar lucrándose con los recursos pesqueros del país, sin una sanción ejemplar.

“La mesa nacional ha servido para lograr una mayor concientización de todos los actores sobre el aprovechamiento responsable del recurso pesquero que tenemos, pero también las comunidades costeras, quienes han hecho un uso tradicional de estos recursos, se han visto más comprometidas en cuidar de ellos gracias a las campañas de concientización adelantadas por la entidad”, aseguró Luisa Fernanda Maldonado, profesional técnica de la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, Aunap.

Adicionalmente, cuando las estadísticas fueron preocupantes en el año 2012, y se evidenció la presencia repetitiva de embarcaciones extranjeras (7 ecuatorianas y 2 costarricenses) se tomó la decisión de iniciar los Planes Binacionales de Pesca Ilegal entre Colombia – Ecuador; y Colombia – Costa Rica.

“El plan se inició con las cancillerías de dichos países y con el tiempo se involucraron las autoridades competentes, entre todos los organismos estatales se  han aunado esfuerzos para crear campañas de sensibilización y capacitación a los nacionales, sobre lo que es permitido en los pasos fronterizos, y así no caer en un delito”, puntualiza Maldonado.

Según las estadísticas, en el 2013 se interceptaron 30 embarcaciones en actividades ilegales; aunque el número se incrementó con respecto a 2012, cuando apenas hubo 18. La explicación técnica se debe a que los controles se incrementaron fuertemente y hubo un mayor esfuerzo en estos operativos, por esta razón, el número de capturas aumentó y fue un mensaje contundente dirigido a las cancillerías para que tuvieran el control de sus fronteras.

De esta manera, ningún caso quedó en la impunidad, como sucedió en épocas pasadas, por no contar con un plan y monitoreo bien estructurado donde participaron varios actores. Proyecto de Ley de pesca ilegal cursa en el Congreso El pasado 20 de agosto, quedó radicado en el Congreso de la República el proyecto de ley sobre pesca ilegal, que busca sancionar a quienes hagan uso indebido de los recursos pesqueros.

La modificación se plantea en dos puntos principales. El primero, que se contabilicen 36 horas para judicializar al infractor, una vez arribe al puerto. Y no como se viene haciendo hasta ahora, donde las 36 horas son contadas a partir de la captura en alta mar, lo que dificulta judicializar al infractor, ya que una vez en puerto, se vencen los términos y el infractor queda libre.

“Después del esfuerzo operativo que hacían varias entidades, entre ellas la Armada Nacional, para castigar al infractor, una vez arribaban al puerto, ya no puede hacer nada, por el vencimiento de términos estipulados en la ley, y solo se realiza una sanción administrativa, pero no penal”, explica Maldonado.

“Esto tiene que cambiar”. La segunda reforma queda contenida en el código penal, donde se solicita una mayor severidad por parte de la ley a los infractores. Esto quiere decir, aumentar los meses de prisión, de 60 a 108 meses, para que este delito no sea excarcelable.

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