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Columnista: Las intocables: las CARS

Opinión Caribe

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Por: Cecilia López Montaño

Dos elementos parecen repetirse permanentemente en Colombia y pueden ayudar a explicar uno de los grandes problemas que enfrenta actualmente el país: la sequía que afecta a amplios sectores de Colombia. El primero de ellos se refiere al hecho de cómo las distintas crisis que se presentan en el territorio nacional, permiten detectar profundas fallas en el manejo de temas e instituciones. Es decir, graves fallas en la operación normal de entidades y políticas nacionales. Y el segundo, la existencia de personas o en este caso concreto de instituciones, que a pesar de sus obvias falencias, nadie se atreve a tocarlas.

Con respecto a la primera, cuando se enfrenta actualmente en nuestro territorio el fenómeno del Niño, que consiste en altas temperaturas, verano intenso y escasez de agua ocasionadas por la elevación de la temperatura de las corrientes marinas, queda en claro la débil y a veces inexistente política ambiental del país, para el manejo de los recursos naturales. Con grandes titulares, los medios afirman que «El Niño no es el único culpable de las crisis de los ríos.» Es noticia permanente que los principales ríos del país, el Cauca y el Magdalena, han llegado en las últimas dos semana a niveles mínimos, con grandes consecuencias dado que «…en las cuencas de estos dos ríos se asienta la mayor parte de la población del país y se genera más del 70% del PIB» (El Tiempo, 1, 10, 2016).

Si en algo Colombia ha sido pionera es en la creación del SINA, Sistema Nacional Ambiental, compuesto por más de 30 corporaciones regionales, institutos de investigación y entes territoriales encargados del manejo ambiental del país. Al revisar la página web de ASOCARS – asociación de estas corporaciones regionales que tienen jurisdicción regional- produce realmente sorpresa que no solo afirman que están preparadas para enfrentar el fenómeno del Niño sino que destacan como su primera responsabilidad «cuidar el agua». Debe destacarse entonces que su responsabilidad en el manejo de los recursos naturales y en especial las cuencas de los dos ríos más importantes del país, no se ha cumplido no ahora sino desde siempre. Pero solo en esta crisis de sequía es que sale a relucir esta profunda falencia de estas instituciones que fueron creadas hace dos décadas.

El segundo elemento señalado y muy aplicable en estos momentos, es el de las instituciones intocables de Colombia. Las fallas han sido reiteradamente anotadas en muchas de ellas pero la verdad es que ha sido imposible que el Congreso de la República considere siquiera para discusión, cualquier propuesta de reforma de estas entidades así venga del mismo gobierno. Todos los intentos que se han hecho inclusive impulsados por los mismos ministros de Ambiente, fracasan de entrada cuando toman la forma de propuestas legislativas. Pero tampoco los gobiernos utilizan los instrumentos que tienen para hacer los cambios que son evidentes para que cumplan sus funciones.

En este caso, como en la mayoría de los graves problemas nacionales que no logran resolverse, la razón es obvia: los políticos de los distintos departamentos muy bien representados en el Congreso de la República, han hecho de estas entidades regionales sus feudos políticos y las han convertido en intocables. Las consecuencias en este y otros momentos, son claramente las fallas de estas entidades para cumplir con sus labores, sometiendo al país y a su población a temas tan graves como la escasez de agua, de energía, con los negativos resultados sobre sus vidas que son conocidos.

Las Corporaciones regionales tienen mucho que explicar sobre esta crisis de manera que no pueden escudarse en el fenómeno del Niño. Ojalá esta grave crisis que enfrenta al país y que tiene a más de 100 municipios en crisis por falta de agua, sea el momento para acabar con dos grandes males nacionales: la falta de previsión, planeación y control de las instituciones y políticas para que el país no viva de sorpresa en sorpresa y, para que se acaben los intocables, en este caso las corporaciones regionales. Es el momento de su evaluación y acción para que realmente cumplan las funciones para las cuales las creo la Ley 99 de 1993.

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