Invasores por doquier

La ocupación ilegal del espacio público un flagelo que azota a la Ciudad

La belleza arquitectónica de edificaciones como la Catedral Basílica, el Teatro Santa Marta, el antiguo Concejo Distrital y la Avenida Campo Serrano, se opaca con el paso de los años. La invasión de las franjas peatonales por las ventas de minutos, bebidas, gafas, parqueaderos y hasta expendio de ropa, ha convertido al Centro Histórico en una zona intransitable.

Por otra parte el sector de la construcción se ha sumado a protagonizar el uso indebido de las zonas delimitadas como peatonales.

A finales del 2015 se registró un aumento del 17 por ciento en la disposición del espacio público en Santa Marta, se pasó de 2,49 metros cuadrados a 2,71. Aunque no es mucho el aumento lo alentador es la calidad del espacio recuperado, se rehabilitaron zonas de movilidad y parques, sin embargo, es un registro mínimo ante todo lo que se requiere.

En las ediciones 52, 53, y 54, OPINIÓN CARIBE denunció la infracción a la normatividad de espacio público que cometió la construcción de la clínica Fisa a cargo de Ricardo Parra Pozo. La edificación inició obras sin licencia de construcción, y sin permiso alguno sobrepasó la línea de paramento, invadió el espacio del antejardín y superó el porcentaje de ocupación del lote. Leer ‘Una construcción que se pasó de la raya’ y ‘Edificio avanza sin Dios y sin ley’, en www.opinióncaribe.com

En seguimiento al caso, se consultó el estado actual del proceso que emprendió la Secretaría de Planeación luego de haberse expuesto tales infracciones. El abogado de la cartera en mención explicó, “está en estudio cómo podría hacerse la demolición, sólo debería ser destruido el sector que infringe la norma de espacio público por el concepto de restitución, pero la edificación quedaría sin soporte. A mediados del año pasado nos reunimos con los dueños de la construcción quienes pidieron de boca una compensación del espacio, la cual debía someterse a estudios para analizar sí jurídicamente se puede o no, debido a que en Santa Marta no está reglamentada la plusvalía”, aseguró.

Hasta la fecha Ricardo Parra, representante legal de la obra, no se ha presentado a las citaciones hechas por la Secretaría; quienes aseguran que han intentado conversar nuevamente con los propietarios de la construcción pero no ha sido posible; por lo tanto se ha retomado la resolución Nº 195 de 24 de Octubre de 2014 donde se inició el proceso sancionatorio contra la construcción.

Se le consultó al actual secretario de Planeación, Francisco García Rentería, referente al trabajo que deben hacer las curadurías articulado a la oficina bajo su dirección y aclaró que cuando el ente entrega una licencia debe enviarla a la Secretaría para que se verifique si se están cumpliendo las normas urbanísticas, en caso tal no sea así esta dependencia puede revocar dicha licencia.

Según expertos consultados, el hecho de que los anteriores secretarios no hicieran seguimiento continuo del caso, ha permitido que dos años después aún esté en proceso de sanción. “La diferencia de ritmo entre una dirigencia y otra pudo haber jugado a favor del particular debido que un proceso sancionatorio no se debe dilatar en el tiempo”, apuntó García Rentería.

Frente a la desarticulación que se ha presentado entre las dos entidades asegura que no seguirá ocurriendo, “la directriz que ha dado el alcalde Rafael Martínez es que debe ser nombrado un curador en propiedad y que Planeación será la encargada de dar los permisos de uso del suelo y lineamientos”.

Aunque las cifras indican que con el paso de los años en Santa Marta se han venido recuperando las áreas de esparcimiento y disfrute para los samarios, y la implementación del nuevo POT elevarían estos registros, la invasión ilegal es evidente.

VIOLANDO LA NORMA

A la altura de la calle 27 con carrera 8va, la remodelación del Colegio Bilingüe Elisa Díaz Granados, el cual incumple con la normatividad al este depositar los escombros en el área del andén peatonal sin dejar espacio para los transeúntes, “estas construcciones deben tener la licencia tanto para demolición como para construcción, nosotros no damos permisos para poner los escombros en la vía, los restos tienen que almacenarse dentro de las instalaciones en el área de intervención del particular, no en la acera”, puntualizó García Rentería.

La norma estipula que estos casos ameritan un comparendo ambiental o suspensión de la obra. La persona encargada de la construcción debe programar la salida de los desechos, entregárselos a una persona que los traslade hasta un sitio autorizado por el Dadma, Espa o Corpamag, sacar con anterioridad el debido permiso para la movilización de los mismos, aportar los datos del vehículo y lugar donde serán remitidos, la entrega se respalda con un recibido firmado.

Por otra parte, se evidenció el caso de los establecimientos ubicados en la calle 26 con carrera 4 ubicados en frente al centro comercial Prado Plaza, quienes hacen uso del espacio con la instalación de silletería y mesas ubicadas a lo largo de todo el andén. La administración de los locales le entregó a OPINIÓN CARIBE un documento expedido en la secretaría de Planeación en el que se le permite la ocupación del espacio público de uso privado, sin embargo, el permiso es claro en decir que se debe dejar libre el sendero peatonal, hecho que no se evidencia en la fotografía tomada en el sitio donde el incumplimiento es notorio, información contrastada por el Secretario quien ratificó que en este caso se infringe el permiso expedido porque se debe dejar el libre tránsito del peatón.

“Permitir que ubiquen sillas afuera de los locales, son excepciones que hacen a los establecimientos que dentro de sus instalaciones no pueden instalar sillas y mesas para el público, por lo que se establecen unos límites hacia afuera. A veces el área máxima que se puede extender son cuatro metros o hasta donde inicie la calzada, la cual no se puede ocupar. Los permisos se dan por local, es decir, si una persona tiene tres locales debe sacar tres permisos diferentes y para cada local se le da un permiso para uso del frente”, agregó el jefe de la cartera.

Siendo así, OPINIÓN CARIBE pudo constatar que en Santa Marta un 60% de establecimientos incumplen la norma, con respecto a la solicitud de permisos de espacios públicos. En caso del sitio antes mencionado el permiso está a nombre de un solo local y el administrador, Luis Fernando Cardona, aseguró que la persona que aparece en el documento como representante legal es el dueño de los tres locales ubicados en el sector; incluso el nombre bajo el que está expedido el permiso no corresponde a ninguno de los locales que hoy funcionan en el lugar.

En la esquina de esta misma calle se encuentra el concesionario Auto Prado que utiliza parte de la calzada para exhibir los carros en venta, situación en la que García Rentería fue enfático al decir que Planeación no concede permisos para el uso de la vía.

En controles hechos por la secretaría de Gobierno y Planeación se han encontrado casos como el del puente de la carrea 19 a la altura de la Avenida del Río en el que un privado estaba construyendo sobre una zona prohibida hecho que llevó a la demolición del inmueble, “el propietario tenía un negocio ahí, para construir el puente se le indemnizó la mejora, esa zona se liberó y se incorporó a las áreas de espacio público del Distrito,sin embargo, el propietario volvió a construir”, apuntó García Rentería.

Cuando se hace instalación de elementos no removibles en zonas prohibidas, se procede a demoler, no es una acción que deba notificarse, estas Secretarias tienen facultad de destruir la construcción que incumple la ley. Si es una invasión con elementos removibles se pueden decomisar y el Distrito está en la potestad de devolverlos, multar, retener o destruir.

Por parte de la secretaría de Gobierno se conoció que en Taganga los moradores están vendiendo lotes, “muchas de estas construcciones son auspiciadas por los mismos nativos de esta comunidad quienes venden los lotes a extranjeros, y ellos sin ninguna autorización arman esas viviendas, en su mayoría estas edificaciones las construyen en las noches o en las madrugadas cuando no hay presencia de los órganos de control”, aseguró Luis Guillermo Rubio, jefe de la cartera de Planeación.

“Taganga desde el año 2010 se decretó statu quo, razón por la que no pueden ser expedidas licencias de construcción, pero hay curadores que las han expedido en este corregimiento pese a la prohibición, por ejemplo en la ronda hídrica, razón por la cual el alcalde está estudiando la posibilidad de demandar penalmente a los curadores que infrinjan la norma”, afirmó el secretario de Planeación.

FALENCIAS EN LA REGULACIÓN

El recurso humano con que cuenta la oficina de Planeación es deficiente, en la actualidad solo tres personas hacen parte de la planta administrativa para una ciudad de 500 mil habitantes.

Hoy el Distrito no cuenta con el área de Control Urbano, esta desapareció cuando el Distrito cayó en ley 550 en el año 2004, dichas funciones pasaron a manos de terceros, denominadas concesiones, donde la administración Distrital no tuvo injerencia ni veeduría de los procesos de construcciones.

“El alcalde ha contratado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo un rediseño organizacional y se espera a mitad de año tener la oficina de Control Urbano en el nuevo esquema institucional para poder cumplir esas funciones, mientras tanto funcionará una oficina temporal que vigile el espacio público y las construcciones ilegales. Esta inversión le costaría al Distrito alrededor de mil millones de pesos, cifra auto sostenible a través de los recursos que entran a causa de las licencias expedidas y los comparendos por incumplimiento”, informó Francisco García, secretario de Planeación.

REUBICACIÓN DE VENDEDORES

Otro de los frentes que se suma a la problemática de la invasión del espacio público son los vendedores estacionarios, aun cuando la anterior y actual administración han dicho que ha sido prioridad.

Los vendedores informales tienen acaparada en su totalidad la Avenida Campo Serrano, están reacios ante el tema de invasión de este espacio que le corresponde a toda la comunidad. OPINIÓN CARIBE visitó el sector y constató el rechazo que esta comunidad tiene con respecto a ser reubicados.

En el periodo del ex alcalde Carlos Caicedo se intentó la reubicación de esta comunidad al sector donde funcionaba la empresa Molinos Santa Marta S.A.S ubicada en la Avenida Ferrocarril, sin embargo los planes no dieron resultados, “en este inmueble que oscilaba entre los cinco mil millones de pesos se pretendía hacer unas adecuaciones para reubicar en su mayoría a los vendedores de la carrera 5ta, cuando se socializa con ellos mostraron muy poco interés en mudarse al edificio porque manifestaban que no cumplía con las condiciones que ellos necesitaban en su momento, el ex alcalde les dijo que esto era una fase, primero adquirir el inmueble y segundo la dotación que se le iba a hacer, sin embargo, no quisieron acceder y por tanto no se concretó la compra del inmueble”, apuntó el secretario de Gobierno Luis Guillermo Rubio.

Así mismo indicó que la pauta que ha dado el alcalde Rafael Martínez es la adquisición de unos inmuebles, y lotes en venta en el sector del Centro, el inventario estará listo antes del primer semestre del año.

“La idea es construir tres galerías comerciales, es decir, que para reubicar a los 700 vendedores que hay actualmente en la carrera 5ta se necesitaría un lote aproximado de 5.000 m², ningún lote en estos momentos cuenta con esas dimensiones, entonces toca adquirir tres o cuatro si es necesario de 800, 700, o mínimo de 500 m² y completar el área para la reubicación que en su momento ya determinaríamos si sería por categorías de actividad”, asevera Rubio, quien calcula que la recuperación costaría alrededor de 10 mil millones de pesos por el elevado número de invasores.

“Es una necesidad despejar una avenida tan importante para la movilidad de la Ciudad como la carrera 5ta, no es oportuno que las personas estén obligadas a caminar por la calle exponiendo su integridad física porque por el andén es imposible transitar, el interés general debe prevalecer ante un interés particular”, aseguró William de La Hoz, transeúnte.

Nacid Andrade vendedor de jugos sobre la calle 16 con quinta manifiesta “yo creo que ahorita comienza la obra del Teatro Santa Marta y es hora de que nos vayan solucionando la reubicación, estamos de acuerdo de que sea un sitio más organizado donde la gente se sienta a gusto”.

La invasión de la calle 16 no solo la protagonizan los vendedores estacionarios, en la actualidad la construcción del edificio Catedral Plaza congestiona la movilidad de transeúntes y vehículos, la obra además de invadir el andén ocupa la vía con materiales para la construcción, hecho que según la norma no puede suceder.

“Esta construcción tiene alrededor de dos años, sacaron una arena porque están metiendo una tubería y ocupan casi toda la calle por eso se ve el espacio reducido, los carros pasan, pero la arena obstaculiza”, denuncia Carlos Mejía vendedor.

Hecho que para el secretario de Gobierno es incomprensible, “ellos quienes son invasores durante años, afectan el tránsito y evaden el pago de impuestos, se quejan por el uso temporal que hace la construcción; hay que decirle a la opinión pública que ninguna obra y ningún privado pueden afectar la
movilidad”.

Con el fin de regular el uso del espacio público esta semana se harán operativos en la carrera primera donde se detectó que varios establecimientos están delimitando la zona peatonal con la instalación de materas.

BENEFICIOS DEL POT

“Los particulares que empiezan a construir ahora tienen que asumir liberación de espacio público, es decir, si yo tengo un lote para construir estoy en la obligación de dejar un retiro entre la vía y mi fachada, el andén y el área de retiro se constituye como el espacio público, con estrategias como estas vamos a aumentar la disponibilidad de espacio público”, puntualizó el secretario de Planeación. A la vez que el beneficio por cuenta de la plusvalía le dará al Distrito recursos para inversión. (Consulte en nuestra edición 119 ‘El efecto Plusvalía’).