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Metrópolis

Escándalo en la Mesan

Opinión Caribe

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La Unidad Especial de Fiscalía realiza la investigación

La pérdida de alrededor de 250 armas en custodia en manos de la Policía, deja mal parada a la Institución y un sin sabor entre la comunidad. OPINIÓN CARIBE consultó a las autoridades involucradas en el proceso.

El robo de aproximadamente 250 armas en custodia del armerillo de la Institución se dio por la presunta falsificación de firmas de los fiscales. Hasta el momento han determinado que las armas salieron entre el periodo de marzo a septiembre del 2015.

La irregularidad la descubrió y denunció el Fiscal Tercero Especializado, Luis Guillermo Galvis Sánchez, quien solicitó un arma adscrita a un proceso que adelantaba, pero esta ya no reposaba en las instalaciones de la Policía, aparecía entregada por una autorización que él nunca firmó, de esta manera constató que no era solo un arma en esta situación sino otras más.

A raíz de la denuncia del fiscal se dio a conocer el hecho a la luz pública, situación ante la que el general Rodolfo Palomino López, designó al mayor general Carlos Mena, inspector General, para que se apersone de las investigaciones de carácter disciplinario y penal en compañía de la Fiscalía y la Justicia Penal Militar.

En la rueda de prensa que ofreció la Institución, el mayor general Carlos Mena manifestó que una de las hipótesis que habría que confirmar o descartar sería el interés en desaparecer elementos probatorios de los judiciales y provocar la libertad de algunos delincuentes.

La vigilancia y entrega del armamento estaba bajo la custodia de una patrullera adscrita a la Sijín quien ya está vinculada a la investigación, no se han revelado detalles de esta persona por protección de su integridad y del proceso investigativo.

El mayor Mena no descartó la participación de más policías o funcionarios de otras instituciones involucrados en la cadena de custodia de estos elementos, por otra parte puntualizó que fueron armas incautadas en diferentes procedimientos de la Policía para combatir la delincuencia común en la ciudad, algunas llevaban mucho tiempo, eran evidencia del proceso judicial y en su mayoría eran instrumentos
artesanales.

Con el fin de conocer qué ha pasado con el proceso investigativo, OPINIÓN CARIBE consultó a las autoridades que tienen participación en el caso.

Luego de que se conoció el presunto delito en la Institución la coronel Sandra Vallejos, comandante de la Policía Metropolitana afirma que le están haciendo frente a la situación, y se han tomado medidas, “un reajuste de los procesos y procedimientos, hubo unas fallas procedimentales de la custodia de los elementos materiales de prueba, se hizo una verificación de dónde pudo empezar la deficiencia procedimental, los controles que no se hicieron que muy seguramente van a dar a la postre una investigación contra quienes deberían haber ejercido directamente la revisión de los procesos que están caracterizados para el cuidado de esa materia de prueba y evidencias físicas dentro de los almacenes” , aseguró la comandante.

Por otro lado, la Coronel ha dicho que se debe verificar cuántas armas de las desaparecidas no tienen la firma auténtica del Fiscal y qué procesos estarían afectando la pérdida de las mismas, y si habría comercialización de las que verdaderamente fueron robadas.

También fue enfática en manifestar que están a la espera de lo que arroje la investigación que se adelanta, “yo di la cara, visibilicé el problema y accioné todos los procesos que tienen que ver cuando ya se ha configurado un riesgo, ahora me toca atenerme a lo que la Institución y los organismos de control y Fiscalía así lo determinen”.

El director de la Fiscalía seccional Magdalena, Germán Ordóñez, aseguró que hasta el momento se conoce que el robo está ligado a la falsificación de la firma de tres fiscales; sin embargo, la mayoría están relacionadas a la alteración de la firma del fiscal Galvis Sánchez.

Los casos que tienen a su cargo el fiscal suplantando en la mayoría de las actas son asuntos de la justicia especializada, muy delicados, “generalmente tienen que ver con delitos de terrorismo, narcotráfico, desaparición, desplazamiento, organizaciones criminales donde se maneja muchas armas y en el caso de los otros fiscales tienen que ver también con porte de arma de uso privativo de las fuerzas militares o simplemente porte de arma sin los permisos respectivos”, informó el funcionario.

En principio el caso estuvo a cargo del Fiscal 33 de la Unidad de Alertas Tempranas, que es una unidad que asume inmediatamente algunos casos que tienen esta connotación tan delicada, y por otro lado también hace un análisis de contexto sobre la situación. Actualmente ya pasó de alertas tempranas porque estas cumplen hasta cierto ciclo, ahora está en manos de un Fiscal que cumple tareas especiales.

La Unidad tiene un grupo de analistas que sirve para que actúen de manera inmediata e ir asociando casos, es decir, que trabajen de manera coordinada y en que no por el hecho de que haya 100 denuncias sobre pérdidas de armas se emitan 100 órdenes judiciales, se estudia si existe un modus operandi o un patrón para asociar los procesos y se emite una sola orden a policía judicial.

Esta dependencia fue creada por el Fiscal General de la Nación y el Vicefiscal dentro de la modernización de la Fiscalía, en la cual se privilegia la asociación de casos y el contexto en el que sucedieron los hechos para priorizar. Ha sido un cambio en la forma de investigar que ha permitido en los últimos cuatros años golpear a las organizaciones criminales, desde un delincuente de menor grado a los líderes.

La investigación está a cargo de un grupo conjunto de Dijín y CTI, en el que el general Rodolfo Palomino y los directores nacionales de la Fiscalía han sido selectos en determinar, “se creó un grupo interdisciplinario de bastante experiencia, incluso ha venido una fiscal que manejó un caso parecido en el país de pérdida de unas armas, han venido grafólogos de otras ciudades y la Dijin tiene a capitanes, coroneles y peritos expertos manejando el tema bajo la coordinación de un fiscal que es quien da las órdenes a la policía para que avance la investigación, la mayoría son personas que vienen de afuera”.

El director de la Fiscalía califica al robo en el armerillo como un hecho grave y delicado, “que se pierdan las armas con las cuales se han cometido crímenes es primero muy grave para la investigación y segundo que se pierdan en mano de las personas encargadas de eso a las cuales la Policía les ha confiado su guarda es delicado, que se trafique con ellas, que se vendan o cambien, es un hecho de la más alta gravedad e infortunadamente están metidas personas de un alto grado de jerarquía, se está en averiguación quiénes son”.

Los delitos que acarrea la pérdida del armamento son: peculado, concierto para delinquir, tráfico de armas, uso de documentos falsos, peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento público, falsedad ideológica.

Existe preocupación en que los procesos judiciales a los que estaba involucrada cada arma tengan beneficios por cuenta de la desaparición del material probatorio, aunque al momento no ha podido determinar con exactitud qué procesos son, el director Germán Ordóñez asegura que no será fácil que los implicados salgan en libertad, porque si la salida de las armas corresponden a una ilicitud los fiscales en su momento en sus alegatos jurídicos y forenses harán alusión a la situación, además que no solo el arma puede probar un hecho, en caso de que prueben su salida ilícitamente tendría consecuencias. Si habría una forma directa de afectación a los procesos jurídicos en el país sería más recurrente la pérdida de las armas que son material probatorio.

Hasta el momento se presume que la desaparición no tiene relación con la futura salida de 21 desmovilizados en su mayoría del Frente Resistencia Tayrona, uno de los más fuertes en la región. No obstante, el proceso de cada arma es materia de investigación.

El funcionario cree que una sola persona no podría realizar las operaciones y trámites que hay que hacer, están a la espera del interrogatorio de la patrullera donde contará qué pasó, hasta donde se conoce ha sido la única relacionada al caso, en su momento el Fiscal le pedirá al juez la medida a la que haya lugar. La cadena de cuido de estas armas no fue revelada porque se adelanta el proceso de recolección de información en la investigación.

Entre la comunidad se ha especulado que el traslado del mayor Rolando Pinzón quien se desempeñó como Comandante de la Policía Judicial – SIJIN- Metropolitana de Santa Marta estaría asociado al hecho, ante esto la Coronel Sandra Vallejos asegura que eso obedeció a una decisión del mando institucional, “si fuera así no podría decirlo, pero no es cierto, él ya tiene un proceso administrativo tanto así que en diciembre ya se presentó el coronel Agame que viene en representación del mayor”.

Entre la comunidad se ha especulado que el traslado del mayor Rolando Pinzón quien se desempeñó como Comandante de la Policía Judicial – SIJIN- Metropolitana de Santa Marta estaría asociado al hecho, ante esto la Coronel Sandra Vallejos asegura que eso obedeció a una decisión del mando institucional con anterioridad a los hechos, “si fuera así no podría decirlo, pero no es cierto, él ya tiene un proceso administrativo tanto así que en diciembre ya se presentó el coronel Agame que viene en representación del mayor”.

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