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Columnistas

La bendita agua en Santa Marta

Opinión Caribe

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Por: Ricardo Villa Sánchez

De pequeños en la escuela primaria, nos enseñaban que el agua hacía parte de los recursos naturales renovables; hoy parece que bajo las causas del calentamiento global, podrían considerarse recursos finitos, quizá por esto bajo los efectos del fenómeno de la niña, problemas de planeación, la depredación humana, cultivos ilícitos, usos extraños, posibles irregularidades y otras aristas, hay una grave sequía en la ciudad.

Para solucionar el grave problema de agua en la ciudad, de las microcuencas hidrográficas de la Sierra Nevada que se encuentran en la vertiente norte, entre los cuales están los ríos Córdoba, Toribio, Gaira, Manzanares y Piedras, se planea construir una red de aguas superficiales, hasta llegar al gran Río Magdalena, aunado a pozos para extraer aguas subterráneas y hasta la posibilidad de instalar plantas para desalinizar las marinas, según los recientes estudios contratados con la Universidad de Los Andes, por Findeter y Metroagua, y que hacen parte de las iniciativas del Plan Maestro Quinto Centenario de Santa Marta.

En ese contexto, muchos hablan de solucionar el problema del agua, pero pocos hablan de salvar a la Sierra Nevada. Algunos se cuestionan ¿Quién firmó las modificaciones contractuales de la operación inicial del servicio de acueducto en el territorio, que le cambiaron sus condiciones esenciales? Nadie menciona quiénes son los responsables de la depredación, de la construcción sin ningún tipo de planificación sobre las rondas hidráulicas de los ríos que cruzan a Santa Marta o se pronuncian sobre la deforestación producida por la presencia de los cultivos ilícitos. Nadie apunta con respecto a por qué casi con prioridad frente al ser humano, se usaría el agua para la extracción minera.

El conflicto por el agua ha trascendido fronteras. En la pasada semana, en las redes sociales del ex alcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, se pudo ver un video, en el que se debatía en el Congreso de los Diputados en España sobre las inversiones de la entidad de la comunidad de Madrid, Canal de Isabel II (CYII) en Colombia para privatizar el derecho al agua y el diputado de Podemos Alejandro Sánchez, menciona el caso de Santa Marta.

De ahí se pudo conocer que CYII, en el período comprendido de 2002 a 2014, ha recibido 48 millones de euros por inversiones de filiales en el extranjero, entre las que estarían Inassa, MetroAgua, y R&T. Es decir, que muchos de los impuestos y tarifas que pagamos, irían a engrosar los botines de una empresa pública en España que opera en este país como una multinacional corporativista de capitalismo del desastre.

Hasta este punto, todo sería cristalino con la bendita agua en Santa Marta, si la prestación del servicio público esencial que permitiría garantizar el derecho al mínimo vital de agua en la ciudad fuera eficiente, económica y de calidad. Sin embargo, además de presentar unas altas tarifas, baja calidad y poca presión del agua, con recortes frecuentes, para cualquier individuo de a pie sería un milagro que se pudiera tomar agua de la llave en la ciudad y le explicaría con detalles, los demás sobrecostos que se trasladan a la ciudadanía, cómo que en Santa Marta para consumir agua potable hay que tener un kit: poza, motobomba, filtro, olla para hervir y, muchas veces, plata para pedir traigan un carrotanque a domicilio, que siempre llega más rápido que un taxi.

En Santa Marta, con acciones jurídicas, se pretende revertir este contrato de arrendamiento atípico, para recuperar el manejo del servicio público de agua, por la escasez de agua y su mala calidad, a pesar de las grandes ganancias de la empresa operadora. A lo que la empresa arrendataria, manifiesta que lo solicitado ya es cosa juzgada, y que en caso de prosperar la acción tendrían que indemnizarla; algunos afirman que por una tasa de cerca de 60.000 millones.

En el problema de agua, además de ser una consecuencia del cambio climático que produce fenómenos naturales imprevistos, también está presente la mano del hombre. Parodiando a Clinton, se diría: ¡Es el cambio climático, Estúpido! No hay agua, los ríos secos, las soluciones a corto plazo son demasiado costosas. Alguien se ha preguntado ¿qué pasó? ¿Por qué tumbaron cerros, talaron árboles, contaminaron, trajeron la minería implacable? ¿Cuándo decidió la ciudadanía aprobar alianzas poco saludables para las finanzas de la ciudad? ¿Nunca pensaron en que había que reordenar el territorio alrededor del agua para prevenir los riesgos/efectos perversos del cambio climático y mitigar sus daños?

Es importante que, al buscar soluciones al grave problema de la falta de agua en Santa Marta, se someta esta cuestión a un ejercicio de gobernanza de los recursos hídricos, con todos los actores claves del territorio, que conlleve a la construcción colectiva de una política pública, que contenga las líneas de una agenda social y de infraestructuras necesarias para garantizar el derecho al mínimo vital de agua en la ciudad.

Al final de cuentas, en ese marco, no hay que descubrir que el agua moja. En Colombia muchos mecanismos y estructuras ya están confeccionados, son eficaces y se podrían replicar, que garantizarían la prestación pública del servicio, con agua potable, remember apta para el consumo humano. Por ejemplo, modelos de fortalecimiento de lo público, como los de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, las Empresas Públicas de Medellín y hasta el mismo esquema del Canal de Isabel II (CYII) pero como opera en la Comunidad de Madrid, España. Desde ese punto de vista, no sería justificable pasar de un arrendamiento atípico exorbitante a una agencia público-privada peor. Sería como en la época de la independencia, cambiar de manos de una élite a otra.

El agua es poder y dignifica la vida en la sociedad del riesgo global y del cambio climático. Sin agua no hay desarrollo ni democracia amplia. Es inconcebible que en Santa Marta no haya agua suficiente, pero más allá, es que en el siglo XXI estaría amarrado el Distrito a un contrato leonino. Es clave que la soberanía de los servicios que garantizan el derecho al agua, los retome la institucionalidad pública. Con la democratización de la prestación de los servicios públicos esenciales, de la tierra, del agua, se construye Paz Social.

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