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‘Te hablo desde la prisión’

Opinión Caribe

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Según la denuncia del director de la cárcel Rodrigo de Bastidas, Segundo Saavedra, los municipios no están atendiendo a sus reclusos, el incumplimiento de su deber como ente territorial es una de las causas del hacinamiento al interior del centro penitenciario.

La ley 65 de 1993 en su artículo 17 ordena que le corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y distritos capitales la creación, dirección, organización, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad. Este artículo agrega que en los presupuestos municipales y departamentales se incluirán el sostenimiento de estas, y los alcaldes tienen la potestad de no aprobar los recursos que incumplan los requerimientos del centro carcelario.

Así mismo, el artículo 92 de la ley 1709 de 2014 le da al director del Inpec la facultad para dirigirse a los municipios para obtener su colaboración, la cual están obligados a brindar en casos específicos:

  •  Cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen de manera grave o inminente el orden y la seguridad penitenciaria y carcelaria.
  •  Cuando sobrevengan graves situaciones de salud y de orden sanitario; o que las condiciones higiénicas no permitan la convivencia en el lugar; o ante la inminencia o el acaecimiento de calamidad pública.
  •  Cuando los niveles de ocupación de uno o más centros de reclusión, afecten severamente los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.
  •  Cuando la falta de prestación de los servicios esenciales pongan en riesgo el buen funcionamiento del sistema o amenacen gravemente los derechos fundamentales.

Al interior del penitenciario Rodrigo de Bastidas se viven todas las problemáticas ya mencionadas, por lo que el director Segundo Saavedra afirma que las alcaldías no han hecho lo que les corresponde, “cada alcalde debe responder por sus reclusos, el municipio debe tener un lugar de reclusión para los sindicados y cuando hay condena es que deben entregarlos al Inpec, me pregunto yo cuántos municipios tienen su cárcel, cuántos municipios están cumpliendo la ley, esta cárcel no debería estar hacinada, debería tener más o menos unos 350 internos que es el cupo que tiene el Inpec”.

La dirección del centro carcelario manifiesta que se ha oficiado a todos los alcaldes, y parece que uno o dos se han pronunciado, pero no con el monto necesario, “el costo de interno diario es de 36 mil pesos que incluye todo, alimentación, seguridad, tratamiento de salud, y demás. Por ejemplo, Ciénaga que tiene aquí como unos 250 internos si no tienen su cárcel deben subscribir un convenio con el Inpec para que le reciben al preso y se encarguen de manejarlo”.

Si las alcaldías cumplieran con lo que la ley impuso el Inpec podría mejorar las condiciones. Con el pago de cada recluso una solución que plantea Saavedra Guerrero sería ampliar la infraestructura física.

Asegura el director que el aporte que actualmente hace el Distrito de Santa Marta es de 500 millones de pesos, “es la única administración que hasta el momento está haciendo aportes, recursos que en el fondo no son suficientes”, dijo Saavedra.

La solución que plantea el Estado para deshacinar las cárceles es el traslado de los reclusos a los centros menos congestionados, situación en la que los internos de la Rodrigo de Bastidas no están de acuerdo porque sus familias se encuentran en la ciudad. El hacinamiento tiene afectada a todas las cárceles del Caribe, las posibilidades de traslado serían para los centros de Florencia, Jamundí, entre otros, donde las probabilidades de visitas son reducidas por la lejanía geográfica.

Por esta misma razón tampoco comparten la decisión de construir el nuevo centro de reclusión entre los municipios de Sabanas de San Ángel y Fundación, “esto sería una solución con muchos vacíos, porque tendríamos que pensar en qué si aquí hay dificultades para la remisiones, qué pasará cuando la cárcel la pasen para allá, no me quiero imaginar, pero las alcaldías tienen que prever y cumplir la ley”, afirmó el director.

La dirección del Inpec está esperando la respuesta del oficio que se le envió a las alcaldías en el que les solicitan se hagan cargo de la manutención de sus reclusos, si no cumplen se verían abocados a no recibir convictos no condenados. La Corte Constitucional consideró que es necesario un sistema penal que garantice que la reclusión no sea la única forma de castigar a quienes cometen delitos. En pro de esta medida exhortó al Congreso, a la Fiscalía y al Gobierno a establecer medidas alternas a la privación de la libertad.

NUEVO ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN

La secretaria del interior del Departamento, Alba Cabrera, expuso que este proyecto se inició en el gobierno anterior, la gobernación donó el terreno donde será construida la nueva cárcel y el Ministerio de Justicia es quien se encargará de la construcción. La nueva construcción tendrá capacidad para 3.000 internos con proyección para 3.500, su costo aproximado será de 3 mil millones de pesos.

La edificación se hará en 23 hectáreas, el resto de las 160 hectáreas serán adaptadas para labores de resocialización, como la producción de cultivos. Tendrá tres tipos de reclusión: mínima, con capacidad para 750 internos; mediana: para 2250 y la de mujeres para 500 reclusas.

El nombre de cárcel será modificado por Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional. El Ministerio de Justicia tiene en estudio los diseños que entregó la gobernación en diciembre de 2015. El proyecto está planteado para que sea ejecutado en cinco años.

En las cárceles más que cobrar los delitos con la privación de la libertad se está degradando la dignidad humana. La forma como se ejecutan las penas en los centros de reclusión del país tergiversa los fines que estipuló el Código Penal en el artículo 4; la prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado.

Su reintegro a la sociedad está afectado por el rótulo de ex convicto; la pena privativa ha servido para proteger la propiedad privada, porque quien está encerrado no atentaría contra lo más sagrado de la sociedad capitalista que es la propiedad privada; sumado a esto la desigualdad persiste hasta en la forma como son juzgados, comparado frente a los poderosos que también delinquen.

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