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“El Estado tiene una deuda con los campesinos”: Sabogal

Opinión Caribe

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A pocos meses de cumplirse los primeros cinco años de haber entrado en vigencia la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia, llegó al sofá naranja de OPINIÓN CARIBE, el director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego, quien explicó cómo avanza el programa en el departamento del Magdalena, uno de los más marcados por el conflicto de grupos al margen de la ley.

OPINIÓN CARIBE: ¿SE HAN CUMPLIDO LAS EXPECTATIVAS DE RESTITUCIÓN DE TIERRA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, UNO DE LOS MÁS GOLPEADOS POR LOS GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY?

RICARDO SABOGAL: En el Magdalena hemos recibido poco más de 6.000 reclamaciones, infortunadamente ha sido uno de los Departamentos más afectados por este problema, el legado perverso y las intervenciones de las guerrillas y de los paramilitares solo han dejado una estela de tristeza, lágrimas y despojo. Hoy, hemos intervenido un 50% de ello. Más de 12.000 hectáreas están en manos de los jueces, quienes han dictado algunas sentencias para resolver casos emblemáticos de despojo en esta zona. Recordarán la triste ola de violencia ocurrida en Chibolo, hoy, esta zona ya ha recibido varias de esas sentencias restitutivas y hay gente trabajando y produciendo en esos predios, gracias al apoyo que el Gobierno ha brindado.

OC: ¿CUÁL ES LA CIFRA ACTUAL EN EL MAGDALENA?

RS: En el Magdalena hemos recibido un poco más de 6 mil reclamaciones, se han intervenido hasta el momento 3 mil; un alto número fue evacuado y dejado en manos de los jueces. Hay otras sentencias que quisiéramos fueran cada vez más rápidas, porque hemos trabajado de manera ardua desde el Gobierno para entregarle las reclamaciones a los jueces, pero con ellos hay demoras, de hecho, el Consejo Superior de la Judicatura va a reforzar el equipo que hay en Santa Marta, porque la idea es que se pase de dos a cuatro con el propósito de que esos procesos sean definidos lo más pronto posible y se dicten las sentencias respectivas para que las víctimas recuperen sus tierras, si no, compensar a esas personas que compraron esas tierras de buena fe o porque no tuvieron más opción o fueron instrumentados por la guerrilla o por los paramilitares, quienes necesitan que se les atienda bajo el programa de segundos ocupantes.

OC: ¿QUÉ PROCEDIMIENTO DEBEN REALIZAR LOS RECLAMANTES PARA VOLVER A SUS TIERRAS O PARA QUE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN LOS UBIQUE EN ALGÚN LUGAR?

RS: La ley estipula que una persona que perdió su tierra por el conflicto después de 1991 tiene derecho a recuperarla, entonces, la persona va a la oficina de restitución de tierras nos cuenta la historia, quién se las quitó, cómo se la quitó, en qué año fue y con base en esa información se documenta el caso. Se buscan las pruebas de lo dicho por la víctima, luego nos vamos a la zona, miramos quién está en los predios, cómo los adquirió y de acuerdo con esa información decidimos si los llevamos o no ante los jueces.

Si decidimos hacerlo, es porque notamos que hubo un problema y el juez tiene un período de 4 meses para excusar a las personas que están en los predios, finalizado este término debe dictar la sentencia para devolver o no la tierra, indemnizar o recompensar como se ha hecho en varios casos.

OC: ¿CUÁNTO HA INVERTIDO EL ESTADO EN EL PROGRAMA?

RS: El funcionamiento de la Unidad cuesta 50 mil millones de pesos, nosotros lo estamos ejecutando desde 2012. Durante el primer año no tenía ese costo, porque apenas nos estábamos organizando, pero poco a poco se ha ido nivelando, invertimos en productos para las comunidades; si ustedes van a una finca donde la persona fue restituida allí hay una inversión, tenemos un ejemplo de ello aquí en el Magdalena, en el municipio de Ciénaga, el de un campesino restituido que exporta café a Japón y eso nos parece maravilloso, ver como las personas triplican sus ingresos gracias al proceso restitutivo a través del programa de inversión de productos.

OC: ¿QUÉ PASA CON LOS CAMPESINOS QUE COMPRARON TIERRAS DE MANERA LEGAL Y AHORA LES TOCA SALIR PORQUE LES APARECIÓ DUEÑO?

RS: Desgraciadamente eso fue lo que ocurrió en nuestro país, vastas zonas de la geografía nacional en donde imperó el terror a raíz de la mano armada, los campesinos quedaron en medio de ello, pero pasado el problema, encontramos comunidades que salieron acosados por las amenazas y el miedo; unas llegaron y se asentaron allí; otras fueron adquiridas a bajos precios por la época violenta, además de las que no supieron que ocurrió en el pasado, por tanto, lo que le ha correspondido a la política restitutiva es desglosar, limpiar y mirar qué fue lo que ocurrió, además de revisar la afectación de cada una. Si la persona desconocía lo ocurrido, merece ser indemnizada y así se está haciendo, se indemniza como tercero de buena fe excepto de culpa, ahora, si es un campesino, quien aun sabiendo lo ocurrido en la zona, se hizo allí, es un campesino vulnerable, un campesino con familia, pues son comunidades que merecen todo el apoyo y en ese sentido el Gobierno tiene un programa llamado Segundos Ocupantes, que busca proveerle tierras a estas personas en la misma zona o apoyarlos con productos. En sí, lo que quiere el programa es saldar la deuda histórica con los campesinos y ordenar el territorio sin dejar de hacer justicia.

OC: ¿POR QUÉ SACARLOS? ¿POR QUÉ DESESTABILIZAR A ESA GENTE? ¿NO PASARÍA DE VÍCTIMA A SER REVICTIMIZADO?

RS: Lo que ha ocurrido en los procesos es lo que estás preguntando. El juez mira lo que encuentra en un predio y muchas veces dice, “usted lleva mucho tiempo allí, quédese ahí y usted que ya no tiene ninguna actividad agropecuaria, reubíquese”. Hace poco entregué una tierra pegada a Bogotá a una persona que habían sacado del departamento del Cesar y lo hice gracias a la orden de un juez, lo que ocurrió es que al campesino que estaba en el predio lo dejó allí y al otro lo reubicó, pero depende mucho del caso, ahora hay personas que dicen que le devuelvan sus tierras porque en ella tienen recuerdos, en esta tierra trabajó mi papá y a él lo sepultaron allí, quiero recuperarla, para estos casos, los jueces señalan, ese es el querer de la víctima y la restitución es lo principal. A la otra persona se le entrega otra tierra igual o la indemnizan; nosotros hemos pagado fincas no por el valor catastral sino por el valor comercial, entonces, todo depende de cada caso, el juez lo decidirá. Lo bonito de la restitución es que el juez, con un sentido de justicia, diga qué es lo mejor tanto para el que está en el predio como para el que reclama.

OC: ¿QUÉ PASA CON LAS PERSONAS QUE VENDIERON LAS TIERRAS QUE ADJUDICÓ EL INCORA E INCODER Y AHORA VAN ANTE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN A EXIGIR QUE QUIEREN SUS PREDIOS?

RS: Desgraciadamente en el departamento del Magdalena hubo muchos problemas con las actuaciones del Incora y el Incoder, supimos de casos muy lamentables, en donde sacaron a campesinos de sus tierras y luego llegó el Incora y les revocó sus títulos con el argumento de que no las estaban trabajando, teniendo claro que habían sido desplazados, también se encontraron caletas de los paramilitares en la zona de Chibolo, Plato y San Ángel, documentos que mostraban que había una convivencia entre la actuación administrativa y la acción paramilitar. Hemos estado mirando con mucho detenimiento cada caso y cuando encontramos que definitivamente a las personas sí las sacaron, que sí fueron desplazadas y el Incoder sí les quitó sus títulos entregándoselos a otros campesinos, vemos cómo resolvemos para buscarle espacio a los dos. Insisto, la idea no es afectar a un campesino vulnerable y que quede sin tierras, es no dejar de hacerle justicia.

OC: ¿CUÁNTO LE CUESTA AL ESTADO EL MAL PROCEDIMIENTO DEL INCORA O DEL INCODER?

RS: Lo que ocurrió en el Magdalena fue nefasto con la restitución de tierras, lo que hicieron con el Incora no tiene nombre, hay pruebas contundentes de quién definía y entregaba tierra, era un jefe paramilitar, infortunadamente eso ocurrió y eso nos costó como sociedad, pues se trata de comunidades pobres.

OC: ¿HAY GARANTÍA PARA QUE NO SE COMETAN ATROPELLOS?

RS: Es uno de los grandes retos del Estado, pues el Gobierno no es quien restituye las tierras sino un juez de la República, éste busca que las normas se implementen sin desconocer el contexto en el que se dieron las violaciones, a veces se aplica la ley desde zonas muy lejanas donde no se conoce lo que ocurrió. Lo que uno espera del operador judicial y de nosotros como Unidad de Restitución es que a cada situación se le busque una solución de acuerdo con el contexto en el que se dio, que se haga justicia. El problema aquí es que no ha habido justicia, porque a un campesino pobre y humilde le roban la tierra y nadie hace nada, el proceso de restitución tiene el desafío de demostrar que ese no es el camino y que el camino es la justicia. En el caso puntual del Magdalena, se han venido restituyendo tierras y hay gente muy contenta con sus predios, claro está, nos falta mucho por hacer, hay comunidades que aún están muy tensas porque no saben si los van a restituir o si los van a compensar.

OC: NOS LLAMA LA ATENCIÓN QUE ALGUNOS ACTORES QUE PROPICIARON TALES DESPLAZAMIENTOS RECOBRARON SU LIBERTAD ¿HAY GARANTÍAS DE QUE AQUELLAS FAMILIAS QUE RECUPERAN SUS TIERRAS PUEDAN TRABAJARLAS SIN NINGÚN PROBLEMA?

RS: Cuando empezamos a aplicar la ley, uno de los grandes desafíos fue el tema de seguridad, teniendo en cuenta que la aplicación de la misma se hacia dentro del conflicto y eso no iba a ser fácil y de hecho no lo es. Por esa razón y conjuntamente con la Policía y con toda la fuerza pública se armó un esquema de acompañamiento a estas familias, se hizo un programa para proteger a los reclamantes y la Fiscalía tiene un equipo de apoyo para los temas de despojo de reclamaciones fraudulentas, es decir, todo un equipo trabajando en el tema de tierras. Hoy, gracias a todo ese esfuerzo, las personas que han vuelto a sus tierras como fruto del proceso restitutivo, tienen todas las garantías, gracias a un proceso articulado de todas las agencias del Estado que tienen que ver con la seguridad de la población.

OC: ¿QUÉ COSTO TIENE ESTA POLÍTICA Y CUÉNTENOS SI ESOS RECURSOS ESTÁN GARANTIZADOS?

RS: Sí, el Conpes, Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior de víctimas estipuló recursos para la implementación del capítulo de restitución y esos montos se han respetado por parte del Gobierno. Se estipularon para diez años de vigencia de la ley, eso corresponde a 3 billones de pesos, recursos que se han ido girando a las instituciones que tienen que ver con la restitución en la medida que ha ido avanzando el proceso restitutivo.

OC: ¿QUÉ MUNICIPIOS DEL MAGDALENA TIENEN MÁS SOLICITUDES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS?

RS: Pivijay, el triángulo de Chibolo, Plato y San Ángel.

OC: ¿QUÉ DEBEN HACER ESAS FAMILIAS QUE HASTA LA FECHA NO HAN SIDO REPARADAS?

RS: Toda persona que tenga sentencia restitutiva por parte de un juez, recibe los proyectos productivos que entrega la Unidad de Restitución. Para mí es muy grato encontrar que comunidades del Magdalena exporten productos que se dan en predios restituidos gracias al programa. Son recursos que ya se han invertido en zonas importantes, en Ciénaga, en un sector que se llama La Secreta, estamos trabajando con el Alcalde de Ciénaga, él va a comprar un lote donde quiere ubicar a esta comunidad, el Banco Agrario tiene los recursos para construir las viviendas. Estamos transformando el territorio. No es fácil, porque como lo he dicho a lo largo de esta entrevista, Colombia tiene una deuda inmensa con los campesinos y pagar esa deuda nos va a tomar mucho tiempo, pero tenemos que hacerlo.

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