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Sombras en la oscuridad: En El Retén se esfuma la esperanza

Opinión Caribe

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Durante el 2006 fueron entregadas por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, 92 resoluciones de propiedades a campesinos y desmovilizados, beneficiados con el Proyecto Productivo por la Paz del Gobierno Nacional. El programa se vio obstaculizado al reclamarse la titularidad de una parte de esos predios. OPINIÓN CARIBE, haciendo seguimiento del tema publicado en su edición 25 de 2013, confirmó con el abogado defensor de los reclamantes y algunos beneficiarios del programa, la situación jurídica y soluciones que desde hace cuatro años se reclaman.

Llenos de incertidumbre y con la poca esperanza que aún les queda, viven las 92 familias que el programa Proyecto Productivo por la Paz, PPP, integró entre campesinos desplazados por la violencia y desmovilizados, en la finca conocida como La Sombra, ubicada en el Municipio de El Retén, Magdalena.

Cabe mencionar, que al principio se adjudicaron 95 propiedades, pero cinco familias desistieron del beneficio y el Incoder agregó a dos más, por tanto, quedaron 92 adjudicadas en total, dentro de las 560 hectáreas.

Las hectáreas que hacen parte de este predio rural fueron entregadas al Incoder para adjudicación de los terrenos por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, gracias a la extinción de dominio sobre un sin número de inmuebles, entre ellos, La Sombra, propiedades de José Rafael Abello Silva.

Al recibir los predios, los beneficiarios de la Unidad de Restitución, sacaron varios créditos con el Banco Agrario, por un total de 2 mil 500 millones de pesos, para invertir en insumos agrícolas y maquinaria que ayudaría con los cultivos de palma africana sembrados en las tierras entregadas.

El proyecto productivo fue liderado por la Cooperativa de Trabajo Asociado, Palma Paz, el cual inició en el 2007. Así mismo, la Ley de Victimas y Restitución de Tierras – Ley 14/48 de 2011, les permitió a los beneficiados, en este caso, miembros que pertenecieron a las autodefensas colombianas y desplazados por la violencia, combinar trabajo, resocialización y convivencia pacífica.

Sin embargo, la dicha no duró tanto y 6 años más tarde se les sumaron a otras problemáticas internas y de convivencia, las revocatorias de las adjudicaciones de los 92 beneficiados, debido a que las dos familias, que con títulos originales de 153 hectáreas de los predios, instauraron dos tutelas al Incoder y a la Oficina de Instrumentos Públicos de Fundación, por no constatar la situación jurídica real de las 560 hectáreas que fueron otorgadas por el Gobierno Nacional a la Dirección Nacional de Estupefacientes y, por ende, a los beneficiados.

En la edición 25, OPINIÓN CARIBE dio a conocer la situación de miedo e incertidumbre con la que vivían las 95 familias beneficiadas afectadas con millonarias deudas de hipotecas y sin las tierras para cultivar, a raíz de las inconsistencias en los procesos de titulación de predios por parte del Incoder.

‘EL FRACASO’

De acuerdo con Alberto Martínez, abogado defensor de las familias Díaz Conrado y Martínez Palmera, el Incoder no se percató ni verificó con Estupefacientes que de las 560 hectáreas existen tres predios diferentes y autónomos: 407 hectáreas son dominio de José Rafael Abello Silva, desde 1968; y, de las restantes, corresponden dos predios denominados La Esperanza, con 80 hectáreas a José Antonio Martínez Palmera y, Arizona, con 73, propiedad de Carlos Arturo Díaz Conrado, quienes también le habían comprado al señor Gustavo Manrique Daníes, en 1968 y 1981 respectivamente, tal como aparece en las anotaciones 5 y 6 del folio de Matrícula Inmobiliaria 225 – 1096.

Con respecto al fallo de la defensa interpuesta por el abogado Martínez, aseguró, “se logró mediante la tutela para que el señor registrador quitara las anotaciones de la resolución, mediante aclaración de la escritura pública número 432 del nueve de marzo de 1987”. Con base en lo anterior, se rectificó la verdadera titularidad del predio La Esperanza y de Arizona y, por ende, todas las resoluciones de adjudicación fueron revocadas.

A pesar de la aclaración sobre estos predios, aún se encuentran en posesión de personas diferentes a sus verdaderos titulares, quienes aparentemente gozan de un título justo, pero viven en la ilegalidad, con un futuro incierto, además de una millonaria deuda y abandono gubernamental.

EL VIACRUCIS DE LOS BENEFICIADOS

Al otorgar las resoluciones de propiedad expedidas por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, en septiembre de 2006 y noviembre de 2007, se formó una cooperativa de trabajo asociado, Palma Paz, que promueve el cultivo de palma en varias porciones del predio La Sombra, avaluados en más de 361 millones de pesos, monto pagado por los beneficiados gracias a sus subsidios. Un crédito del Banco Agrario por dos mil quinientos millones que fue necesario para insumos agrícolas y maquinarias.

En el año 2012, 8 años después de haberse repartido las tierras, las familias fueron notificadas de las tutelas de la familia Martínez y Díaz Conrado, y se enteraron que sus predios les habían sido otorgados de manera arbitraria por la entidad del Estado, con esto, tales proyectos se venían al piso. La inversión para los proyectos productivos quedó en veremos y lo único que tienen en sus manos son las millonarias deudas que solicitaron en los créditos para laborar en sus supuestas tierras.

SOLUCIONES A PASO DE TORTUGA

Además de solicitar ante el Gobierno Nacional para que resuelva esta problemática, tanto de los beneficiarios como de los dueños de los predios La Esperanza y Arizona, también se está a la espera de una solución que beneficie a ambas partes.

El pasado 11 de abril, varias familias de campesinos y desmovilizados fueron citadas en la Oficina de Restitución de Tierras del Magdalena. Pero ni el Incoder, ni la Unidad de Restitución de Tierras del Magdalena, ni el Ministro de Agricultura les han contestado sus peticiones.

OPINIÓN CARIBE intentó en varias ocasiones contactar a Fabián Oyaga, director Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en el Magdalena, para escuchar sus declaraciones, pero fue imposible.

PREOCUPADOS CAMPESINOS Y DESMOVILIZADOS

Erlenis Ortiz Cantillo, beneficiaria de una de las 92 adjudicaciones que el Gobierno, mediante el Incoder, le había otorgado, afirmó, que no se van a ir de sus predios hasta que el Estado les solucione lo correspondiente a sus propiedades que de manera legal obtuvieron y que ahora les quieren quitar.

“Nosotros no entramos a Restitución de Tierras actualmente, a nosotros nos metieron luego de 10 años con posesión de los predios. El Gobierno sale ahora con que somos segundos ocupantes, cuando el mismo Incoder nos adjudicó estos predios, por tal razón, creíamos ser los primeros ocupantes. Ahora, nos encontramos en posesión, a pesar de que Instrumentos Públicos nos revocó la adjudicación y solo hasta que el Estado nos resuelva, nos vamos. Porque si nos entregó 560 hectáreas, por error de ellos mismos, no es nuestro problema”, aseguro Erlenis, quien fue beneficiada con una de las adjudicaciones en el año 2007.

De igual manera, los beneficiarios se quejaron de la situación de su producción a causa de la sequía. Hoy, tienen 80 plantaciones improductivas, los ríos están secos y sus cuerpos no aguantan más la canícula y el arduo trabajo, que ahora les será arrebatado. Ese es el caso de Daisys Arelis Peñaranda Rodríguez, campesina beneficiaria, quien asegura parecer de 80 años de edad, cuando apenas tiene 40.

Por su parte, Joaquín Pérez y Ricardo Socarrás, desmovilizados que hace parte de las adjudicaciones en La Sombra, aseguraron, que los proyectos productivos emprendidos con ‘PalmaPaz’, son modelos que pueden ser mostrados para próximos propósitos de resocialización y trabajo entre desmovilizados y campesinos, el cual se ha visto obstruido por errores del mismo Gobierno, “ahora tenemos una mora en el Banco Agrario e intereses en las cuotas que ahora mismo están detenidas”.

Precisaron que, hoy solo quedan 62 familias en el predio rural La Sombra, y que ellos le han pedido al Banco Agrario y a Incoder verificar cuántas personas viven allí para repartir las 407 hectáreas entre ellas, “restitución de tierras solo ha hablado con pocas familias, necesitamos que se pongan en contacto y nos presenten soluciones que beneficien a ambas partes”.

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