La Pola aún espera

Diecinueve años después del desplazamiento forzado de 75 familias campesinas bajo órdenes del ex comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, en la vereda La Pola, municipio de Chibolo, existen habitantes que esperan ser reparados. OPINIÓN CARIBE en seguimiento a la noticia, en sus ediciones 37 y 63 publicó los avances y pormenores que el proceso de reparación de las víctimas ha adelantado, teniendo en cuenta que La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumple cinco años de estar en vigencia.

Aunque se han entregado cerca de 3.700 hectáreas a las 700 víctimas en el Magdalena, gracias a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 14/48 de 2011, y se haya implementado el programa de ‘Proyectos productivos’, que permite a cada víctima acceder a 40 salarios mínimos, además de retomar las labores de campo que hacían antes de ser desalojados de sus propias tierras, todavía esperan ser tramitadas 3.400 solicitudes en el Departamento.

OPINIÓN CARIBE en su edición 37 y 63, evidenció la tragedia sufrida en 1997, cuando 75 familias de campesinos tuvieron que huir de sus propias tierras en la vereda La Pola, ubicada en el municipio de Chibolo. Una ‘Ley de Víctimas’, que, a paso de tortuga, no había alcanzado a restituir a todas las familias que fueron despojadas, además de otras situaciones desfavorables para los adjudicados en esta vereda, como la falta de acompañamiento administrativo del Municipio para la reintegración total de sus habitantes, con todas las garantías básicas necesarias como alumbrado público, salud y educación.

CÓMO VA EL PROCESO

Con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 14/48 de 2011, muchos campesinos lograron volver a sus tierras, sin embargo, existen quienes todavía están a la espera de su titulación, debido a que al ser despojados, perdieron las escrituras originales de los predios, los cuales fueron cedidos a testaferros de grupos armados ilegales, como alias ‘Codazzi’, quien fue capturado en Venezuela en el año 2014 y es considerado, por las autoridades colombianas, como uno de los mayores usurpadores de tierras de los campesinos.

Las víctimas de este suceso están condenadas a vivir con el recuerdo que les dejó el accionar paramilitar y haber perdido a varios de sus seres queridos. Ejemplo de ello es la Casa del Balcón, lugar en el que se reunían los campesinos para departir.

Aquel establecimiento que guardó momentos felices de los habitantes de la vereda, se convirtió en el centro de operaciones de estos grupos delincuenciales, donde el ex jefe paramilitar planeaba la mayor parte de los ataques armados. Además de torturas y desapariciones de campesinos y guerrilleros o campesinos que acusaban de colaborar con grupos del ELN y de las Farc.

Esta casa emblemática fue restaurada por la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas e inaugurada en septiembre de 2013, en un acto simbólico, en donde se entregaron también los títulos de propiedad de 800 hectáreas a familias de la vereda. Su primer piso fue adecuado como un salón de reuniones para debatir las problemáticas sociales de los habitantes que volvieron a sus tierras, sin dejar atrás el recuerdo imborrable de los momentos de horror de la lucha armada que se vivió en aquel entonces en el país.

PROYECTOS PRODUCTIVOS

La Unidad de Restitución de Tierras en el transcurso de las adjudicaciones a las 590.000 víctimas que hay hasta la fecha, del desplazamiento forzado, ha invertido la suma de 3.325 millones de pesos, que busca ofrecer a los campesinos un retorno beneficioso económicamente a sus tierras adjudicadas.

Sistemas agrícolas, ganaderos, cafeteros, entre otros, han sido introducidos dentro de los programas productivos promovidos por la Unidad de Restitución de Tierras en los diferentes municipios del país.

El presidente Juan Manuel Santos dijo en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Victimas, que se celebró el pasado 9 y 10 de abril, que las 590 mil víctimas son las representantes elegidas de manera democrática entre los ocho millones de personas afectadas por la violencia en el país.

Dentro de las 72 zonas de aproximadamente 30 municipios en el Magdalena, la Unidad de Restitución de Tierras, con 61 sentencias proferidas a la fecha, ha priorizado 157 familias que cuentan con sentencias restitutivas y créditos del Banco Agrario para proyectos de producción e inversión, con el fin de recuperar lo perdido después del despojo por parte de grupos al margen de la ley.

Sin embargo, aún existen víctimas que ignoran los beneficios del programa productivo, que ayudaría a que sus predios vuelvan a ser fructíferos. Si bien es cierto que hace dos años, el supervisor de los enlaces de Proyectos de Derechos Productivos de Tierras de la Unidad de Restitución de Tierras, Adrián López, atribuyó a la Ley de Garantías, el congelamiento que se vivió por seis meses y que no permitió un debido acompañamiento a las familias beneficiadas con la restitución de tierras.

Actualmente, las familias que están en proceso de vinculación al programa, se benefician también de sus proyectos productivos.

En el 2014, el 75% de las tierras restituidas fue trabajado por los campesinos cobijados en el Plan Nacional de Restitución de Tierras, garantizando así un proceso de reconstrucción social.

UNA FECHA PARA NO RECORDAR

Las 75 familias de La Pola abandonaron sus predios en 1997 después de que los paramilitares asesinaran al pastor de la comunidad, porque fue el único que se abstuvo abiertamente de desalojar el pueblo cuando se había cumplido el plazo que el ex jefe de las autodefensas, alias ‘Jorge 40’, había estipulado para que todos los habitantes se marcharan.

Desde ese momento, ancianos, jóvenes y niños huyeron a otros lugares del país, salvaguardando sus vidas. Algunas víctimas pertenecientes al municipio de Chibolo se fueron a vivir a países vecinos como Venezuela. Se evidenció un número considerable de familias desintegradas.

En el 2006, cuando alias ‘Jorge 40’ decidió desmovilizarse, acogiéndose a la Ley de Justicia y Paz, algunos campesinos regresaron a Chibolo para recuperar lo que dejaron atrás. De sus casas y terrenos cultivados fue muy poco lo que pudieron rescatar después de 10 años, en los que los grupos al margen de la ley operaron.

Con el fin de conocer los procesos actuales de reparación a las víctimas en la región, OPINIÓN CARIBE trató de contactara Fabián Oyaga, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, pero hasta el cierre de la edición ello no fue posible.