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Constitución a la hoguera

Opinión Caribe

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Por Carlos Holmes Trujillo

La mesa de La Habana está incinerando la Constitución Política de Colombia. Y cuenta con los servicios de la mayoría afecta al Gobierno, con el Congreso nacional, como sepulturero.

No faltará quien diga que estas afirmaciones son exageraciones inspiradas en el pesimismo, cuando el país lo que tiene enfrente es una época de concordia y prosperidad desconocidas hasta ahora.

Ni lo uno, ni lo otro.

¡Está bien que se busque la paz! Lo hemos hecho muchas veces con distinta fortuna.

Pero, es peligroso buscarla siguiendo la idea de que todo vale.

Con esa visión se le están asestando golpes a la institucionalidad, sin contemplaciones.

En Cuba se ordena y en el Parlamento se obedece. De esa manera, los resultados de la peculiar constituyente de 2016, integrada por el Gobierno y las Farc, son mucho más que inquietantes.

En cumplimiento de las instrucciones que reciben, ya los congresistas que respaldan al presidente Santos diseñaron un nuevo poder legislativo.

El novedoso cuerpo no tendrá iniciativa en los temas que toquen los acuerdos, es decir, prácticamente en todos los que interesan a los colombianos, está obligado a tramitar lo que tenga que ver con ellos rápidamente, y se despojará de las tareas que le son propias, otorgándole al Jefe del Estado facultades extraordinarias imprecisas.

Como si lo anterior no fuera suficiente, la mayoría de los legisladores, con excepción del Centro Democrático, aceptaron darle carácter de acuerdo especial a lo que firmen Santos y ‘Timochenko’, y proclamaron que consideran apropiado que esos papeles hagan parte del bloque de constitucionalidad.

No importa lo que contemple el Derecho Internacional Humanitario, ni que la última figura exista para incorporar a la Carta los Tratados en materia de derechos humanos. Nada de eso tiene importancia.

Como de lo que se trata, dice dicha mayoría parlamentaria, es de darle vida al derecho a la paz, resulta posible torcerles el cuello a los marcos legales vigentes.

Ocurre, sin embargo, que no es la paz lo que se está negociando en Cuba, y que la Corte Constitucional ya prescribió que aquel es un derecho proclamativo, no natural, en providencias en las que negó acciones de tutela que reclamaban su cumplimiento.

El Derecho interno y el internacional se están manejando como una bola de plastilina, que adquiere la forma que desee darle quien la tenga en la mano.

A Colombia le conviene dejar atrás la larga y dolorosa presencia de las Farc y avanzar hacia la vida tranquila y segura que todos los ciudadanos desean.

En relación con este anhelo colectivo, los disensos son inexistentes.

No obstante, eso de llevarse de calle lo que sea necesario, para cumplir bien el oficio de sastre de la organización terrorista, con el fin de que sus voceros firmen el acuerdo, está lejos de ser lo que sueñan miles y miles de colombianos.

Vivir y trabajar en un país en paz se consigue con justicia, generosidad e imaginación, claro está.

Pero creer que se puede lograr lanzando al fuego la Constitución, fruto de los mandatos del constituyente primario, es una apuesta cargada de peligros.

No olvidemos que aquello de la sustitución de la Constitución no es invento de la oposición. Se trata de dictados de la Corte Constitucional para cumplir su función de máximo guardián de la Carta.

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