El Parque Tayrona: la lucha por la supervivencia

Por un lado, los pescadores y poseedores denuncian atropellos y abuso de autoridad; por el otro, la Unidad de Parques dice estar cumpliendo con la norma. Se trata de un enfrentamiento entre pescadores y poseedores contra la Unidad de Parques Nacionales, el cual tiene antecedentes históricos. Roberto Castaño, propietario de la empresa de buceo Calypso, denunció por robo ante la Fiscalía, con nombres propios, a funcionarios de la Unidad de Parques, entidad a la que acusa de corrupción.

UNIDAD INVESTIGATIVA OPINIÓN CARIBE

Lo que se vive en el Parque Nacional Natural Tayrona es una verdadera ‘batalla campal’, con visos peligrosos, que amenaza, incluso, con desenlace fatal. Por un lado, la Unidad Territorial de Parques Nacionales haciendo cumplir la sentencia de la Corte que declaró área protegida toda la zona; por el otro, los pescadores y poseedores de algunas zonas de playa que reclaman una herencia ancestral de muchos años durante los cuales han explotado la pesca y desarrollado algunas otras actividades turísticas.

La Unidad de Parques ha sido radical en hacer cumplir la norma y en eso es insistente su directora Territorial, Luz Elvira Angarita, pero los pescadores reclaman su derecho a explotar las playas, bajo el argumento de que ese ha sido su trabajo durante muchos años, del que depende el sustento de sus familias; para ellos, es una herencia ancestral a la que no van a renunciar ahora ni nunca, porque de hacerlo, afirman, estarían ‘matando’ a sus hijos de hambre.

La situación ha llegado a tal punto que ya han sido instauradas denuncias en la Fiscalía de parte y parte. La Unidad de Parques acusa a pescadores con nombres propios de amenazas de muerte a sus funcionarios, mientras que pescadores y poseedores acusan a funcionarios de la Unidad y a policías carabineros, de atropellos, abuso de autoridad, robo y otros presuntos delitos cometidos en el marco de los procedimientos adelantados por estos.

El detonante de esta ‘batalla’ lo produjo el inicio de operativos por parte de funcionarios de la Unidad de Parques con refuerzo de la Policía de Carabineros en algunas de las playas que conforman el área protegida del Parque Tayrona. En esos operativos, según el reporte de la Unidad de Parques, se encontraron a pescadores practicando la pesca ilícita con dinamita y trasmallos, por lo que hubo que decomisarles de manera ‘preventiva’ algunos elementos no permitidos, que los pescadores consideran necesarios para su actividad de pesca.

No obstante, los pescadores consideran que no están haciendo nada ilegal, que no ha habido este año pesca con dinamita en el área del Parque y que lo que ocurre es una extralimitación de funciones tanto de los funcionarios del Parque como de la Policía de Carabineros, que, además, señalan de realizar operativos en el mar, los cuales le competen única y exclusivamente al servicio de Guardacostas.

La directora Territorial de la Unidad de Parques, Luz Elvira Angarita, volvió a convocar el pasado sábado una rueda de prensa para reportar el decomiso de 3 lanchas y 7 trasmallos, denunciar, además, amenazas de muerte en contra de sus funcionarios por parte de la familia Santiago, según ella, presuntos propietarios en la playa de Neguanje.

El operativo, de acuerdo con el reporte, se llevó a cabo el pasado 30 de junio en Playa del Muerto, Playa de Neguanje y Playa del Pozo, en un trabajo conjunto en el que, se dice, estuvieron presentes, además, la Personería Distrital, la Dimar y Guardacostas.

El hecho es que, al parecer, los pescadores tienen razón en cuanto a no estar utilizando dinamita, porque ni en este operativo ni en los otros realizados durante el presente año les han decomisado explosivos y así lo confirmó el comandante de la Policía de Carabineros, el Capitán Andrés David Echeverría, presente en la rueda de prensa.

“No hemos encontrado todavía los explosivos como el año pasado cuando se hicieron unas capturas, estamos ahorita en cabeza de mi coronel Vallejos realizando labores de inteligencia para verificar si hay explosivos dentro del Parque”, dijo.

Para los pescadores, lo que se ha iniciado en contra de ellos es una persecución indiscriminada que debe parar, por lo contrario, la Unidad de Parques debe implementar una estrategia que les permita a los pescadores el aprovechamiento de los recursos naturales marinos sin afectar el ecosistema del Parque, tal como lo ordena la Corte Constitucional en su sentencia T-606/15.

NO SE CUMPLE

Los pescadores fundamentan su posición en la misma sentencia que la Unidad de Parques quiere hacer cumplir y que prohíbe la pesca artesanal dentro del área protegida del parque Tayrona.

Los pescadores sostienen, que la sentencia ordenó, “tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, la vida, a la seguridad alimentaria, a la participación, al trabajo y a la dignidad humana”, es decir, les otorga el derecho a ejercer en el Parque la denominada ‘pesca de supervivencia’.

Además de eso, señalan, le ordenó a la Unidad de Parques diseñar en el término de seis meses un plan maestro de protección y restauración del Parque Natural Tayrona, que debe estar “enfocado a contrarrestar los factores estructurales de contaminación ambiental y deterioro de los ecosistemas desde sus fuentes originarias”, plan que todavía no se conoce.

La citada sentencia ordena en unos de sus apartes lo siguiente: “(IV) Con el fin de garantizar que la sociedad en general, los organismos de control y la comunidad científica nacional e internacional puedan monitorear y conocer los avances, retrocesos o estancamientos en la ejecución de las metas propuestas en el plan maestro de protección y restauración del Parque Natural Tayrona, se ordena a la Unidad Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales que a partir de la notificación de esta providencia y hasta la ejecución de las metas a largo plazo semestralmente publique en la página web de la entidad un informe de resultados alcanzados”.

La Corte, también ordena, una mesa de trabajo para lograr la compensación de los pescadores artesanales y a la Gobernación un apoyo transitorio de carácter alimenticio y económico para las personas que, tradicionalmente, ejercían la pesca artesanal en el Parque Tayrona y que se encuentren en condición de vulnerabilidad a raíz de dicha decisión.

Ninguna de las órdenes que contempla la sentencia de la Corte ha sido cumplida y lo que dicen los pescadores es, que ambas entidades lo que han hecho es evadirlas, por tanto, ellos no se van a dejar morir de hambre.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Se trata de una ‘batalla’ que tiene antecedentes históricos. En el 2011, cuando se conformó la Unidad de Parques Nacionales Naturales, la entidad comenzó a ejercer su soberanía en el Parque Tayrona, prohibiendo, entre otros aspectos, la pesca artesanal como medida de protección al medio ambiente.

Eso generó la reacción de los pescadores, en particular de algunos miembros de la familia Pacheco, conocidos por su dedicación a la pesca en la zona del Parque Tayrona.

En septiembre de 2011, Julia Miranda Londoño, actual directora General de la Unidad Nacional de Parques, respondió una petición del señor Jesús Alberto Pacheco, en el que denunciaba persecución de funcionarios de Parques por ejercer allí la pesca artesanal y por el asesinato de su hermano mayor, Luis Carlos Pacheco, en el año 2003 por esa misma razón.

En su respuesta, Julia Miranda Londoño le aclara a Pacheco que la pesca artesanal está prohibida “en las áreas del sistema y en específico en el PNN Tayrona”, y le da traslado a su denuncia de asesinato a la Fiscalía.

Las prohibiciones a los pescadores artesanales continuaron y, es entonces, cuando otro miembro de la familia Pacheco, el señor Jhonatan Pacheco Yánez, a nombre de la Cooperativa de Pescadores de Barlovento, inicia la acción jurídica en contra de la Unidad de Parques, que desencadena en el fallo de la Corte Constitucional ratificando la prohibición de la pesca artesanal, pero a su vez, amparándole los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, la vida, a la seguridad alimentaria, a la participación, al trabajo y a la dignidad humana; al tiempo que ordenó al Estado, la toma de una serie de medidas protección a sus derechos.

CALYPSO, CASO APARTE

Calypso es un pequeño grupo empresarial de propiedad del señor Roberto Castaño, quien, además, tiene una fundación con el mismo nombre, dedicado durante 14 años a la práctica del buceo, capacitación, investigación, la siembra de corales marinos y al turismo.

De hecho, en su oficio de contestación a una Petición de fecha 5 de septiembre de 2005, la directora General de la Unidad de Parques Nacionales, Julia Miranda, le reconoce a esa fundación su colaboración en el trabajo de ‘restauración ecológica’ de los corales en la zona de Gayraca. Y asegura que “en lo atinente a la actividad de buceo realizada por la Fundación Calypso, debemos informarle que esta se viene realizando en zona autorizada para tal fin por la resolución 234 de 2004”.

No obstante, a raíz de las medidas que viene aplicando la Unidad Territorial de Parques, el señor Roberto Castaño y su empresa Calypso, se han visto afectados, además de perjudicados por las presuntas arbitrariedades de los funcionarios de Parques.

Castaño ejerce sus actividades en la Playa del Amor en el sector de Gayraca, lugar en el que ha estado desde hace 14 años.

Señala, que es objeto de persecución por parte de la Unidad Territorial de Parques, que quiere sacarlo de allí y hasta tuvo que instaurar denuncias en la Fiscalía por hurto, sindicando directamente a funcionarios del Parque Tayrona y de la policía de carabineros, ante la desaparición de dos de sus equipos de buceo y de otros elementos de trabajo, que supuestamente, se extraviaron después que le fueron decomisados de manera transitoria en un operativo realizado por dichos funcionarios en su establecimiento.

Este experimentado buzo habla de corrupción en el interior de la Unidad Territorial de Parques, de haber sido víctima de robo tanto intelectual como material y ahora, de sufrir una persecución constante por parte de funcionarios de la entidad.

Afirma que, con sus propios recursos, producto de la actividad turística que ejerce en el parque, inició las guarderías de corales, alcanzando a sembrar más de 400 con la ayuda de un experto biólogo marino israelí del que se hizo socio.

Esas guarderías de corales, fueron sacadas sin consultársele, del sitio donde estaban por los funcionarios de la Unidad de Parques y trasladadas al sector de Arrecifes y luego asumidas como si fuera un proyecto de ellos. “Ahí está el primer robo que me hicieron”, dijo; después, manifestaron, “que habían invertido no se cuánto dinero en los corales”, agrega.

En ese proyecto de guarderías coralinas afirma, haber invertido alrededor de 450 millones de pesos de su propio pecunio, con apoyo, incluso, de estudiantes de la Universidad ‘Jorge Tadeo Lozano’, que realizaban allí sus prácticas y elaboraron una tesis que ha sido reconocida a nivel mundial dadas las experiencias allí recogidas.

Castaño dice, que, además, fue la persona que instruyó a los funcionarios de la Unidad de Parques en buceo de manera gratuita y los capacitó en otras actividades, a las que solo asistían para firmar planilla.

Tales denuncias fueron desvirtuadas por la directora territorial de la Unidad de Parques, Luz Elvira Angarita, quien, al ser consultada sobre el particular, afirmó, nunca haber firmado contrato alguno con Calypso. “El señor de Calypso ha querido ocupar ilegalmente una zona no permitida y hacer lo que quiera, por ello, ha sido desalojado.

Él nunca ha tenido contrato con la Unidad de Parques, nunca he firmado uno con el señor de Calypso, nosotros nos hemos sentado a la mesa a hablar, le hemos dicho en qué sitios él puede hacer esa actividad, pero no es donde él quiera; y sobre el tema de la ‘playa del amor’, todos saben que ahí se llevaron a cabo las demoliciones de unas casas muy grandes, producto de unos procesos sancionatorios, entonces, cómo vamos a permitir que haya una ocupación indebida y que alguien construya una especie de quiosco para hacer una cocina, eso no se puede, son playas en las que no puede haber construcciones”.

Sobre el presunto robo denunciado por Castaño, aclaró, que “esperemos a que la Fiscalía se pronuncie, de todas maneras, lo que sí puedo decir es, que nosotros no actuamos de esa forma, cuando se hacen decomisos, es bajo el marco de la ley, nosotros tenemos facultades para decomisar y siempre lo hacemos, acompañados de la policía, que tiene funciones judiciales, nunca lo hemos hecho de manera indebida, eso sí puedo asegurarlo; manejo 14 áreas seguras del Caribe y tenemos clarísimo cuáles son nuestras funciones como autoridad ambiental”.