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Análisis

La ‘guerra de la carne’: Plantas de sacrificio certificadas vs matarifes

Opinión Caribe

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Luego del cierre de los mataderos que no cumplían con los requerimientos exigidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, se disparó el sacrificio de semovientes en ‘mataderos clandestinos’, que, además de la comercialización de carne en condiciones antihigiénicas, provoca contaminación en el medio ambiente, producto de las aguas residuales corrompidas; maltrato animal, por las condiciones inhumanas de muerte de las reses; y, la modalidad del abigeato o robo de ganado para este fin. OPINIÓN CARIBE consultó con expertos, quienes explican cuál es la situación del Magdalena, después de certificar solamente a dos de sus plantas de sacrificio.

Por Laura Vélez Vargas

Si bien Colombia es un país con un alto índice de consumo de carne, según Fedegán, en el 2014 se sacrificaron legalmente 4 millones 332 mil cabezas de bovino, lo que representa una producción de 947 mil toneladas de esta proteína, sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades competentes la comercialización ilegal de cárnicos, pese que a partir del pasado 8 de agosto se inició el cierre de aquellos mataderos que no cumplían con las normas y requerimientos exigidos en el Decreto 1500 de 2007.

Y es que el problema no radica únicamente ahí. Por una parte, los dueños de las plantas de sacrificio autorizadas y certificadas han tenido que realizar una alta inversión en infraestructura, vehículos con su respectiva refrigeración, pago de impuestos y demás, para ofrecer un producto de calidad que no le signifique riesgos para la salud humana.

Por otro lado, los campesinos y ganaderos que manejan pocas reses y expendedores de carne de los municipios y veredas alejadas de la Capital del Magdalena, que cuentan con vías precarias, aducen que es muy costoso y proceloso el traslado de dos o tres reses diarias a los mataderos autorizados (ubicados en Santa Marta y en El Banco), además de que nunca lo han hecho, y la situación les obliga a continuar utilizando el servicio de matarifes, personas que tienen como oficio matar y descuartizar el ganado destinado al consumo.

PANORAMA DEPARTAMENTAL

Elder Martínez, un ganadero del sur del Magdalena, quien desde hace más de 14 años se ha dedicado al cuidado, engorde y venta de reses, a diario lleva a caballo dos animales para sacrificio y comercialización de la carne en la vereda donde reside.

El matarife, conocido en la región, recibe a diario las reses provenientes de los pequeños ganaderos del sector para ser sacrificadas, labor que se lleva a cabo desde hace más de 12 años, “a la res la desangran con un cuchillo, luego es despresada para entregarla al dueño, quien la comercializa en los expendios de carne”.

Asegura, que lo que alguna vez fue el matadero municipal lo cerraron las autoridades por no cumplir con la infraestructura y normativas que exige el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, para su funcionamiento, por tanto, él continuó su labor en la parcela en donde en un galpón improvisó un tubo para amarrar al animal y un mesón para realizar el faenado.

“Este servicio tiene un costo de 30 mil pesos y si el dueño requiere que se lo lleve listo a otro lugar, le cuesta 10 o 20 mil pesos más, dependiendo del sitio donde haya que transportar el producto. De ese dinero, debo pagar casi 12 mil pesos de impuesto a la Alcaldía Municipal”, afirmó la fuente que con más de doce años de labor identificaremos como José Lineros, para proteger su identidad.

Aunque esta modalidad de sacrificio animal proviene desde la época de la colonia, los alcaldes municipales permitían su utilización y cobraban el llamado “impuesto aldegüello de ganado mayor”, pero en 1994, con la Ley 170, fue restringida esta práctica, puesto que Colombia aprobó el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, el cual contiene, entre otras medidas, el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Decreto 1500 de 2007).

Sin embargo, fue a partir del 8 de agosto del presente año, que entró en vigencia la implementación del Decreto 1500 de 2007, y el Invima, con el acompañamiento de las autoridades policivas, inició el cerramiento masivo de las plantas de beneficio animal que no cumplieran con las normativas sanitarias y ambientales.

Y a pesar de que más del 50 % de los mataderos del país ya fue o será notificado para su cierre, dejando a muchas familias dedicadas a esta labor sin empleo, proliferaron los ‘mataderos clandestinos’, incluso en algunos municipios reciben el impuesto mencionado, sin tener una planta de beneficio animal autorizada y sin importar que esta práctica de sacrificios antihigiénicos es ilegal, pues los requisitos específicos para la habilitación de plantas de beneficio animal certificadas, desbordan la capacidad estatal de cualquier municipio de quinta y sexta categorías.

En el caso de Santa Marta, según manifiesta Daniel Murcia Calderón, gerente de la planta de beneficio del corregimiento de Gaira, uno de los dos mataderos bovinos que continúan funcionando en el Magdalena, por cumplir con gran parte del Plan Gradual de Cumplimiento, PCG, los encargados de las plantas que el Invima no cerró, tienen un plazo máximo de 60 días, a partir del 8 de agosto, para presentar una autoevaluación y evidenciar qué quedó faltando de los requisitos establecidos en el Decreto mencionado.

“Con respecto a las normativas que hagan falta una vez se haga la autoevaluación, tendremos un plazo de dos años para cumplir con los requerimientos que deban estipularse; si en el primer año se cumple con el 50 % de las normativas enmarcadas en el Decreto 1500 del 2007, Invima otorgará otro para cumplir con el otro 50 %; pero si, por lo contrario, no se alcanza a cumplir con este 50 % en ese primer año, la planta de beneficio animal será cerrada, como las demás”, explicó el empresario.

El gerente señaló, además, que el Invima comenzó hace más de un año un proceso en el que evidenció, por medio de un acto administrativo, cuáles plantas de beneficio animal eran objeto de racionalización, “la entidad encontró, según un estudio de planeación realizado previamente, que los mataderos que eran objetos de racionalización en el Magdalena, eran los de Santa Marta, Fundación y El Banco, no obstante, Fundación nunca presentó sus propuestas, y aunque tuvo la posibilidad de acogerse al Plan Gradual de Cumplimiento, no llevó a cabo ningún mejoramiento, por tanto, solo quedaron los de Santa Marta y El Banco, pero la planta que cumple con las normas sanitarias y vigentes es la de Gaira. Todo esto acabó con la cultura de que cada Municipio debe tener un matadero”.

Y es que adecuarse a los requerimientos sanitarios y ambientales exigidos por el Invima no es una tarea fácil, por lo cual, la racionalización de las plantas de sacrificio animal, que dejan únicamente las necesarias para el consumo de los departamentos es la mejor opción para el país, según esta entidad.

RETOS DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL

Según el artículo 26 del Decreto 2270 del año 2012, que modificó al 1500 del 2007, “todas las plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos destinados para el consumo humano, deberán cumplir las condiciones de infraestructura y funcionamiento alrededor y dentro de la planta”.

Del mismo modo estipula que, las instalaciones, equipos y utensilios, deberán evitar ser contaminados por los productos cárnicos. La localización y accesos, diseño y construcción, sistemas de drenajes, ventilación, iluminación, instalaciones sanitarias, control de plagas, manejo de residuos líquidos y sólidos, manejo de emisiones atmosféricas, calidad de agua, entre otros, deben cumplir las especificaciones exigidas por el Invima.

Para Daniel Murcia Calderón, un matadero es un factor grande de contaminación, pues la sangre y las aguas residuales deben tener un manejo adecuado, con sistemas de desagüe y sifones que prevengan riesgos, además, deben estar ubicados en un terreno no inundable, alejado de cualquier foco de contaminación y de actividades que puedan afectar la salubridad tanto del producto como de la ciudadanía.

“La Ley decidió que, para disminuir riesgos de contaminación solo funcione un matadero por Municipio. En eso consiste la racionalización. En el caso Santa Marta, los dos mataderos que funcionaban, aparte del de Gaira, ya no va más, porque, entre otras cosas, estaban ubicados en el foco de las aguas y no se permite que subterráneamente, así haya lagunas, se produzca la contaminación. El único que tiene las condiciones es este, que se encuentra a un lado de la vía férrea, que está en una zona industrial y tiene manejo de aguas”, puntualizó Murcia Calderón.

Agregó, que tuvo que montar una planta de tratamiento de agua potable, porque, aunque Metroagua vende el agua con la certificación ISO 9001, la calidad del líquido no es la requerida para los procesos que debe realizársele al ganado.

OPINIÓN CARIBE conoció que, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que se encuentra en estos momentos en trámite y aún no ha sido aprobado por el Concejo del Distrito de Santa Marta, la ubicación de la Planta de Beneficio de Gaira no puede estar ubicada en donde actualmente funciona, por ser un territorio turístico.

No obstante, Invima señaló, que las gobernaciones departamentales a través de los planes de racionalización dispusieron en donde quedarían ubicadas las plantas de beneficio de animales, de tal forma que se garantice tanto el abastecimiento como la inocuidad de los productos (que no hagan daño), para lo cual se debieron tener en cuenta los puntos establecidos en la Resolución 3659.

“La Resolución 3659 de 2008, en su artículo segundo, estableció los criterios que debieron tener en cuenta las gobernaciones departamentales para identificar donde quedarían ubicadas las plantas de beneficio, dentro de los cuales están: infraestructura de plantas de beneficio públicas y privadas de la región, infraestructura vial, viabilidad financiera e impacto social, tamaño del mercado, distancia de la planta con respecto a los demás municipios, costo de transporte del ganado en pie y de la carne en canal, abastecimiento de carne a la población y demás”.

Según el gerente de la Planta de Beneficio Animal de Gaira, Daniel Murcia, el director del Invima fue a Ciénaga, “Javier Humberto Guzmán vio que este matadero queda a 20 minutos del Matadero Frigorífico de Gaira, por tanto, por racionalización, afirmó, que no es necesario otro matadero en ese Municipio. De igual manera, la planta de beneficio animal ni siquiera contaba con las condiciones mínimas de salubridad requeridas o con una laguna de aguas residuales, pues ni siquiera cuenta con planta de tratamiento de las aguas domiciliarias. Sin embargo, hoy, luego de casi tres meses de haber cerrado el matadero de Ciénaga, todavía estamos a la espera de que los expendios o comercializadoras de carnes de dicho Municipio nos realicen pedidos”.

Con respecto a la anterior información, OPINIÓN CARIBE constató que el municipio de Ciénaga no ha realizado pedidos de carnes para su comercialización ni en Santa Marta ni en El Banco, Magdalena, por lo que surge una inquietud, ¿de dónde proviene la carne que consumen los cienagueros?

CIÉNAGA

Julio David Alzamora, secretario de Gobierno del Municipio de Ciénaga, afirmó, que hace unos meses, el Invima realizó inspección en la planta de beneficio animal municipal que quedaba ubicado en la vía Sevillano y a raíz de esa visita se ordenó el cierre inmediato del lugar, pues no contaba con las normas sanitarias y ambientales que debe tener un matadero.

“Tenemos evidencia de que el 8 de junio el Matadero Municipal de Ciénaga ya estaba cerrado, documento que enviamos a la Procuraduría General de la Nación cumpliendo la solicitud hecha por el Invima. Sin embargo, el 8 de julio se hizo una reunión con la Gobernación del Magdalena, la Policía, la Alcaldía de Ciénaga, porque nos preocupa esta situación, pues aquí habían más de 30 personas que subsistían de la planta de beneficio de este Municipio”, señaló el Secretario.

Dijo, además, que para el alcalde Edgardo Pérez, esta es una situación compleja, puesto que una planta de beneficio animal genera un gasto económico muy grande y el Municipio, ahora mismo no cuenta con esos recursos, “un nuevo matadero tendría que hacerse a través de una concesión o con una Asociación Público Privada, APP, porque quienes han mostrado interés y comparan el costo beneficio, se desaniman, debido a que una inversión de más de siete mil millones para sacrificar 20 reses diarias, no es un negocio rentable”.

Invima aseveró, que conoce de iniciativas privadas para la construcción un centro de acopio en Ciénaga, para distribución a todos los expendios de carne de este municipio. Los moradores también se encuentran a la expectativa, puesto que cerca del anterior matadero municipal existe el inicio de una construcción para dicho fin, sin embargo, el Secretario de Gobierno le dijo a este medio, que las obras se encuentran detenidas por el momento.

“En esa misma vía, supuestamente están construyendo otro matadero, pero la realidad es que el dueño de esas extensiones de tierra, comenzó a construir uno, pero los requisitos y normativas que exige una planta de beneficio animal son muy costosas y hasta el momento las construcciones se encuentran en obra negra y detenidas”, expresó el funcionario.

De igual manera indicó, que en donde quedaba la planta de beneficio animal anteriormente, se planea construir una estación de la Policía y que están próximos a presentar el proyecto. También señaló, que en días pasados la Policía decomisó carne en el municipio de Ciénaga, porque no tenía las certificaciones correspondientes.

Respecto al tema, el secretario de Salud de Ciénaga, Édgar Núñez Palma, aclaró que la vigilancia y control de la procedencia de alimentos es competencia del Invima, y que, la Policía del Magdalena se comprometió a combatir con esa red de comercio ilegal, “no tenemos hasta la fecha denuncias por intoxicaciones a causa de alimentos en mal estado, no obstante, en el momento en que se llegue a presentar un caso, estamos en la obligación de ver qué sucedió, pero ahora mismo, yo no podría usurpar la competencia del Invima, pues no cuento con la autorización de llegar a un expendio de carnes para pedir certificación”.

Afirmó, que no conoce si los comerciantes menores del Municipio están yendo a la planta de sacrificio animal autorizada en Santa Marta para sacrificar a sus reses o proveerse de carne, pero que esa es una situación preocupante, pues no hay recursos suficientes para hacer mataderos en los diferentes municipios.

Lo cierto es que, aunque en el Municipio de Ciénaga actualmente se encuentran más de tres supermercados autorizados para el expendio de carne – Olímpica, Roximar y Surticarnes, que, cuentan con los certificados correspondientes de sus productos comestibles, la preocupación radica en los demás establecimientos informales, en donde se consiguen precios más económicos por estos cárnicos, que, muchas veces, no están dentro el marco de la legalidad.

OPINIÓN CARIBE conoció de primera mano la situación que vive una de las integrantes de la asociación que manejaba el convenio del Matadero Municipal de Ciénaga, quien aduce que más de 30 familias se quedaron sin sustento y les toca vivir de lo que la gente les regale.

Clara Ramírez, a quien llamaremos así para proteger su identidad, dice que el Invima, con las autoridades policiales los sacaron a todos del matadero del Municipio sin previo aviso, “se metieron a principios de año e hicieron cierre total, decidimos no intervenir ahí porque amenazaron con quitarnos el ganado”.

Narra, que actualmente se siente como ‘vendedora de vicio’ porque en cualquier momento puede llegar la Policía y quitarle la carne que vende en Ciénaga, “luego de 16 años de trabajar en el matadero municipal, no sé qué más puedo hacer. Lo que vendo es una res diaria que me alcanza para pagar el arriendo, a dos personas que me ayudan y para comerme la comida en mi casa, en donde no tengo luz”.

Que la carnela consigue en Santa Marta o Barranquilla y que, algunas veces, pasan señores que tienen fincas aledañas al Municipio de Ciénaga y les ofrecen el producto para comercializar, “la libra la vendo entre 4 mil 500 y siete mil pesos”.

Clara puntualizó, que no ha recibido ayuda de la Administración Distrital a pesar de haberla solicitado y que, anteriormente nunca habían tenido estos problemas, pues ellos mismos adecuaban la planta de beneficio con baldosas y lo que podían, para los sacrificios diarios, que no pasaban de 15 reses, “le dije al Alcalde, ¿usted qué haría si tuviera a dos hijos llorando por hambre?”.

ABIGEATO DEL GANADO

Si bien hasta el momento el meollo del asunto radica primero, en que las plantas de sacrificio animal sean certificadas por el Invima, que cumplan con las normativas de salubridad y de ambiente y demás condiciones legales para evitar problemática de salud pública; segundo, el aumento repentino de matarifes en la región, quienes aprovecharon el cierre de los mataderos municipales para suplir las necesidades de los expendedores de carne. Otro acto ilegal se suma a la grave situación que afecta a los ganaderos no solo del Magdalena, sino del país: el abigeato o robo del ganado.

En días pasados, uno de los empresarios destacados de la capital del departamento del Magdalena, sufrió el robo de 15 bovinos en su finca ubicada por la Zona Bananera. Sus capataces fueron amarrados y el ganado fue sacado en un camión. Al finalizar la tarde, la Policía Departamental encontró a los semovientes en una tierra ubicada entre Santa Marta y Ciénaga. Se presume que se sacrifican entre dos o tres reses para el expendio de carne en los municipios aledaños.

Como este caso, son repetidas las situaciones de abigeato y demás actos ilegales que se desprenden del sistema ilegítimo de sacrificio de reses, que no afectan únicamente a los finqueros, sino que visibiliza la ineficiencia de la justicia por no darle fin a la delincuencia y a los mataderos clandestinos que abundan en las regiones del país.

Cabe recordar, que los mataderos clandestinos ocasionan contaminación ambiental, por los vertimientos directos de las aguas residuales y la generación de malos olores. Asimismo, el descontrol de plagas y desperdicios atrae la presencia de aves carroñeras.

Según información suministrada por el Comando de la Policía del Departamento del Magdalena, liderado por el Coronel John Jairo Rodríguez Andrade, la Policía de tránsito se encuentra en estricto control de los camiones o vehículos que transporten semovientes, “se pide la guía de movilización del ganado, que expide el ICA, en donde debe estar establecido el nombre del conductor, su cédula, el nombre de la finca de dónde provienen los animales, para dónde se dirige, si es a una planta de beneficio, debe especificarse el nombre, entre otras informaciones”.

Expresó, que, si no se cuenta con la guía de movilización de los semovientes, la Policía Departamental procederá con la inmovilización y el ganado se pone a disposición del inspector de la Policía, en donde se realizó la incautación. Luego, los dueños de los animales podrán, con su respectiva documentación, solicitar la devolución de estos, “así es controlado también el abigeato del ganado”.

MIRADA DE LAS ALCALDÍAS MUNICIPALES DEL MAGDALENA

Para Pedro Sánchez Rueda, alcalde de Aracataca, los mataderos clandestinos y actos ilegales que se presenten, deben atacarse disciplinariamente por las autoridades de los municipios, que en este caso debe ser la administración municipal y la policía departamental, “el Invima debe intervenir de manera urgente en esta situación, pues la forma como se transporta la carne a los municipios es antihigiénica y representa un peligro para la salud humana.

En algunos municipios del Magdalena la carne se lleva desde el día anterior, duerme toda la noche en pésimas condiciones y al otro día es que se lleva a cabo la venta”.

Asegura, que es una falta grave por parte de las administraciones municipales cobrar el llamado “impuesto de degüello”, cuando no se tiene un matadero autorizado en el Municipio, pues se estaría apoyando el sacrificio clandestino de animales.

Que el Gobierno Nacional debe intervenir oportunamente y afirma, que es conveniente generar un proceso de Asociación Público Privada, APP, para construir una planta de beneficio animal regional, “esto puede significar una inversión de 12 mil a 15 mil millones de pesos y debe ser de un privado, pues el gerente público nunca lo va a hacer. No solo debe ser un matadero municipal para Aracataca, sino que lo puedan utilizar los demás municipios como Fundación, Zona Bananera, El Reten, Pivijay y Algarrobo”.

Reiteró, que el de Aracataca va a quedar solo a 40 minutos de la capital del Magdalena, en donde está uno de los puertos del país, por lo que no sería un matadero solo para el consumo regional, sino que serviría para exportar, “creo que un privado le puede interesar mucho, pero esto es un tema que lo debe generar el Gobierno Nacional para que se pueda hacer una inversión tan importante”.

Rivelino Mendoza Ballestas, alcalde del municipio de Ariguaní, coincide en concertar mesas de trabajo, pues para él, los matarifes, aunque el matadero municipal esté cerrado, van a seguir sacrificando reses a escondidas de las autoridades, lo cual desencadena en abigeato, entre otras problemáticas.

“En estas mesas de concertación no solo debe estar el Invima, como autoridad sanitaria, sino también representantes del Ministerio de Protección Social, de la Gobernación del Magdalena, del Ministerio de Hacienda, del Departamento para la Prosperidad Social y que las exigencias de ellos vengan acompañadas con soluciones”, aseveró el funcionario.

Entre las propuestas de Rivelino Mendoza está que a cada Municipio del Departamento del Magdalena se le asigne un recurso, que por lo menos trabaje un Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, “un documento Conpes especial, donde haya una asignación principal en los municipios del Departamento, para que, con los esfuerzos propios de nosotros, de recursos propios, podamos hacer un cierre financiero y obtener el dinero para construir nuestras plazas del matadero municipal”.

Apuntó, que paradójicamente a principios de año, el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, emitió una circular que limita la inversión de los recursos para la prosperidad social y en la que se rechazaron los dineros destinados para los mataderos municipales, “entonces lo que digo es que van limitándole a los alcaldes, a los municipios estas inversiones y hay exigencias de las normas, de los reglamentos, resoluciones o leyes en ese sentido. Igual sucede con los mercados públicos, que pude solucionar con el Concejo Municipal de Ariguaní”.

EL DILEMA DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Nicolás Senior, presidente de la Asociación de Ganaderos de Santa Bárbara de Pinto, municipio al sur del departamento del Magdalena, alegó que el cierre de los mataderos municipales traerá problemas de control sanitario y ambiental, debido a que los costos que acarrearía utilizar los servicios de la planta de beneficio animal certificados por el Invima, en este caso podría ser tanto de Santa Marta como el de El Banco, serían imposibles, lo que conlleva al sacrificio descontrolado en los patios de las casas.

“Cómo haría la persona para transportar un animal malogrado si algunos de los sacrificios en este Municipio se da por causa de una pata lastimada. Además, por mucho, se sacrifican de dos a tres reses diarias en Santa Bárbara de Pinto, que, la mayoría de veces no es consumida en su totalidad, por lo que no se requiere de este servicio todos los días”, aseveró el ganadero.

Ratificó que, en definitiva, debe existir un sitio regional en donde se puedan sacrificar animales, que, con la participación de los demás municipios involucrados, se podría escoger la ubicación ideal, sin embargo, está consciente que esto requiere de una grande inversión.

Actualmente, en este Municipio de sexta categoría, lo que indica que tiene menos de 10 mil habitantes, se realiza el servicio de sacrificio en el matadero municipal por un valor de 50 mil pesos por cabeza de ganado, que incluye también el “impuesto del degüello”, “este impuesto se recoge en la oficina de recaudo y con ese recurso se le paga al matadero, que tiene una persona de planta y otro, que está encargado del aseo y la limpieza”, relata Nicolás Senior.

Igualmente, está convencido de que, si se cerrara definitivamente este matadero, proliferarán los mataderos clandestinos, lo que traerá consecuencias como el abigeato, que, en Santa Bárbara de Pinto cuenta con un problema mayor y es que el Municipio se encuentra en un punto estratégico de comunicación con los departamentos de Bolívar y Sucre, lo que facilita el robo de reses, pues los cuatreros de ganado, muchas veces, se los llevan por el río sin dejar rastros.

“Nos hemos reunido con las autoridades de la Policía y del Ejército de los departamentos de Bolívar y del Magdalena, puesto que el accionar de la Policía es lento, porque cuando los cuatreros pasan la jurisdicción, estos apenas inician la comunicación con los encargados de los demás departamentos mencionados”, confirmó el presidente de ganaderos de Santa Bárbara de Pinto.

¿QUÉ DICE INVIMA?

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Sello legal Invima que aprueba la carne para su comercialización.

Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, el control a la clandestinidad e ilegalidad se realiza de manera articulada con otras autoridades, tales como la Policía, Fiscalía y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en el marco de la implementación de la Resolución 3753 de 2013, “es responsabilidad de los alcaldes y comandantes de la Policía de la municipalidad que se cumpla esta disposición”.

De igual manera, el Invima argumentó, que en la actualidad se avanza en el fortalecimiento de esta articulación, tanto en el nivel nacional como territorial, para aumentar el número de operativos y su eficacia.

Adicional a ello, las medidas sanitarias que el Invima comenzó a imponer a partir de la vigencia del Decreto 1500 de 2007, se notifican de inmediato a las demás autoridades para la ejecución de sus competencias con el fin de garantizar que todos ejerzan los controles requeridos.

PREPARADOS PARA EL SUMINISTRO DE CARNE

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La ‘Planta de Beneficio de Gaira’ es uno de los dos mataderos que continúan funcionando en el Magdalena por cumplir con el Plan Gradual de Cumplimiento, exigido por el Invima.

Daniel Murcia Calderón afirma, que es importante que la gente entienda y hasta los mismos alcaldes, que todos los municipios no pueden tener mataderos pues, esto genera inconvenientes sanitarios, y para eso el Invima realiza la racionalización, “los que tenemos las inversiones correspondientes y hemos cumplido con los requisitos sanitarios, ambientales, entre otras normativas que exige la Ley, y que llevamos años en esto, estamos en la capacidad de abastecer y suministrar todos esos municipios del Departamento. Las plantas de beneficio animal como la de Gaira, tienen todavía un 50 % de la capacidad instalada”.

Afirma, que la Planta de Beneficio Animal de Gaira, en Santa Marta, sacrifica diariamente 150 reses, que comercializa entre Santa Marta, Bogotá y Barranquilla y tiene capacidad instalada para más de 350 semovientes, por lo que podría suplir las necesidades de los demás municipios del Departamento, sin ningún problema.

“Nosotros tenemos más de 22 años de transportar la carne de bovino en doble troques acondicionados a Bogotá. Son aproximadamente 1000 kilómetros, que corresponden a 36 horas de viaje. Todo vigilado por el Invima. Sin embargo, algunos comerciantes del Departamento dicen que no es posible el transporte de estos productos a, por ejemplo, Fundación, que queda a 68 kilómetros, es decir 58 minutos de carretera. Todo este cuento se lo meten a los alcaldes, señalando que es muy costoso el producto, pero en realidad quieren evadir el pago de impuestos de degüello a Fedegán y del servicio de sacrificio”.

Es importante mencionar, que el municipio de Ciénaga consume aproximadamente 50 reses diarias; Fundación, 30; El Retén, 5; Aracataca, 5; Zona Bananera, 10; y Pivijay, 10.

“Mi pelea no es quitarles el negocio a los comerciantes, se trata de que sigan vendiendo la misma cantidad de carne, pero con todas las certificaciones de calidad, para que la población no corra ningún riesgo, además, que, si se sancionan con mayor celeridad a los mataderos clandestinos, se controlaría el abigeato del ganado, que es lo que más nos perjudica a los ganaderos”, reiteró Murcia Calderón.

“Lo otro es que la gente tenga la garantía de no adquirir tantas enfermedades por consumir la carne sin control sanitario, eso es grave. El inspector del Invima, por ejemplo, en la planta de beneficio animal de Gaira, a quien yo le pago para que vigile todo el proceso de sacrificio y quien es un delegado escogido directamente por la Entidad, rechaza y pica enseguida un pulmón malo, un bofe, un hígado, en un recipiente que llena de una sustancia conocida como azul de metileno y deja este cárnico inutilizado, ni para los animales sirve, pero en esas plantas clandestinas esto no sucede, puesto que no tienen quien los vigile y los comerciantes llevan estos órganos o vísceras enfermas y las venden a la población sin importar los daños que puedan causar en la salud”, apuntó el funcionario.

REQUISITOS PARA EL SACRIFICIO DE UN BOVINO

Los ganaderos colombianos deben llevar un control de vacunación que exige el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. La vacuna contra la fiebre aftosa, que se debe poner cada 6 meses a cada res y la de la brucelosis, que previene el aborto, para las hembras bovinas y bufalinas, y se coloca una vez, entre los tres y ocho meses de edad. Estas son indispensables para la venta, transporte y/o tenencia del ganado.

Por tanto, para trasladar al ganado, si se vende al matadero, por ejemplo, hay que ir al ICA y pedir una licencia de movilización, la cual requiere la certificación de la vacuna contra la aftosa vigente de cada res que se pretenda transportar. Cabe destacar que, en días pasados Luís Humberto Martínez Lacouture, gerente general del ICA, señaló, que el objetivo prioritario del país es conservar el estatus sanitario con que cuenta Colombia en la actualidad, pues se pretende la conquista de nuevos mercados extranjeros para la exportación de carne.

Por otro lado, la planta de beneficio animal debe contar con técnicas específicas y estipuladas para el sacrificio. “Anteriormente se utilizaba una herramienta llamada ‘descabellador’, pero el Invima y autoridades correspondientes exigen que, por la humanización del animal, se utilice una pistola de perno cautiva, que lo priva y proceden al desangre y faenado, sin que esta sufra. Este proceso debe ser llevado a cabo en rieles aéreos para mantener al animal elevado y que quede sin sangre, debido a que esta contiene todas las bacterias y enfermedades, las cuales representan un peligro para la salud humana.

Por tal razón, es peligroso el consumo de carne de reses sacrificadas clandestinamente, porque, en su mayoría, el animal es sacrificado angustiado y es descuartizado sobre el suelo o un mesón, sin haber sacado de manera previa toda la sangre, la cual se seca y es consumida”, explicó Murcia.

Entre más días pase la carne madurándose, menos riesgo de bacteria tiene, “en los Estados Unidos ninguna carne puede salir de la planta para ser vendida al público si no tiene 14 días de maduración, porque ese es el tiempo en el que pueden morir todas las bacterias que la carne bovina tiene. Entonces, la res entra al cuarto frío apenas es sacrificada y, en 24 horas, debe bajar entre 0 a 6 grados y permanecer ahí ese término para que mueran todas las bacterias y para que el rigor mortis se elimine, porque ella genera una cosa que se llama ácido láctico, la carne se vuelve blandita y llega a su mayor valor de proteína”, expuso Daniel Murcia.

SANCIONES Y MULTAS

plantasEl Decreto Nacional establece que el Invima debe efectuar como mínimo cuatro visitas anuales para realizar la respectiva evaluación del funcionamiento de la planta y tener en cuenta el Plan Gradual de Cumplimiento, documentos de los propietarios, tenedores u operadores.

“Las sanciones por incumplimiento a los requisitos sanitarios están consignadas en el artículo 577 de la Ley 09 de 1979, las cuales pueden ser: amonestación, multa de hasta 10.000 salarios mínimos diarios vigentes (aproximadamente $230 millones), decomiso del producto y cierre del establecimiento.

Adicionalmente, las sanciones contempladas en el Código Penal como los delitos contra la salud pública y los relacionados con daños al medio ambiente por los vertimientos.

FONDOS PARA CRÉDITO

A pesar de que actualmente solo fungen legalmente dos plantas de beneficio animal en el departamento del Magdalena, las cuales cumplen con gran parte del Plan Gradual de Cumplimiento, cualquier persona o entidad pública o privada puede disponer de un matadero, siempre que cumpla con todos los requisitos legales establecidos por el Invima, en el Decreto 1500 de 2007 y el Decreto 2270 del año 2012.

Se debe resaltar, que el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, tiene líneas de créditos de infraestructura pecuaria, redes de frío, reparación de obras civiles y equipos para transformación y comercialización.

Así mismo, el Banco de Desarrollo Empresarial, Bancoldex, cuenta con modalidades de crédito relacionadas con capital de trabajo y modernización, igual que el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, organización comprometida con el desarrollo del país a través de alianzas con entidades públicas o privadas orientadas a estructurar y ejecutar con calidad y oportunidad proyectos estratégicos dirigidos a transformar vidas en beneficio de las Entidades territoriales y de las Regiones.

“Lo anterior se ha socializado en los diferentes departamentos a los alcaldes municipales, que, para el caso del departamento de Magdalena, se realizó el 4 de mayo de 2016”, aseguró Invima.

Por otro lado, en relación con el papel de las administraciones, a las entidades territoriales de salud les corresponde adelantar las acciones en inspección, vigilancia y control para la comercialización, transporte y expendio de la carne.

OPINIÓN CARIBE en repetidas ocasiones intentó contactar al Secretario de Salud del Magdalena, pero ello no fue posible.

El Departamento del Magdalena no cuenta con plantas de beneficio animal porcino certificados. En el país van a cerrar, por no cumplir con los requisitos sanitarios y ambientales que exige el Invima, 75 de estos mataderos.

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