Atenuantes, no soluciones, sistema carcelario sin efectividad

En su edición 131, OPINIÓN CARIBE evidenció la situación crítica en el interior de la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’, los reclusos sin servicios médicos, casos de tuberculosis mal tratados, ineficiente suministro de agua potable y el no pago de las administraciones municipales por la manutención de sus reclusos. Hoy da a conocer que pese a la gravedad de la problemática, solo se han aplicado ‘pañitos de agua tibia’.

Para el mes de abril se había generado una alerta por un posible brote de tuberculosis en el interior del penitenciario; en aquel momento, los reclusos denunciaron que las personas afectadas no estaban en un aislamiento garante para no propagar el virus a los demás, “están en la zona de sanidad donde ellos siguen en contacto con otras personas y temen que pueda haber más casos, pero es lo mejor que hay en estos momentos, porque a través de la fiducia en cuanto a las prestaciones de servicios médicos no funciona al 100 por ciento”, señaló la fuente a este medio.

La madre de un joven que padece tuberculosis aseguró, que hacía cinco meses su hijo no recibía tratamiento. El traumatismo se debía a que Caprecom-EPS que atendía a los reos de la ‘Rodrigo de Bastidas’ prestó el servicio hasta el 30 de enero del presente año. Con la liquidación de la EPS, el Inpec a través de una fiducia se hizo cargo de los servicios de salud de los reclusos. Cuando la EPS en liquidación tuvo a cargo la atención médica, los internos tenían problemas con los insumos y el suministro de medicamentos, la atención y traslado oportuno a centros asistenciales, estos eran los mayores inconvenientes.

En el seguimiento que ha realizado OPINIÓN CARIBE, al entrevistar a uno de sus reclusos, este señala que, en la actualidad, “la salud va en término medio, no quiere decir que estemos como hace unos meses. Ha mejorado un poco porque los problemas en una población tan numerosa son difíciles de sobrellevar, sobre todo en estos momentos cuando hay crisis a nivel penitenciario, eso es algo que debe empezar a reconocer el Gobierno. Hay una crisis que necesita de una reforma penitenciara”.

Con la fiducia a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, el servicio se presta dentro de las instalaciones del penal en el área de sanidad, se mantiene el convenio con el Hospital Universitario ‘Fernando Troconis’ para exámenes, laboratorios, entre otros, y las urgencias son atendidas en la Clínica La Milagrosa.

Carlos Mendoza, interno de la cárcel, manifestó, “las citas médicas y el suministro de medicamentos se tratan a nivel interno cuando hay, porque aquí se vuelve común el acetaminofén y los analgésicos. El tratamiento para personas con enfermedades inmunológicas como VIH-Sida todavía es inestable, es necesario entender que debe haber atenciones especiales para que haya manejo de la enfermedad”.

Otros internos manifestaron que en ocasiones les autorizan resonancias, pero no hay contratación con las entidades que el Inpec buscó para que suministraran ese servicio; estas situaciones las catalogan como vulneración del derecho a la salud. “Con el Hospital, sabemos que se ha sostenido y esperamos que al menos ese paracaídas no se vaya a cerrar, porque si sucede así, volveríamos a vivir una situación parecida a la de meses atrás”.

Los afectados por la tuberculosis no eran los únicos a quienes no se les estaba entregando el tratamiento oportuno, la madre de un joven que padece VIH-Sida comentó, que su hijo no estaba recibiendo los medicamentos requeridos, solo les quedaba la opción de comprarlos por su propia cuenta. En estos momentos la entrega de las medicinas sigue en el limbo.

Se mantienen las quejas de los reclusos sobre las condiciones de salubridad que tiene el centro penitenciario, porque las malas condiciones de los inodoros producen olores desagradables en el ambiente. En las afueras hace pocos días se hicieron trabajos en el alcantarillado, que, de acuerdo con las declaraciones de los reos, no representó ningún mejoramiento, porque todavía ocurren inundaciones en el interior del penal cuando hay épocas de lluvia o cuando se satura la parte interna de las cajas de aguas negras.

Estas inundaciones afectan los pasillos, los baños se saturan, no bajan, producen malos olores en los lavaderos, “lo que genera incomodidad y puede causar una emergencia sanitaria. El trabajo de alcantarillado fue una contratación que hizo la Uspec, pero los contratistas a los que les adjudicaron decían que no les había alcanzado el dinero. Iban a arreglar los baños, a modificarlos para que realmente fueran dignos, pero según la contratación no alcanzó para esto, nos quedamos sin baños y las tuberías dentro del penal no son las adecuadas, son viejas y obsoletas”, afirmó Mendoza.

El centro penitenciario, también ha recibido el respaldo de la Alcaldía de Santa Marta para la consecución de un pozo que ha contribuido al abastecimiento de agua para la población; sin embargo, “el tratamiento del agua no es 100 por ciento optimo a pesar de que las fichas técnicas dicen que es agua que puede ser consumida, pero nosotros discrepamos de eso porque solo con caer el agua sobre nuestra piel, nos genera brotes, por tanto, para el consumo no debe ser buena. En ese aspecto hay que mejorar”.

En el penitenciario se está construyendo una planta de tratamiento que va a garantizar que esta agua sea potable y consumible. Fue una licitación que hizo la Uspec, “nos gustaría que los lineamientos de la contratación se den conforme a lo firmado y no que vengan a hacer una inversión y querer salir del paso para justificar fondos que sean desviados para beneficio de otras personas diferentes a los internos de la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’. Destacan el suministro de agua a través de la tubería, ya no reciben los carrotanques como meses atrás por causa del desabastecimiento del servicio.

Con respeto a la infraestructura física en la cárcel de acuerdo con los relatos de los internos había sido mal interpretado un fallo de sentencia sobre el cual se amparaban para no realizar modificaciones al centro de reclusión. Esta confusión fue resuelta por un grupo de jueces que en una visita reciente hizo claridad en que sí se pueden hacer adecuaciones mientras se soluciona de fondo un sitio bien estructurado.

NEGATIVAS AL TRASLADO A SAN ÁNGEL

Está en marcha la iniciativa del Gobierno para trasladar la cárcel a Sabanas de San Ángel, la Gobernación donó el terreno y el Ministerio de Justicia se encargará de la construcción, la cual tendrá capacidad para 3 mil internos con proyección para 3.500, su costo aproximado será de 3 mil millones de pesos.

Alba Cabrera, secretaria del Interior del Departamento.

La secretaria del Interior del Departamento, Alba Cabrera, manifestó, “hemos acompañado al Ministerio de Justicia y a la Uspec, porque son los encargados de la construcción de esta cárcel ya que el proyecto fue aprobado, estamos ad portas etapa de construcción, aunque todavía no hay fecha exacta”.

Entre los beneficios que tendrá este proyecto, la funcionaria menciona, que habrá vías de acceso tanto para la cárcel como para el casco urbano del municipio, en las promotoras de salud y en los centros educativos. A la fecha, se llevaron a cabo dos reuniones con la comunidad, una, en Monterrubio; la otra, en la misma cabecera municipal.

En abril, un grupo de campesinos aprovechó la presencia del exprocurador Alejandro Ordóñez para dar a conocer su oposición para que se construyera la cárcel subregional en ese territorio. En una de las socializaciones, el director regional del Inpec, teniente Coronel Carlos Julio Pinedo, le expresó a la comunidad que en la Costa existen 14 establecimientos carcelarios y todos viven en armonía con los habitantes y esta cárcel Eron se trata también de “un proyecto más agrícola y de resocialización, de granjas acorde con la región, el cual brindará beneficios laborales a unas 600 personas entre empleados y funcionarios”.

El proyecto avanza, pero los reclusos que hoy están en Santa Marta se oponen a que se construya la nueva edificación en una zona tan apartada de la ciudad. Puntualizan en que el traslado se va a efectuar sin escuchar su clamor, “la mayoría de las familias se opone para que sea replanteado ese traslado, para que se hable de una solución concreta, el programa resocializador se puede ver interrumpido por construir una cárcel en la zona rural.

Cabe mencionar, que es importante que las autoridades nos den las razones del porqué la cárcel debe estar ubicada en un lugar en el que las carreteras son de difícil acceso, no hay cercanía con los hospitales, no se respeta la vida, la unidad familiar”.

A los internos se les afecta el programa de resocialización al apartarlos de sus familias, además de exigir que les den argumentos contundentes y qué estudios respaldan la construcción del nuevo penitenciario entre San Ángel y Fundación, donde no hay garantías de agua potable y movilidad en el caso de que ocurra un hecho catastrófico.

“Se dañaría el propósito principal de resocialización del individuo, se pone en riesgo la unidad familiar y esto trae como resultado una descomposición social, eso es lo que reclamamos. La lejanía es sinónimo de que no habrá un proceso judicial garante, qué abogado va a trasladarse hasta allá, además de elevar los costos”, plantean los reos.

Agregan, que las visitas de los familiares se vuelven costosas, así mismo, las diligencias jurídicas, los servicios médicos; si es en la ciudad y muchas veces no pueden cumplir las remisiones, menos lo harán en un lugar que está a tres horas de la capital del Magdalena. “Nosotros hacemos parte de la Nación, no solo tienen que dialogar con las Farc, también con los presos del país, porque hay mucho inconformismo; se deben subsanar a través del diálogo muchas heridas para que haya una reconciliación nacional”, aseveró Carlos Mendoza.

Los reclusos son conscientes de la situación de hacinamiento en la que viven hoy en el interior de la cárcel, pero no comparten las soluciones planteadas. Así como se oponen a que haya un traslado a Sabanas de San Ángel, tampoco están de acuerdo en que cada vez que se habla de sobrepoblación, hagan traslados a otros sitios del interior del país que tienen situaciones similares, “están sacando de aquí reclusos y los llevan a Yopal, Casanare, que vive otro hacinamiento parecido al de acá, porque las celdas en las que debe haber dos personas se albergan seis u ocho.

Los trasladados a La Dorada, Caldas, están hacinados esperando a que salgan algunos presos que han cumplido sus condenas para ubicarlos en celdas comunes y corrientes, eso no es resocialización. Con modestia le decimos al Estado y a la sociedad en general, que no merecemos ese trato, porque de esta manera no se puede construir paz”.

QUÉ DICE LA INSTITUCIÓN

El director de la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’ Segundo Noé Saavedra, en la edición el primer trabajo periodístico le explicó a OPINIÓN CARIBE, que los municipios no atienden como es debido a sus reclusos; el incumplimiento de su deber como ente territorial es una de las causas del hacinamiento en el interior del centro penitenciario. Cada municipio tiene la obligación de tener su centro de reclusión para los sindicados cuando reciben sus condenas y son recibidos por el Inpec.

Elizabeth Montero, directora (e) de la cárcel Rodrigo de Bastidas.

A comienzos de este año, el director ofició a todos los alcaldes para que se hagan cargo de la manutención de los reclusos que hoy tienen en Santa Marta. La subdirectora Elizabeth Montero, quien está a cargo de la dirección en estos momentos, afirmó, que el único convenio que hay en marcha es con el Distrito, que aún no se ha firmado por detalles de semántica, porque no se han logrado poner de acuerdo con la Alcaldía, pero que en el transcurso de la semana esto será resuelto.

El convenio que está por finiquitar con la administración Distrital contempla elementos de ferretería para hacer las adecuaciones en la infraestructura física, ya que la principal mano de obra será la de los internos, quienes tendrán su tiempo de redención y participación en la construcción.

A pesar de que han intentado que los municipios hagan sus aportes, hasta el momento no lo han logrado. La Gobernación ha brindado su apoyo en presupuesto para afrontar la deficiencia de recursos que tiene el penal.

En lo que respecta a la prestación del servicio de salud a través de la Fiduprevisora, la directora (e) considera que se han afrontado las situaciones, “hemos evacuado ciertos inconvenientes, a algunas patologías graves se le ha dado atención cubriendo a la mayor parte de la población interna, pero como todo es un proceso nuevo, ha tenido sus tropiezos, por ello debemos prestarle toda la atención”. Agrega, que la atención en salud es de coyuntura nacional, a la cual la población interna no es ajena.

Se le preguntó, además, por los trabajos de alcantarillado que se realizaron y señala, que con las lluvias por cuenta del coletazo del Huracán Matthew los pasillos se inundaron, tuvo que romperse algunos tubos que estaban taponados. Y contrario a lo que dijeron los reclusos, en los baños si se realizaron trabajos, en el ala de los pasillos 1, 3 y 5, en pintura, inodoros, tuberías para los pisos, cambio de los lavamanos.

Entre las zonas de infraestructura que se van a priorizar, se encuentran el patio y la cancha, que tienen una pared en débil estado, lo que representa un riesgo para los internos y visitantes. También el techo de los pasillos 9 – 10 para que no se filtren las lluvias ni en el alojamiento de la guardia.

Entre las falencias que presenta el penitenciario considera, la falta de salas de audiencia, organizadas con tecnología. “Nosotros manejamos más de 1.500 internos y las remisiones diarias son de unos 10; hay ocasiones en que tenemos hasta 50, es imposible cumplirlas todas a través de vehículos o por pie de fuerza, acá dentro hay otras actividades que se deben cumplir en pro de la redención del interno.

¿EL FIN DE LA PENA O DE LA VENGANZA?

Las condiciones de higiene y salubridad en el interior del penitenciario son mínimas por causa del hacinamiento.

El Código Penal establece en el artículo 4 los fines de la pena: prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado, por tanto, Emiro Sandoval, abogado penalista, quien fue crítico del sistema penal de Colombia, plantea que la norma estipula esas funciones de la pena, pero en la práctica la pena o la forma como se aplican tergiversa esos fines declarados y lo que ocurre es que se practican unos fines diferentes a los estipulados en la ley.

De acuerdo con Sandoval Huertas podría decirse que los fines no declarados de la pena son, por ejemplo,el fin de la venganza, hoy no se puede hablar con base en lo que plantea la Ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente, pero digamos que en las cárceles hay una situación en la que no solo pagan sus delitos con el precio de la libertad, también lo están haciendo con el precio de la dignidad.

El sistema se vuelve vengativo con ese preso, asimismo cuál reinserción social, porque el que está en la cárcel es un rechazado social, la reinserción implica que esa persona vuelva a incluirse en la sociedad, pero lo que hace la cárcel es excluirlo, porque quien entra a un penitenciario estará tachado toda su vida por haber estado ahí. A su vez se dice, que busca que haya una prevención general o especial del delito, pero la cárcel es la mejor universidad del delito, quien entra a este lugar se especializa en ello, lo lógico, es que no lo vuelva a hacer, pero quien es excluido llena su corazón de resentimiento.

Agrega, que la pena privativa de la libertad ha servido para proteger la propiedad privada, porque quienes cometen delitos y están encarcelados no podrán atentar contra lo más sagrado de la sociedad capitalista que es la propiedad privada. También mantiene el statu quo, de acuerdo con el criterio del abogado Sandoval Huertas, la ley penal no se aplica igual para quienes tienen poder y para quienes no, hay una diferencia de clases en cuanto a la aplicación de la pena.

Aldair Bueno Atencio, abogado especialista en derecho penal, coincide en que los fines de la pena no se cumplen a cabalidad, si bien se hacen estrategias en el interior de la cárcel para que haya un proceso de resocialización, Bueno Atencio considera, que es difícil hablar de este aspecto de la pena cuando las políticas carcelarias no dan lugar a que el beneficio de la duda o el principio de inocencia se materialice.

Sustenta su argumento basado en que a toda persona que es denunciada, notificada o capturada la sociedad lo tilda como criminal, “debemos tener en cuenta que estamos frente a situaciones socio-culturales, no solo depende de las cárceles, pero el sistema penitenciario y el procesal penal tampoco cumple las prerrogativas para hablar de un principio de inocencia que establece que la persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario a través de una sentencia condenatoria”.

Por otra parte, el penalista menciona, que no hay aplicación del test de proporcionalidad que deben realizar los fiscales para imponer una medida de aseguramiento y analizar cuál es el aspecto más beneficioso para el imputado; si es posible que la detención preventiva la cumpla en su casa, el fiscal debería imponer esa medida, pero sucede, que, en su mayoría, son enviados a la cárcel, lo que redunda en el hacinamiento cuando solo son imputados.

Expresa, que de esa manera se afecta el proceso de resocialización, porque donde deben estar tres personas en una celda, hay hasta ocho, “¿cómo se resocializan a estas personas? En cuanto al principio de dignidad humana, eso está por el piso, a la luz del derecho penal, una pena ya es un daño a la dignidad, pero a pesar de eso es una retribución a la afectación causada al Estado y a la sociedad, por eso se habla de la proporcionalidad, una persona que comete un delito de hurto no va a tener la misma pena de quien comete un homicidio”, explicó Bueno Atencio.

Estas críticas y análisis dan respaldo a la petición de los reclusos en Santa Marta de que se revise el sistema penal del país, para dar soluciones de fondo a los problemas de hacinamiento en los centros penitenciaros y así haya cumplimiento de los fines reales de la pena, cumplimiento de los derechos humanos y un verdadero proceso de resocialización.