Paz, petróleo y regla fiscal

Por Carlos Holmes Trujillo

El Presidente de la República recibió el mandato de buscar un acuerdo mejor. Eso implica introducir cambios importantes a lo ya convenido. En particular, se debe prever el impacto en el gasto público.

Estamos en un escenario de desaceleración de la economía, explicada, en buena medida, por el marchitamiento del sector petrolero. Además, hoy coexisten el déficit de la balanza comercial con el déficit fiscal del Gobierno Nacional. A la vez, cae el crecimiento, respecto del cual los especialistas estiman que no llegará más allá del 2,2 por ciento del PIB en el 2016.

En cuanto al déficit fiscal, y sin claridad todavía sobre el monto de los recursos que exigirá la implementación del acuerdo, las calificadoras de riesgo están a la espera de la reforma tributaria, que permita proyectar el necesario equilibrio estructural en el mediano y largo plazos. Al escribir estas líneas, aún no se conoce el proyecto de ley que ha anunciado el Gobierno. Tampoco se conocen cifras o proyecciones oficiales sobre lo que implica, en materia de gasto público, el cumplimiento de los acuerdos en La Habana.

El país espera que tanto la reforma tributaria como los gastos proyectados, asociados al posacuerdo, se gestionen dentro de un estricto cumplimiento a la regla fiscal. Se trata de una condición necesaria para el manejo responsable y serio de la hacienda pública, a fin de que el país no vea frustrada la esperanza de que la paz beneficie a todos.

El punto de partida son las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentado recientemente por el Gobierno. Llama la atención el supuesto de una producción petrolera media superior a los 900.000 barriles diarios entre 2018 y 2027. Esto implicaría un aporte fiscal de la industria petrolera de 5,7 billones de pesos anuales, en promedio.

Desafortunadamente, esta proyección es poco probable que se materialice, aunque es muy inferior a los 20 billones de pesos anuales de aporte fiscal promedio en los años anteriores. El problema es que el país vivió desde el 2012 una desaceleración en las principales variables del sector petrolero, y una clara declinación de las inversiones, reservas y producción a partir del 2014.

Hemos pasado de más de un millón de barriles de producción en el 2014 a solo 827.000 en el pasado agosto. La producción está declinando a la preocupante tasa del 14 por ciento anual en los principales campos petroleros en el país. Esta caída de la contrasta con las optimistas proyecciones gubernamentales para la próxima década. Ello supondría una vigorosa actividad exploratoria. Sin embargo, lo cierto es que la exploración de pozos está semiparalizada. La relación reservas/producción es menor a los 6 años de duración.

El Gobierno debe partir del entendimiento de que los deprimidos precios internacionales implican tomar decisiones de fondo y urgentes para que el país vuelva a ser competitivo en la atracción de capitales de riesgo.

El buen desempeño económico de Colombia en el posacuerdo y el equilibrio estructural de las finanzas del Estado, son necesarias para que el país crezca y pueda cumplirse lo que se pacte. El acuerdo, debe respetar la regla fiscal y no entorpecer la reactivación de las inversiones y la producción petrolera.