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Análisis

Hecha la ley, hecha la trampa: Más de 1.5 billones de pesos involucrados en libranzas

Opinión Caribe

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Mientras el país estaba entretenido en las contiendas para el plebiscito, estalló un escándalo financiero que compromete alrededor de 1.5 billones de pesos, que pertenece a 10 mil inversionistas de estratos alto y medio que se adhirieron al negocio de las libranzas en el país. Algunas de las empresas involucradas son Estraval, Elite, Vesting Group, Plus Values, Optimal. El ex congresista del Magdalena, Roberto Herrera Díaz y su esposa Delvis Medina Herrera, guardan relación directa con el negocio que hoy es investigado.

Entre los inversionistas comprometidos en el negocio se encuentran personas naturales y jurídicas que compraron libranzas -el respaldo de créditos a empleados y se descuentan por nómina-, a empresas como Estraval, Elite, Vesting Group, Plus Values, Optimal, quienes hace unos meses suspendieron los pagos a inversionistas.

El valor del ahorro llega a más 1.5 billones de pesos, de acuerdo con las investigaciones que adelanta la Superintendencia de Sociedades. A la fecha han sido intervenidas nueve entidades implicadas en el negocio de las libranzas en el país; pero hay cooperativas asociadas a las grandes empresas que también tienen participación y podrían verse involucradas. Según lo que han arrojado las investigaciones, es posible que las empresas hayan incurrido en modalidades delictivas, como captación masiva e ilegal, estafa, fraude, falsedad en documento, concierto para delinquir y hasta posible lavado de activos.

Las libranzas, aparentemente, son seguras, el recaudo de las cuotas se garantiza con la autorización que el deudor le da a su empleador para descontarle cada mes de su sueldo una cuota específica. Y el empleador tiene la obligación de entregarle el dinero al establecimiento de crédito. Este es un negocio que por años han manejado los bancos, pero no son los únicos que mueven el crédito de libranzas, se han sumado cooperativas, fondos de empleados y sociedades comerciales.

Las libranzas en sí no tienen misterio, el problema surge cuando las entidades que se encargan de este manejo negocian los pagarés que respaldan la deuda en un mercado secundario. Estas los venden como si fueran un título valor a inversionistas que en cambio reciben como utilidad cifras llamativas, por encima de las que se ofrecen normalmente.

En 2012 se creó la Ley 1527 que estableció la norma de la libranza o descuento directo; a partir de ahí, los expertos consideran que hubo un crecimiento acelerado de esta modalidad de préstamos y cobros de cartera. La Ley se impartió con el fin de organizar la actividad, las disposiciones de la norma ampliaron el espectro de quienes pueden dedicarse a la actividad crediticia, se les permitió a empresas comerciales entrar al negocio extra bancario.

Según la Superintendencia de Sociedades, la entidad Estraval -hoy intervenida para liquidación- incurrió en captación masiva e ilegal de dinero. Algunos de los recursos que entraron a sus cuentas no correspondía a la venta real de libranzas, no había justificación financiera de la rentabilidad que se le había pagado a los clientes y de las sumas prometidas. La forma en que iniciaron las empresas de crédito estaba apartada de la típica compra y venta de libranzas; algunos economistas manifiestan, que terminaron convertidas en pirámides.

Empresas como Estraval y Elite reconocían a sus inversionistas una tasa efectiva anual entre el 16 y 21 por ciento. El valor era estipulado dependiendo del plazo en que llevaron el dinero, podía ser entre uno y cinco años; por estas razones se piensa que actuaron con el modelo de las pirámides.

La cifra a devolver llama la atención, teniendo en cuenta que, en CDT, en el mejor de los casos, reconoce el porcentaje de la inflación, que en la actualidad es del 9 por ciento. Sin embargo, se debe tener en cuenta que cuando se realizaron las inversiones, la inflación era menor por lo que la rentabilidad que obtuvieron fue mayor.

Un retorno del 20 por ciento anual en una actividad económica legal es insostenible, tomando como ejemplo empresas que mueven un buen flujo económico en promedio, el retorno es del 10% anual, si se estipula por periodos largos.

Informes de la registran que desde 2012 la cartera de estos créditos manejados por las entidades vigiladas, en su mayoría bancos, ha crecido con una tasa anual promedio de 17.7 por ciento, y al finalizar el primer trimestre de 2016 aumentó a 36 millones de pesos, que equivalen al 90 por ciento del crédito de vivienda del país.

Las cifras que preocupan son las que están en manos de empresas no vigiladas porque el negocio en los bancos ha funcionado con normalidad. La Superfinanciera estipula que entre las entidades extra bancarias, la cartera suma alrededor de 7 billones de pesos, por lo que se estimaría que los derivados de estas empresas amenazan con crear una crisis de gran dimensión.

¿QUÉ PAPEL JUEGAN HERRERA Y SU ESPOSA?

Por ser los pagos puntuales, el negocio cada vez se volvía más atractivo, pero a partir de 2012 Estraval entró en problemas de liquidez, las cooperativas aliadas frenaron la puesta en marcha de nuevos créditos que eran el insumo del negocio, lo cual aceleró la crisis con los préstamos que ya habían sido vendidos.

Sin cartera para comprar, sin flujo económico, no había títulos para ofrecerle a los inversionistas ni dinero para realizar los pagos de manera oportuna. Esta empresa, en su época de bonanza, inspiró a muchos a adentrarse al negocio, a tal punto que empleados crearon sus prestadoras.

Estraval trabajó con sus propias cooperativas; mientras que las que se organizaron como competencia en el mercado de los créditos, Elite y las demás, se aliaron a quienes ya las tenían. La Supersociedades comprobó que hay coincidencia en la red de cooperativas que les proveía créditos.

Aquí empieza el protagonismo del excongresista Roberto José Herrera, padre de la actual diputada del Magdalena, Valentina Herrera Serrano, y su esposa Delvis Sugey Medina, quienes lideran el grupo en la región Caribe. La pareja tiene a su mando las compañías Inversiones Alejandro Jiménez -a la que Supersociedades decretó reorganización- y la Corporación de Inversiones de Córdoba Invercor (DYM SAS).

También controlaban a Corposer, una corporación sin ánimo de lucro, sombrilla de cuatro más que son:Cooinvercor, Coovenal, Coomuncol y Sigescoop (conocidas como Redescoop.

Aparte de este grupo que manejaban, ponían cartera para Elite y otros intermediarios en Bogotá como la Cooperativa de Créditos Medina, Coocredimed, Credimed, Coomundocrédito y dos más constituidas como Sociedades por Acciones Simplificada, SAS.

Las empresas mencionadas tenían como centro de operaciones a Barranquilla, Cartagena, Valledupar y Montería. Las investigaciones se han dedicado a desenredar este entramado de cooperativas que resolvería parte de la cadena donde se generó el colapso del mercado extra bancario.

El grupo de cooperativas, liderado por Roberto Herrera, ha conversado con algunos de los clientes para acordar cómo responderles en la proporción que ellos lo consideren. Elite y las demás empresas deben hacerse responsables del resto de la plata que invirtieron los afectados. Los nombres de Herrera Díaz y Medina Herrera no es la primera vez que suenan para la opinión pública, porque Delvis Medina ha sido conocida por hacer parte de las IPS que presentaron reclamaciones engañosas al Fosyga luego de la ola invernal de 2007.

Héctor Mario Rodríguez, director del portal Primera Página, investigó la injerencia de esta pareja en el negocio de las libranzas. Roberto Herrera nació en Barranquilla, pero creció en el barrio Schiller en Pivijay, Magdalena. En 2010, cuando era representante a la Cámara, según Rodríguez, el excongresista certificó que no tenía actividad económica privada ni tenía participación en sociedades económicas.

En los últimos siete años creó la red de créditos de empleados de gobernaciones y alcaldías, pensionados (Fopep – Colpensiones), miembros de las Fuerzas Militares, entre otros, residentes en Montería, Barranquilla, Valledupar, Sincelejo, Cartagena, Santa Marta, Riohacha y ciudades vecinas. Delvis Medina, su esposa, se ha dedicado a los negocios.

Roberto Herrera inició su carrera política en Pivijay como concejal en el periodo 2002- 2006; en 2008 perdió las elecciones a la Asamblea del Departamento; en 2009 aspiró al Congreso como representante a la Cámara en fórmula con Manuel Julián Mazenet Corrales al Senado.

En la campaña en la que aspiraba a ser diputado realizó brigadas de salud lideradas por Delvis Medina, quien figuraba como representante legal de Brigamet IPS EU, Global Salud IPS, Desumeh Ltda de Pivijay. Estas eran empresas unipersonales que atendían primer nivel de complejidad, y les prestó servicio a los damnificados de la ola invernal de 2007.

Medina Herrera no tiene pendientes con la justicia; sin embargo, su nombre aparece en 460 procesos judiciales en Montería, Barranquilla, Sincelejo y Cartagena, en los que actúa como demandante debido a que desde 2008 la pareja se dedicó a los préstamos y constituyeron el 15 de enero de ese año la Cooperativa de Créditos Medina, Coocredimed.

En este negocio las cooperativas no solo terminaron cobrando intereses elevados, además, suman a la deuda seguros, cuotas de sostenimiento, aportes, servicios, entre otros que aumentan el valor que fue desembolsado en el crédito. En el auge que tuvo esta modalidad en la región se debe tener en cuenta que las condiciones socio-económicas del Caribe hacen que sea una zona de cultivo para adquirir estos créditos, por la dificultad de hacerlo con un banco. Las cooperativas que relacionan a Roberto Herrera y Delvis Medina entregaron un poder al abogado Abelardo de la Espriella para actuar en contra de Elite.

LO PECULIAR DEL NEGOCIO

Clientes de empresas como Elite, Vesti Group y Optimal terminaron recibiendo pagarés que respaldaban créditos que se habían dado en cooperativas de la región Caribe. Varios firmaron estos documentos en blanco con el convencimiento de que serían utilizados para hacer un estudio de crédito.

Sin embargo, por distintas razones, después de un lapso de tiempo no les aprobaban la solicitud del crédito. El problema radicaba que esos pagarés firmados por créditos que nunca se realizaron, no se les devolvían, y se convertían en un título que Elite negociaba con nuevos inversionistas.

En esta cadena de inconsistencias se ha conocido que clientes se dieron cuenta que el valor de las libranzas no correspondía con el monto prestado a los empleadores, incluso, hay casos en los que nunca se dio el desembolso; otros, en que los títulos aparecen alterados. Solo en alguno de los casos se vio que un crédito por 4 millones de pesos estaba respaldado por un pagaré con valor de 14 millones. Asimismo, se ha constatado que prestamos que habían sido cancelados, seguían vigentes, negociados con inversionistas de Bogotá.

Sobre las irregularidades mencionadas habría responsabilidad de las cooperativas que vendieron las carteras a las comercializadoras, y estas últimas no tuvieron el cuidado de revisar lo que estaban adquiriendo. No obstante, algunos afectados mencionan que empresas como Elite era consciente de cómo estaban procediendo.

Los más afectados por la crisis financiera son los que llevaban menos tiempo de haber entrado al negocio y habían recibido poco o nada en intereses. En estos casos de libranzas, los economistas aseguran, que es muy difícil que haya recuperación del dinero, en vista de que no es posible recuperar alrededor del 40 por ciento del dinero comprometido. La afectación podría ser parecida a la que causó la pirámide DMG hace ocho años cuando se detectaron sus irregularidades y fue intervenida por el Estado.

FISCALÍA PONE LA LUPA

El ente investigador rastrea los activos de los socios de las empresas que hoy han colapsado. Para resolver la situación, las entidades encargadas han manifestado que se necesita de un plan coordinado del Estado. En estos momentos la Fiscalía General con un equipo de investigadores rastrea la pista de los activos de quienes posiblemente serían los responsables de ese descalabro a la economía, y analizar los resultados para ver si es posible recuperar la mayor cantidad de dinero.

Hace un mes el ente acusador tiene una lista de imputaciones para varios investigados, aunque hay expectativas sobre lo que arroje el trabajo que adelanta la Superintendencia de Sociedades del que ya se ha conocido hay conductas delictivas. La Fiscalía está al pendiente de determinar si hubo inversionistas que entregaron plata a los intermediarios de libranzas, a título de préstamo y a tasas de interés que superan los montos permitidos, incurriendo en delito de usura, el cual es castigado con cárcel.

La manera en cómo operaban las cooperativas también es materia de investigación, a la fecha se conoce que había comisiones, estudio de crédito, cuotas de manejo, y demás agregados al crédito inicial. A finales de septiembre, la Superintendencia de Sociedades decretó la reorganización de Vesting Group, otro jugador de los créditos que está en una situación económica riesgosa.

En la misma situación se declaró a la firma Inversiones Alejandro Jiménez, con la que guarda relación Roberto Herrera.

LIQUIDACIÓN DE ELITE

La Superintendencia de Sociedades declaró liquidación para Elite, por tanto, esta entidad no podrá comercializar libranzas, tiene prohibido disponer de cualquier bien y realizar pagos o arreglos sobre obligaciones adquiridas con anterioridad al inicio del proceso de liquidación judicial. Cualquier tipo de actividad que realice será ineficaz.

Para realizar el proceso de liquidación de esta entidad se encargó a María Mercedes Perry Ferreira, quien tiene experiencia en estos procesos. Entre los casos atendidos está el de la pirámide DMG. La decisión de que la empresa fuera liquidada se toma luego de varias visitas realizadas por las delegaciones de Inspección, Vigilancia y Control y de Asuntos Económicos y Contables, en las que se evidenció que para Elite era imposible cumplir los compromisos hechos con los acreedores.

En este nuevo escándalo que concentra la atención del país es evidente que las autoridades fallaron, no hubo el control pertinente y oportuno, recae la responsabilidad sobre la Superintendencia de Economía Solidaria, que tiene la obligación de vigilar a las cooperativas. Además de que las organizaciones que hacen parte de la categoría de Aporte y Crédito tienen un nivel de vigilancia muy superficial, casi que su poder es inexistente. Como medida para estas situaciones, a la Superintendencia se le deben otorgar mayores facultades para evitar que exista la trampa.

***El miniconglomerado Herrera – Medina está integrado por las cooperativas y operadoras de libranzas: Sigescoop, Coovenal, Coomuncol, Coinvercor, Corposer, Inversiones de Córdoba Invercor, DYM S.A.S., Inversiones Alejandro Jiménez A.J. S.A.S; Cooperativa de Créditos Medina Coocredimed, aliado a Credimed de Milena Aguirre y Julio de la Hoz, las originadoras del Grupo Diomedes Angulo (CooCrediAngulo). 

*Artículo redactado con información publicada a través de los portales Web: Semana, Portafolio y Primera Página.

 

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