Petro quedaría inhabilitado para la presidencia de 2018

Fallo de la Contraloría General de la República obligaría al exalcalde Gustavo Petro; el ex secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, así como la exsecretaria de Movilidad a pagar una suma de más de $218 mil millones por haber reducido las tarifas de Transmilenio, lo que generó un Detrimento patrimonial a Bogotá.

Por ser una acción cautelar y coactiva a partir de hoy quedarían embargadas las propiedades del ex mandatario para suplir el pago de la sanción impuesta por el ente fiscal, que, además, le impide hasta ejercer cualquier cargo público hasta tanto el Tribunal de Cundinamarca o finalmente el Consejo de Estado tumbe la determinación tomada por la Contraloría Distrital.

El pasado 28 de junio el exfuncionario había manifestado que se trataba de un intento de “lograr acumular tres sanciones e inhabilitarme para la próxima campaña electoral”. Al respecto del nuevo fallo el ex alcalde aseguró a través de su cuenta de twitter que se trata de una criminalización en su contra por expedir leyes contra las que la Administración de Vargas Lleras y el procurador general Alejandro Ordóñez no están de acuerdo.
La Contraloría de Bogotá por su parte, había advertido que la reducción de las tarifas no era viable jurídicamente debido a que la Constitución establece que, por regla general, el Estado no puede decretar auxilios o donaciones, y que el decreto firmado por el exmandatario no establecía tampoco las fuentes ciertas de financiación de esa reducción.