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Será noticia en 2017: ¿Qué pasará con Electricaribe?

Opinión Caribe

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La incertidumbre sobre la suerte que tendrá Electricaribe luego de la intervención que se tiene prevista que durará cuatro meses, es cada vez más grande. Algunos se preguntan si seguirán adelante, pero con inversiones millonarias o será liquidada para permitir el ingreso de otro operador.

Hasta el momento se desconoce a ciencia cierta ¿cuál será el futuro?, todo está en manos del superintendente José Miguel Mendoza y del equipo que conformó para la fase de intervención. Los involucrados en este proceso esperan que los primeros meses de este 2017 haya claridad sobre la mejor opción que garantice que los costeños no tengan más problemas a futuro en la prestación del servicio de energía eléctrica.

Gas Natural Fenosa, como socia mayoritaria seguirá siendo propietario de las redes e infraestructura existentes en los siete departamentos de la Costa. Según el superintendente José Miguel Mendoza tiene que invertir 1,1 billones de pesos en los próximos cuatro años en infraestructura y redes. Pero deberá demostrar cómo va a ejecutar 339 proyectos previstos en el Plan 5 Caribe, que permiten mejorar el servicio en dicha región.

Aunque el costeño no le agrada la alternativa de que Electricaribe siga operando, sería la menos traumática porque desistiría la demanda internacional que alista Gas Natural contra el Estado colombiano por 1.200 millones de euros. Esta presentó un recurso de revocación por vía administrativa ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para busca la anulación de la intervención, por considerarla ilegal, y le devuelva el control de Electricaribe al grupo ibérico. La multinacional considera que la oficina estatal no tuvo en cuenta los factores externos que motivaron la crisis de la compañía eléctrica, relacionados con la falta de pago y el elevado nivel de fraude.

La alternativa de que entre un nuevo operador que ya tenga cuota en el mercado se dificultaría por el tope legal que impide que una empresa suministre más del 25 por ciento de la energía del país. Esto le cerraría las puertas a EPM, por ejemplo. En este sentido, algunos congresistas alistan un proyecto de ley para revisar los límites máximos de participación de empresas de servicios públicos en el sector energético.

Amylkar Acosta, director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos sostuvo que “la intervención no es la solución, pero si abre un camino, no se va a mejorar la calidad del servicio porque lo que realmente necesita es inversión para poder así ofrecer un buen servicio”.

Finalmente, para el ministro, Germán Arce, la intervención tiene como propósito reorganizar la compañía y evitar la limitación de suministro de energía a que estaba expuesta la región por la cesación de pagos o incumplimientos a que se encontraba abocada la empresa por un problema de caja o iliquidez, pero esta medida, no resolverá los problemas de calidad. El país espera de aquí en adelante que la empresa cumpla el cronograma previsto y no suceda lo que pasó en Emcali, que permaneció intervenida por más de una década, sin resultados positivos.

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