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Nación

Lo que le espera a Fernando Carrillo en la Procuraduría

Opinión Caribe

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Fernando Carrillo Flórez se posesiona mañana (lunes) como procurador general de la Nación y, al menos, cinco ‘chicharrones’ ya lo están esperando en su despacho. Resolverlos será clave en las primeras acciones de su gestión, cuyo propósito general –según dijo al momento de su elección— será despolitizar la entidad y velar por los derechos humanos de cada uno de los colombianos, con indiferencia de tendencias políticas o de género.

Los siguientes son los procesos más mediáticos con los que se encontrará Carrillo:

1. REFICAR

De acuerdo con la Contraloría General de la República, por los sobrecostos en la contratación del proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena se hicieron 36 hallazgos, de los cuales 35 tienen presunta connotación fiscal por el orden de 2942 millones de dólares, es decir unos 8,5 billones de pesos.

Desde febrero de 2016 y sin mayores avances en uno de los peores casos de corrupción, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por presuntas irregularidades en esa ampliación y modernización de Reficar, en determinación que también cobija al presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, y a los exministros de Minas y Energía Federico Renjifo y Amylkar Acosta.

La investigación busca determinar si hubo irregularidades y omisiones que llevaron a los sobrecostos de la obra, por parte de los investigados y de otros miembros actuales o pasados de la junta directiva de Ecopetrol.

Aunque los casos están priorizados en la Fiscalía, en el Ministerio Público no se volvió a hablar del tema. Ello pese a que en su momento se indicó que la inversión (superior a 8000 millones de dólares, cuando debía costar unos 4000) se habría llevado a cabo con “recursos procedentes de Ecopetrol, sociedad de economía mixta con capital mayoritario del sector público, lo cual es evidentemente contrario al deber”.

2. MINISTROS INVESTIGADOS

La era de Alejandro Ordóñez dejó investigaciones abiertas a los hoy exministros de Minas, Tomas González y de Vivienda, Luis Felipe Henao así como a los actuales de Hacienda, Mauricio Cárdenas; y de Salud, Alejandro Gaviria.

En el caso del exministro González la Procuraduría lo investiga por la supuesta celebración irregular de contratos con la empresa Connecta SAS, de la cual su esposa Ángela Baena es representante legal y firmó convenios con el Estado por montos que han superado los 5248 millones de pesos. La investigación busca establecer si se violó el régimen de inhabilidades en la suscripción de contratos entre 2013 y 2015 con esa empresa, que fue creada por su familia con un capital inicial de diez millones de pesos.

El exministro Henao tiene cuatro quejas en su contra por expedir licencias y celebrar contratos, pero los procesos no se han formalizado, por lo que en la administración de se podrían dar las primeras resoluciones al respecto.

El ministro Alejandro Gaviria, por su parte, es investigado por una compulsa de copias derivada de una tutela de la Corte Constitucional, que protegió el derecho a acceder a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad.

Como ya se mencionó, el ministro Cárdenas es investigado por el caso Reficar.

3. LOS CONTRATOS DE NATALIA SPRINGER

Le corresponderá al procurador Carrillo resolver la investigación formal que se abrió a finales de 2015 por los contratos que suscribió la Fiscalía General de la Nación con la periodista y politóloga Natalia Springer, para realizar –según el ente investigador— diferentes estudios, por el orden de 4000 millones de pesos. Esto, habría sucedido de manera directa con la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services, sin que contara con la idoneidad para ello.

El caso es un verdadero ‘chicharrón’ ya que se trata de una contratación defendida firmemente por el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre.

Él ha explicado que ese trabajo era necesario para analizar violaciones de derechos humanos cometidas por las FARC y para hacer un análisis de la criminalidad del ELN. Sin embargo, los procesos caerían, de manera disciplinaria, en personas de menor rango que Montealegre.

La Procuraduría tuvo en cuenta investigaciones de medios de comunicación que indicaron que en la misma Fiscalía un informe de interventoría de la Unidad de Análisis de Contextos sobre uno de los contratos, hacía serias críticas al trabajo de Springer, a los plazos de entrega y a la idoneidad de la firma.

4. LA CONTRATACIÓN

El electo procurador Carrillo se comprometió a contratar por mérito a los funcionarios del Ministerio Público durante su cuatrienio. Parece que en buena parte estará obligado a ello, pues solo podrá llenar directamente las plazas de las 33 procuradurías delegadas, más los procuradores regionales y provinciales. Esto se debe a que mediante concurso ya fueron ocupadas las plazas de 744 procuradores judiciales de nivel I y II y se dejó en marcha el proceso para proveer 739 cargos de carrera, en los niveles: asesor, ejecutivo, profesional, técnico y administrativo.

Eso sí, hay expectativa sobre a quiénes nombrará Carrillo en las plazas principales, como en la Sala Disciplinaria, que se ocupará de casos que él delegue, así como de segundas instancias en la mayoría de procesos.

Igualmente hay un peso importante en las procuradurías para la Restitución de Tierras, para la Atención a las Víctimas, para la Vigilancia Administrativa, para la Función Pública y de Asuntos ambientales.

En el balance de la gestión de Ordóñez, la Procuraduría dejó cuestionamientos sobre el estado de la entidad, lo que incluye la carga laboral de los servidores o que seis procuradurías regionales no cuentan con apoyo de procuradurías provinciales, lo que también les implica más trabajo.

“La carga laboral promedio por operador disciplinario es de 79 procesos, entre indagaciones preliminares e investigaciones, con un promedio de evacuación por funcionario de 4,8 procesos; esto es, decisiones de fondo dentro del proceso disciplinario, sin contemplar la evaluación de las quejas”, dice el balance.

5. EL PRESUPUESTO

De acuerdo con fuentes consultadas por Colprensa, en la Procuraduría hay preocupación por el presupuesto de la entidad, que quedó para el 2017 en un poco más de 523 mil millones de pesos, de los cuales 8 mil se destinarán para inversión.

De acuerdo con el balance de gestión, el Instituto de Estudios del Ministerio Público merece especial atención, porque ha tenido dificultades de recursos para responder a la demandas de capacitación, investigación y publicaciones por parte de los funcionarios, de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría y de las personerías municipales.

“El IEMP es el responsable de asumir y dictar la capacitación, así como de adelantar las investigaciones socioeconómicas y políticas, no solo de la Procuraduría, sino de todo el Ministerio Público; y su presupuesto está dependiendo de los recursos escasos que quedan del fondo existente, compuesto por el valor de los certificados de antecedentes disciplinarios, que hoy día son gratuitos, por lo que su futuro inmediato, no tiene asegurado sino hasta la vigencia del 2017”, señala un análisis hecho en la entidad.

*Un artículo de Colprensa

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