Financiar a grupos paramilitares es delito de lesa humanidad: Fiscalía

Mediante resolución proferida por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, declaró como delito de Lesa Humanidad «la conducta punible de concierto para delinquir agravado» por la supuesta financiación de empresarios bananeros de la zona de Urabá a grupos paramilitares entre los años 1996 y 2004 .

Según la Fiscalía, la decisión se tomó después del proceso iniciado como consecuencia de la compulsa de copias que se hizo por parte de la entonces Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, hoy Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Justicia Transicional, de la versión libre rendida por el postulado Raúl Emilio Hasbún Mendoza, conocido con los alias de Pedro Bonito o Pedro Ponte, excomandante del extinto Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia.

“Los bananeros de la época, al parecer, aportaron para el sostenimiento del grupo paramilitar una importante suma de dinero que terminó llegando a manos de los armados ilegales a través de las denominadas Convivir, cuando estas eran legales, y posteriormente de cooperativas de seguridad” aseguró la entidad

En la providencia que emite la Fiscalía se decide que la conducta en la que pudieron incurrir algunos empresarios del banano puede elevarse a la categoría de crimen de Lesa Humanidad, lo que la ubicaría en el plano de la imprescriptibilidad.

Para ello, el ente investigador hizo un análisis de las normas, la Doctrina y la Jurisprudencia interna e internacional, dentro del marco del bloque de constitucionalidad, atendiendo que este tipo de conductas no están señaladas taxativamente como tal en la normatividad interna.

Con este análisis “se estableció que efectivamente con esos dineros aportados por aquellos bananeros que financiaron el grupo paramilitar, no solo se garantizó el funcionamiento, permanencia y crecimiento del grupo armado al margen de la ley en la zona, sino que con dichos recursos se compraron las armas que posteriormente fueron utilizadas para ejecutar toda suerte de delitos como los antes mencionados” aseguró la Fiscalía.

El ente afirma que a través del grupo armado al margen de la ley se ejerció un control social ilícito, territorial y de recursos que no solo permitió que se cooptara el movimiento sindical, sino que prácticamente se eliminó el derecho a la protesta social en la zona bananera de Urabá.