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Metrópolis

Santa Marta y la implementación del Nuevo Código de Policía

Opinión Caribe

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Ha llamado la atención las múltiples controversias suscitadas en muchos sectores de la sociedad por la implementación del Nuevo Código de Policía que entró en vigencia el 30 de enero de este año. Una de ellas es la etapa pedagógica y de socialización ciudadana en las regiones de Colombia, que ha producido episodios de demandas y protestas, como la ‘fumatón’ de Marihuana que se hizo en los alrededores del Parque Nacional de Bogotá para protestar por la prohibición al consumo de esta hierba en sitios públicos, sucedida al día siguiente de entrada en vigencia de esta ley y las demandas que han presentado por inconstitucional.

[Leer nota: «Las demandas del Nuevo Código de Policía»]

La falta de información y educación sobre el tema, es lo que ha llevado a la especulación y desorientación al respecto, sobre todo, en lo relacionado con las sanciones de tipo económico que se le van a originar a las personas por el incumplimiento de ciertas normas del código, además de las medidas de conducción o apresamiento como consecuencia de actos que vulneren el orden público o generen agresión o lesionen a los ciudadanos.

Muchas han sido las preocupaciones manifestadas por distintos sectores o grupos sociales hasta el punto que cada día se incrementa el número de demandas por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de Colombia, según los demandantes, porque algunos artículos violan la Carta Magna. Es así, como los miembros de algunos partidos políticos señalan que el código lesiona el derecho a la protesta social, además del mismo Procurador General para que se deroguen algunos artículos que afectan el derecho al trabajo y al mínimo vital de los vendedores ambulantes, al imponerles que puedan ser despojados de sus mercancías según el artículo 140.

El artículo 140 del Código Nacional de Policía señala que ocupar el espacio público es un comportamiento contrario al cuidado y la integridad del mismo, por lo cual, cuando este comportamiento se realice dos (2) veces o más, se impondrán multas y “el decomiso o la destrucción del bien con que se incurra en tal ocupación en violación de las normas vigentes”. En este sentido el procurador General Fernando Carrillo se ha mostrado de acuerdo con que esta acción puede generar mayor inequidad, si se tiene en cuenta que al expropiar a un vendedor ambulante de su mercancía le podría ocasionar un estado de mayor vulnerabilidad.

QUÉ DICEN LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

OPINIÓN CARIBE consultó a algunos funcionarios del gobierno distrital de Santa Marta para conocer sus puntos de vista al respecto, se pudo establecer, que el secretario de Gobierno de Santa Marta, Luís Guillermo Rubio, sobre la protesta social piensa, que “las protestas en este país están permitidas, derechos permitidos por la Constitución Política, porque este es un estado social de derecho, democrático. Lo que no está permitido es incurrir en alteraciones del orden público; la policía y las autoridades deben controlar la situación así se tengan permiso para un cierre de vías o algún tipo de montaje logístico para complementar la manifestación.

La policía puede actuar y desmontar el evento, si notan que hay alteración del orden público, porque la función de los organismos de seguridad es velar por la seguridad y la convivencia de la ciudadanía, por tanto, el código no es nuevo, aquí no se está vulnerando el derecho a la protesta, ni el derecho a nada, simplemente, se le están dando muchas más facultades y herramientas a los organismos de seguridad para efectuar los controles pertinentes y garantizar la convivencia y la tranquilidad de los ciudadanos”.

En lo relacionado con el artículo de los vendedores ambulantes y el posible decomiso de mercancías, afirma“si bien hay una preocupación por salvaguardar el derecho al trabajo de las personas que desarrollan este tipo de actividades económicas en las calles vendiendo mercancías, también hay una normatividad que le exige a los entes territoriales, el caso de las alcaldías locales o las gobernaciones, la protección y defensa del espacio público.

Ahí, hay un tema que se divide en dos: primero, aquellas personas que desarrollan una actividad económica, pero poseen una confianza legítima y un reconocimiento por parte de la autoridad; por el mínimo vital, que esas personas necesitan de esa actividad, de esa venta y tienen un reconocimiento, porque tienen ‘equis’ años de usufructuar el espacio público, los ampara la norma por la confianza legítima que tienen ellas y el mínimo vital; segundo, que, el fin de semana quise ponerme a vender zapatos en la calle, si no hay ningún reconocimiento, ninguna confianza legítima, ni ningún mínimo vital que proteger, ahí deben actuar las autoridades competentes para hacer el control y la custodia del espacio público.

Debe primar el interés general sobre el particular. El interés general es el derecho de la ciudadanía al disfrute del espacio público o a la libre movilidad, prima sobre el interés particular de una persona que quiera ocupar una parte del espacio público para sacarle cualquier tipo de provecho económico”.

También señaló, que «sabemos, porque somos conocedores por distintos estudios que hemos realizado, que hay negocios o mafias del espacio público, es decir, una persona puede tener 10 empleados vendiendo cualquier tipo de mercancías en el espacio público; y esta cumple con una tarifa o en su defecto con un arriendo que le otorga quien tiene la posesión de esa franja o espacio para que le saque provecho económico, entonces la autoridad debe actuar como lo contempla la norma y si no fuera así, créeme que todas las calles estarían inundadas de gente vendiendo cualquier tipo de artilugios o artículos sin ninguna situación de extrema vulnerabilidad o extrema pobreza.

DESDE LA CONSEJERÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Por otro lado,la consejera de Convivencia y Seguridad del distrito de Santa Marta, Priscila Zúñiga, explica, que la administración se ha preparado desde julio del año pasado para ajustar la institucionalidad al contexto que va a precisar el Nuevo Código de Policía.

“Nosotros no estamos trabajando sobre el Código de Policía de manera reciente, sino que el señor Alcalde en su Plan de Desarrollo incluyó la implementación y construcción del Manual de Convivencia. Este manual es el que implementa o reglamenta el código para la ciudad de Santa Marta, nosotros esperamos a que saliera el código y desde julio de 2016 y comenzamos a trabajarlo, tuvimos 34 mesas de participación sectoriales durante 6 meses; en diciembre que entregamos el borrador que va a ser validado por el gabinete distrital para luego ser presentado al Concejo.

Este Manual de Convivencia está repartido en 4 Títulos importantes, Título de Patrimonio Cultural, el de Espacio Público, el de Medio Ambiente y el de Establecimientos Comerciales. Si bien vemos que hay mucha preocupación en el sector del comercio por la implementación del Código, por la regulación de las tiendas y las respectivas restricciones, el manual de convivencia adopta algunas medidas al respecto e incluye ciertos decretos. Vamos a implementar el Código que es una medida nacional y que por instrucciones del alcalde Martínez vamos a trabajar sucesivamente para que se implemente de manera amable el código, que sea preventivo, que no sea restrictivo.

La primera actuación del Código es prevenir acciones, por eso la primera instancia antes de llegar a una multa es la intermediación policial”.

La funcionaria fue enfática al afirmar, “estamos trabajando en la inversión que se debe hacer y por ello, inauguramos la remodelación del Centro de Protección al Ciudadano. Santa Marta no contaba con él, nos tocó hacer una inversión para poder darle a los ciudadanos ese servicio. En ese centro se van a concentrar instituciones, tales como la Policía, el CTI, Migración Colombia, Ministerio Público y, por supuesto, en cabeza de un inspector de policía, ubicado en la Inspección Norte, esa inspección va a quedar totalmente remodelada, toda esa cuadra la vamos a intervenir y vamos a poner el Centro de Protección al Ciudadano”.

CENTRO DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO

“El Centro de Protección al Ciudadano es un espacio para conducir de manera preventiva a las personas con alto grado de excitación o bajo los efectos de sustancias alucinógenas o por el consumo de alcohol, que puedan producir alteraciones del orden público, durante un tiempo 12 horas; los familiares tienen derecho a conocer dónde están ubicadas, este no es un lugar de reclusión ni nada por el estilo, es solo para prevenir y salvaguardar la integridad física afectadas por el comportamiento de una persona que presente estas condiciones.

Tiene todas las garantías, por eso siempre va a estar un representante de la Personería pendiente de las actuaciones que se produzcan en el establecimiento, que cuenta con instalaciones modernas, con vigilancia, con reingeniería urbana y social, en la calle 10. Es de suma importancia que se sepa sobre la presencia institucional en el sector, con el ánimo de generar confianza en los empresarios que invierten en esa zona, en los hoteles tan bonitos de los alrededores, en las boutiques, vamos a ayudar mucho como distrito, porque es nuestra responsabilidad colaborar a que haya más confianza en la inversión para que lleguen más y nuevas personas a esa zona con otras ideas de negocios”.

La Consejera Distrital le puntualizó a OPINIÓN CARIBE que “al Centro de Protección al Ciudadano no vamos a llevar a cualquier persona, porque debe tener unas características específicas, no es para sancionar, es preventivo, para que el infractor no vaya a atentar contra su integridad física o contra otro. Si llega a cometer algún delito, pasará a los mecanismos judiciales, a un proceso regular judicial en la URI”.

Cabe resaltar, que OPINIÓN CARIBE estuvo en el lanzamiento del Código de Policía, Ley 1801, en donde la Comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, Sandra Vallejos, al hacer su presentación expresó, “definitivamente el Nuevo Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Ley 1801 del año 2016 es un compendio de normas actualizado de la cotidianidad, de la realidad social que señala los comportamientos y actividades prohibidas a los habitantes de todo el territorio nacional y personas jurídicas, así como también las medidas correctivas a imponer y procedimientos que se deben adelantar por parte de las autoridades.

Esta nueva normatividad es una herramienta para la construcción de la paz y su único propósito es la convivencia. No es un código castigador, sino que nos va a devolver la armonía, la paz y la convivencia de todos los colombianos. Es una herramienta que nos pone a todas las autoridades para regular estos 243 articulados que van en contra de la convivencia, es importante, entonces, que todas las personas lo conozcan, lo acepten, lo refrenden el día de hoy para poderlo cumplir y hacer cumplir”.

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