Colombia canta victoria antes de tiempo

Disputa por antiguos territorios de FARC

El ministro de Defensa de Colombia ha declarado que el estado «ya ganó» la batalla por la ocupación de los territorios dejados por la guerrilla de las FARC con la desmovilización de los insurgentes. Pero el gobierno parece más la parte derrotada en algunas zonas, pues grupos fuertemente armados luchan abiertamente en territorios estratégicos y, como lo muestran las investigaciones de InSightCrime, por todo el país están surgiendo facciones guerrilleras criminalizadas.

En una entrevista con BBC Mundo publicada el 6 de marzo, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas lanzó la osada declaración de que las fuerzas del gobierno «ya han ocupado» áreas que se encontraban bajo el control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes se están desarmando en varias zonas de concentración determinadas.

«Yo creo que esa batalla por la ocupación de territorios que dejaron las FARC la ganamos ya», afirmó el ministro de defensa.

Villegas siguió contando al medio informativo que Colombia ha lanzado operaciones operativas con fuerzas de seguridad pública que asignan 80.000 soldados a las zonas veredales temporales en las que se han concentrado y se están desmovilizando las FARC.

Pero Villegas reconoció que «quedan todavía algunas zonas muy difíciles», en referencia a la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, al nororiente, y en los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño, al sur; «pero ahí está la fuerza pública», agregó.

Al insistirse en el tema del Catatumbo, donde hace poco murió un agente de policía, Villegas comentó que «nadie ha ganado [en Catatumbo] […] pero hemos reforzado Catatumbo con 2.500 soldados adicionales en los últimos dos o tres meses».

Análisis de InSightCrime

Si los comentarios de Villegas fueran ciertos, esto implicaría que las fuerzas de seguridad han logrado evitar que otros grupos ilegales llenen el vacío dejado por las FARC, lo que sencillamente no es el caso en muchas zonas.

Una de las mayores amenazas actuales de la llamada época del «postconflicto» es el surgimiento de elementos disidentes de las FARC, cuya ubicación geográfica dispuso InSightCrime en un mapa.

Muchas de las zonas donde elementos de las FARC se han criminalizado son territorios criminales valiosos, donde las facciones disidentes de la guerrilla seguirán forrándose los bolsillos con ingresos de la droga y la minería ilegal, por momentos enfrentando a otros grupos por el control de las antiguas economías de las FARC.

Pero las fuerzas del estado quedan muchas veces al margen de esta guerra por el territorio de las FARC. Un caso prominente es el pueblo de Tumaco, Nariño, sobre el Pacífico, donde antiguos guerrilleros se están consolidando para convertirse en estructuras de narcotráfico rivales y están engrosando la tasa de homicidios.

La violencia en un sector llegó a ser tan extrema que la comunidad local demandó la intervención de las autoridades hace unos cuantos meses. Pero al final fueron las FARC las que, en medio del cese al fuego bilateral con el gobierno, se vieron obligados a intervenir y ejecutar a uno de sus disidentes más destacados, según ciertas fuentes.

Otro indicador clave del ingreso o el refuerzo de la presencia de actores armados, incluidos disidentes, en un área es el desplazamiento. En la expansión de estos grupos en el antiguo territorio de las FARC, alteran la relativa estabilidad que la autoridad hegemónica de la guerrilla llevó a los lugares; ejercen violencia en la comunidad para imponer el control y entran en contienda con otros grupos que les disputen el dominio, haciendo que la población civil se desplace masivamente.

Y de hecho, al parecer el desplazamiento en Colombia va en aumento.

Es irónico que los comentarios de Villegas aparezcan al lado de noticias de múltiples casos de este tipo. Un gran número de familias huyó en febrero pasado de Tibú, en Catatumbo, aparentemente por causa de la incursión de organizaciones criminales en este reconocido bastión de las FARC.

Otro desplazamiento masivo acaba de registrarse en la comunidad del Alto Baudó, Chocó, donde ha habido presencia de las FARC. Se atribuyó a enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Urabeños. No cabe duda de que la amenaza de enfrentamientos entre estos dos grupos dio lugar a un desplazamiento anterior cubierto por InSightCrime a comienzos de 2016. Esto demuestra que, pese a las claras advertencias sobre la evolución de la situación en Alto Baudó desde agosto de 2015, por lo menos, el gobierno no ha logrado garantizar la seguridad de la comunidad local. Entretanto, es el ELN el que parece haber ganado importante poder en el ámbito local.

Alto Baudó es uno de los municipios donde InSightCrime detectó elementos criminalizados de las FARC. Aunque no estén involucrados necesariamente en los desplazamientos, bien podrían contribuir a la volatilidad de la situación de seguridad en el futuro.

Más aún, es posible que las nuevas políticas de seguridad hayan terminado por dejar a algunas comunidades más desprotegidas de las fuerzas del gobierno que en el pasado. Recientes investigaciones de campo de InSightCrime hallaron que la reubicación de tropas para guardar las zonas de desmovilización de las FARC han dejado sin vigilancia corredores de drogas estratégicos, en zonas que ya asisten a la incursión de nuevos actores armados violentos.

Además, las instituciones del estado actualmente no están dispuestas o son incapaces de eliminar por completo o de reemplazar las lucrativas economías ilegales que están envalentonando a los actores criminales y abriendo la puerta a que tales grupos opriman a las comunidades rurales. Cultivadores de coca como los de Tibú y Tumaco, que vivieron por largo tiempo bajo el yugo de las FARC, carecen de fuentes de ingreso viables y legales. Sin formas alternativas de subsistencia, estas comunidades quedan casi inexorablemente a merced del siguiente grupo criminal que llega, si este tiene más que ofrecerles que las instituciones del gobierno.

Es seguro que la ocupación de las antiguas áreas de las FARC es una de las tareas a la cabeza de la lista de prioridades en Colombia. Hasta cierto punto, las fuerzas de seguridad han estado planificando sus roles futuros en la era del «posconflicto», y el gobierno ha prometido implementas programas de desarrollo rural y de sustitución de cultivos. Pero es demasiado prematuro que el gobierno anuncie victorias cuando hay tanto trabajo por hacer.

Fuente: InSight Crime, fundación dedicada al estudio del crimen organizado.