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Análisis

Acciones preventivas del Ministerio de Trabajo: Un canto a la bandera

Opinión Caribe

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La Seguridad y Salud en el Trabajo se centra en todas las actividades de prevención relacionadas con la accidentabilidad y enfermedades laborales en el interior de las empresas.

Los empleados en Colombia cuando se convierten para las empresas en ‘fugas’ de recursos económicos, se les consideran ‘desechables’ al punto de dejarlos solos en el proceso jurídico que deben lidiar para que las Administradoras de Riesgos Laborales, ARL, les reconozcan y paguen las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral.

Este es el caso de Jairo Osorio Mena, un conductor de servicio público, que vive el suplicio de ser uno de los miles de colombianos desprotegidos por el Ministerio del Trabajo. Un trabajador más que lucha para que una ARL le brinde la atención que por derecho le corresponde.

Su calvario inició en el 2006, año en el que presentó en reiteradas ocasiones dolores lumbares por estar mucho tiempo detrás del volante.

“Con el pasar de los meses, el dolor se hacía cada vez más fuerte, la EPS pensaba que era problemas de riñones, sin embargo,el caso fue trasladado a la ARL Sura, quien me brindó asistencia médica y me diagnosticó dos hernias y desgaste en los discos. En esa ocasión la Junta Regional determinó que era una enfermedad laboral y ordenó una cirugía de columna”, señala el señor Osorio Mena.

Si bien la ARL Sura cumplía con su obligación, la empresa decidió cambiar la aseguradora por Positiva, que, de acuerdo con Jairo, le ha vulnerado sus derechos. “Lo peor que hizo la empresa fue cambiarse, en Positiva he tenido mala atención, no recibo desde noviembre del año pasado atención médica ni incapacidades, no devengo un sueldo. Desmejorando mi calidad de vida física y psicológica”, explica Osorio Mena.

Al ser negada la atención por parte de la ARL Positiva, Jairo Osorio Mena interpuso una tutela. La entidad le argumentó que sí le estaba cumpliendo con la atención médica. “Esto no es cierto, soy yo quien padece la enfermedad, aunque la empresa sigue pagando los aportes, no devengo un sueldo, ni me han reubicado, según ellos porque el servicio que presta es de conductor y no tiene otro puesto para mí”, afirma Jairo Osorio.

El encontrarse a la deriva, con una mano adelante y otra atrás, sin recibir ayuda de nadie, ni siquiera por retribución a los más de 20 años de su vida entregados a la empresa y con un hogar que sostener, lo ha llevado a pensar en suicidarse. “Me siento frustrado, vivimos a la gloria de Dios, orando, mi esposa haciendo aseo eventualmente para tener con que comer”. Con el transcurrir de los días, Jairo Osorio ha ido perdiendo la esperanza de que su situación se pueda resolver y la ARL Positiva cumpla con su obligación, además de garantizarle una mejor calidad de vida.

Este viacrucis lo viven cientos de magdalenenses que están a la deriva y luchando para que sus derechos no sean vulnerados. Según la abogada, Siddys Aguirre, asesora en Riesgo Laboral y Seguridad Industrial, este tema es casi desconocido en el Magdalena, tanto para los entes reguladores como para las entidades promotoras de servicios y aseguradoras.

Cuando se identifica que un trabajador ha sufrido un accidente laboral, este debe ser inmediatamente reportado por parte de la empresa, la que por desinformación no lo hace al pensar que recaerá sobre ella la responsabilidad pecuniaria. Pero si el afectado se encuentra afiliado a una ARL es la entidad la que debe asumirla.

“Las ARL se han vuelto olímpicas en contestar a todo No, son más grandes los grupos de abogados que de médicos. Existen trabajadores con reportes de accidentes de trabajos y con enfermedades profesionales, pero les niegan el servicio, les toca proceder por EPS”, subraya la abogada Aguirre.

El ente regulador que debe garantizar el bienestar de los empleados es el Ministerio de Trabajo, el cual es considerado por la Asesora en Riesgo Laboral y Seguridad Industrial como un convidado de piedra. “Son pocos los resultados que entregan las investigaciones, las querellas son ineficaces, no sancionan a nadie, esporádicamente cuando la violación de derecho es manifiesta, de nada nos sirve tener un ente regulador mudo”, explica.

Si bien el Ministerio de Trabajo ha fortalecido su equipo de trabajo, son pocas las acciones que se adelantan en el Magdalena para prevenir que más empleados sufran accidentes de trabajo y que a quienes se encuentran incapacitados por una enfermedad profesional les garanticen los derechos. “Estamos frente a una deshumanización de los derechos laborales. Cuando una persona reclama su derecho a la seguridad social y laboral se enfrenta con cientos de vericuetos jurídicos, porque los casos se vuelven no médicos sino jurídicos, las ARL sacan a todos sus abogados y su arma más efectiva, es la evasiva”, afirmó la asesora y abogada.

Las patologías más comunes entre los empleados del Magdalena son las molestias lumbares, manguito rotor y túnel carpiano. Un empleado que presente estos problemas debe comenzar una labor titánica para que las ARL le cumplan. “Estas personas están desamparadas frente a las atenciones médicas, porque a muchos no les dan el tratamiento hasta no se resuelvan las controversias jurídicas. Hay funcionarios del Ministerio de Trabajo que nos se ajustan a la Ley”, agregó Siddys Aguirre.

En la zona rural es más critica la situación, un ejemplo, es la de los campesinos de Río Frío, donde las patologías más comunes son dolores lumbares y manguito rotor. Ellos por su propio medio deben trasladarse hasta Santa Marta a solicitar la atención médica de la ARL, que les pone una serie de trabas que deteriora la calidad de vida de estas personas.

“Ellos no cuentan con los recursos para comenzar un proceso con el propósito de que les garantice una atención médica, es paradójico, porque la ARL en vez de brindarle calidad de vida se vuelve un artífice de deterioro”, indica la asesora en Riesgo Laboral y Seguridad Industrial.

La experta en derecho laboral sostuvo que las ARL están en la obligación de brindar asesorías en el interior de las empresas para prevenir los accidentes laborales. Se deben conformar los Comités Paritario, cuya función es la de asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección, vigilar su cumplimiento tanto por parte de las empresas como de los trabajadores.

“Algunas empresas tienen esos comités solo en el papel, pero estos no implementan estrategias para que se cumplan las normas, esto genera unas responsabilidades patronales a la entidad, que, aunque se haga la de la vista gorda frente a los riesgos laborales que le genera un trabajador y se los cargue a la ARL, debe asumir sanciones”, advirtió Siddys Aguirre, abogada.

NORMAS DE ‘PAPEL’

Las normas relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo han tenido cambios significativos, que, si bien benefician a los empleados y empresas, del papel a la práctica hay un largo camino, donde el único favorecido es el Gobierno Nacional.

En el 2012 a través de la Ley 1562, uno de los cambios que se dio fue que el trabajador independiente comenzó a cotizar frente a los riesgos laborales. Mientras que el Decreto 1443 de 2014, pone en cintura a las empresas al establecer que deben cumplir con el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, un proceso sistemático que permite a la organización mantenerse en un ciclo de mejoramiento.

La Resolución 1111 del 2017 ratificó que el plazo para que todas las empresas cuenten con el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo es el próximo 1° de junio de este año y quienes no lo cumplan asumirán sanciones no solo de carácter laboral, sino penal y civil.

“Esto beneficia al empleador porque se protege de una acción legal que en un momento dado se pudo producir como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, además de hacerlo con el trabajador porque cumple con los lineamientos preventivos de seguridad y salud laboral, va a tener una mejor calidad de vida que redundará en la familia”, sostuvo el psicólogo especialista en Seguridad y Salud Laboral, Roberto Carlos Palacio.

Las empresas en el Magdalena todavía no le han dado la debida importancia al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. “Si cumplen con esto, pero a nivel de documentos y estos terminan archivados, como nunca han sido sancionadas se confían”. Ese es el error, porque hacen grandes inversiones, pero no los implementan; hay otras organizaciones que sí lo tienen en cuenta, pero más por exigencia de los contratantes,afirma el Especialista en Seguridad y Salud Laboral.

LA SEGURIDAD LABORAL VISTA COMO RELLENO

Los sectores con mayores riesgos son los de las construcciones y el hotelero, porque los índices de accidentabilidad y de enfermedades laborales son altos. “Como son poblaciones flotantes no tienen continuidad y cuando se enferman nunca se asocian con las actividades laborales. No hay control y seguimiento, no se está cumpliendo la norma, quizás, porque no hacen visitas”, indica el doctor Roberto Carlos Palacio.

Técnicamente la seguridad laboral presenta una debilidad en Santa Marta, se pueden encontrar constructoras con trabajadores sin los implementos de seguridad. El Decreto 1072 hace referencia a las sanciones económicas si el empleador no cumple con la entrega de la dotación y mucho más si es una entidad pública ya que entraría en detrimento patrimonial.

“El Ministerio de Trabajo ha delegado a nivel regional una oficina, pero existe un pequeño detalle, no tiene personal suficiente, solo entra a investigar cuando hay un accidente laboral o una querella, hay mucha normatividad, pero poco o nada de control preventivo hasta cuando sucede un siniestro”, afirmó el Especialista en Seguridad y Salud Laboral.

Existe una fuerte presión de las empresas en el tema político, esta podría ser la razón por la que no invierten en el fortalecimiento del Ministerio de Trabajo, la seguridad laboral debe ser incluida como política empresarial y no vista como un relleno.“Las ARL tienen un papel fundamental, ser el apoyo del empresario, algunas aseguradoras para no perder los clientes han contribuido a que el empresario no cumpla con su responsabilidad”, el psicólogo especialista en Seguridad y Salud Laboral, señala Roberto Carlos Palacio.

Cuando la ARL no le cumple a un trabajador es porque la organización también ha incumplido. Algunas empresas, el mismo día de la afiliación, ponen a trabajar a los empleados. “Es un tema al que no le prestan atención en Santa Marta, porque mucha gente se contrata informalmente ya su vez, las empresas violan las normas”, puntualizó el doctor Palacio.

Cualquier persona puede instaurar en el Ministerio de Trabajo una querella, donde evidencie los abusos a la que es sometida. Se requiere mayor control por parte de este organismo nacional y prevención en el interior de las empresas con el fin de devolverles a los hijos padres de familia sanos.

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