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Análisis

 R&T y Metroagua: Inassa en Santa Marta

Opinión Caribe

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La lucha frontal de Carlos Caicedo Omar desde que asumió la alcaldía para sacar a Metroagua de las operaciones de acueducto y alcantarillado en Santa Marta fueron respaldadas con la evidencia que se ha aportado a nivel mundial con el escándalo por la ‘Operación Lezo’ que involucra a Canal Isabel II y su socia Inassa, dueña de Recaudos y Tributos y Metroagua en Santa Marta.

El líder del movimiento Fuerza Ciudadana se hizo un propósito y lo logró a través de una solicitud de una medida cautelar y que fue apoyada por más de 230 mil firmas y fallada favorablemente por un despacho judicial de esta ciudad que la obligó a regresarle la infraestructura a la administración distrital.

La batalla de la Administración se centró en recuperar el manejo del agua, entregado en concesión en 1989 cuando el entonces alcalde, Alfonso Vives Campo, decidió liquidar Empomarta y con los activos crear una nueva empresa de economía mixta llamada Metroagua.

Finalmente, esta tenía como socios a Inassa (35 por ciento), Termotécnica Coindustrial S. A. y Eléctricas de Medellín del empresario William Vélez (33 por ciento) y el distrito de Santa Marta (28 por ciento). El resto correspondía a inversionistas locales.

Durante 27 años Metroagua tuvo dificultades para prestar el servicio. Inicialmente la manejaron las familias políticas tradicionales, pero no pudieron seguir en ello, y en 1997 entró un socio operador, Inassa.

Desde 1990 hasta 2007, el contrato fue modificado siete veces, generalmente en detrimento del Distrito. Este inicialmente recibiría el 33 por ciento de los ingresos brutos por el arriendo de las redes, hasta que el alcalde Jaime Solano Jimeno, que había sido gerente de Metroagua, regaló en 2000 el 31 por ciento y después decidió que la rentabilidad de los activos se invertiría en infraestructura.

Es decir, según un experto, las mismas familias políticas que hoy se oponían a la terminación del contrato menguaron los intereses del Distrito. Tanto, que otro alcalde suprimió la cláusula que permitía terminar contrato unilateralmente y creó otra que comprometía a Santa Marta a pagarle al concesionario las inversiones a pesar de estar incluidas en la tarifa.

Durante dos décadas, las relaciones entre los alcaldes y la empresa se manejaron con guantes de seda, pero cuando asumió Carlos Caicedo en 2012, el diálogo cambió. Los dos últimos años los reclamos caracterizaron las relaciones entre la empresa y el Distrito. El entonces alcalde le exigió a la empresa hacer inversiones, pero ella respondió que las había hecho y que la ciudad le debía 50.000 millones.

Carlos Caicedo dijo, que ojalá que lo que se ha destapado en España tenga consecuencias en la gestión de servicios públicos y en la transparencia en relación con el manejo de recursos y bienes públicos en Colombia, y que, en Santa Marta, para los que estructuraron todos estos contratos el nombre de Ignacio González no es desconocido, porque no solo es el presidente de la comunidad en Madrid, sino que dirigió a Inassa por muchos años.

Además, tenía relación con la operación de los servicios públicos en la región Caribe, particularmente en la capital del Magdalena, a través de Edmundo Rodríguez, considerado su mano derecha, quien llegó a algunas juntas de Metroagua en las que se les ofreció que vendieran su parte accionaria como una fórmula para resolver en su tiempo el problema, pero nunca mostraron interés, ya que a través de esta, saqueaban los recursos públicos, desfalcaban el dinero de los samarios y se enriquecían ellos en detrimento de la operación y prestación del servicio.

“La situación precaria y en ruinas en la que Metroagua devolvió las redes al Distrito es la evidencia de que no estaba haciendo ningún tipo de inversión y que corrobora lo que dijo Ángel Garrido, actual vicepresidente de la comunidad de Madrid y presidente de la junta directiva del grupo Inassa ante una audiencia de control de la Asamblea de Madrid, que en los últimos 15 años ellos no habían hecho inversión alguna de un solo peso en América Latina, pero Metroagua exigía el pago de 60 mil millones de pesos para irse de esta ciudad por supuestas inversiones que nunca fueron documentadas”, manifestó Caicedo.

Caicedo Omar fue enfático en hacerle un llamado a los órganos de control colombiano para que investiguen y le pongan lupa a todas las actuaciones de empresas como ASA que maneja el acueducto en Riohacha y la Triple A en Barranquilla, incluyendo a sus aliados que estructuraron esos contratos, a los cuales les dieron prórrogas y continuidad, y que no hicieron absolutamente nada por parar este defalco y que no se vulneraran los derechos de la ciudadanía, en el caso de Santa Marta, de más de medio millón de usuarios.

R&T

Las más claras muestras de las intenciones de Carlos Caicedo se evidenciaron durante la dura batalla judicial que la ciudad libró con la firma Recaudos & Tributos (R&T), cuyo principal accionista era Inassa, filial de Canal de Isabel II, que opera el acueducto de Madrid. Su principal directivo, Edmundo Rodríguez Sobrino, fue descabezado de la junta por estar en los Papeles de Panamá.

En 15 años, R&T no cumplió lo que prometió y dejó un hueco en las finanzas públicas, pues a duras penas recaudaba al año el 32 por ciento de lo facturado (85.000 millones). Cuando la Alcaldía entregó esta concesión en 2002, la cartera era de 100.000 millones, y al terminar el contrato el año 2016 ascendía a 390.000 millones de pesos. Un año después de recuperar este monopolio, el recaudo llegó a 112.000 millones de pesos y la ciudad ya decretó 800 embargos contra deudores de impuesto predial por valor de 130.000 millones de pesos.

También han sido liquidadas las concesiones para el servicio de grúas y patios y la del edificio del Mercado Público. En este último caso, el Distrito pudo reubicar a una gran cantidad de comerciantes y despejar las calles y andenes de una congestionada zona céntrica.

CONTINUIDAD

La revista Semana señala que, esta parece ser la línea que tomó el alcalde Rafael Martínez, continuando con dicho proceso al abrir una nueva licitación para entregar el acueducto en 2017 en condiciones favorables para el Distrito y para los samarios.

Martínez tuvo a su cargo poner fin a la concesión más antigua y polémica de Metroagua, que a decir verdad era un arrendamiento de redes, modificado en siete ocasiones en favor de los operadores y entregar el servicio al nuevo operador.

El pasado 18 de abril, la empresa Promesa de Sociedad Futura Proactiva, nuevo aliado estratégico de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, Essmar, recibió por parte de Metroagua la infraestructura de acueducto y alcantarillado de la ciudad para iniciar las operaciones por 12 meses.

LOS INTRÍNGULIS DE ‘LEZO’ EN SANTA MARTA

Directivos de Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II, utilizaban el efectivo de la tesorería de la compañía para pagar mordidas a políticos sudamericanos.

Tres fuentes distintas que han tenido responsabilidad en esta compañía han explicado a El Confidencial, que la operadora motivó la queja de algunos cargos de Inassa, que así se lo trasladaron al entonces presidente ejecutivo, Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los principales investigados en el marco de la ‘Operación Lezo’. Rodríguez Sobrino, que ocupó el cargo entre 2006 y 2016, no hizo nada al respecto, según las mismas fuentes.

La Fiscalía Anticorrupción, en el auto que rechazó el recurso de apelación de Rodríguez Sobrino, actualmente en prisión, señala, que ya trabaja con «datos probatorios» que demostrarían la «utilización de Inassa para su presentación en consorcio con terceras empresas a concursos públicos, licitados en países como Panamá, Colombia o República Dominicana, entre otros.

El pago de comisiones a funcionarios públicos de dichos países habría permitido la adjudicación concertada de dichos contratos, negocios que presuntamente siguen hasta hoy, reportando ingentes beneficios fraudulentos a Edmundo Rodríguez».

Edmundo Rodríguez no es el único directivo de Inassa investigado en esta causa. También lo está Diego García Arias, que ocupó el cargo de gerente de Desarrollo de Negocio y cabeza de este en Colombia, quien estaba a cargo de las operaciones en Barranquilla y por supuesto, en Santa Marta.

El pago de las mordidas, según las fuentes antes consultadas, se hacían cogiendo dinero en efectivo, depositándolos en cajas fuertes de Inassa. El dinero se metía en bolsas o maletas, a veces el directivo que se lo llevaba, iba escoltado por el personal de seguridad contratado por Inassa, en muchos casos, exmilitares colombianos, reveló El Confidencial.

En este, Edmundo Rodríguez le relata a su exdirectora financiera Fernanda Richmond que el colombiano Diego García Arias, cabeza de Inassa, se encargaba de los sobornos.

“Ha pagado campañas de presidentes, campañas de alcaldes (…) Estoy harto de decirle a Diego y a todo el mundo que la única manera de cerrar esta historia para siempre es con la venta. ¡Es la venta! ¡Es la venta! Olvidarnos de todo”.

En efecto, desde 2010, David Maestre, representante en la Triple A del alcalde de Barranquilla Álex Char, estaba ofreciendo la empresa. El Tiempo y otros medios revelaron un audio en el que le dice al ahora confeso estafador de Interbolsa, Tomás Jaramillo, que se quede con la Triple A, porque los españoles estaban desesperados por venderla.

La fortuna de García, quien espera su extradición a España, es uno de los rastros del saqueo. El diario El Tiempo estableció que, en agosto de 2014 compró por 521 millones de pesos un apartamento en Cartagena. Y lo traspasó 6 meses después a familiares, miembros de una iglesia cristiana, que dicen haber pagado 630 millones de pesos.

En esa ciudad también adquirió un apartamento en el condominio Brisas del Mar que, un año después, vendió por 277 millones de pesos a un familiar. Y en Santa Marta desembolsó 808 millones de pesos por un apartamento en El Rodadero y compró otro, de 414 millones de pesos y 300 metros, en el edificio Bellini de Barranquilla.

 

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