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Edición Especial

¿Misión Dane para con… tratar?

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Carlos Cabrera Saavedra

Después de 13 años, el Dane realizará nuevamente un Censo Nacional de Población y Vivienda, que debió hacerse hace tres años, pero que, con el inicio en firme de las campañas electorales, se ha visto afectado por las “Fake News” (lo que muestra no solo el nivel de degradación a que se llegará en este proceso electoral, sino lo riesgoso de llevar a cabo censos en años electorales).

Como parte de las noticias falsas se han viralizado cadenas de WhatsApp en las cuales se induce a no realizar la etapa del censo por Internet, supuestamente, porque la información será utilizada para realizar fraude en las elecciones “a favor de las Farc”. También afirman otros, que una comisión de ingenieros de sistemas cubanos ha llegado al país, para cometer el fraude electoral “a favor de las Farc”. Pareciera increíble que, con esta burda estrategia, logren convencer incautos, pero su eficacia ya fue probada en el plebiscito por la paz, aunque la misma ha sido sobrevalorada.

Esta campaña de desprestigio del Censo con fines electorales, no puede victimizar al Dane al punto de olvidar que a 4 años de haberse realizado el Censo Nacional Agropecuario, los resultados no solo no están completos, sino que no han sido liberados sus microdatos, porque uno de sus principales usuarios, el Departamento Nacional de Planeación – DNP, no confía en sus resultados, atribuyéndole problemas metodológicos, de recolección y procesamiento sin que dichas afirmaciones se realicen en público, por hacer parte del mismo Gobierno. También algunos gremios del sector han presentado reparos al censo, no solo porque a algunos no los favorecen sus resultados, sino porque algunos tienen sus propios censos sectoriales y no concuerdan con sus resultados.

Los colombianos injustamente han bromeado sobre los sitios en los cuales el Dane hace mercado y las cifras de desempleo son vistas con desconfianza por parte de los sindicatos y en especial, desde hace dos años, cuando los resultados del mercado laboral no resultan consistentes con los demás indicadores económicos. Sin embargo, quienes han trabajado en el Dane son testigos del compromiso, responsabilidad y seriedad de la mayoría de los equipos de estadísticas. De hecho, las veces en que el gobierno había intentado manipular las cifras, sus directores renunciaron como una forma de preservar la independencia estadística del Dane.

La última vez fue cuando Jorge Bustamante se vio obligado a renunciar después de recibir la orden de realizar el Censo Nacional Agropecuario en pleno debate electoral de 2014. Las razones eran muy claras: el riesgo que representaba hacer las contrataciones, especialmente de encuestadores en todo el territorio nacional en plena campaña electoral. Sin embargo, a diferencia de las ocasiones anteriores en las cuales el escándalo de la renuncia terminaba protegiendo al Dane, en esta y a pesar de la controversia, el Censo Agropecuario se hizo.

Hoy, las circunstancias son las mismas, pareciera que hacer el censo en pleno proceso electoral resultó funcional para el Gobierno Santos, quien mantuvo como director al mismo responsable del Censo cuyos resultados han sido cuestionados por varios sectores.
La Ley de Garantías se dictó con las afugias propias de la reelección presidencial, pero tiene la lógica de evitar que el Gobierno no utilice aquellas potestades que le pueden generar alguna ventaja comparativa por el hecho de estar en el poder; en su momento para la reelección, hoy, para la elección en cuerpo ajeno.

Dentro de las limitaciones establecidas y aunque termina vulnerando a muchas personas, están las limitaciones para nombramientos y para la contratación interadministrativa, así como para la Contratación por Prestación de Servicios; esta última figura utilizada en las nuevas formas de clientelismo para mantener la fidelidad.

En plena Ley de garantías, hoy los medios de comunicación anuncian el comienzo del nuevo censo de población y vivienda, cuya etapa inicial es virtual y a partir del mes de abril presencial, para lo cual se requerirá contratar alrededor de 30.000 personas. Al buscar en la página del Dane y en la de Fonade, que generalmente se presta para este tipo de cosas, para establecer cómo se va a realizar dicha contratación (en plenas elecciones de Congreso, para que empiecen a trabajar en el mes de abril) no hay ningún proceso en marcha aún. Sin embargo, hay un contrato realizado en el 2017 para las pruebas iniciales del Censo, que indican cómo se realizará esta proeza.

El mecanismo utilizado para las pruebas fue realizar un convenio interadministrativo con Fonade y este a su vez contratar un operador que emplee a las personas requeridas por el Dane, incluyendo algunos insumos y hasta el transporte de los encuestadores.
Aunque no se encontró, es posible que el convenio interadministrativo con Fonade ya esté firmado (antes del 27 de noviembre que entró en vigencia la Ley de Garantías) o se utilice una de esas figuras denominadas “convenios marco” a través de las cuales las entidades de la administración central se saltan su régimen contractual y realizan a través de entidades descentralizadas contrataciones directas aprovechando los regímenes contractuales especiales de entidades como Fonade u otras entidades similares.

Si Fonade contrata a un operador para que este contrate a los encuestadores, se tendrían unas personas empleadas al servicio del Dane, pero contratadas por un operador particular, en pleno proceso electoral. No hace falta mucho análisis para identificar todos los riesgos que representa la contratación de 30.000 personas en todo el territorio nacional en pleno proceso electoral, por un particular y al servicio de una entidad pública.
En el censo anterior, los controles fueron inexistentes por parte de la Contraloría y la Procuraduría, por tanto, se espera que esta vez dichos órganos no solo revisen los riesgos descritos, sino el detrimento patrimonial que representa la contratación de un intermediario y este a su vez a un operador, lo que representa pagar los costos administrativos tres veces: los del Dane, los de Fonade y los del operador.

Más allá de la coyuntura descrita, se requiere preservar la independencia del Dane, para lo cual es necesario sacarlo de la rama ejecutiva del poder público, y establecerlo como un órgano autónomo constitucional con financiación garantizada al estilo del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México, entre otras razones, porque si se quiere ingresar a la Ocde, uno de los temas cruciales es la independencia del órgano estadístico estatal.

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