Amenazados sin tierras

Las víctimas perdieron la tranquilidad cuando fueron despojadas de sus propiedades, todavía hoy no logran recuperarla.

Paola Ramírez Caballero

En un departamento como el Magdalena con 486 mil personas desplazadas, según el Registro Único de Víctimas, RUV, y en el que cursan diversos procesos de restitución por ser una región despojada, son cientos de personas que  no creen en la prometida ‘paz’ territorial, viven intranquilos, temerosos de ser asesinados por reclamar sus derechos.

Los reclamantes, quienes están amenazados, se encuentran en  procesos de restitución de tierras, es decir, que las víctimas no han retornado a los territorios, pero sí reciben intimidaciones sin tener predios.

Según el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) la política de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011) no ha colmado las expectativas generadas, puesto que, entre otras, se desarrolla en un contexto de persistencia de conflicto armado y ausencia de garantías de no repetición, persiste oposición de los grupos paramilitares y sectores políticos interesados en mantener los beneficios derivados del despojo de tierras.

Con el proceso de restitución de tierras se han intensificado las amenazas en contra no solo de líderes reclamantes, sino de familias que han retornado a los predios de donde fueron desplazados. Lo más preocupante es la ausencia del Estado en municipios como Zona Bananera, Puebloviejo, Fundación, Aracataca, Pivijay, Sabanas de San Ángel y Plato, municipios en los que las intimidaciones se han incrementado, los robos y las extorsiones a las víctimas.

De acuerdo con Cinep, lo anterior se suma a la falta de medidas adecuadas de seguridad y protección para las víctimas y la  impunidad de la que gozan los responsables de los hechos de violencia que ocasionaron el despojo y abandono.

Como lo ha indicado la Defensoría del Pueblo, en los procesos de restitución de tierras las víctimas están expuestas al riesgo de violaciones a sus derechos humanos, las cuales responden a cinco estrategias utilizadas tanto para conservar y legalizar el despojo como para intimidar y forzar el desistimiento a los derechos a verdad, justicia y reparación de ellas.

Estas están relacionadas con la violencia como amenazas, homicidios, señalamientos y desplazamiento forzado; judicial, como demandas contra líderes y defensores de derechos humanos; territorial, como desalojos a población retornada, destrucción de cultivos de pancoger, bloqueos de vías y fuentes de agua; social, relacionadas con repoblamiento, invasiones, cooptación de líderes y creación de organizaciones paralelas; además de la ausencia de garantías de no repetición.

DE COLOR GRIS A OSCURO

Entre 2015 y 2016, la situación de seguridad de personas y comunidades reclamantes en el departamento del Magdalena se ha agravado considerablemente. Según el Cinep, debido a la circulación de panfletos amenazantes, la reactivación de grupos paramilitares, en especial, la realización de reuniones en el Departamento que, poniendo como excusa la problemática de segunda ocupación, han levantado una campaña de desprestigio en contra de los procesos de restitución de tierras, encabezada por gremios ganaderos, terratenientes de la región vinculados a grupos paramilitares y exfuncionarios públicos de alto nivel.

Existe, entre otras preocupaciones, lo referente a la falta de seguridad que vienen denunciando los líderes reclamantes de tierras a la Cinep, el temor por el rearme de grupos armados ilegales y la intrusión del denominado ‘Clan del Golfo’ a los municipios, las amenazas directas mediante llamadas telefónicas y panfletos; la presunta presencia del postulado paramilitar alias ‘Carlos Tijeras’ en el territorio luego de que este recobrará su libertad; la limitada presencia de la fuerza pública en los municipios en los que cohabitan los reclamantes de tierras y familiares de los despojadores; el aumento de los actos delincuenciales y la interrupción o negación de las medidas que ha otorgado la Unidad Nacional de Protección, UNP, a algunos de los líderes.

Entre julio de 2011 y diciembre de 2016, el departamento del Magdalena ha sido uno de las regiones en la que más personas reclamantes de tierras han sido blanco de amenazas a su integridad: según la información registrada por la Mesa Multiactor se han presentado 109 amenazas, dos atentados y dos asesinatos en contra de personas vinculadas a procesos de restitución de tierras.

Esta situación ha sido confirmada por la Unidad de Restitución de Tierras que, ha documentado entre el año 2012 y marzo de 2017, 213 hechos de presuntas amenazas en contra de reclamantes de tierra en el departamento del Magdalena. 34 de esos casos ocurrieron en Santa Marta; 30 casos en Pivijay; 23 en Fundación; 22 en Zona Bananera; 22 en Puebloviejo; 21 en Chibolo; y 20 en Ciénaga.

Asimismo, es preocupante que la mayoría de denuncias por hechos de amenaza se eleva en la etapa administrativa, 201 casos en total. Por otro lado, de las 213 amenazas en contra de los reclamantes de tierras en el Magdalena, 81 casos se presentaron en contra de adultos mayores, es decir que, el 38 % de los ataques fue dirigido en contra esta población vulnerable.

Es importante indicar, que del Cinep, no se obtuvo información cuantitativa sobre los hechos de amenazas, ataques e intimidaciones en contra de reclamantes de tierras en etapa de posfallo.

Estas circunstancias causan zozobra en los habitantes de los territorios, además de legitimar brotes localizados de violencia en contra de reclamantes de tierras, que cada vez se sienten más expuestos a estos riesgos profundizados por la falta de celeridad de los procesos de reclamación que adelantan.

Cada una de las comunidades reclamantes y sus líderes atraviesan diversas y diferenciadas situaciones de riesgo que, aumentan o disminuyen de acuerdo con cada una de las etapas del proceso de restitución de tierras en las que se encuentran (administrativa, judicial y posfallo).

MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN

Del contexto de violencia en el Magdalena dan cuenta los datos sobre solicitudes de medidas de prevención y protección ante la Unidad Nacional de Protección que, para 2015 y 2016, alcanzan un número de 195 aproximadamente.

La principal razón para la solicitud de tales medidas obedece a las amenazas en contra de la integridad y la vida de algunos reclamantes de tierras del Departamento que se caracterizan por su papel de liderazgo en los procesos de reclamación de las tierras de las que fueron despojadas.

En el periodo comprendido entre 2013 y julio de 2016, la Unidad Nacional de Protección ha estudiado 253 solicitudes de riesgo de las cuales 123 han sido evaluadas como riesgo extraordinario y 126 como riesgo ordinario.

Cabe destacar, que de los estudios catalogados como riesgo extraordinario, 51 corresponden a mujeres a quienes se les han proporcionado 18 medidas de prevención y protección, y 72 a hombres, a quienes se les han proporcionado 44.

En los municipios donde se concentran las solicitudes de estudio de riesgo para acceder a medidas de prevención y protección, en Santa Marta y El Retén se registran 70; en Zona Bananera 20; Fundación 19; Aracataca 14; Puebloviejo 13; y Plato 12, lo que representa un 88 %.

De este número de solicitudes, el municipio en el que se ha proveído la mayor parte de medidas es Puebloviejo: un total de 30 medidas de protección, 21 para hombres y 9 para mujeres; seguido de Santa Marta (12); El Retén (7); y Zona Bananera (4).

Las medidas de prevención y protección implementadas han respondido en todos los casos a solicitudes  catalogadas como de riesgo extraordinario. Las medidas de protección implementadas son: chalecos antibalas, celulares y apoyos económicos por periodos de tres meses con posibilidad de extenderlos tres más; en casos específicos, cuya situación de riesgo se ha considerado extrema, se han proporcionado esquemas de seguridad (automóvil, conductor y/o guardaespaldas), a nivel departamental estas medidas no superan 6 en el periodo registrado.

De estas 62 medidas implementadas por parte de la UNP ante la demanda de comunidades reclamantes del departamento de Magdalena en el periodo 2014 – 2016, se han desmontado 20, atendiendo a los criterios establecidos en el Decreto 1066 de 2015.

El Índice de Riesgo de Victimización (IRV) en la región Caribe, publicado por la Unidad Nacional de Víctimas, señala, que en el periodo comprendido entre 2013 y julio de 2016, la Unidad Nacional de Protección estudió 253 de estas solicitudes, de las cuales 123 fueron evaluadas con ‘riesgo extraordinario’ y 126 con ‘riesgo ordinario’.

Al panorama de riesgo se suma el asesinato en agosto de 2016 de Roberto Suárez Bonilla, reclamante de tierras de un predio en Zona Bananera y muerto a golpes en la vereda La Secreta, en Ciénaga.   “Los reclamantes que han retornado a las tierras, son nuevamente despojados y amenazados, atraviesan situaciones graves, porque fueron retornos no acompañados, el interés de amenazar es para que desista del proceso, porque existe oposición”, explicó un investigador del Cinep.

Para el Cinep, el problema está en el subregistro. “Creo que nadie se ha enfocado en llevar un registro detallado de estos riesgos. La situación solo es visible para las instituciones y los medios de comunicación cuando hay homicidios”, revela un investigador del Centro de Investigación.

En este sentido, el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, ha enfatizado que las comunidades rurales tienen pocas posibilidades de acceso a la justicia por desconfianza, porque cuando van donde la autoridad o donde algún funcionario, la amenaza no trasciende, no le dan credibilidad y desacreditan la denuncia, por eso muchas prefieren no hacerlo.

Asimismo, el Cinep considera que actores armados como los paramilitares todavía mantienen redes de información con funcionarios y miembros de la Policía, ya que sus estructuras económicas, militares y políticas siguen intactas y causan mucho temor en la gente. Además, las elites locales de terratenientes, no desean que los procesos de restitución de tierras avancen porque tocan al poder, por eso existe un subregistro de las amenazas y de violación de derechos humanos contra familias desplazadas.

VACÍOS EN LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍAS 

La Mesa Multiactor promovida por el Cinep ha identificado una serie de dificultades como:

• Ausencia del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en el Magdalena.
• Inexistencia de Planes de Prevención y Protección en distintos municipios de Magdalena como Zona Bananera, Puebloviejo y Chibolo.
• Implementación del Plan Padrino de manera insuficiente.
• Inexistencia de un enfoque de prevención y protección en los Planes de Retorno y Reubicación de la UARIV.
• Falta de resultados en persecución, investigación y judicialización de los hechos de amenaza en contra de reclamantes de tierras en el Magdalena.
• Enfoque reactivo, individual y limitado de medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. Así como ausencia de medidas colectivas de protección.
• Falta de acceso a información sobre la implementación de las medidas de protección a los beneficiarios.
• Desconocimiento por parte de los beneficiarios sobre los criterios utilizados para modificar, disminuir o desactivar los esquemas de protección.

Según el Cinep, en el Magdalena no hay analista del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo desde el 2013. Quienes han hecho un monitoreo y advertencia sobre las violaciones de derechos humanos y condiciones de seguridad son las organizaciones no gubernamentales.

El Estado es el principal garante de los derechos humanos de cualquier persona, por eso deben existir diferentes mecanismos para responder ante el llamado de las víctimas. En principio las alcaldías deben construir y actualizar cada año los planes de seguridad y prevención, en los cuales se estipulan recursos específicos para la protección de la población.

En la Mesa Multiactor sobre Seguridad y Protección para Reclamantes de Tierras en Magdalena impulsada por el Centro de Investigación y Educación Popular, se  identificó que en las alcaldías del Magdalena ni siquiera existen los planes de protección y prevención incluidos en la Ley 1448. Los líderes reclamantes de tierras con medidas de protección especiales vinculados al ‘Plan Padrino’ se sienten vulnerables porque este no garantiza su seguridad.

A los reclamantes de tierras que la Unidad Nacional de Protección, les ha asignado vehículos y escoltas, le han suspendido estos esquemas por falta de presupuesto, cuando es usual observar en las calles que personas con bajo riesgo utilizan este servicio que les quitan a otras en alto riesgo de vulnerabilidad.

 SIN  TIERRAS

Actualmente se dan restituciones de tierras reales, y quienes están siendo uso de esta son los grandes terratenientes como ganaderos, palmeros, y bananeros, que han acaparado los territorios. Esto lleva a que se produzcan distintas formas de despojo violentos.

Pese a que el Magdalena es uno de los departamentos priorizados por la Unidad de Restitución de Tierras, algunos de los predios que fueron despojados por grupo armado ilegal o por testaferros aún no han sido regresados a sus dueños legítimos. De igual manera, a quienes han regresado voluntariamente a sus tierras los han amenazado y otros son objeto de extorsiones.

La Defensoría del Pueblo observa con preocupación el creciente número de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH de que han sido víctimas los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos durante el último año, materializados en amenazas, homicidios, atentados y desaparición forzada.

Además, ha advertido y realizado diversos llamados a las autoridades y a la sociedad en general para que se tomen acciones urgentes para proteger a las posibles víctimas, organizaciones y movimientos sociales. Especialmente se ha requerido a la Fiscalía General de la Nación para que estas investigaciones sean asumidas por la Unidad Especial de Investigación creada por el Acuerdo Final de Paz. Así mismo ha invitado a que se fortalezcan las labores de inteligencia que permitan desmantelar los grupos armados que violan los derechos humanos de esta población

Desde el Estado existen intereses contra los procesos de restitución de tierras. En el Magdalena se han cometido pocos actos de homicidios contra reclamantes, pero sí hay muchas personas en situación de amenazas. Este riesgo en que se encuentran se podría transformar y convertir en homicidios si las autoridades no toman los correctivos antes que salgan los fallos.