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Consulta Anticorrupción

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El propósito de este artículo es analizar algunas de las preguntas y sus implicaciones de ser aprobadas, primero por el Senado y posteriormente por el pueblo a través del voto directo.

 Carlos Cabrera Saavedra 

El 18 de enero de 2018, la Registraduría Nacional del Estado Civil certificó las firmas de la denominada ‘Consulta Anticorrupción’, propuesta por el Partido Verde en la que aparece como cabeza de los promotores, la senadora Claudia López. Dicha consulta requiere de conformidad con la Ley Estatutaria 1757 de 2015, para ser sometida a votación, la aprobación del Senado de la República, quien puede considerarla conveniente o inconveniente y no autorizar su sometimiento a escrutinio de la población.

El respaldo de 4.236.681 firmas (validadas  3.092.138) fue conseguido al tener como eslogan una de las 7 preguntas, relacionada con la disminución del salario de los Congresistas, sin que la mayoría de los millones de firmantes, por cultura (los colombianos no leemos ni lo que firmamos) y a los mecanismos de recolección (en una esquina, semáforo o centro comercial, las personas para firmar no leían previamente las 7 preguntas) y muchas de ellas ni siquiera entienden cuál es la diferencia entre una consulta, un referendo o un plebiscito, por mencionar solo tres formas de participación.

Carlos Augusto Cabrera Saavedra, experto en Finanzas Públicas.

El propósito de este artículo es analizar algunas de las preguntas y sus implicaciones de ser aprobadas, primero por el Senado y posteriormente por el pueblo mediante el voto directo.

Aunque la Ley Estatutaria 1757 de 2015 en su diseño y redacción no muy clara, el referendo ha sido considerado por los tratadistas, cuando se pregunta al electorado sobre un texto constitucional o legal, para aprobarlo, derogarlo o ratificarlo. El plebiscito por su parte, permite la formulación de preguntas genéricas de carácter político, para saber el respaldo o rechazo que tendría una propuesta, sin que ella pueda versar sobre la duración del mandato presidencial ni modificar la Constitución.

En cambio, las consultas populares en teoría son para pronunciarse sobre asuntos de naturaleza administrativa, y si es aprobada, por la mitad más uno de los electores, siempre y cuando haya participado al menos la tercera parte del censo electoral, la autoridad correspondiente estará obligada a adoptar las medidas que sean necesarias para hacerla efectiva y si para ello, se requiere de una ley o acto administrativo, deberá ser expedida a más tardar en el periodo de sesiones siguiente. Si se vence el periodo sin que haya sido aprobada, el Presidente de la República la adoptará mediante decreto con fuerza de ley. Por obvias razones, este mecanismo extraordinario de adopción no puede regir para reformas constitucionales.

Las preguntas propuestas para la consulta anticorrupción, que deberán ser sometidas a consideración del Senado, al ser avaladas por las firmas certificadas por la Registraduría y que serán analizadas son:

Pregunta 1. Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. ¿Aprueba usted reducir el salario de los Congresistas de 40 a 25 salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, SMLV, fijando un tope de 25 SMLV como máxima remuneración mensual de los Congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política?

Lo primero que se debe aclarar es que el salario de los congresistas no está en salarios mínimos y de estarlo, hoy la remuneración de los congresistas sería superior, en la medida en que el salario mínimo tradicionalmente ha subido por encima del promedio del salario de los funcionarios, que es la base de incremento salarial de los congresistas.

Los congresistas perciben alrededor de $29.814.275 pesos mensuales, sin el incremento que deberá decretar el Gobierno Nacional en el transcurso de esta semana, producto del incremento que tuvieron los funcionarios del 5.09 %. En salarios mínimos de 2018 esta remuneración sería de 38.16 SMLV y si aplicamos el incremento que les realizarán de 5.09 %, la remuneración será de $31.331.822 y en salarios mínimos sería de 40.10%.

25 salarios mínimos representan hoy $19.531.050 y este sería el límite que se establecería de conformidad con lo previsto en la consulta popular anticorrupción. Si bien los 30 millones y aún los 19 millones que se proponen, resultan cantidades exageradas para el común del ciudadano, en especial de quien gana un salario mínimo de $781.242, dicha remuneración es bastante inferior a la que recibe cualquier directivo de una multinacional en Colombia. Es decir, que seguramente se les pondría a los congresistas a recibir una remuneración inferior a la de los lobbistas que los visitan en sus oficinas o los invitan a almuerzos y cenas.  Si bien, un salario alto no garantiza la probidad de un servidor público, un salario bajo si aumenta los riesgos de corrupción al tener que recurrir a fuentes adicionales de ingreso para mantener el nivel de vida que le exige la calidad de su cargo.

A lo anterior, hay que agregar, que, como no solo impactaría a los congresistas sino a los altos cargos del Estado, es decir, a los denominados aforados, previstos en el artículo 197 de la Constitución, (Procurador, fiscal, magistrados y demás), y sumándole a esto que los cargos públicos se han convertido en actividades de alto riesgo, no solo en términos de seguridad personal sino jurídica, ya que se pone en riesgo el patrimonio personal y hasta su libertad, producto de la judicialización de la lucha política y la utilización de los órganos de control con fines de retaliaciones políticas, dará como resultado que muchas personas de altas calidades personales y profesionales, como ya está pasando, no quieran ser servidores públicos y se deje en manos de políticos mediocres y corruptos la dirección del Estado.

Por otra parte, si dicha reducción es aprobada y formalizada a través de ley o acto administrativo, tendría que soportar las revisiones de constitucionalidad o legalidad a las que será sometido teniendo que pasar por principios tales como, que no se puede reducir el salario de ninguna persona y aquel que establece que, a trabajo igual, salario igual. Además, el presupuesto total del Congreso de la República asciende a $552 mil millones de pesos que frente al presupuesto total de la Nación que representa $235 billones de pesos, no resulta significativo, ni con el ahorro se resuelve el problema fiscal del país y mucho menos se combate la corrupción que es el propósito de la consulta.

Pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. ¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidad de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?

Esta pregunta que quiere igualmente satisfacer el deseo social de venganza, más que el de justicia, desconoce que algunos derechos individuales están por encima de una política criminal mal formulada y, de cumplirse podría privar a algunos menores de edad de la protección directa de sus padres, al impedírseles utilizar medidas como la casa por cárcel.

Es importante recordar, que a diferencia de lo que pasa en Colombia, las cárceles deberían ser centros de resocialización y no escuelas de crimen, y que hoy no impiden seguir delinquiendo desde la cárcel, por eso no constituyen un elemento disuasivo a los corruptos, porque cuando salen pueden disfrutar del botín de sus delitos.

Es necesario reconocer que el principal incentivo de la corrupción en Colombia es la ausencia de justicia, no solo como principio sino como institucionalidad. La incapacidad y corrupción en el interior de la justicia constituye la fuente principal de la cultura de desfalco a los recursos públicos, ligada también al diseño de nuestro sistema político.

Pregunta 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país. ¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos?

Es posible que la unificación de los pliegos contribuya a unificar y/o estandarizar los procesos de selección en Colombia, lo cual resulta necesario y positivo, sin embargo, su eficacia como mecanismo anticorrupción es dudosa, en especial para controlar la corrupción de los particulares que se cartelizan para participar en las licitaciones públicas e imponer precios exorbitantes y bajas calidades a los bienes y servicios que requiere el Estado. También se deriva el riesgo del Copy – Page, que en muchos procesos contractuales ha sido fuente de controversias contractuales al dejar en los pliegos características de procesos diferentes y que no corresponden con el objeto específico que se contrata. En todo caso su impacto no es nocivo, pero requiere medidas complementarias.

Pregunta 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre contratación y ejecución?

La Ley 1757 de 2015 tiene prevista la posibilidad de los presupuestos participativos como mecanismo de participación ciudadana. Sin embargo, no sobra el mecanismo propuesto en esta pregunta de realizar audiencias públicas para desglosar y priorizar la inversión. De hecho, se requiere la formalización y regulación de las partidas regionales.

La ‘mermelada’, ‘cupos indicativos’ o como se denominaban antes de la Constitución de 1991, ‘auxilios parlamentarios’, han sido nefastas por ausencia de transparencia en su asignación, y por ser el mecanismo de chantaje utilizado por el Gobierno para sujetar la voluntad de los congresistas, en la aprobación de leyes, al mantenimiento de la partida gestionada. Sin embargo, también sería necesario impedir que el Gobierno de forma inconsulta las pueda modificar o eliminar y establecer mecanismos eficaces de control y no como los realizados hoy por las contralorías.

Pregunta 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. ¿Aprueba usted obligar a los congresistas y demás corporados a rendir cuentas anuales sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares, o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales haya presentado candidatos?

Esta medida sería muy importante para que la ciudadanía realice control sobre sus elegidos, pero es necesario que no sea un mecanismo anual a través de audiencias públicas únicamente, sino la existencia de un sistema de información permanente y de libre acceso a través de Internet, que mantenga información de la actividad de cada congresista en su función, desde su asistencia hasta la presentación de proyectos, o su participación en los mismos con indicación de sus argumentos para estar a favor o en contra de cada proyecto, o controles políticos en los que participa.

Pregunta 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio. ¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público, a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos, conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho?

Parte de esta propuesta ya tiene normas que la establecen, como la obligación de todo servidor público de presentar su declaración de bienes y patrimonio al momento de posesionarse y al retiro del cargo, y la extinción de dominio, también se encuentra prevista para todos los bienes adquiridos ilícitamente. Sin embargo, el principal problema es que no hay mecanismos de control eficaces para evaluar la información suministrada y la Justicia dentro de su inoperancia actúa con tanta lentitud que los corruptos alcanzan a insolventarse antes de ser requeridos por las autoridades.

Pregunta 7. No más atornillados en el poder: máximo 3 períodos en las corporaciones públicas. ¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales?

Acabar con la reelección podría iniciar un proceso de limpieza de la política al acabar con los ‘políticos profesionales’ ya que su existencia por naturaleza desvirtúa el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en la actividad pública. Sin embargo, establecer el límite a tres períodos, permitirá un sistema de ‘carrera’ en los cuales los políticos irán ascendiendo o descendiendo, dependiendo de las necesidades para perpetuarse en los cargos de elección popular y negarles a nuevas generaciones o a otras personas su derecho de participación.

A pesar de la mayoría de cuestionamientos realizados, con excepción de la primera pregunta, el país estaría mejor si la consulta se aprueba y se traduce en leyes que establezcan mecanismos que controlen la corrupción.

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