Cuatro municipios en riesgo de supresión

Los municipios de Tenerife, Pedraza, Concordia y Zona Bananera están a punto de desaparecer según Planeación Nacional por incumplir los indicadores de viabilidad fiscal en repetidas vigencias.

Otras entidades territoriales sin certificación de viabilidad fiscal son: Remolino, Sitionuevo, Plato, Ariguaní y El Piñón, las cuales no podrán acceder a créditos.

El secretario de Planeación de la Gobernación del Magdalena, Eduardo Arteta Coronel, volvió a faltar a la citación hecha por la Asamblea Departamental. Ante esta inasistencia, se denunció ante la opinión pública el riesgo en que se encuentran algunos municipios por no ser viables fiscalmente.

La Secretaria de Planeación debe presentar en el primer día de sesiones ordinarias de la Asamblea del Magdalena el informe sobre la viabilidad fiscal ordenado por la Ley 617 de 2000. “El informe tiene relacionado el cumplimiento de los indicadores de gastos de funcionamiento de los municipios, quien no cumpla debe ser sometido a un proceso de ajuste fiscal coordinado por Planeación Departamental”, explicó el diputado Edward Torres.

El informe sobre la viabilidad fiscal de los municipios debe ser prestado por la Gobernación a la Asamblea que somete a consideración la supresión de los municipios que incumplan con los indicadores de viabilidad fiscal.

El proceso para que un municipio se suprima por el incumplimiento de los indicadores debe ser liderado por la Contraloría quien los certifica. “Aunque hay varios municipios, para la Contraloría el único que incumplió en el 2016 fue Santa Bárbara de Pinto esto debe investigarse, pero si el Secretario de Planeación no asiste a exponer esta situación nosotros podemos estar incurriendo en una falta por omisión”, afirmó el diputado Torres.

En el último informe de la Contraloría General de la República aparecen seis entidades en el Magdalena a las cuales no les procedió la certificación de viabilidad fiscal por deficiencias en la calidad de la información.

EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO

La Ley establece múltiples efectos que trae el incumplimiento que van desde la posibilidad de establecer responsabilidades disciplinarias y fiscales al Alcalde correspondiente, hasta la supresión del Municipio cuando dichos incumplimientos son reiterados en más de tres vigencias fiscales.

Sin embargo, los efectos más graves terminan mientras se encuentre en incumplimiento,y sin la suscripción de un Programa de Saneamiento Fiscal, no podrá tener operaciones de crédito público ni podrá recibir de la Nación recursos diferentes a las participaciones Constitucionales (Sistema General de Participaciones y Regalías). Es decir, no puede recibir las cofinanciaciones, ni siquiera la de Fosyga para régimen subsidiado. Además, la Contraloría Departamental pierde la competencia para vigilar al municipio que incumple y debe ser asumida por la CGR.