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Marlon Marín le ofrece tres cabezas a la DEA

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Dos agentes de la DEA llegaron el viernes al búnker de la Fiscalía confiados de que Marlon Marín Marín y Fabio Simón Younes hablarían con ellos acerca del embarque de 15 toneladas de coca que tenían como destino México.

Un día entes, los agentes enviaron mensajes hasta sus celdas, y estaban confiados en que alguno de ellos contaría cómo había sido el narcooperativo que terminó poniendo tras las rejas al exjefe negociador de las Farc Jesús Santrich, y al proceso de paz en una de sus peores crisis.

Marín los sorprendió cuando manifestó su voluntad de cooperar con la justicia de Estados Unidos a cambio de beneficios.

Durante más de siete horas, les dio detalles a los agentes de la DEA de cómo había terminado de intermediario entre el cartel de Sinaloa y Santrich para mover grandes cantidades de droga.

Una de las primeras afirmaciones de Marín fue: el sobrino del jefe de las ex-Farc Iván Márquez (cuyo verdadero nombre es Luciano Marín) dijo que las 10 toneladas de las que aparece hablando en varios audios era tan solo la cuota inicial de otros cargamentos que se planeaban enviar.

Además, dio detalles específicos de cómo estaban consiguiendo los alijos de cocaína para cumplir con las exigencias de Rafael Caro Quintero, tercero al mando del cartel de Sinaloa. Según Marín, les ofrecieron llevarla hasta Barranquilla e incluso moverla por un tercer país por donde, aseguraron, tenía contactos y aliados.

Luego el segundo dato terminó por seducir a los agentes, quienes de inmediato pidieron permiso a Washington para negociar un arreglo con el supuesto abogado caqueteño de 39 años que, además, es pieza clave en los intentos de saqueo al dinero del posconflicto.
El medio de comunicación EL TIEMPO conoció por medio de fuentes cercanas al caso que Marín dijo estar dispuesto a dar nombres de los poderosos contactos que tienen en Venezuela para mover cargamentos de cocaína.

La información fue suficiente para que Estados Unidos frenara su solicitud de extradición y lo convirtiera en testigo protegido de ese gobierno. Un solo hombre, pariente de un jefe de las Farc, testificará contra Santrich y, de paso, contra el capo mexicano al que acaban de montar en la lista de los más buscados, y contra otros objetivos afincados en Venezuela.

Marín aceptó viajar de inmediato a Nueva York y rendir, antes, interrogatorio en Colombia sobre todo el andamiaje de corrupción que ayudó a tejer en torno a los recursos del posconflicto.

También entregó documentación y nuevos nombres de implicados, entre ellos varios alcaldes. Toda la hipótesis de la Fiscalía fue confirmada
El día lunes, en las horas de la noche, un avión de la DEA sacó a Marín del país y hoy duerme en instalaciones fiscales en Nueva York. Si su colaboración es eficiente es posible que no pague ni un día de cárcel.

Aunque Santrich se mantiene en su versión de que todo es un montaje e incluso le envió una carta desafiante al fiscal Néstor Humberto Martínez, ya admitió su reunión con los emisarios mexicanos. Además, dijo que lo que buscaban no era coca sino invertir en proyectos piscícolas. Mientras su abogado insiste en pedir su libertad inmediata a través de un habeas corpus, el exjefe guerrillero fue enviado a la cárcel La Picota.
Younes, por su parte, llegó tarde a la cita con la DEA. Por eso, su captura con fines de extradición ya fue legalizada y al igual que Santrich, deberá esperar 60 días a que se surtan los trámites.

El otro involucrado, es Armando Gómez España (padre de una exreina de belleza), fue notificado en una clínica del proceso en su contra, pero no ha podido atender ninguna diligencia porque será intervenido de un cáncer en el estómago.

El ingeniero Iván Cifuentes, quien ha salido a relucir en el escándalo de los manejos de la ‘chequera de la paz’, fue separado por la Universidad de los Andes del proceso de asesoría técnica a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Cifuentes es pareja sentimental de la descabezada directora del Fondo Colombia en Paz (FCP), Gloria Ospina, pero solo le reconoció ese nexo a Los Andes el 4 de abril. Esto motivó a sus directivas a retirarlo de inmediato de la asesoría y a pedirle al Gobierno una reunión urgente con las cabezas del FCP para auditar lo hasta ahora hecho como parte del jugoso contrato de la JEP.

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