El país de la ‘mermelada’

Marcela Escandón

En el año 2011, el entonces Ministro de Hacienda y Crédito Público Juan Carlos Echeverry intentó explicar el nuevo esquema para distribuir los recursos de las regalías (ganancias para el Estado por la explotación de recursos minero-energéticos) utilizando una metáfora que terminaría calando profundo en los medios de comunicación y la ciudadanía en general: “esparcir la mermelada en la tostada nacional”. En adelante, cada vez que se habla de recursos públicos, ya no de regalías, se menciona a la ‘mermelada’, y se hace referencia implícitamente a los políticos hambrientos que esperan impacientes por un buen pedazo de tostada, bien untada claro está, de la deliciosa mermelada.

Ahora bien, el hambre de tostada con mermelada no comenzó (ni terminó) con el Gobierno Santos. Por lo contrario, tiene una larga tradición que apenas será enunciada a grandes rasgos en las próximas líneas. Sin embargo, es una gran materia pendiente del saliente gobierno, el cual anunciaba criterios de transparencia pero al final tuvo que enfrentar serios cuestionamientos, como todos sus antecesores.

GENEALOGÍA DE LA ‘MERMELADA’: EL ORIGEN DE NUESTROS MALES

Durante el periodo colonial, al territorio de la actual Colombia llegaban funcionarios españoles que pagaban de antemano por el cargo que iban a ocupar, es decir, invertían en su carrera dentro del aparato burocrático español. Esto significa que, al llegar a América, estas personas buscaban recuperar dicha inversión, con base en el sistema extractivista del estilo colonial español, que buscaba saquear todo el oro que fuera posible, junto con recursos diversos como el salitre, la plata, el palo de tinte, entre otros. Más que construir, los españoles llegaban a extraer, y a extraer no solo lo que fuera americano, o neogranadino, sino a extraer y sacar ventaja, incluso a costa de la Corona Española.

A la luz de este fenómeno es posible comprender el escaso respeto por lo público que ha existido en nuestro país. Sin querer establecer anacronismos, relaciones causales o saltos temporales sin sustento, lo cierto es que de manera muy temprana es posible identificar funcionarios que no perciben los recursos del erario como algo de todos, sino algo que les corresponde como contraprestación de su inversión. Y esto no cambió mucho con la Independencia.

Desde los miembros del Ejército Libertador que recibieron fincas y terrenos baldíos como pago por sus servicios hasta los funcionarios que recibieron un Estado quebrado y completamente endeudado para pagar la guerra de Independencia, pasando por quienes debían recaudar impuestos en las peores condiciones, recorriendo a lomo de indio las cordilleras o recaudando en los puertos del Caribe, donde había más contrabando que comercio.

Posteriormente, las guerras civiles del siglo XIX, uno de los principales dramas económicos del Estado colombiano, y los traumatismos del cambio de partido político en el poder, Liberal o Conservador, luego de cada guerra o nueva constitución. Es como si los recursos públicos en Colombia nunca hubieran tenido ‘dolientes’.

La Guerra de los Mil Días y el inicio de siglo XX con otro gran ‘escándalo de corrupción’: la danza de los millones. Llamada así por ser un momento en el que se recibieron 25 millones de dólares de indemnización por la pérdida de Panamá y no se tenía muy claro qué hacer con ellos. Al intentar repartirlo en múltiples proyectos, fue muy poco lo que quedó en obras, de ese dinero.

Siguiendo el relato cronológico, luego viene la República Liberal, el periodo de La Violencia, el Frente Nacional y las negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo que derivan en la creación de los cupos indicativos. Estos eran partidas presupuestales que los congresistas podían invertir como quisieran en sus regiones. El clientelismo en su máxima expresión. Luego del Frente Nacional viene el nacimiento de los cárteles de la droga y su influencia en la política; el crecimiento de la guerrilla y los paramilitares luego de la caída de los cárteles.

Después, la Constitución de 1991 busca romper con todos esos males y acabar con el carácter cerrado del sistema político, aún bipartidista. Pero, a pesar de sus virtudes, la nueva Carta política genera efectos no esperados como la atomización de los partidos, el incremento de costos de campaña, el aumento del clientelismo y el personalismo político. Todos estos actores buscaban en los recursos del Estado el retorno por sus inversiones, en tiempo, recursos y esfuerzo. Es así como se va configurando el país de la ‘mermelada’, en el que un escándalo opaca al anterior y al final, no pasa nada.

TRES PERLAS DE LA CORRUPCIÓN

Reficar

La refinería de Cartagena, Reficar, debía ser uno de los proyectos estrella del Gobierno Santos. Por lo contrario, se convirtió en un dolor de cabeza desde que se conocieron los enormes sobrecostos de su construcción, los cuales aparentemente ascienden a más de $1.6 billones de pesos. Al respecto, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró, sin dudarlo, que “Reficar es el mayor caso de defraudación en toda la historia de Colombia”.

Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR) habla de un daño patrimonial de cerca de $17 billones de pesos. Al parecer, los directivos de Reficar alteraban los balances de la empresa reportando ganancias por $48 mil millones de pesos que no existían. De este modo, aumentaban el valor de la compañía de manera artificial y mejoraban la proyección de ingresos a futuro. Mientras, la CGR encontró pérdidas operacionales de cerca de $784.569 millones de pesos y una pérdida neta de $1.4 billones. Lo anterior implica, que a Reficar le sale más costoso operar y producir, porque no lo recupera con sus ventas.

De acuerdo con los entes de investigación y control, el problema no es solamente un asunto de planeación, sino de un ‘desfalco con fines criminales’ ante el cual la Fiscalía se encuentra investigando el caso como  “un peculado (malversación de los fondos públicos) por más 610 mil millones de pesos, por los 12 años en los que se desarrolló el plan de modernización de Reficar”  En este caso, Juan Manuel Santos, en lugar de asumir responsabilidades, se dedicó a culpar a su antecesor, Álvaro Uribe Vélez, al señalar, que “el origen, el pecado original de todo esto, sucedió en el gobierno anterior. Eso no tiene que ver con mi gobierno”.

Odebrecht

La segunda perla es el escándalo internacional de Odebrecht. Mientras en otros países ha tenido profundas consecuencias, en Colombia apenas hay un par de capturados y un grupo de políticos que asegura no tener nada que ver, entre ellos, el Presidente de la República.

Pese a esto, hay información que apunta a presunta financiación ilegal de las campañas presidenciales de 2010 y 2014 de Santos y su opositor en 2014, Óscar Iván Zuluaga. Al respecto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) señala, que “a través de la prueba recaudada se evidencia el presunto ingreso de dineros provenientes de Odebrecht a la campaña a la Presidencia de la República para el año 2014 de Juan Manuel Santos, en cuantía de $1.200 millones”.  En este mismo caso se investiga también a los partidos políticos que lo respaldaron: de la U, Liberal y Cambio Radical.

Con esos dineros, aparentemente se financió un estudio de opinión. Además, presuntamente el jefe de la campaña Roberto Prieto –quien está detenido-, no solo estaba al tanto de la entrada de los dineros, sino que solicitó la creación de una sociedad comercial en Panamá para el pago de USD$450.000 por parte de la empresa brasilera para la financiación del trabajo publicitario de la campaña de Santos, a través de una cuenta en Panamá y de contratos simulados o ficticios.

El caso se dio a conocer luego de que los directivos de la multinacional brasileña y el Departamento de Justicia de Estados Unidos llegaran a un acuerdo de cooperación para establecer cómo llegaba esta compañía a obtener los contratos para ejecutar obras y financiar campañas en países como Angola, Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia.

Cabe destacar, que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes acaba de exonerar al Presidente de la República en este caso, no por considerarlo inocente, sino por no contar con suficientes pruebas para continuar la investigación. También, se menciona, que esta comisión nunca ha tomado medidas en contra de altos funcionarios, menos el Presidente de la República, ni siquiera en el caso de Ernesto Samper y la financiación de su campaña por parte del cártel de Cali.

PARADISE PAPERS

Finalmente, el caso de los Paradise Papers  involucra también de manera directa al actual Presidente de la República de Colombia, pues su nombre aparece en una lista de 127 figuras internacionales vinculadas a sociedades en los llamados paraísos fiscales. El caso se dio a conocer gracias a que el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) realizó una investigación llamada ‘Papeles del Paraíso’, con 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación involucrados, quienes revisaron cerca de 13 millones de documentos de fechas entre 1950 y 2016.

Los lugares considerados paraísos fiscales por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), son Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Islas Caimán, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

Puntualmente sobre el Mandatario colombiano se dice, que es director de dos sociedades offshore (es decir, que se registra en un país pero no adelanta ninguna actividad económica) en Barbados. De acuerdo con esta información, Santos es director en el año 2000 de la empresa Nova Holding Company, así como de la empresa Global Tuition & Education Insurance Corp. También se menciona, sobre esta última empresa, que luego quedó en manos de un familiar del expresidente César Gaviria Trujillo, (1990-1994).

Según la investigación, Santos declara que se relacionó con la compañía Global Tuition por sus objetivos educativos, con el fin de ayudar a financiar los estudios a las familias menos favorecidas. Sumado a esto, señala, que nunca fue accionista de la empresa o invirtió dinero en ella.

Santos aparece en los Paradise Papers junto a figuras públicas como la reina Isabel II de Inglaterra; el secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross; el excanciller alemán Gerhard Schröder; y Stephen Bronfman, recaudador de fondos de la campaña electoral del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, entre otros.  ¿Trascenderán estas denuncias?