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Agenda Caribe para el nuevo Gobierno

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Es necesario que la región Caribe ejecute con el Gobierno Nacional la hoja de ruta que permita dirigir y coordinar esfuerzos institucionales, políticos, económicos y sociales, públicos y privados, hacia el desarrollo que históricamente le ha sido negado.

Daniela Pirela Wisman

Álvaro Mejía Sánchez

Paola Ramírez Caballero

 

La región Caribe representa el 14 % del Producto Interno Bruto, PIB, el 11. 6 por ciento de la superficie nacional y el 21.4 por ciento de la población colombiana.

El nuevo Gobierno de Colombia tiene compromisos con la región Caribe de cara al reto que implica una mayor inserción en los mercados internacionales, elevar los indicadores de competitividad, eliminar los desequilibrios sociales y acentuar el acceso a la educación, entre otros factores.

El Caribe está convencido, que desde las altas instancias del Gobierno Central y del Legislativo, se debe brindar y facilitar el apoyo institucional, presupuestal y financiero requeridos para asumir nuevas competencias, que se convierten en el faro que guiará la eficiencia y eficacia que demanda la construcción del desarrollo Caribe de los próximos 12 años.

El Compromiso Casa Grande Caribe suscrito el mes de noviembre de 2017 en Pozos Colorados, Distrito de Santa Marta, sostuvo, que “para avanzar de manera contundente en la eliminación de la pobreza” es necesario que en los próximos 12 años se inviertan 16 mil 548 millones de dólares distribuidos en nutrición (USD 3.000 millones); educación (USD 6.275 millones); salud (UDS 2.158 millones); y agua y alcantarillado (USD 5.113 millones), lo cual impone al nivel central y a las entidades territoriales departamental, distrital y municipal un enorme desafío que invita a superar la pérdida de tiempo y el debate inane, en un dinámico ejercicio de planeación y ejecución de corto y mediano plazos.

La nueva Ley de regiones, los recaudos propios de la Región, el componente que le corresponde de regalías y la asignación del Presupuesto General de la Nación, serán piezas fundamentales de un compromiso que debe traducirse en realidades tangibles, a lo que habría que sumarle la reforma al Sistema General de Participaciones, que es esencial dentro del propósito de alcanzar niveles más altos de bienestar social.

Para el Observatorio del Caribe Colombiano el futuro de la Región se basa en mejorar el capital humano, aumentar y optimizar el crecimiento económico, concebir una nueva institucionalidad e incrementar la inversión pública y privada.

Son aspectos incorporados a la Agenda Caribe como un propósito colectivo, del que es parte integral la Nación.

Sabedores de la importancia de la Autonomía Regional como uno de los mecanismos políticos – administrativos más efectivos para modernizar el Estado y en ese orden es la luz que debe servir para iluminar  diez (10) de los puntos más críticos que golpean a la región Caribe colombiana.

LA LEY DE REGIONES

En el Congreso de la República se tramita actualmente la Ley que busca la creación de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), como paso inicial para incentivar, fortalecer y establecer las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial (RET). Una vez aprobada y sancionada, el nuevo gobierno debe expedir la reglamentación y sentar las bases sobre las cuales se definirán nuevas herramientas para mejorar los indicadores socioeconómicos regionales.

El pasado 6 de diciembre de 2017, en la Secretaría General del Senado de la República, más de 60 congresistas del país radicaron el Proyecto de Ley 182 de 2017: “por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la Región Administrativa de Planificación, se establecen las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial y se dictan otras disposiciones, en desarrollo de los artículos 306 y 307 de la C.P.”.

Esta iniciativa legislativa busca reivindicar la voluntad de la Constitución de 1991, específicamente en lo referente a los artículos 306 y 307 sobre las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y las Regiones Entidad  Territorial (RET), respectivamente, de desarrollar a Colombia desde sus regiones, como única alternativa para equiparar los desequilibrios sociales y económicos existentes entre el centro y la periferia nacionales.

El 17 de mayo de este año, una vez fue autorizado en la comisión respectiva, la plenaria del Senado de la República aprobó el Proyecto de Ley con 71 votos a favor, habilitando con ello el seguimiento del trámite en la Cámara de Representantes. Este Proyecto de Ley es evidencia clara de la voluntad descentralizadora que anima a los congresistas, así como de los 32 gobernadores del país que han manifestado en múltiples ocasiones su apoyo irrestricto a esta consigna:

¡Si a las regiones, les va

bien; al país le va bien!

De este modo, el nuevo Presidente de la República debe mostrar una posición frente a la efectiva descentralización en Colombia.

SITUACIÓN ENERGÉTICA

Bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, la Superintendencia de Servicios Públicos, intervino el 15 de noviembre de 2016 a Electricaribe, responsable de la distribución de Energía Eléctrica del Caribe colombiano. Transcurridos un año y 6 meses, la Región continúa a la espera de una solución definitiva respecto de este operador. No ejecutar por parte de Electricaribe los 1.5 billones de pesos de las inversiones urgentes de los próximos 24 meses y los 7 billones de pesos en un horizonte de 10 años siguientes, convierte a la empresa en una bomba de tiempo para la competitividad y tranquilidad de esta zona del país.

“La Región continúa a la espera de un nuevo operador eléctrico, dentro de un esquema que fortalezca, dinamice y haga más confiable la estructura empresarial eléctrica regional”, dijo Eduardo Verano, gobernador del Atlántico.

Frente a esa situación caótica, el nuevo Gobierno debe escoger el nuevo operador eléctrico, dentro de un esquema que fortalezca, dinamice y haga más confiable la estructura empresarial eléctrica regional e integre lo que existe hoy en materia de generación, transmisión y distribución, contexto dentro del cual se deben adicionar propuestas referentes al mayor fomento a la expansión de energías alternativas o limpias (solar, eólica, biomasa) en la matriz energética de la región y la cogeneración sectorial – regional con el fin de ofrecer un servicio más confiable a los distintos usuarios.

El Gobernador de Atlántico manifestó, que “hoy el 80 por ciento de los gastos de Electricaribe los destina en comprar energía, de forma tardía y cara. No le quedan recursos para operar, hacer mantenimientos o expandir sus redes, estamos con una camisa de fuerza. Debemos unir y crear una empresa grande, tener nuestra EPM, o empresas de energía como la de Bogotá o Valle del Cauca, quienes hicieron caso omiso a las leyes que los obligaron a dividirse, nosotros fuimos los sumisos, despedazamos nuestro sistema y el resultado salta a la vista”.

Por su parte, el congresista Luís Eduardo Diazgranados señaló,  que “el problema de la energía eléctrica en el Caribe es uno de los ámbitos que refleja el retraso en el que vive la región, ya que ninguna empresa que se quiera proyectar hacia el mediano o largo plazos, va a ubicarse en una zona en la que no se le brinden las condiciones óptimas para su crecimiento”.

Para Amylcar Acosta, las empresas de servicios públicos dentro de las cuales están las empresas de energía, según la Ley, deben brindar un servicio eficiente, calidad y continuidad. La empresa que no lo presta, no está cumpliendo con la Ley, ni siquiera luego de intervenida. El año pasado, los usuarios de Electricaribe pasaron 103 horas sin recibir el servicio de energía disfrazando estos cortes con excusas como el de hacerle mantenimiento de las redes. El promedio nacional de horas sin energía eléctrica es de 38 horas al año. Esa situación no se puede seguir dando.

Para el senador José David Name Cardozo, la costa Caribe está viviendo su mejor momento por causa de la relocalización industrial, no por causa de políticas públicas, sino que se ha presentado este fenómeno gracias al instinto de supervivencia y de competitividad. El problema es que la demanda de las empresas ha crecido, pero Electricaribe no ha sido capaz de suplirla. Por lo cual las empresas son provistas de energía a través de intermediarios. Electricaribe tiene un contrato con EPM por energía generada, por lo cual no tiene la obligación de vender a Electricaribe energía extra. Si el contrato hubiese sido por energía contratada, EPM tendría la obligación de vender la energía acordada. Debido a esta situación, a Electricaribe le toca salir a buscar energía, con un mayor costo, por lo que el valor de esta compra se le traslada al consumidor final.

El consumo de energía en la Costa es mayor que en otras regiones del país por razones de orden climatológico y de orden geográfico. Es vital empezar a implementar proyectos de energía renovable, los cuales tienen un gran potencial en departamentos como La Guajira y San Andrés; departamentos, que, además, tienen un alto nivel de consumo de energía eléctrica, el cual se incrementa en muchas oportunidades por los insumos para producirla y  su traslado es muy costoso.

Los problemas con la producción de energía eléctrica muestran la gran brecha que existe entre el norte del país y la parte central. Es necesario empezar a replantear las políticas para generar un verdadero desarrollo en la región. La búsqueda de unas condiciones de vida óptimas debe estar a la orden del día en la agenda no solo regional, también deben ser políticas de Estado, las cuales, además de ser decretadas, también se puedan cumplir en el terreno. El desarrollo de la región requiere de una revolución energética.

Manuel Guillermo Mora Jaramillo, senador,  fue uno de los impulsores de la Ley 1715, Ley de energía renovable, con esta, lo que se pretendía era que no solo existieran grandes generadores de energía eléctrica. También era para impulsar la protección y el cuidado del medio ambiente a través de la generación de energías renovables, basados en los acuerdos que se están dando en el mundo, ese asunto hace parte de los tratados establecidos por las Naciones Unidas.

El senador, a través de la comisión Quinta, ha hecho varios debates en relación con la intervención de Electricaribe, la cual debía producir un cambio para mejorar el servicio que ofrece la empresa. Según palabras del Representante, hasta el momento no se conoce si esa intervención ha servido, debido a que no se conoce si el problema de operación de Electricaribe tiene que ver con la casa matriz, o  si es un problema estructural o de inversión.

El Gobierno destinó a través del fondo empresarial 320.000 millones de pesos, de los cuales no se sabe qué pasó con las inversiones, al aparecer solo se han utilizado para pagarle a los operadores y no se han usado para mejorar el servicio, el manejo de redes, o el reajuste de las tarifas.  Para el Representante, en relación con esa intervención, no se ha sido creativo. Hoy no se conocen cuáles son las inversiones, nadie dice si se hicieron o no.

En la Ley de Regalías de ciencia y tecnología, que son 200.000 millones de pesos, también existía un artículo que ayudaba a potenciar la creación de energía renovable. El país debe conocer qué va a pasar con Electricaribe y de que manera se va a incentivar la generación de energías renovables, sobre todo, cuando se ha entrado en una crisis de la cual es necesario salir.

Para Guillermo Plata, director del comité intergremial del Atlántico, “todos los gremios en la Costa están preocupados por la situación de Electricaribe, ya que se puede producir una implosión económica y una explosión social. Cuenta, como en el segundo semestre del año 2016, hubo una posibilidad real de que se presentara un racionamiento a gran escala en la región, si bien no en toda, por lo menos en varios de los departamentos, de ahí que fuera necesaria la intervención.

También es importante indicar, que se requieren 240.000 millones de pesos para mantener la infraestructura de Electricaribe. Cada año que se invierte menos de esa cantidad,  se está permitiendo que la infraestructura se deteriore cada día más; en eso radica la importancia de que exista un operador con el suficiente músculo financiero para hacer las inversiones, además de que pueda recuperar los 10 años en los que Electricaribe no hizo nada para mejorar las redes.

En la Costa, la demanda de energía crece en un 6.2 % por encima del promedio nacional. La región Caribe tiene el 20 % de la población del país, pero consume el 25 % de la energía. En el Caribe crece un 50 % más en el consumo de energía en relación con el consumo del país”.

 

Claro que es una cuestión de sentido común, en esta región hace más calor, por eso se requiere encender los abanicos, la nevera, los aires acondicionados y demás.

El oligopolio que existe en el país en materia de generación hidráulica, solo 4 o 5 empresas hacen que sea imposible que la posición dominante se convierta en precios más altos para el consumidor. En Colombia hay una Ley que prohíbe la integración vertical, en el caso de las empresas del interior del país, estas lograron mediante diversas estrategias  que se mantuviera esa integración vertical. En el caso de la antigua Corelca, esta fue desintegrada, y desde ese momento en adelante, una empresa debía encargarse de la generación; otra de la transmisión; otra de la distribución.

Se debe encontrar una manera de permitir que una empresa compita de forma integrada, que tenga la generación, transmisión, distribución, esto  hará el que el servicio sea bueno. Si el negocio no es bueno, nadie se va atrever a poner sobre la mesa una propuesta. Para llevar a cabo esta reestructuración, el Gobierno Nacional puede ayudar cambiando la Ley con el fin de permitir que la nueva empresa pueda integrar todos los servicios.

Hay que indicar que quien entre a operar, debe hacer una inversión que ronda los 7 billones de pesos.

Camilo Tautiva, jefe de asuntos regulatorios y empresariales del Ministerio de Minas y Energía, afirma, que “esta cartera ha realizado varias acciones con el fin de reforzar la generación de energía eléctrica en la región, tal es el caso del plan cinco Caribe, que ha impulsado más de 35 obras para reforzar las redes de transporte y de distribución de energía en la región. El Gobierno se encargará de buscar a un inversor que tenga el músculo financiero para facilitar el dinero que se requiere para renovar las redes”.

Otro punto en el que trabaja el Gobierno es la resolución  015 de 2018, que exige el cumplimiento de metas para la reducción de pérdidas y la disminución de fallas, basados en la valoración del índice de calidad. Para que esto se dé, es necesario hacer inversiones, las cuales están alrededor de los 700 u 800.000 millones de pesos anuales.

Dicha resolución, según el representante del Ministerio de Minas y Energía,  creó las estrategias para que se den todas las garantías al operador con el propósito de lograr un equilibrio en el momento en el que este decida participar en el negocio, tanto para recuperar su inversión, como para que se le den las garantías a los usuarios para prestarles un servicio de calidad.

NAVEGABILIDAD DEL RÍO MAGDALENA

Las pésimas condiciones de navegabilidad del río Magdalena se agravan. Conocido el resultado fallido de la APP que se concibió para recuperar la principal arteria fluvial del país, se ha estancado la nueva solución contractual, a pesar de que el Ministerio de Hacienda aprobó la estructuración de la Alianza Público Privada, con lo cual se autorizó la apertura de los Pre-pliegos de licitación con el objetivo de retomar el proyecto para garantizar la actividad y desarrollo fluviales.

La nueva administración nacional debe culminar el proceso contractual para la estabilidad del río, en particular la zona de la desembocadura de Bocas de Ceniza. Con la APP funcionando, se solucionaría el problema, porque su objetivo es mantener el canal de acceso a 12 metros de profundidad, se recuperaría la confianza perdida de las navieras internacionales.

En esta materia, el Caribe requiere de la construcción del nuevo puente sobre el río Magdalena, aprovechándose la ribera para desarrollos empresariales con vocación exportadora que impactan el crecimiento nacional. Con una inversión superior a los 2 billones de pesos a lo largo y ancho de su curso crítico, el río Magdalena podrá generar el soporte que la economía nacional requiere para consolidar metas más elevadas de crecimiento.

El Superpuerto o puerto de aguas profundas es una alternativa necesaria para que Barranquilla entre a competir en el mercado portuario nacional, requieren cerca de 500.000 millones de pesos del Gobierno Nacional, para la construcción del dique de abrigo y de esa forma incentivar la inversión privada para la ejecución de una primera etapa de esta importante instalación portuaria.

CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD

Al divulgar recientemente en Ginebra, Suiza, su informe anual, el Centro Mundial de Competitividad ubica a Colombia (puesto 58) dentro de la lista de 63 países más competitivos del mundo compartiendo honores con Chile (35), México (51), Perú (54), Argentina (56), Brasil (60) y Venezuela (63). Se advierte que a pesar de los “problemas estructurales o coyunturales de cada uno, a todos les falta una visión de largo plazo de cómo mejorar la competitividad”.

El desafío está planteado en términos de combinar el crecimiento económico con el tejido social, la educación y la integración de cadenas productivas regionales para una Región con mejores capacidades competitivas, cuyos beneficios se traduzcan en prosperidad con inclusión y equidad económica y social para todos sus habitantes.

En los últimos años la región Caribe ha hecho aportes positivos en términos de exportaciones e importaciones, dinamismo del comercio y la construcción, la ejecución de obras locales y la oferta turística generadora de divisas, sin que ese gran esfuerzo de contribución a la Nación se haya visto reflejado en políticas públicas que permitan favorecer a las poblaciones más necesitadas e incidir de esta manera en el cierre de brechas socio-económicas de la comunidad regional.

Sin embargo, es mucho lo que hace falta en materia de inclusión, estructuras gubernamentales robustas y gobernabilidad avanzada de las corporaciones, factores que llevan a países como Estados Unidos, Hong Kong, Singapur, Holanda y Suiza a estar en la cima de la competitividad mundial. Con base en el cambio institucional, la región Caribe busca no solo el crecimiento económico, sino profundizar los esfuerzos en educación y quitar de encima el pesado lastre de la corrupción.

Luís Eduardo Díazgranados Torres, representante a la Cámara, señala, “que uno los problemas que tiene el país es que la periferia cuenta con un crecimiento diferente al de los índices de desarrollo del interior del país, lo que termina por generar el olvido de las particularidades que tienen otras regiones, como es el caso de la región Caribe. Por eso, es necesario permitir a través de una ley o de regulación, unas condiciones que le permitan competir de igual manera a una nueva empresa de distribución de energía en el Caribe,  con los grandes grupos económicos del interior del país, (EPM, o la Empresa de Energía de Bogotá).

Estas condiciones permitirán que la nueva empresa sea atractiva para los inversionistas, ya que generará las condiciones de competitividad, lo cual le permitirá hacer la retribución económica necesaria para la gran inversión que se requiere para poner en marcha un proyecto de esta magnitud”.

Para ello, urge el decidido concurso del Gobierno Nacional. El Desarrollo de la Agroindustria y el subsector pecuario es una de las grandes apuestas      regionales. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, aprobó recientemente el Plan de Adecuación de Tierras a 20 años, que sustituye lo aprobado en la materia en 1991 cuando se expidió el documento 2538 “Programa de Adecuación de Tierras” hasta el año 2000.

El propósito de la nueva política es incrementar la cobertura de los distritos de riego y drenaje a 500 mil hectáreas para fortalecer la productividad y competitividad agropecuaria, dentro de lo cual la región Caribe puede jugar un papel preponderante, porque tiene las ventajas naturales para lograrlo. De las inversiones que se prevén para los próximos 20 años, la región Caribe aspira a canalizar por lo menos 4 billones de los 15.4 billones de pesos estimados en el nuevo documento Conpes.

La complementariedad de los departamentos se multiplicará si existe desde el Gobierno Central el apoyo al encadenamiento asociativo desde el cultivador primario, al igual que el respaldo a los procesos de calidad hasta la transformación de productos con valor agregado que puedan ser comercializados en mercados internacionales para aprovechar hasta ahora poco utilizados los Tratados de Libre Comercio, (TLC).

Del mismo modo, desde la óptica de la Industria e Innovación, la Región necesita incrementar sustancialmente los recursos para impulsar las competencias humanas, las investigaciones y, especialmente, robustecer el aparato productivo local y el emprendimiento de los jóvenes para afrontar con éxito el reto de transformar la industria manufacturera, el comercio, el sector servicio y el de las TIC.

Si a la economía regional le va bien, su capacidad de contribución al desarrollo nacional se incrementa desde el punto de vista fiscal y en términos de aporte a la seguridad social a través del empleo. Sin lugar a dudas, lo que se haga desde el Gobierno Central para racionalizar la estructura de impuestos y ampliar la base tributaria, será un gran aliciente para incentivar el progreso empresarial en la periferia, lo que también repercute en el nivel de ingresos de los entes departamentales, distritales y municipales.

FINANZAS TERRITORIALES

La reforma al Sistema General Participaciones y de Transferencias de la Nación, finalmente, no pudo ser presentada por el actual Gobierno Central al Congreso de la República, lo que compromete a la nueva administración a trabajar a fondo en el tema desde el comienzo de la gestión, ya que es vital para que a la Región no se le sigan insertando mayores competencias que no cuentan con el financiamiento necesario, como ocurre con el Plan de Alimentación Escolar-, (PAE), y algunos aspectos de salud pública como la atención prioritaria y de calidad en el primer y segundo nivel hospitalario, así como la alta complejidad.

Dentro de este horizonte de fortalecer las finanzas territoriales es urgente revisar la serie de leyes y decretos que hoy son lesivas a los intereses regionales, incluyendo una mayor descentralización y regionalización del Presupuesto General de la Nación a nivel sectorial para fortalecer las infraestructuras y servicios en áreas claves como educación, salud, desarrollo infantil, agua potable, saneamiento básico, vías terciarias y cultura, por ejemplo, inversiones con una clara expresión regional.

NUTRICIÓN Y PRIMERA INFANCIA 

La Primera Infancia que se refieren a nutrición como a estimulación, tienen una relación de costo-beneficio más alta respecto de otras intervenciones en fases más adelantadas de la vida. Actualmente, la región Caribe presenta alarmantes indicadores de desnutrición infantil que superan ampliamente a otras regiones del país, con el agravante de que las tasas a las que se comportan estos indicadores no indican que las brechas se vayan a cerrar a corto ni a mediano plazo. Es lamentable que programas como ‘Caribe sin Hambre’ no hayan encontrado el eco necesario en el Gobierno Nacional.

Las propuestas existentes sugieren intervenciones para erradicar y prevenir la desnutrición infantil en la región Caribe, acompañando el proceso de una ampliación de la atención a la Primera Infancia como estrategia para ajustar las diferencias con el resto del país a mediano y largo plazo. Entre 2019 y 2030, se requieren $3.002 millones de dólares entre infraestructura y operación para llegar a coberturas del 100 % en la atención y erradicación de la desnutrición infantil.

“Las condiciones de vida se deben equiparar. Departamentos como La Guajira, no pueden seguir teniendo los más altos indicadores de mortalidad infantil. Un Estado que permite estas profundas diferencias sociales no es un Estado sostenible en el mediano y largo plazos. La falta de factibilidad energética le ha costado a la Región la creación de importantes puestos de trabajo”, precisó el congresista Luís Eduardo Diazgranados.

ACABAR LA POBREZA CON EDUCACIÓN

La educación pública, particularmente la superior, enfrenta uno de sus peores momentos, caracterizada por el bajo nivel de acreditación institucional, la injerencia política que cada día le arrebata más espacios al perfil académico y científico que debe rodear a rectores y al resto del personal que labora en las universidades, así como por la desigual transferencia por alumno del Gobierno Nacional hacia las instituciones de educación superior públicas, en desmedro de las universidades regionales.

El aprendizaje y la educación son fundamentales para el desarrollo de la región Caribe. José Consuegra Bolívar, rector de la Universidad Simón Bolívar, manifiesta, que el próximo presidente de Colombia, debe centrar la mirada en el fortalecimiento de la educación de esta zona del país. “Es importante para el próximo cuatrienio en el tema de educación básica y media, el poder aumentar el porcentaje de jóvenes y de colegios que tengan jornada única. Esta es hoy una gran limitación, ya que los jóvenes que están en colegios públicos no reciben la misma oportunidad de formación que los que están en colegios privados, los cuales generalmente permanecen en el colegio 2, 3, 4 horas más y, tienen mayor oportunidad de aprendizaje”.

El tema de la educación debe ser un compromiso trascendental para los nuevos candidatos y, por ende, para el presidente que tome posesión el próximo 7 de agosto. Los representantes del Caribe están atentos a conocer cuáles son sus aportes para que los departamentos puedan aumentar el número de jóvenes, de niños, y de colegios que tengan jornada única.

En cuanto al tema de la educación superior, la calidad es, sin duda, un tema de mucha trascendencia, porque en relación el resto de regiones, “el Caribe tiene menos programas acreditados y menos instituciones, cuál va a ser el compromiso de los candidatos en cuanto a aporte a la educación superior pública para, además de la Universidad del Magdalena y la de Cartagena, que son hoy las que están acreditadas institucionalmente, pueda el resto también promover desarrollos que les permita su reconocimiento de alta calidad”, señaló el rector José Consuegra.

Asimismo, y siguiendo la línea educativa como motor combatiente de pobreza y desigualdad, Amylkar Acosta Medina, economista, político y exministro de Minas de Colombia, puntualizó, que en el desarrollo humano sostenible el punto de mira es la educación. Esta es la única posibilidad de eliminar las desigualdades y mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

“La educación es la palanca de primer grado de la movilidad social. Hago una alusión personal: yo hoy estoy aquí, en donde estoy, y he llegado hasta donde he llegado profesionalmente, gracias a la educación. No heredé de mis padres ni una finca, ni una cuenta bancaria, es más, casi se arruinan por darme la educación, y gracias a eso salí de un corregimiento del municipio de Riohacha, acompañado de un espíritu de superación y eso fue lo que me permitió salir de la trampa de la pobreza”, puntualizó el exministro de minas Acosta.

La educación es una herramienta poderosa para mejorar las vidas de las personas, multiplicar oportunidades y transformar sociedades. Para ello, es necesario que la educación sea de calidad, que no perpetúe las desigualdades existentes, sino que contribuya con la creación un modelo social equitativo y justo. Detrás de un modelo educativo, hay un modelo de sociedad; avanzar en el camino de la educación supone promover una sociedad en la que las desigualdades sean cada vez menores, pacífica y respetuosa.

“Es importante establecer cuál es el factor determinante de la trampa llamada pobreza, en la que está un gran porcentaje alto de la población en la región Caribe. Ese factor es la educación”, afirma en su estudio sobre la pobreza de Adolfo Meisel, codirector del Banco de la República, se muestra que efectivamente ese es el factor más determinante de la trampa de la pobreza; pero que, no solo es por el acceso a la educación.

Desde luego que el acceso a la educación es una condición necesaria para salir de esa trampa de la pobreza, pero no es suficiente. Se requiere, además, que esa educación sea de calidad y, en nuestra región, tenemos falencias en ello y en cobertura”, manifiesta, a su vez, el economista Amylkar Acosta Medina.

“Este retraso se ve reflejado en la educación, si se observa,  muchos estudiantes no pudieron ingresar a la universidad porque no hay forma de poder enrolarlos. Estos hechos muestran la gran diferencia que existen entre las regiones de Colombia. Es claro que las diferencias sociales que existen en el país y sobre todo en la región Caribe, causan un descontento que en ocasiones es canalizado por quienes buscan asumirlos como su bandera política.

Todas estas situaciones deben ser modificadas a través de una legislación que favorezca la creación  de políticas que impulsen el desarrollo del Caribe y  que cubra las necesidades básicas de esta región tan extensa, tanto,  que todavía existen lugares en los que no llega el servicio de energía eléctrica por ser zonas apartadas o porque debido a las difíciles condiciones, requieren un consumo mayor de energía eléctrica. Las diferencias entre la región Caribe y las demás, tienen más de 10 años de atraso, por eso se requiere que surjan nuevas oportunidades en materia de educación, salud, empleo para acortar esa brecha de desigualdad con la que la región ha crecido y en la que los índices de desarrollo humano pueden ser similares, sin importar el lugar en el que se viva”, indicó el congresista Diazgranados.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Una sociedad como la colombiana que acaba de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, debe como mínimo tener solucionadas sus principales necesidades básicas insatisfechas, dentro de lo cual quizá la más importante es el suministro de agua potable y saneamiento básico.

Ambos servicios son una tarea pendiente en el Caribe colombiano. Irónicamente, una región rodeada de agua en su Costa y atravesada por los ríos más importantes del país, sufre de sed, insalubridad y enfermedades originadas por la ausencia del líquido vital y la falta de alcantarillado sanitario. No cuenta con los esquemas eficientes para llevar agua potable a nuevos hogares.

La costa Caribe colombiana demanda la dotación de sistemas de tratamiento de agua potable y la extensión de redes de alcantarillado en la totalidad de sus departamentos, en el marco de una inversión de 5.113 millones de dólares.

El actual gobierno hizo nversiones por el orden de los 4.83 billones de pesos en planes departamentales de agua –PDA-, en 908 municipios del país, pero miles de habitantes de estos cuatro departamentos de la Región siguen sedientos y a expensas de graves problemas de salud por la crisis sanitaria en las que viven.

“Hoy en el Caribe tomamos en algunos partes agua contaminada. Queremos que se logue un cambio en este sentido y, este espacio sirve para unirnos, lograr profundizar y alcanzar el éxito para que el desarrollo nuestro, ya no sea semejante al del interior del país, por el contrario, superarlo porque las riquezas que tenemos los Caribe si se logran aprovechar al más alto porcentaje podríamos estar por encima de ese desarrollo del interior del país”, señaló el gobernador de Sucre, Édgar Enrique Martínez Romero.

INFRAESTRUCTURA

La región Caribe carece de la infraestructura que requiere el desarrollo a gran escala. Todo lo que se refiere a las autopistas modernas está en pañales; el sistema portuario se mantiene vigente por la inversión privada, porque las políticas nacionales son insuficientes. Los aeropuertos registran retrasos en comparación con otros países latinoamericanos y ni hablar de la casi inexistencia del sistema férreo y la ya pauperizada navegación fluvial. El tren regional o de cercanías es una alternativa que merece contar con el estudio y respaldo del Gobierno Central. Los distintos sistemas de transporte no pueden seguir como ruedas sueltas, cuando el comercio internacional avanza en la movilización de carga multimodal. En estas materias se espera que el nuevo gobierno haga lo que hasta hoy no ha sido posible ejecutar en beneficio del desarrollo económico y social del Caribe colombiano.

La inversión nacional en infraestructura se calcula en 100 billones de pesos en aeropuertos, puertos, vías y proyectos 4G, que cuenta con el respaldo de vigencias futuras por valor de 82 billones de pesos.

La APP del Río Magdalena, el centro de investigaciones para el canal de acceso al puerto de Barranquilla, el Superpuerto, el nuevo puente Pumarejo, la doble calzada Ciénaga -Barranquilla, que tal como lo determinó el Ministerio de Medio Ambiente debe construir viaductos en el kilómetro 19, el 28 y el 40 con un valor aproximado de inversión de 400.000 millones de pesos; la concesión costera que incluye la vía entre Barranquilla y Cartagena donde quedarían sin construirse en doble calzada cerca de 50 kilómetros y  la Segunda Circunvalar, la concesión Montes de María, el puente de la hermandad entre Salamina y Puerto Giraldo que daría una conexión eficiente entre la Ruta del Sol y los desarrollos industriales en el municipio de Malambo, el centro del departamento del Atlántico y el departamento de Bolívar, la recuperación del Ferrocarril Central entre La Dorada y Santa Marta para movilizar más de 90 millones de toneladas de carga anuales, la modernización de los aeropuertos, son, entre otras, algunas de las iniciativas que no pueden perder impulso y merecen todo el respaldo del Gobierno Nacional, que implica inversiones por el orden de los 10 billones de pesos a corto y mediano plazos.

Lo anterior debe ser complementado con el mejoramiento de las redes viales secundaria y terciaria a través de los planes viales regionales, cuya financiación es incierta, pero sin las cualesla integración económica y social de vastas zonas rurales del Caribe a los principales mercados nacional e internacional no es posible en condiciones de inclusión y costos competitivos.

POLÍTICA DEL MAR

Colombia tiene, como muy pocos países, costas en dos océanos y el mar Caribe que representan el 45 % de área oficial del territorio Nacional y a pesar de ello sigue sin expedirse una Política para Proteger, Gestionar y volver productiva la riqueza marina.

Las Regiones más pobres de Colombia son, sin lugar a dudas, las poblaciones pesqueras de los dos océanos y de la mano con esta situación se agudizan el déficit en seguridad alimentaria y las graves consecuencias de la desnutrición infantil.

Los cambios recurrentes en el comportamiento de las corrientes marinas afectan la estabilidad costera de todo el Caribe colombiano. La erosión costera es evidente y preocupante, razón por la cual la protección urbanística de los terrenos aledaños a las costas por parte del Estado y el desarrollo de una economía competitiva de los recursos oceánicos y costeros son tareas pendientes.

Colombia suscribió con el Reino de los Países Bajos en noviembre de 2014, el convenio de cooperación para estructurar el Plan Maestro para la Protección Costera, con el objetivo de beneficiar a 47 municipios en 12 departamentos y una población de 4.2 millones de habitantes. Cuatro años después de firmado el convenio de cooperación es poco lo que la región Caribe ha recibido de los estudios e inversiones contempladas en el plan, a pesar de la seria amenaza que representa la erosión costera, que hace más preocupante la condición de los mares, ríos y cuerpos lagunares que constituyen el 40 por ciento del total nacional y sufren alto grado de contaminación.

En este campo hay que asignar responsabilidades e interlocución específica para que las soluciones que demanda la región Caribe no se diluyan en un océano de más de 40 instituciones que se relacionan con el problema. En un contexto de protección ambiental no podemos dejar de pensar en la Sierra Nevada ni en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Analizando otros aspectos del potencial regional, la exploración y futura exploración de hidrocarburos Off – shore es, sin lugar a dudas, una gran oportunidad para Colombia que debe priorizarse y atender integralmente con el fin de brindar tranquilidad a los inversionistas y desarrollar la economía local. Actualmente continúan sin definir los contratos Off – shore, por tanto, es necesario que el nuevo gobierno asuma su responsabilidad al respecto.

SALUD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD

La salud que contempla como parte de su reivindicación un horizonte de inversiones de 2 mil 158 millones de dólares; la educación pública que muestra un requerimiento establecido en 5 mil 113 millones de dólares; así como la recreación y el deporte; la protección a la niñez, la mujer y el adulto mayor; la migración desbordada venezolana; la seguridad urbana y rural, la movilidad, el medio ambiente, la prevención ante el cambio climático y el apoyo diplomático para la cooperación internacional, constituyen igualmente temas cruciales para el desarrollo regional y la elevación de la calidad de vida en todo el territorio continental e insular.

Es bien sabido el cúmulo de limitaciones y problemas financieros que afronta la red hospitalaria regional, que, en la mayoría de los casos, precisa de la intervención nacional para que fluyan los dineros que las EPS deben al sistema en cada uno de los departamentos.

Es lamentable que la violencia cada día cobre más víctimas entre hombres y mujeres de la región y que las organizaciones criminales y las pandillas juveniles hagan insostenible la tranquilidad ciudadana en ciudades, municipios, barrios y veredas.

La inseguridad, las tasas delictiva y el hecho de que la justicia no tenga hoy la capacidad de respuesta ni de castigo que requiere el auge de las bandas criminales, el narcotráfico, la minería ilegal, la financiación de grupos ilegales, la actividad del fleteo urbano, el contrabando que amenaza las finanzas departamentales en $1.5 billones, el microtráfico y las distintas modalidades de extorsión, entre otros elementos de alta peligrosidad, superan la mayoría de las veces la acción de gobernadores y alcaldes que se limitan a cumplir y a coordinar dentro de las instancias competentes, la provisión de recursos para dotación y mejoramiento de la inteligencia de los órganos de seguridad del Estado.

Es indispensable profundizar en el trabajo de las Unidades Regionales Antinarcóticos, porque la que se creó en el Atlántico para el Caribe, en 4 meses solo ha hecho 200 allanamientos con el hallazgo de cristalizadores en el barrio La Paz de Barranquilla.

La libertad de delincuentes capturados en flagrancia con la Policía, los excesos de la detención domiciliaria por microtráfico, los reincidentes que delinquen bajo la figura de casa por cárcel, las fracciones guerrilleras que aún persisten en algunas zonas del Caribe, la presión creciente a menores de edad para que ingresen a organizaciones mafiosas, el incremento del consumo de sustancias psicoactivas en niños, y la prostitución infantil, son fenómenos sociales que merecen una contundente respuesta de la institucionalidad del Gobierno Central, porque si se quiere una región Caribe próspera y vigorosa, lo que menos se puede permitir es que se convierta en terreno fértil para la criminalidad en Colombia.

Cuando la inseguridad – o la percepción de inseguridad – aumenta en el país o en las ciudades, los medios y la ciudadanía no suelen responsabilizar al conjunto de instituciones de seguridad y de justicia.

Las críticas no se dirigen casi nunca hacía quienes operan o administran el sistema de justicia, o hacia quienes legislan sobre él, sino hacia los primeros respondientes (Policía) o a las administraciones seccionales o locales (gobernadores y alcaldes) que poco o nula participación y responsabilidad tienen en la materia, ya que la administración de justicia es un servicio esencialmente nacional.

Esto se ha expresado desde hace varias décadas en la formulación de las estrategias de Estado en tales materias, que casi siempre distinguen entre los planes o políticas de seguridad ciudadana y las políticas criminales, como si en la vida real pudieran separarse las tareas de prevención, vigilancia, disuasión, detección de conductas delincuenciales, persecución, detención, entrega de los presuntos infractores al poder judicial, juzgamiento, absolución o condena, privación de libertad, resocialización y reintegración social de quienes cumplen la pena respectiva. Esto quiere decir, que las acciones estatales de seguridad y justicia –tradicionalmente – se ejecutan sin mayor coordinación, de tal forma, que por su naturaleza estas tareas no deben separarse.

Sin embargo, desde lo territorial, los gobiernos del Caribe con capacidad, innovación y consistencia, han venido demostrando ante la Nación, [aún en un prolongado periodo de austeridad en el gasto público para las materias en cuestión y de pocas posibilidades de tramitar una reforma a la justicia racional y funcional], que es posible emprender acciones inmediatas e integrales para una adecuada gestión en el campo aludido.

Solo en materia carcelaria y penitenciaria, por ejemplo, la situación actual, en términos comparativos con otras regiones del país, es la más crítica, ya que el promedio Nacional de hacinamiento es del 54 % y el de la región Caribe supera el 75 % según cifras actualizadas del Inpec y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Frente a este panorama, los departamentos que integran la región Caribe esperan y demandan un especial respaldo del próximo Gobierno Nacional en materia de lucha contra la criminalidad y la gestión de la seguridad ciudadana y los servicios integrales de justicia territorial.

La idea es que se posibilite trazar la hoja de ruta institucional, técnica y financiera para salir avante y superar las distintas barreras que han puesto a prueba la capacidad local y la tolerancia de los ciudadanos.

Se tiene la certeza de que el elegido como Presidente de la República, conoce y ha estudiado desde su perspectiva política e ideológica la compleja problemática de violencia y delincuencia en la región Caribe, en donde grupos de criminalidad organizada al servicio de estructuras narcotraficantes introducen la droga en cantidades importantes para su exportación a través de los Puertos, además de contar con redes de microtráfico para su distribución en las calles y entornos escolares que pretenden y disputan control sobre otras actividades ilícitas como la extorsión y el comercio de armas.

Esta es la génesis de muchas de las manifestaciones diarias que ponen en riesgo la vida e integridad de la gente en el Caribe colombiano y que exige respuestas estructurales desde los servicios que son de naturaleza nacional como la inteligencia e investigación criminal, la disposición de un mayor número de uniformados de vigilancia y la estructuración y ejecución de los proyectos de infraestructura, dotación y operación carcelaria que permitan atender la demanda del sistema judicial y superar las situaciones inconstitucionales que ha declarado la Corte competente en reiteradas sentencias.

Vale recordarle que la Región es una de las más injustamente tratadas en cuanto a la distribución de la oferta policiva, cuando se le compara con otras zonas del país, así como en cuanto a funcionarios operadores del Sistema Penal Oral Acusatorio.

Otra problemática que azota a la región Caribe es la migración venezolana, que a la fecha, se constituye en cerca del 40 por ciento del total registrado en el país. Para resolver el drama de los hermanos del vecino país se han destinado miles de millones de pesos que provienen de programas que corren el riesgo de desfinanciarse y a corto plazo la Nación debe compensar el esfuerzo solidario hecho.

La migración venezolana no puede constituirse en un problema sin control, al lado de millares de desplazados domésticos que todavía luchan por la reparación como víctimas de la violencia y el regreso a sus lugares de origen. Si la Nación recibe aportes desde los Estados Unidos y de organizaciones y gobiernos europeos para facilitar la ayuda de los refugiados venezolanos, se requiere, que con esos recursos se programen partidas regionalizadas para compensar gran parte de los esfuerzos económicos de los entes territoriales de la región Caribe para ayudar a los hermanos del vecino país.

Al margen de la preocupación que encarna el auge de la criminalidad urbana en la Región, se debe celebrar el clima de paz que ha favorecido el restablecimiento de amplias zonas de la actividad agropecuaria. Pero, se hace necesario exigirle también un compromiso a quien haya sido elegido como Presidente de la República, sobre la implementación de los acuerdos de paz en la región Caribe, políticas agrarias y la reparación a víctimas que esperan por su reglamentación para acabar con los factores que impiden el desarrollo  de la Región, si no tienen una respuesta legal desde la administración pública nacional.

El total de víctimas registrado en el país asciende a 8.679.002; 2.198.889 se encuentran ubicadas en la región Caribe, lo que representa el 22 % de la cifra nacional. Abandono o despojo forzado de tierras, actos terroristas, atentados, combates, amenazas, confinamientos, delitos contra la libertad y la  integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, minas antipersonal, pérdida de bienes muebles o inmuebles, secuestro y tortura, hacen parte de la larga lista de hechos que constituyen una prueba palpable del horror de la guerra en el Caribe.

Desde otra óptica más esperanzadora, la región Caribe representa también un enorme potencial para el ecoturismo, los recorridos por zonas patrimoniales y el turismo de naturaleza, una ventaja que hace impostergable por más tiempo la recuperación del humedal de la Ciénaga Grande de Santa Marta, el desarrollo de La Mojana, la atención a la Ciénaga de Zapatosa, el Golfo de Morrosquillo, Costa Verde en Ciénaga, el embalse del Guájaro, y el archipiélago de San Andrés.

Cada día se hace necesario ampliar los sistemas de prevención del riesgo frente al cambio climático y acudir a la cooperación internacional para abordar los distintos temas de este documento Caribe y otros ya elaborados que tienen posibilidades de obtener el apoyo de los continentes de América, Europa y Asia, por citar los más relevantes desde el punto de vista de recursos y preparación técnica.

Vale mencionar, además, lo relacionado con la cultura, que a pesar de todas las alegrías y glorias que le proporciona a Colombia desde la región Caribe es uno de los más desfavorecidos a pesar de los esfuerzos que enumera el Ministerio del ramo para impulsarlo.

Es momento de pensar en el plan decenal de la cultura regional, en el que cada departamento y ciudad capital aporta lo que viene haciendo, pero bajo la coordinación de los hacedores del sector y los gestores que día tras día construyen actividades sin el suficiente respaldo de las autoridades locales, que muchas veces responden a los amigos e intereses de turno. Además, es hora de darle mayor transparencia a las inversiones del sector, de fomentar la recuperación de los espacios culturales existentes y la construcción de nuevas infraestructuras que permitan diversificar los sitios de operación de la industria creativa regional.

Es fundamental, que el nuevo Presidente tenga en cuenta, que sin gestión, sin presupuesto, y sin políticas que apunten a fortalecer y a proteger su patrimonio, la región Caribe perderá el más preciado de sus recursos, su riqueza cultural y se pronuncie públicamente sobre lo aquí expuesto, así como las políticas, programas, proyectos e inversiones que demanda la Región con el ánimo de que puedan incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo, la agenda legislativa, documentos Conpes y el presupuesto anual de inversiones del próximo cuatrienio y se sienten las bases para hacerlo en los dos periodos siguientes. Solo de esta manera se tendrá la Hoja de Ruta que debe atender para ubicarla en el sitial que corresponde.

“Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”, tal como lo afirma Gabriel García Márquez en Cien años de Soledad.

EL MAGDALENA

El Magdalena necesita que el nuevo Presidente de la República asigne recursos en la infraestructura vial, la salud, la seguridad y la educación, este es uno de los principales motores de equidad y movilidad social. Un país sin educación no tiene posibilidades reales de desarrollo.

El desarrollo económico del Magdalena es otro aspecto que necesita condiciones propicias que favorezcan la inversión privada, el emprendimiento y la formalización. El Estado debe ser un aliado del empresario y del ciudadano. Por otro lado, el Departamento se encuentra en rezagado en su infraestructura vial y en la capacidad logística frente a otras ciudades del Caribe colombiano.

INFRAESTRUCTURA  

Para que el territorio magdalenense tenga mayor competitividad frente a otros entes territoriales se requiere de inversión en infraestructura vial, portuaria y aérea.

“Necesitamos que el territorio del Magdalena sea más competitivos, para eso necesitamos urgentemente la conectividad de los centros de producción del exterior con Santa Marta; eso significa, que necesitamos un aeropuerto internacional, con una pista con capacidad para vuelos internacionales”, indicó el director de la Asociación de Empresarios del Magdalena, José Miguel Berdugo.

SERVICIOS PÚBLICOS

Santa Marta, afronta una crisis por el desabastecimiento del preciado líquido, por ello el alcalde Rafael Martínez como tema prioritario debe solicitarle al nuevo Presidente de la República la financiación del acueducto.  “Necesitamos que nos financie y no se oponga al proyecto del agua” precisa el Mandatario distrital, quien a su vez expone como segundo tema prioritario, la ampliación de la pista del aeropuerto ‘Simón Bolívar’.

DESARROLLO PORTUARIO

Por su parte, el sector portuario del Magdalena solicita hacer mayor inversión en la recuperación de los corredores de carga que conectan con las ciudades – puerto, para hacer más eficiente la salida y entrada de mercancías de las zonas portuarias.

Estas son las solicitudes de los dirigentes del departamento del Magdalena y del distrito de Santa Marta para el nuevo Presidente de Colombia.

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