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Nación

Absuelven a Carlos Albornoz exdirector de la DNE

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El Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá absolvió a Carlos Albornoz Guerrero, exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, quien estaba siendo investigado por presuntas irregularidades que rodearon la entrega de bienes incautados a organizaciones relacionadas con la mafia y el narcotráfico.

“Para el juzgado Carlos Salvador Albornoz Guerrero no prestó ningún aporte al supuesto delito de peculado por apropiación y prevaricato por omisión por los siguientes motivos. Primero, la Fiscalía no probó, en el curso del juicio oral, el denominado valor del inmueble Granja La 32 y, aunque demostró los errores en que incurrió Felipe Castillo Triana en el avalúo comercial con base en el cual se estableció el precio base de venta, no encontré que los errores fueran producto de una ideación criminal en la que el señor Albornoz Guerrero haya participado», indicó la jueza.

Y aseguró: «segundo, el acusado no prestó los aportes por los cuales fue acusado por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros porque no autorizó la venta del inmueble ni su precio base de venta (…) y no suscribió la escritura pública de venta”.

Albornoz, es juzgado por presuntas irregularidades sobre la compra y venta de la finca Granja La 32, en junio del 2007. Ese predio, ubicado en Cota –Cundinamarca-, fue vendido al médico Tito Arcadio Perilla y su esposa por la suma de $1.200 millones, una cifra que, de acuerdo con la Fiscalía, estaba muy por debajo del avalúo.

De acuerdo con la Fiscalía, esta acción se ocasionaba un detrimento patrimonial al Estado por una suma cercana a los $2.000 mil millones debido a que el predio tenía un valor cercano a los 3.500 millones de pesos. En la misma decisión, el juzgado también archivó la investigación a Tito Arcadio Perilla y a su esposa, Ana Lucía Estrada.

El predio Granja 32 pertenecía al narcotraficante tolimense Guillermo Ortiz Gaitán, quien murió en febrero de 2002. Ortiz nunca fue condenado por la justicia colombiana, que lo investigaba por lavado de activos y narcotráfico durante el proceso 8.000, y además era requerido por las autoridades italianas por tráfico de drogas.

Para el ente investigador, la venta de Granja 32 fue hecha ‘contra corriente’ porque los exfuncionarios de la DNE habrían ignorado la advertencia del Tribunal Superior de Cundinamarca, que afirmaba, entre otras cosas, que el inmueble estaba siendo desvalorizado.

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