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Nación

Conozca el proceso para la elección del Contralor General de la República

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Elector: Congreso de la República, previo estudio de los candidatos de la terna que envíen el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema, cada uno con un candidato. Para tal fin, podrá celebrar audiencias donde se escucharán los planteamientos programáticos de los integrantes de la misma. Para está función constitucional de elección el Congreso elegirá en pleno de la terna enviada en el primer mes de sus sesiones para un período igual al del Presidente de la República.

Nominador: terna conformada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado

Periodo: 4 años

Calidades Exigidas:

  1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.
  2. Tener más de 35 años
  3. Tener título universitario o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menos de 5 años
  4. No haber sido miembro del Congreso u ocupado cargo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección.
  5. No haber sido condenado a pena de prisión por delitos comunes
  6. Acreditar las calidades adicionales que exija la ley

Para escoger al nuevo Contralor General de la República que reemplazará a Edgardo Maya Villazón, el Congreso deberá emprender una carrera contrarreloj, pues el tiempo estipulado por el artículo 267 de la Constitución especifica que el funcionario debe ser elegido en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, es decir, antes del 20 de agosto.

En este sentido, apenas se ha avanzado en el cierre de convocatoria e inscripciones que concluyeron el pasado 24 de julio por lo cual hasta ahora iniciará la verificación de hojas de vida y requisitos, pruebas, preselección de candidatos finalistas y la elección que debe realizar el Congreso en pleno, por mayoría absoluta, para definir el nuevo jefe del ente de control.

En este proceso, la Universidad Industrial de Santander (UIS) fue la institución de educación superior con acreditación de alta calidad escogida para suscribir el contrato y adelantar el proceso de convocatoria y selección, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1904 de 2018 que sancionó el presidente Juan Manuel Santos y que modificó las reglas para elegir al Contralor. Inicialmente se invitó a 43 universidades a participar en esta convocatoria.

Sin embargo, la poca información respecto al estado de trámite de la firma del contrato, provocó que la UIS a través de su rector Hernán Porras, solicitara a las presidencias de la Cámara de Representantes y del Senado una pronta respuesta, debido al poco tiempo con el que se cuenta para hacer una selección con los más altos estándares de calidad y en la que se empezarán a filtrar los nombres de los 109 candidatos que se inscribieron ante el Congreso para ser evaluados.

Tras superar las pruebas, los 20 mejores calificados pasarán a Senado y Cámara quienes evaluarán a cada uno de los candidatos y definirán 10 finalistas para realizar la última elección en pleno.

Por tal motivo y ante la premura de cumplir con los plazos que exige la ley, la Procuraduría pidió al Congreso no frenar el proceso de elección del Contralor y continuarlo como se venía realizando con la UIS.

Ernesto Macías, presidente del Senado, había solicitado previamente al Ministerio Público que acompañara esta elección, solicitud que respondió favorablemente la entidad.

Sobre el cambio en las reglas que se adoptaron con la Ley 1904 de 2018 y que incorporó a una universidad para apoyar la selección a través de concurso de méritos, Andrés Pardo, coordinador del área de Derecho Público de la Universidad Cooperativa de Colombia, destacó que “es uno de los principales avances que se han logrado en esta materia y que despolitizan un poco la manera como se elegía a un funcionario de este nivel”.

Así y bajo una convocatoria más abierta, “hay más oportunidad a la meritocracia, aunque cabe resaltar que la elección final seguirá a cargo del Congreso en pleno donde entran en juego las influencias e intereses políticos”, concluyó Pardo.

 

Vía Asuntos Legales web Contraloría.

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