Enfrentamiento entre honorables

Una exprocuradora Regional trata de defenderse de las acusaciones hechas por un grupo de concejales y el Personero de Santa Marta, porque es acusada de tener intereses sobre la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’.

Paola Ramírez Caballero

En Santa Marta se ‘lía la de tirios y troyanos’ por el control de la E.S.E. ‘Alejandro Prospero Reverend’. Esta es la sensación que queda en la ciudad luego del ‘tire que jale’ protagonizado por los concejales Juan Carlos Palacio y Carlos Pinedo; el personero, Chadan Rosado; y la exprocuradora Regional, Ana María Muelle, quien renunció a su cargo, según la exfuncionaria, para defenderse de las acusaciones sin fundamentos hechas por los servidores públicos.

Este ‘show mediático’ como lo ha denominado el senador Eduardo Pulgar Daza, se viene cocinando desde hace más de cuatro meses, cuando la Personería de Santa Marta el 11 de abril de 2018, suspendió al gerente de la E.S.E. Omar Suárez Prasca, por la apertura de un proceso disciplinario y en su reemplazo el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, designó al médico Jairo Romo Ortiz, quien solo estuvo al frente  un mes, porque la Procuraduría Provincial emitió un fallo  firmado por Yamil Guerra Guerrero, que anulaba todos los actos de investigación y la decisión que decretó la suspensión.

Esto se dio luego de que la exprocuradora Regional del Magdalena, Ana María Muelle, aceptara la solicitud de recusación hecha por el gerente de la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’ contra Ana María Fuentes Pérez, personera delegada para los Asuntos Administrativos y Disciplinarios; y Chadán Francisco Rosado Taylor, personero de Santa Marta.

Los argumentos del Gerente suspendido de la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’ expuestos en la solicitud de recusación señalaban que el Personero de Santa Marta tenía intereses directos en la investigación, además, que había violado el debido proceso al producir autos de suspensión de manera concomitante, sin tener oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.

En la Procuraduría General de la Nación se adelantan dos procesos
por presuntas irregularidades en el manejo de la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’.

Con la aceptación de la recusación por parte de la Procuraduría Regional del Magdalena, el Personero fue separado del proceso disciplinario contra el gerente de la E.S.E. Suárez Prasca, designando al Procurador Provincial de Santa Marta para liderar esta investigación que posteriormente fue trasladada a la Procuraduría General de la Nación.

Quedando fuera del escenario, el personero Chadán Rosado radicó el 15 de agosto de 2018 ante la Procuraduría General de la Nación un oficio en el que hace referencia sobre una enemistad grave suscitada con la exprocuradora Regional del Magdalena, Ana María Muelle y su esposo, el concejal Iván Saravia, luego de las investigaciones disciplinarias que había emprendido la entidad contra funcionarios de la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’.

“Como Personería adelantamos unas investigaciones disciplinarias a funcionarios de la E.S.E. que han suscitado una serie de intimidaciones de índole política, unidades en los expedientes, recusación por parte de la Procuradora, derechos de peticiones, acciones de tutelas, e incluso cualquiera actuación de nosotros e inmediatamente tuvimos visitas innumerables de la Procuraduría Provincial y Regional”, señaló el personero, Chadán Rosado Taylor.

El funcionario de la Personería de Santa Marta asegura sentirse secuestrado. “Me siento intimidado, tengo información del secretario del Concejo, que Jorge Noguera, funcionario de la Procuraduría Regional, ha solicitado informes de la Personería y dice que es por parte del esposo de la Procuradora Regional, situación que me parece grave, sobre todo, por el hecho de que teníamos una cordial amistad y a raíz de esto, se ha deteriorado”.

Asimismo, Rosado Taylor resalta, que “me notificaron una investigación por extralimitación de funciones por el caso de la E.S.E. Esto me corrobora aún más, que soy perseguido”.

Frente a las acusaciones hechas por el personero de Santa Marta, Chadán Rosado Taylor, la exprocuradora Regional, luego de renunciar al cargo, afirmó, “para qué exista una enemistad debe haber dos personas. En lo personal, nunca he realizado ningún tipo de ataque en contra del Personero, esa enemistad la ha anunciado con mucha fuerza mediática, tal vez porque como Procuradora tuve que recusarlo, quizás pudo ser esa la razón”.

Jorge Noguera Bolaños, funcionario de la Procuraduría.

El Personero de Santa Marta manifestó, que la exfuncionaria del Ministerio Público y su esposo Iván Saravia han mostrado interés en la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverand’, a lo que la abogada Muelle ha respondido que “el que tiene intereses en la E.S.E. es él, porque le duele que lo hayan separado del conocimiento del caso contra el gerente, porque uno como funcionario si lo apartan de un caso se aparta y continúa con las funciones, pero ese afán e insistencia en permanecer”.

Además, agregó, que “nunca he dicho que no se investigue sino por lo contrario, que se investigue con rigor, pero necesariamente no tiene que hacerlo el Personero, lo puede hacer un funcionario de Bogotá. Es tan mentirosa su acusación, que esta surge porque se le presenta recusación sobre unos procesos que él llevaba contra el gerente de la E.S.E. los cuales me correspondía resolverlos en mi despacho. La Ley establece las causales por las que procede una recusación que es apartar al funcionario de un proceso que esté a su cargo, dentro de la revisión que hice de las circunstancias enmarcaba, se remitió a la Procuraduría Provincial y luego a la General, este caso está en Bogotá”.

Darío Linero Mejía, Secretario general del Concejo.

La exprocuradora Regional del Magdalena explicó, que en la Personería de Santa Marta hay una doble instancia. “Los procesos disciplinarios nunca salen de la entidad; la primera instancia es un funcionario subordinado por el Personero; la segunda instancia es el Personero, se vulnera el principio de doble instancia y no hay control, nunca la Procuraduría llega a tener conocimiento de esto porque el personero Chadán Rosado en su manual de funciones lo diseñó para que todos los procesos nazcan y mueran en su entidad”.

También, la abogada expuso, que “no tienen control, pero cuando llega la Procuraduría y comienza a revisar las actuaciones se da cuenta que hay muchas cosas que no están claras, por eso comienzan las incomodidades, porque dejan de tener el control absoluto. Nunca he tenido una actuación disciplinaria en su contra, tampoco tengo la competencia para hacerlo porque le corresponde al Procurador Provincial, también es mentirosa su acusación cuando dice que se le adelantan investigaciones”.

Omar Suárez Prasca, gerente de la E.S.E.

La exfuncionaria del Ministerio Público puntualizó, que “la recusación ha sido la gran ofensa que se le ha proferido al Personero, y su respuesta ha sido salir a los medios a decir improperios y mentiras en mi contra solo porque se le apartó del conocimiento de una actuación, aún más, sé que estando en curso la recusación, el Personero violó la norma y tomó la decisión de suspender al gerente de la E.S.E. en vez de esperar que se diera el curso natural. Esto confirma que las actuaciones del Personero son motivadas por intereses distintos a los de su cargo, no tengo porque salir a decir cosas sin fundamentos”.

Los procesos investigativos que se han dado en la E.S.E. tienen enfrentados a la exprocuradora Ana María Muelle y al personero Distrital, Chadán Rosado Taylor, solo el tiempo le dará la razón a quienes la tengan.

La partida de matrimonio del
concejal Daniel Sánchez y Ledis Contrato suscrito entre el expresidente del Concejo, Palomino Barraza.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró, que la Entidad está indagando presuntas irregularidades en el manejo de la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’ de Santa Marta, especialmente en relación con el uso de recursos de la salud para financiar campañas políticas.

“Hay que ponerle freno a este desangre de los recursos de la salud financiando partidos y financiando campañas políticas. Eso es inaceptable”.

El jefe del Ministerio Público advirtió, que, al parecer, algunos contratistas de la E.S.E. financiaron campañas de dirigentes políticos de la ciudad.

“Con los recursos de la salud, lo digo y lo subrayo, no se pueden financiar campañas políticas. Eso es un acto clarísimo de corrupción”.

Carrillo Flórez señaló, que también son objeto de indagación presuntas irregularidades en la suscripción de contratos directos en los últimos años por más de $9.500 millones, sin cumplir el requisito de la pluralidad de oferentes.

Los expresidentes del Concejo, Juan Carlos Palacio y Carlos Pinedo firmaron contrato con Ledis Palomino Barraza, esposa del concejal Daniel Sánchez.

Indicó, que “al parecer existen contratos asignados a empresas de papel o en liquidación, a empresas que no tienen músculo financiero o la idoneidad requerida”.

Advirtió, además, que la Procuraduría está indagando el presunto uso de los recursos de la salud en cesantías retroactivas y contratación de personal misional mediante una tercerización indebida, vulnerando los derechos de los trabajadores.

Además, que no se puede hablar de persecución política en un proceso que está a cargo de la Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, es decir, en el nivel central de la Entidad, y no en el departamento como equivocadamente se ha informado.

El jefe del ente de control sostuvo, que la Procuraduría está abierta para recibir las declaraciones y denuncias de los ciudadanos sobre presuntos actos de corrupción en el interior del Ministerio Público, pero advirtió, “aquí vamos a proceder es con argumentos, con testimonios y no con rumoreos de pasillo.

La Procuraduría es una casa de puertas abiertas donde los ciudadanos son veedores permanentes de la necesidad de que haya escenarios de transparencia y rendición de cuentas”.

Así mismo, Carrillo Flórez fue enfático en afirmar, que las personas que tengan pruebas contra algún funcionario las deben presentar, pero que “la Procuraduría no va a ser rehén del debate político que se está dando en Santa Marta”.

MÁS DENUNCIAS

A las acusaciones hechas por el Personero de Santa Marta, se suman las del concejal Juan Carlos Palacio, quien junto a siete cabildantes radicaron una queja contra Ana María Muelle en su condición de Procuradora Regional del Magdalena, ante la Procuraduría General de la Nación, porque según, no les daba las garantías en las investigaciones que se adelantan contra los servidores públicos en el órgano disciplinario.

El concejal, Carlos Pinedo,fue citado por la Procuraduría Regional para escuchar de viva voz los señalamientos
expuestos en los medios contra la exfuncionaria, AnaMaría Muelle.

“Para mí, la doctora Ana María Muelle no es garantía en las investigaciones en contra de este servidor. Yo tuve muchas diferencias con ella cuando estuvo en el Concejo, por sus posiciones políticas. Sobre todo, en el proyecto de Sistema Estratégico de Transporte de Santa Marta, que posteriormente de forma extraña se cambió de comisión, y todo esto quizás tenga que ver con las represalias que han tomado en mi contra”, expuso Juan Carlos Palacio.

Además, el Concejal enfatizó en que “Saravia es un concejal de la ciudad de Santa Marta, no hay que negarlo que es quien lidera todo esto que hoy se desprende de la Procuraduría Regional del Magdalena. Este es un tema que se ha salido de las manos. Lo que hay aquí es una persecución política en contra de varios funcionarios del Distrito y el Departamento, no sabemos si se debe para obtener prebendas de tipo político o burocrático”.

También el servidor público denunció, que algunos funcionarios del Ministerio Público le están pidiendo dinero en cambio de archivar algunas investigaciones que se vienen adelantado en su contra. “Personalmente me dijeron que me dejaban de investigar si entregaba 40 millones de pesos, pero no puedo decir el nombre del funcionario porque no tengo la prueba, pero como no accedí, las investigaciones se han acelerado en mi contra”.

A estas acusaciones se sumó su homólogo Carlos Pinedo Cuello, quien expone que “la doctora Muelle no brinda garantías dentro del Ministerio Público. Es esposa del concejal Iván Saravia, con él tenemos diferencias políticas. Además, la Procuradora es incoherente en sus actuaciones, se ha declarado impedida en otras oportunidades en los que se vincula a concejales, pero en casos puntuales, ha decidido abrir investigaciones sin justa causa”.

El concejal Pinedo Cuello también aseguró, “también me pidieron plata en cambio de cerrar una investigación en la Procuraduría, no lo hizo un funcionario, pero sí una persona muy cercana al Ministerio Público que en nombre de esta institución me dijo que, si le entregaba un recurso, archivaban la investigación”.

Finalmente sostuvo, que “lo que se rumorea por todo el Magdalena es que la Procuraduría presuntamente está pidiendo dinero a funcionarios en el Distrito y todo el Departamento”.

Frente a los señalamientos de los concejales, la exprocuradora Ana María Muelle enfatizó, “están intimidados porque se les hacen unas visitas y se les piden copias de las actas donde se toman decisiones. En mi condición de Procuradora estaba obligada a que si me presentan una queja debía emprender las acciones para darle respuesta, nunca tuve ningún proceso disciplinario en contra de ningún concejal. Estaban vigentes en la Procuraduría al momento de posesionarme, pero me declaré impedida y los que nacieron durante mi instancia no fueron originado por mí, sino por una Procuradora encargada cuando estuve por dos meses en comisión en Cesar desde enero 28 hasta marzo 28 de 2018”.

La abogada Muelle deja claro, que “todas mis actuaciones han sido derechas y transparentes, salí del cargo para poder defenderme, porque todos sus señalamientos no tienen fundamentos, todas las sesiones del Concejo son grabadas, nunca he escuchado una intervención de Iván Saravia en los que los haya intimidado con la Procuraduría, es muy respetuoso de mis decisiones y de mis cargos; es falso y bajo hacer este tipo de acusaciones, si fuese cierto, ellos pueden aportar los audios, porque las sesiones del Concejo se graban”.

La exfuncionaria del Ministerio Público afirmó, que “ejercí una Procuraduría independiente, derecha, que hizo un control donde nunca se había hecho antes, eso causó ciertas incomodidades en las personas que tienen cabos sueltos, eso no los tenía cómodos, esa es la razón por la que procuraron por todos los medios hacer este tipo de acusaciones, para que renunciara o fuera retirada del cargo”.

Los concejales Pinedo y Palacio han hecho denuncias sobre presuntas extorsiones que vienen realizando funcionarios del Ministerio Público, a lo que la abogada Muelle responde, “que digan los nombres de las personas, pero no lo hacen, así como tienen el valor de dañar el nombre de una entidad y una persona, no hay forma más rastrera de lanzar una acusación que indeterminadamente, no tienen pruebas”.

Por su parte, el concejal Iván Saravia ha señalado, que “cuando hagan una acusación formal en la que digan que le he pedido dinero a alguien, saldré a defenderme ante la justicia. No comprendo, según ellos, cuáles son mis pretensiones al intimidarlos con la Procuraduría, dónde están las pruebas, no he enviado a nadie a pedir documentos, no tengo facultad ni poder para mandar a un funcionario de la Procuraduría”,

LAS VISITAS AL CONCEJO

Según lo informado por la exfuncionaria del órgano disciplinario, las visitas que hizo la Procuraduría Regional del Magdalena al Concejo fueron previas a la Ley de Garantías, porque desde el nivel Nacional solicitaron dejar constancia de los últimos contratos suscritos por las entidades públicas en el Departamento.

Las visitas en el Magdalena fueron ordenadas por la procuradora Ítala Pedracine, porque en el Concejo fueron detectadas presuntas irregularidades en la contratación, lo que llevó a la apertura de investigaciones preliminares contra concejales.

La visita del 18 de julio fue solicitada por la abogada Ana María Muelle, para obtener copia del Acuerdo que Reglamenta la Distribución de Funciones de la Personería para determinar las competencias del Personero Delegado y del Personero titular.

La segunda visita ordenada por la exprocuradora se dio en el marco del control que estaban dando al contrato de Alumbrado Público, luego de que un ciudadano hiciera denuncias respecto a este.

DOS INVESTIGACIONES

El procurador General Fernando Carrillo reveló que la entidad adelanta 33 procesos disciplinarios, la mayoría reposa en la Provincial Santa Marta; y tres procesos por presuntas irregularidades por el manejo de los recursos para la salud fueron traslados al nivel central.

“Procesos que tienen que ver, precisamente, con la Empresa Social del Estado ‘Alejandro Próspero Reverend’, que involucran nada menos que a la salud de los samarios y de los magdalenenses. Es imperdonable que se utilice la política para poner en entredicho un derecho fundamental como la salud de la gente de este Departamento”.

Entre los procesos que adelanta la Entidad, el Procurador aseguró, que en la Procuraduría Provincial de Santa Marta hay cuatro expedientes activos en contra de funcionarios de la Personería Municipal y uno por presuntas irregularidades en el contrato de Alumbrado Público.

En la Regional Magdalena hay dos procesos contra funcionarios del Concejo Distrital de Santa Marta y uno contra un funcionario de la Alcaldía. “Vamos investigar si hubo persecución política”, señaló el Procurador General.

La exprocuradora Regional Muelle explicó, que “cuando retomé el cargo estaban procesos contra los concejales Juan Carlos Palacio y Carlos Pinedo, porque al parecer contrataron a la esposa de Daniel Sánchez, eso es ilegal, ya que no pueden celebrar contratos con las esposas o compañeras permanentes de los concejales. Este proceso no lo tramité, porque me declaré voluntariamente impedida”.

En la Procuraduría Regional se surten dos procesos contra los concejales Juan Carlos Palacio y Carlos Pinedo Cuello, por presuntamente violar el Régimen de Incompatibilidad. En la época en que fueron Presidentes de la corporación en los años 2016 y 2017, respectivamente, firmaron contrato con Ledis Palomino Barraza para la prestación del servicio de apoyo a la asesora de control interno del Concejo de Santa Marta.

El primer contrato firmado con el concejal Palacio fue por 3 millones de pesos por el término de un mes. Cinco meses después, el concejal Pinedo se lo renovó por otros cinco meses por un valor total de 17 millones 500 mil pesos.

Al parecer, Ledis Palomino Barraza es esposa del concejal activo Daniel Hernando Sánchez Marmolejo, con quien contrajo matrimonio el 21 de diciembre de 1985.    Frente a lo anterior, los concejales Juan Carlos Palacio y Carlos Pinedo afirmaron, que “la mujer mintió al no reportar, ni en su hoja de vida ni en ninguno de los documentos requeridos, que había contraído nupcias con el concejal”.

Por su parte, el concejal Daniel Sánchez Marmolejo señaló, que “no me pronunciaré hasta que la justicia no resuelva, hay que esperar para no especular”.

OPINIÓN CARIBE consultó una fuente técnica para conocer los alcances de esta investigación, explicando que en este proceso se viola el Régimen Incompatibilidad, porque son las prohibiciones, los expresidentes del Concejo no podían contratar a la esposa del concejal Sánchez. Están en curso sanciones disciplinarias por falta gravísima, que puede dar para destitución del cargo y sanciones penales.

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, ordenó la creación de un grupo especial para que investigue las denuncias sobre presuntos actos de corrupción en la Regional del Magdalena a cargo de Carmen Giovanna Restrepo Medina, delegada para la Fuerza Pública y la Policía Nacional, quien escuchó el viernes 17 de agosto del presente año a los concejales, Juan Carlos Palacio, Carlos Pinedo, Carlos Mario Mejía, Jaime Linero, Pedro Gómez, Jorge Yesid Ospino, Daniel Sánchez y Efraín Lozano, además, al secretario General, Darío Linero.

El presidente del Concejo, Jorge Yesid Ospino, indicó, que “este proceso de intimidaciones que sufrimos por parte de la Procuraduría para nadie es una mentira, recibimos diez inspecciones en lo que va corrido del año, me siento agobiado por este órgano de control que no nos ha dejado trabajar; los funcionarios del Concejo nos sentimos intimidados. No entiendo la actitud que ha asumido el funcionario Jorge Noguera”.

UNA DECLARACIÓN JURAMENTADA

El secretario general del Concejo de Santa Marta, Darío Linero Mejía, declaró ante la Notaría Cuarta sobre unas acusaciones en contra de la Procuraduría, donde relaciona al concejal Iván Saravia y al senador Eduardo Pulgar.

También en la declaración juramentada menciona al funcionario de la Procuraduría regional, Jorge Isacc Noguera Bolaños, quien, según el Secretario de la Corporación, excedía sus funciones con el objetivo de solicitar documentos sin soporte alguno para hacerlo.

“El profesional universitario de la Procuraduría me ha solicitado en diferentes ocasiones vía telefónica y escrita, documentos relacionados con mi trabajo en el Concejo. Esta solicitud me la ha hecho constriñéndome, que debía entregársela de manera inmediata dándome un plazo no mayor de mediodía, sin que medie petición por escrito alguna”, expuso Linero en la declaración juramentada.

El acta con sello de la Notaría Cuarta de Santa Marta expresa que “Noguera Bolaños en sus constantes visitas al Concejo de Santa Marta en busca de los documentos me ha manifestado que este es un mandato de un tal senador Pulgar y el concejal Saravia”.

Linero Mejía continúa diciendo que de esta manera lo ha constreñido para que entregue la documentación requerida. “Por tal razón me ha presionado a que debo entregarle de manera inmediata, si no, me abrirá una investigación disciplinaria. Además, Noguera Bolaño no presentó el auto que lo facultaba para realizar ese tipo de solicitudes formales e informales, es decir, actuaba violando sus funciones”.

El funcionario del Concejo manifiesta que teme por su vida y la de su familia. “Denuncié con pruebas y testimonios, pero hoy estoy pagando por haber denunciado estos acosos, temo por la seguridad de mi familia y la mía”.

NUEVA PROCURADORA REGIONAL

El jefe del Ministerio Público posesionó a Ligia Morales como nueva Procuradora Regional del Magdalena, quien será la encargada de conducir las investigaciones hasta obtener los resultados para esclarecer los hechos que son objeto de las denuncias de concejales y del Personero de la ciudad.

“Es muy importante decirle a la ciudadanía que cualquier persona que tenga hechos y pruebas en relación con lo que aquí se ha denunciado, es bienvenida. Esperamos pruebas ciertas y sólidas, este no es un ejercicio de dimes y diretes”.

Carrillo Flórez sostuvo, que la Procuraduría va a adelantar las investigaciones con el máximo rigor, respetando el debido proceso. “Yo no soy cuota política de nadie en este país. Yo no represento los intereses de ningún partido político. Mi única divisa en este momento es el interés público”.