España niega la pretensión de un juez colombiano, de capturar a Carlos Mattos

La Audiencia Nacional de España acaba de tomar la decisión de no capturar al empresario colombiano Carlos Mattos, a quien un juez en Bogotá le dictó la semana pasada orden de captura con circular roja de la Interpol. La medida fue tomada por el alto tribunal español por cuanto a su juicio el empresario importador de carros no representa peligro social y debe ser protegido como ciudadano español con arraigo en ese país.

Mattos goza de ciudadanía española y ha sido residente desde 1994 en España, donde tiene propiedades y negocios desde 2001 y es reconocido como hombre de bien por la sociedad ibérica, por su participación en los temas de interés de dicha sociedad y actitudes filantrópicas de relevancia, tanto como por su protagonismo en diferentes campos empresariales y particularmente en el de la construcción. Otra prueba de su vinculación al país lo constituye el hecho de que sus hijos han sido educados en colegios madrileños, y su trayectoria en Madrid es considerada impecable, al tiempo que en sus responsabilidades cumple con la seguridad social, paga puntualmente sus impuestos y su arraigo incluye una importante histórica clínica en el país, donde ha sido tratado de patologías en sus ojos y en su estructura ósea, así como recientemente en un cáncer de próstata.

Las consideraciones de la Audiencia Nacional para respaldar su libertad tienen que ver además con la percepción diferente de la justicia española sobre los pretendidos delitos imputados en Colombia, ya que para los magistrados de este tribunal son de carácter civil y nunca criminal, por lo que no ven sentido jurídico a la solicitud de extradición hecha por Colombia.

La decisión de no aprobar la orden de captura a la Interpol también va acompañada de una visión de la proporcionalidad, toda vez que algunos delitos que se le imputan en el país suramericano, para esta alta jurisdicción española no son vistos como del nivel que pretende la autoridad colombiana, e inclusive no existen como delitos en España ni en otros países, como es el caso del tipificado como “manipulación informática”.

Esta decisión jurídica va acompañada de medidas cautelares como la de aportar la dirección donde pueda ser ubicado, el número de su teléfono y la obligatoriedad de presentación personal cuando se requiera. Así mismo para la salida del país ha de contar con un permiso especial que deberá solicitar a la Audiencia Nacional.

Este tipo de sentencias de la Audiencia Nacional de España ponderan el hecho de que se pueda tratar de una persecución en Colombia, ya que la proporcionalidad y el peligro social que la justicia colombiana argumenta que representa el señor Mattos está lejos de ser considerado de igual manera por la justicia española, la cual asocia estos términos solamente con delitos como narcotráfico, terrorismo o crímenes con violencia o sangre.

EL MAGISTRADO QUE FIRMA LA SENTENCIA.

El magistrado que firma la sentencia es Fernando Andreu Merelles, juez de la Audiencia Nacional de España que desempeña en España y Europa un papel de liderazgo particular en el derecho humanitario y en lo referente a la persecución de crímenes de guerra y asuntos similares. Fue compañero de sala del Juez Baltazar Garzón con quien ha compartido innumerables fallos. La importancia de su sentencia en el caso Mattos reviste especial importancia, ya que la participación de España en este tipo de investigaciones ha marcado de forma importante la actual mirada sobre casos que antes gozaban de impunidad, a partir del principio de jurisdicción universal de España en los casos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo.

Andreu es juez de la Audiencia Nacional desde hace diez años y su fama dentro del órgano judicial es intachable. Para la prensa española se trata de un juez respetuoso del derecho, escrupuloso con sus investigadores y extremadamente legalista. Entre los casos más sonados en que ha participado están las investigaciones preliminares sobre las denuncias de un ataque contra Gaza en 2002, en la que justificó el enjuiciamiento del exministro de defensa israelí Binyamin Ben-Eliezer, el exjefe de personal de defensa Moshe Ya´alon, el exjefe de la fuerza aérea de aquel país Dan Halutz, y otros cuatro funcionarios del más alto nivel de Israel por crímenes de lesa humanidad. También han sido relevantes sus investigaciones sobre ataques de Israel a población civil en Gaza, en las cuales bajo la justificación de atacar a dirigentes islamistas, murieron niños y fueron heridos decenas de civiles.

El juez Andreu también ha investigado el genocidio de Ruanda y denuncias de crímenes de guerra cometidos por el Ejército Patriótico de Ruanda y los dirigentes del Frente Patriótico Ruandés en territorio de ese país y en el de la República Democrática del Congo entre 1994 y 2000.

EL ABOGADO DE MATTOS EN ESPAÑA.

El abogado del empresario Carlos Mattos en España es Javier Gómez de Liaño, penalista conocido, entre otros casos de altísima importancia jurídica y mediática, porque fue quien determinó en su momento que los ciudadanos colombianos Gilberto Rodríguez Orejuela y Jorge Luis Ochoa debían ser regresados a su país, Colombia, y no extraditados a Estados Unidos.

Su criterio jurídico en el caso del ciudadano español Carlos Mattos es que evidentemente es desproporcionado y reviste extralimitación de funciones la argumentación de pedido de extradición de un juez colombiano, según la cual considera un “peligro para la sociedad, a una persona que no respeta límites con tal de mantener su riqueza”.

Para los círculos jurídicos españoles no es aceptable la tendencia a castigar la riqueza, lo cual ocurre cuando el juez colombiano asegura durante la audiencia que Mattos “tiene un poder económico inmenso en un país pobre como Colombia”, el cual argumenta que le permite “por un lado corromper la justicia y por otro obstruirla”.

En coincidencia con el trino de Carlos Mattos que decía “Me encuentro en España, país del que soy ciudadano, trabajando en mi defensa con mis abogados para demostrar mi inocencia, y que todo esto ha sido una persecución orquestada por gente muy poderosa”, el abogado español Gómez de Liaño fue quien sugirió a Mattos presentarse tanto a Interpol como a la Audiencia Nacional, ya que el empresario es ciudadano español y como tal vive en España, por tanto no hay nada que justifique la versión de que se encuentra prófugo en este país.