E.S.E. es el dueño II

Cinco años después

Lo que sucede en la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’ sobre el presunto pago a las cooperativas de salarios de personal sin contratar y la desviación y apropiación de recursos públicos, son secretos a voces que mantienen en crisis la red hospitalaria del Distrito.

 

Paola Ramírez Caballero

Actualmente se vienen dando a conocer una serie de irregularidades que involucran a la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’. Anomalías que no son nuevas y que OPINIÓN CARIBE denunció en el año 2013 en la edición 29, donde después de cinco años parece que todo sigue igual, Johan Montenegro Villero, sigue como protagonista de esta historia que afecta a la red pública del Distrito, administrada en los últimos años por seis gerentes: Juan Carlos Illidge Escorcia, Gregorio Domínguez, Benjamín Guardo Del Río, Albeiro Otero Pérez, Edgardo Charris Salcedo y Ómar Suárez Prasca.

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“La Alcaldía no le dio en ese momento el cargo a quien ganó el concurso de gerente (año 2014) montaron gerentes que eran de encargos, hacían lo que ellos querían, no hacían los planes de acción dispuestos por el Gobierno Nacional. Ellos duraban hasta seis meses, entraban y sacaban lo que tenían que sacar para sus bolsillos”, denunció Graciela Maestre, presidente   del sindicato de la E.S.E.

 

A esta larga lista de presuntas irregularidades contra la E.S.E. se suma una nueva denuncia que involucra al actual gerente, Ómar Suárez Prasca, acusado el cinco de mayo de 2018 por presunto peculado y prevaricato por acción ante la Fiscalía General de la Nacional y Procuraduría General de la Nación.

La presidente del Sindicato de Trabajadores de la E.S.E, reveló, que el gerente Suárez Prasca, dio destinación diferente a los recursos consignados en los fondos de pensiones y cesantías de los trabajadores de la institución de salud para pagos a otras entidades de orden privado y gastos de funcionamiento, incurriendo así en los delitos de peculado por aplicación oficial y prevaricato por acción tipificados consignados en la Ley 906 de 2004.

Para el 2017, el gerente de la E.S.E. Ómar Suárez Prasca firmó un contrato por 297 millones de pesos con la Organización Empresarial Pública Ltda., cuyo representante legal es María Valbuena Gómez, para gestionar administrativamente ante los fondos de pensiones Porvenir Cesantías, Protección Pensión, Protección Cesantías, Nueva EPS y Coomeva, la devolución de los dineros cancelados por cesantías retroactivas de los empleados de la entidad prestadora de salud desde 1992, los cuales ascendieron a 3.900 millones de pesos.

De acuerdo con los soportes de la denuncia el saldo vigente entre el 2012 -2016 en la entidad Porvenir Cesantías estaba alrededor de los $5.107.116.616; mientras que en Protección Cesantías oscilaba en $147.965.178 para un total de $5.255.081.794. en este sentido Porvenir le devolvió del saldo adicionado a presupuesto cerca de $3.500.000.000; y Protección $120.000.000, para un total de $3.620.000.000; del Fondo de Cesantía retroactiva hubo un aporte de $1.636.081.794.

Por otra parte, de la entidad Protección – Pensión el saldo vigencia 2012 – 2016 ascendía a $102.305.440; Nueva EPS, $13.868.840; y Coomeva, $63.802.074, para un total de $5.371.256.074.

 

En la cuantificación se logra analizar que este recurso no logró cubrir la totalidad por concepto de cesantías retroactivas, además, fue usado una parte del recurso en fondo para el pago de las cesantías vigencia 2017.

El valor de la cesantía retroactiva para 35 empleados equivale a $2.472.183.066; el valor en fondo a 31 de diciembre de 2017 estaba en $1.635.081.794; el valor pagado de cesantías vigencia 2017 es $800.000.000; y el valor en fondo a 31 de marzo de 2018 estaba en $835.081.794.

Dicho movimiento económico generó según la denuncia instaurada ante los entes disciplinarios y judicial, un déficit superior a los 1.600 millones de pesos para cubrir el pago de las cesantías retroactivas con corte al 31 de diciembre de 2017 cuyos beneficiarios son 35 trabajadores. “Este grupo de trabajadores viene desde 1992; el profesional que menos recibía tenía un monto de 80 millones de pesos de retroactividad”, precisa Graciela Maestre.

La Resolución No. 0495 del 01 de diciembre de 2017, emitida por la Gerencia de la E.S.E. por medio de la cual se realizan adiciones y modificaciones al presupuesto de ingreso y gastos, vigencia fiscal 2017, según la líder sindical, podría estar catalogada como un prevaricato, porque la motivación utilizada para hacer los traslados presupuestales de dineros de destinación específica para atender los gastos atinentes a servicios personales indirectos, es decir, gastos de funcionamiento, que en últimas deben cubrirse con recursos propios recaudados de las actividades empresariales.

Los 3.900 millones de pesos obtenidos por la Gerencia de la. E.S.E. de las cesantías retroactivas, según Maestre, fueron aplicados al pago de las cooperativas Servisalud, Agape, y Facturas y Procesos de la Costa. “El gerente sacó el recurso de las cuentas globales del Fondo de Cesantías Retroactiva, pagó las primas, y el resto se lo dio a las cooperativas”, denuncia la Presidenta del Sindicato de Trabajadores de la E.S.E.

De acuerdo con las denuncias hechas por OPINIÓN CARIBE en la edición 29 de 2013, Johan Montenegro Villero en ese entonces fungía como el representante legal de la cooperativa Servisalud del Caribe SAS, máximo proveedor de personal médico y asistencial del Distrito.

Según la denuncia interpuesta ante los entes disciplinario y judiciales, la adición presupuestal de ingresos por concepto de otros recursos capital fue de $3.999.976.354 millones de pesos de los cuales $3.620.000.000 correspondían a cesantías. Para gastos de funcionamiento fueron destinados $3.999.976.354; es decir, la totalidad de los ingresos que fueron distribuidos así: para los servicios personales indirectos fueron pagados $1.796.666.335; en gasto general fueron asignados $2.123.310.019; y en cuentas por pagar, $80.000.000. También fueron pagados por el apoyo médico asistencial $2.445.233.975; primas de Navidad, $492.053.223; servicios facturadores $294.819.744; y servicio de aseo $341.513.840.

Los recursos consignados por concepto de retroactivo tienen una destinación específica para garantizarle a los empleados los recursos por sí la empresa entra en proceso de liquidación. “Este es el riesgo que corre la E.S.E. que en este momento presta un mal servicio a la comunidad por la falta de insumo, las glosas que generan las EPS por el deficiente servicios sumado esto a la crisis nacional y en cualquier momento la Supersalud podría intervenirla, si eso sucede de dónde van a pagar la retroactividad de esas cesantías, esos recursos estaban garantizados”, enfatiza Maestre Rivera.

La E.S.E. tiene a cargo la prestación del servicio en la baja y mediana complejidad, es decir, desde la promoción y prevención, consulta externa, urgencia de primero y segundo niveles de atención.

EXORBITANTES PAGOS

No solo en la educación existen estudiantes fantasmas, en la salud también, en este caso en la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’, donde denuncia el Sindicato que pagan contratos a trabajadores que solo aparecen en la nómina de las cooperativas pero no: Servisalud del Caribe SAS, Facturas y Procesos de la Costa E.A.T., y Agape Servicios, pero no en la realidad.

“En la Clínica La Castellana la entidad de salud paga por personal cirujano sin que este servicio se preste desde hace dos años, asimismo sucede con las altas sumas de dinero que cancela por el personal médico y asistencial”, explica Maestre.

Según información suministrada por el Sindicato de Trabajadores de la E.S.E. en La Castellana la entidad de prestación de servicios médicos cancela a la cooperativa mensualmente por dos anestesiólogos $ 30.627.170.00, es decir, cada uno devenga un salario de $15.313.585.00, pero la realidad es otra, el especialista en salud solo percibe $7.000.000.00; las cuatro instrumentadoras devengan en la nómina de la cooperativa $3.485.184,00 cada una, pero ellas solo reciben $1.300.000. “Se pagan endodoncista, cirujanos, anestesiólogos e instrumentadoras sin hacer cirugías, un coordinador, que es una enfermera, a quien le pagan 200 mil pesos más de sueldo, eso va causando un detrimento porque ese dinero sirven para medicamentos”, denuncia Graciela Maestre.

La. E.S.E. les paga a las cooperativas por cada enfermera $3.920.831.00 de los cuales cada una devenga un salario de $735.000; por una enfermera jefe $3.049.536.00, pero esta devenga un salario de 1.470.000.00; la fisioterapeuta gana $1.200.000, pero a la cooperativa le cancelan por este cargo $3.049.536; por dos médicos de hospitalización pagan $10.891.194.00; nutricionista $3.267.359.00; por cuatro técnicos radiólogos $13.069.436.00 de los cuales cada uno tiene un salario de $1.220.000; cuatro regentes de farmacia, $13.940.736.00; un epidemiólogo $8.567.428, monto del cual recibe 2.500.000.00; una auditora de odontología $7.188.188.00, recibe de este recursos 2.500.000. una trabajadora social devenga $4.367.700.00; médico odontólogo endodoncista, $4.487.166.00, que desde hace dos años no está contratado.

El valor mensual que paga la E.S.E, por 44 empleados de la nómina de Servisalud del Caribe SAS asciende a los $192.989.531.00, pero a esta entidad solo le cuesta $17.925.000.00; es decir, que la cooperativa obtiene una ganancia mensual de $175.064.531.00

“Cuando pasan las facturaciones, los supervisores de los contratos deben dar el visto bueno, el Subgerente Asistencial de la E.S.E. autoriza la de Servisalud; y las de Facturas y Procesos de la Costa E.A.T., y Agape Servicios, las autoriza el Subgerente Administrativo y Financiero”, indicó la presidenta del Sindicato de la E.S.E.

Por diez turnos de facturación 24 horas en los puestos de salud Bastidas, IPC Paz, Gaira, Mamatoco, Taganga y Bonda, pagan a la cooperativa Facturas y Procesos de la Costa E.A.T., $83.891.813.00 mensuales; ocho horas de consulta externa PyP por 24 turnos $39.628.872.00; servicio central de citas 8 horas por 15 turnos $24.768.045.00; un coordinador central de citas por $5.193.303; un turno de facturación de la clínica La Castellana (4) $8.389.181.00; admisión clínica La Castellana, 1 turno (4) $8.389.181.00; facturación 2: $3.302.406.00; soporte de facturación 1: $2.130.585.00; servicio de enlace proceso de facturación 1: $3.728.525.00; auditores en el apoyo del proceso de facturación 1: $6.845.893.00; plan de contingencia 1: $8.389.181.00.

Esta nómina tiene un valor mensual para la E.S.E. de $194.656.982.00, pero a Facturas y Procesos de la Costa E.A.T., le cuesta $56.408.639.00, obteniendo una utilidad de $138.248.343.00.

Por otra parte, la cooperativa Agape recibe mensualmente por el servicio de aseo e insumo $210.723.712.00 de los cuales paga una nómina de $37.721.223.00, obteniendo una ganancia de $173.002.489.00

El total de los gastos de funcionamiento y de la planta de personal pagados por la E.S.E. en facturación asciende a $194.656.982.00; en vigilancia a $62.500.000.00; en aseo a $210.723.713.33; asistencial en La Castellana a $192.989.531.00; asistencial en otros centros a $641.137.396; y a los conductores a $70.262.163.00, para un total de $1.372.269.785.33.

Por órdenes de prestación de servicios por concepto de honorario la E.S.E. paga $144.370.979.30; por concepto de remuneración de servicios técnicos $31.282.148.00; y por mantenimiento $13.050.000.00, para un total de $1.088.703.127.30.

El total de los gastos personales de planta asciende a $707.083.008.33; en personal tercerizado, a $1.372.269.785.33; por OPS a $1.088.703.127.30, para un total de $2.268.055.920.97. es decir, que según las pruebas entregadas por el Sindicato de Trabajadores de la E.S.E., la entidad paga el doble de los recursos a las cooperativas.

Además, deja en evidencia que en la zona rural existen 22 conductores para cuatro ambulancias por turnos de seis horas. La líder sindical señala, que en apoyo de transporte administrativo se desconoce esta persona porque la E.S.E. cuenta con dos conductores de planta, además, la cooperativa suministra cinco mensajes de ocho horas, cuando existen dos contratados directamente. Existe un rubro para el combustible de las motocicletas de los mensajeros, pero este recurso no se les desembolsa a ellos.

Aunque, existe un contrato por $18.184.948.00 con la cooperativa Agape de lavandería por 24 horas en La Castellana, desde hace dos años según la líder del sindicato de la E.S.E, las lavadoras no funcionan, a lo que se suma otro por $23.521.068.00 para el suministro de insumos de lavandería en la policlínica.

“La tercerización es ilegal, en la junta directa se le dijo al gerente que se acaba este método, pero no acata la orden, porque todo el recurso se lo llevan las cooperativas, además, se convierte en un detrimento porque existen contratos por servicios que no se están prestando”, afirma Maestre.

SIN INSUMOS

Los puestos de salud de Santa Marta afrontan una crisis por la carencia de insumos. Aunque el Ministerio de Salud mensualmente gira los primeros cinco días de cada mes los recursos directamente a la E.S.E. para garantizar la prestación de servicios a la población subsidiada no invierten los dineros en la compra de medicamentos.

En los últimos cuatro meses han disminuido los recursos por población subsidiada. En julio recibió 2.200 millones de pesos; en agosto 1.800 millones de pesos; en septiembre 1.600 millones de pesos; y en octubre 1.500 millones de pesos. “Estos giros han bajado sustancialmente por la mala prestación de servicios, porque los usuarios se quejan ante las EPS. De esos dineros pagan salario a empleados, gastos de funcionamiento, ellos recuperan carteras de hasta 300 millones de pesos, pero lo que no hay es una distribución de recursos para comprar los insumos porque todo lo pagan en la tercerización del personal”, comenta Maestre Rivera.

Según, la líder sindical, el cliente de la. E.S.E. contratado para el suministro de insumo de medicamentos es Suministros Cantillo y Asociados SAS, cuya representante legal es Aimee Ortiz Montenegro, según información de los líderes, es la hermana de la Jefe Jurídica de la E.S.E. Keyla Ortiz Montenegro. En enero del 2018, la entidad de un contrato por 469 millones de pesos para que suministrara material médico quirúrgico y otro por 550 millones para dotación de medicamentos en los puestos de salud.

“Los sábados traen un poquito de cada cosa, 50 diclofenaco, dos cajas de aguante, eso no alcanza para nada, La Castellana, es 24 horas, eso se lo terminan en diez horas, el resto dicen pídanselo a los usuarios y no molesten. Los médicos dicen aquí están el personal, pero no tenemos insumo”, denuncia Maestre.

Según la información de la líder sindical, la excusa hace tres años era que el recurso no alcanzaba para comprar medicamentos porque todo era destinado para la construcción de los puestos de salud, se dejaron de hacer los mantenimientos preventivos a los equipos biomédicos, que garantizaban los buenos exámenes, las EPS fueron glosando de los contratos por la mala prestación de los servicios. La E.S.E. es la responsable de comprar los insumos.

“Es triste que llega un infartado, no hay adrenalina porque no hay recursos para comprarlo cuando el dinero es desviado, todo se lo llevan las cooperativas”, da a conocer Graciela Maestre.

Por su parte, el presidente de la Red de Veeduría, Edilfonso Orozco, denunció, que “la población compra los medicamentos, pero la E.S.E. los carga al Fosyga para reportarlo como si ellos lo suministraran, por eso mantienen los giros directos que ascienden a los 1.800 millones de pesos. Nos paramos en la puerta de los puestos de salud para que nos den la factura y no se la entreguen al personal administrativo”.

El secretario de Salud, Julio Salas, explica, que “la E.S.E. es una empresa que tiene autonomía administrativa, es decir, que tiene la capacidad de tomar sus decisiones gerenciales que no podemos tomar desde el ente territorial,  hoy no puedo nombrar más médicos, ni el alcalde, en caso de que se requieran, tampoco comprar medicamentos a la E.S.E, porque no tiene competencias”.

 

 

SE AHONDA LA CRISIS

La demora en la construcción de los centros de salud de La Paz, Taganga, ‘María Eugenia’, Bastidas y Mamatoco, demolidos en el gobierno del exalcalde Carlos Caicedo, contribuyeron al colapso de la red hospitalaria.

El alcalde Rafael Martínez presentó un proyecto en marzo ante el Concejo de Santa Marta para el levantamiento de los puestos de salud. Estas obras hoy están contratadas directamente por la Administración con el objetivo de que la E.S.E. por la crisis que afronta no destine recursos para estas obras que fueron contratadas en el 2014 por 6.537 millones de pesos en el gobierno de Caicedo con Mediredes SAS.

De los centros de salud demolidos solo Bastidas fue culminado con éxito en el periodo de Carlos Caicedo, los demás quedaron en obras y con múltiples problemas. A mediados de 2017, el Ministerio de Salud informó, que los centros de salud de Santa Marta fueron demolidos sin la autorización o viabilidad de dicha entidad nacional, documento que apenas se expidió en el 2017.

El contrato de los puestos de salud en 2014 fue por 6.537 millones de pesos y se adjudicó por medio de una convocatoria pública a la empresa Mediredes SAS, las obras debían finalizar en julio de 2015, pero apenas se están culminando.

Ese contrato fue liquidado en medio de una gran presión de la ciudadanía samaria que reclamaba la culminación de las obras y sanciones por los incumplimientos del contratista, sin embargo, una vez fue elegido Rafael Martínez como alcalde, suscribió un nuevo contrato por medio de licitación pública, esta vez con recursos del Distrito por 6.079 millones de pesos para terminar los centros de Taganga, La Paz y el IPC Candelaria en ‘María Eugenia’, el de Mamatoco quedó por fuera porque no alcanzaban los recursos.

El nuevo contrato se lo ganó la misma empresa a la que le fue adjudicada la primera licitación durante el gobierno de Caicedo, pero con otra razón social y bajo la figura de una unión temporal, Gestión y Proyectos Construcciones Group, una firma barranquillera cuyo representante legal es Erick Eduardo Agudelo Rodríguez, conformada en un 30 por ciento por la Unión Temporal Construyendo Salud Santa Marta, que hoy ejecuta las nuevas obras para terminar los tres centros de salud con nuevas adiciones presupuestales y de la cual también hace parte otra empresa de Barranquilla: Construcciones e Inversiones Kamana SAS, que tiene el 70 por ciento.

De acuerdo con el registro de existencia y representación legal de Gestión y Proyectos Construcciones Group, la empresa fue constituida originalmente con el nombre Mediredes EU en 2010, en 2012 pasó a llamarse Mediredes SAS y en septiembre de 2016, dos meses antes de ganarse el segundo contrato (adjudicado el 15 de noviembre de ese año), cambió su nombre al que tiene actualmente.

Esto mantiene en un proceso jurídico al exalcalde y alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo y Rafael Martínez, respectivamente a los exgerentes y contratistas de dichos proyectos, lo que agudiza la crisis afrontada por la red hospitalaria del Distrito.

La E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’ se abastece de los recursos de la Nación, bajo un servicio social que es la venta de servicios a la población vulnerable, a las EPS subsidiadas, y al Distrito por la no vinculada. Dentro del presupuesto general la ley establece que el 5 % debe ser dedicado al mantenimiento y reparación de los centros y puestos de salud.

“Aunque la alcaldía se ha encargado del levantamiento de los puestos de salud, la situación de la E.S.E. va de mal en peor, porque ese porcentaje no se está invirtiendo en la infraestructura física, entonces nos preguntamos porque no hay insumos, no hay sillas adecuadas no hay equipos biomédicos, pero si hacen contratos por siete millones para mejoramientos locativos que no ejecutan, pero si cobran”, afirma Maestre Rivera.

Cada EPS tiene un componente interno que se llama capacidad instalada para el funcionamiento, la cual consiste en el número de camas, médico y personal. “Se demolió la infraestructura y todo se volvió un caos porque alquilaron viviendas sin condiciones técnicas estipuladas por el Ministerio de Salud y eso ahondó la crisis, la capacidad instalada no disminuyó. Otro error fue el sobrecosto, la E.S.E. asumió esos gastos, todo el recurso era para los puestos, no había buen servicio y con ello disminuyeron los contratos”.

CONFLICTO ENTRE LA E.S.E. Y LA ALCALDÍA

En Santa Marta se ‘lía la de tirios y troyanos’ por el control de la E.S.E. ‘Alejandro Prospero Reverend’. Actualmente, la Alcaldía mantiene un conflicto con la E.S.E. al punto de haber calificado negativamente su gestión administrativa, pero no todo el tiempo han estado de ‘pelea’ debido a que el actual gerente, Ómar Suárez Prasca, llegó a la gerencia de la E.S.E. con el voto positivo de la Junta Directiva donde el alcalde, Rafael Martínez desempeña el papel de presidente.

“Cuando cambia la ley y dicen que los alcaldes pueden nombrar a los gerentes, llega Ómar Suárez, quien en los primeros tres meses demostró ser un hombre técnico, visitó los centros, se pensaba que había esperanzas. No sé qué le pasó y bajó la guardia y dejó que todo se cayera hasta ahora, es más, desde el día que hicimos la jornada de protesta no lo he vuelto a ver”, indica la líder sindical, Graciela Maestre.

La Junta Directiva de la E.S.E. está conformada por el alcalde, el secretario de salud, el representante de los trabajadores del área administrativa, el representante de los trabajadores misionales, y el representante de los usuarios. Todos tienen voz y voto, menos el gerente que funge como secretario.

La Personería de Santa Marta el 11 de abril de 2018, suspendió al gerente de la E.S.E. Ómar Suárez Prasca, por la apertura de un proceso disciplinario y en su reemplazo el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, designó al médico Jairo Romo Ortiz, quien solo estuvo al frente un mes, porque la Procuraduría Provincial emitió un fallo firmado por Yamil Guerra Guerrero, que anulaba todos los actos de investigación y la decisión que decretó la suspensión.

Esto se dio luego de que la exprocuradora Regional del Magdalena, Ana María Muelle, aceptara la solicitud de recusación hecha por el gerente de la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’ contra Ana María Fuentes Pérez, personera delegada para los Asuntos Administrativos y Disciplinarios; y Chadán Francisco Rosado Taylor, personero de Santa Marta.

Los argumentos del Gerente suspendido de la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’ expuestos en la solicitud de recusación señalaban que el Personero de Santa Marta tenía intereses directos en la investigación, además, que había violado el debido proceso al producir autos de suspensión de manera concomitante, sin tener oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.

Con la aceptación de la recusación por parte de la Procuraduría Regional del Magdalena, el Personero fue separado del proceso disciplinario contra el gerente de la E.S.E. Suárez Prasca, designando al Procurador Provincial de Santa Marta para liderar esta investigación que posteriormente fue trasladada a la Procuraduría General de la Nación.

Quedando fuera del escenario, el personero Chadán Rosado radicó el 15 de agosto de 2018 ante la Procuraduría General de la Nación un oficio en el que hace referencia sobre una enemistad grave suscitada con la exprocuradora Regional del Magdalena, Ana María Muelle y su esposo, el concejal Iván Saravia, luego de las investigaciones disciplinarias que había emprendido la entidad contra funcionarios de la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’.

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró, que la Entidad indaga presuntas irregularidades en el manejo de la E.S.E. ‘Alejandro Próspero Reverend’ de Santa Marta, especialmente en relación con el uso de recursos de la salud para financiar campañas políticas. “Hay que ponerle freno a este desangre de los recursos de la salud financiando partidos y financiando campañas políticas. Eso es inaceptable”.

Por su parte, el presidente de la Red de Veeduría de Santa Marta, Edilfonso Orozco, afirma, que “el alcalde le entregó la E.S.E. a Johan Montenegro y luego se la cedió al senador Pulgar. Hoy es quien tiene a esta entidad a la que están acabando; hoy el alcalde la quiere recuperar, pero se le ha crecido el monstruo, porque esta gente no está en función de una comunidad, sino de llenarse los bolsillos a través de las contrataciones.

“Como ente regulador hemos llegado a las instancias máximas para tomar las medidas que sean necesarias, Superintendencia de Salud y Ministerio de Salud y darles a conocer la situación, además de esperar el apoyo institucional, ya que no ha sido posible con los entes de control, tomar las medidas que sean de su competencia para intervenir la situación. Tenemos unos anexos de más de 100 folios de todos los requerimientos que se han hecho a los diferentes entes de control y no hemos visto medidas efectivas, por lo contrario, hemos hecho una evaluación de la gestión que no es diferente a la que me están manifestando”, afirmó el Secretario de Salud Distrital.

Según el funcionario del orden Distrital, la Secretaría de Salud hizo una evaluación negativa a la E.S.E. “Nos abrieron una indagación preliminar por haber hecho una evaluación negativa que es el sentir de toda la población, y que no la hemos hecho de manera arbitraria, sino ajustándonos a todos los componentes que se evalúan en la gestión”.

Actualmente, en la Procuraduría General de la Nación, investigan las presuntas irregularidades que se dan en la E.S.E. relacionada con la financiación de campañas de dirigentes políticos de la ciudad con recursos de la salud.

Carrillo Flórez señaló, que también son objeto de indagación presuntas irregularidades en la suscripción de contratos directos en los últimos años por más de $9.500 millones, sin cumplir el requisito de la pluralidad de oferentes.

Indicó, que “al parecer existen contratos asignados a empresas de papel o en liquidación, a empresas que no tienen músculo financiero o la idoneidad requerida”.

Advirtió, además, que la Procuraduría indaga el presunto uso de los recursos de la salud en cesantías retroactivas y contratación de personal misional mediante una tercerización indebida, vulnerando los derechos de los trabajadores.

AMENAZAS

Debido a las constantes denuncias, Graciela Maestre, denunció ante la Fiscalía amenazas en contra suya y de su familia, además del inicio de una campaña de desprestigio en su contra a través de las redes sociales.

“El que se acerque a mí, inmediatamente le cancelan el contrato, porque nos levantamos para exigir el pago de nuestras primas de mitad de año, nos abren disciplinarios, cuando hay otras denuncias porque la E.S.E. está más quebrada que un bulto de canela”, afirma la líder sindical.

Finalmente agregó, que “una moto me persigue al igual que a la compañera Cielo, si no está detrás de mi carro, la veo en la puerta de mi casa o en una esquina, mirando hacia mi vivienda”.

Amanecerá y veremos hacia donde llegaran los resultados de las investigaciones que adelanta la entidad disciplinaria y las jurídicas.

Actualmente, las autoridades investigan las denuncias interpuestas por la líder sindical ante la Fiscalía General de la Nación.

 

NOTA DE REDACCIÓN

OPINIÓN CARIBE intentó comunicarse con el gerente de la E.S.E Ómar Suárez Prasca, para conocer su posición frente a las denuncias hechas por el Sindicato de Trabajadores de esta entidad representado por Graciela Maestre, sin embargo, no fue posible.