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Edición Especial

Educación superior: derecho o privilegio

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“Para hacer que la enseñanza superior sea un catalizador de la creación de sociedades sostenibles, innovadoras y equitativas, los gobiernos y las universidades deben concebir políticas que hagan que las escuelas superiores y las universidades sean asequibles e inclusivas”. Unesco (2017) Seis maneras de asegurar que la educación superior no deje a nadie atrás

Marcela Escandón

 

En Colombia, como en la mayoría de países del mundo, la educación es un derecho. Esto suena algo lógico, bastante cotidiano. Sin embargo, esto ¿qué implica para el Estado? ¿Cuánto cuesta garantizar el derecho a la educación de todos los colombianos? ¿Cómo se puede velar por su calidad? Estos son algunos de los desafíos de la materialización del derecho que debe afrontar el Estado.

Por ejemplo, el artículo 67 de la Constitución de 1991 habla de la gratuidad de la educación; sin embargo, solo hasta 2011 se expidió el Decreto No. 4807, “por el cual se establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales y se dictan otras disposiciones para su implementación”. Y es que garantizar la educación como derecho no es tarea fácil. Implica llegar a cada municipio y vereda, ofrecer la infraestructura básica, contar con los docentes y demás personal necesario, brindar materiales didácticos y textos escolares de calidad, entre muchas otras acciones. Es por esto que resulte común que el Estado se quede corto a la hora de responder a este mandato, lo cual convierte a la educación muchas veces en un privilegio más que en un derecho.

COMO PRIVILEGIO, EN ESPECIAL LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La educación puede ser un privilegio incluso en países con porcentajes altos de cobertura y una red sólida de instituciones públicas. Allí, la calidad es un factor determinante, pues la cobertura, en especial para los más pequeños, casi siempre se logra cumplir. Sin embargo, entre más años transcurran más difícil es mantener la oferta. La educación superior, sea profesional, técnica o tecnológica termina siendo costosa o de calidad regular.

En efecto, tal como lo señala la Unesco , “el sector de la enseñanza superior es muy variado. Además de los vastos programas tradicionales de licenciatura y estudios avanzados, existen cursos breves orientados a una carrera laboral, profesionales o técnicos. Aunque sigue predominando la manera tradicional de impartir la enseñanza presencialmente, cada vez son más numerosos los programas de la enseñanza a distancia y los que combinan las dos modalidades de docencia”. A esta variación se suman también asuntos de “tamaño, costo, cursos que ofrecen, procedimientos, tradiciones, régimen de gobierno y calidad. Las diferentes políticas nacionales sobre criterios de admisión y financiación amplían esas diferencias”.

La consecuencia de esta disparidad, tristemente, es la reproducción de la desigualdad. Esto debido a que, “es posible afirmar que una característica definitoria de la mayoría de los sistemas de enseñanza superior son las grandes disparidades en acceso a los estudios y en cuanto a cursarlos enteramente (compleción), especialmente en función de los ingresos y la riqueza. Si no se implantan políticas y programas que den apoyo a los estudiantes cualificados de orígenes desfavorecidos, se corre el riesgo de que los intentos de ampliar los sistemas de enseñanza superior agraven esas diferencias”.

Ante estos retos, el Ministerio de Educación presentó los resultados del Modelo de Indicadores de Desempeño de Educación (Mide), que permite conocer como están las universidades de Colombia en materia de calidad. Dentro de los resultados se evidenció que la educación aumentó un 20 % en cobertura, pasó del 31.2 % al 51.2 %. Además, el 16.9 % de jóvenes ingresó a instituciones de educación superior, de las cuales 49 están acreditadas y 1.093 programas académicos cuentan con aprobación de alta calidad. Desde el Ministerio se ha señalado, que «esto permite que Colombia tenga la posibilidad de que más jóvenes del país puedan acceder a la educación superior y que tengan mayores oportunidades a nivel laboral”. Ahora bien, ¿cómo avanzar más en la materia?

COMO UN DERECHO…PARA TODOS

¿Subsidios? ¿Gratuidad? ¿Obligatoriedad? ¿Cómo hacer valer ese derecho? El derecho a la educación es, sin duda, uno de los más importantes, desde la primera infancia, cuando se empiezan a desarrollar procesos cognitivos definitivos para el resto de la vida, hasta la educación superior. Se dice que es quizás el más importante de los derechos sociales. Aunque no se podría, en sentido estricto, desarrollar una clasificación o escala de derechos que revistan más importancia o centralidad que otros de segunda categoría, lo que se busca resaltar es que las políticas educativas adecuadas tienen un gran impacto en los seres humanos y es a través de la educación que desarrolla las habilidades y adquiere los conocimientos necesarios para convivir y participar activamente en la sociedad. En este mismo sentido, la educación en todas sus manifestaciones es la vía por excelencia de la socialización humana, es decir, la vía de su conversión en un ser social.

Además de la gratuidad para preescolar, primaria, secundaria y media, lo cual es un importante avance en materia de equidad, los gobiernos deben preguntarse qué es lo que afecta el ejercicio pleno de este derecho. En otras palabras, cómo evitar la deserción o la permanencia en los programas.

Estudios recientes señalan que en general, “los resultados destacan la importancia de las variables socioeconómicas en el logro académico de los estudiantes de educación superior, sugiriendo que, aunque las instituciones tienen un margen importante para mejorar sus niveles de eficiencia, están restringidas por la influencia de los factores ambientales de sus estudiantes. Por esta razón, las políticas sobre educación superior deberían tener en cuenta tales aspectos a la hora de tomar medidas para el mejoramiento de la calidad en este nivel de formación. Los resultados académicos, las medidas de política del Estado y las estrategias de las instituciones deben tomar en cuenta, además de los criterios en la contratación de docentes, la definición de incentivos para la investigación y los aspectos administrativos y financieros, los mecanismos que permitan contrarrestar el impacto negativo derivado de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y de otros factores ambientales.

Así, si bien durante las dos últimas décadas el número de estudiantes matriculados ha crecido de manera importante, especialmente en la formación técnica y tecnológica, en un contexto internacional las tasas de cobertura continúan siendo bajas y no superan el 50 %. Por otro lado, la calidad del sistema de educación superior es heterogénea, ya que coexisten instituciones bien organizadas y reconocidas por su excelencia, con instituciones que no lo son. En cuanto a las tasas de deserción, los indicadores revelan una situación preocupante. En efecto, del seguimiento a las tasas de deserción por período y por cohortes se concluye que en promedio uno de cada dos estudiantes no culmina sus estudios superiores (MEN, 2009)18. Por nivel de formación, para el año 2015, la tasa de deserción por período fue del 32.6 % para el nivel técnico, 18,0 % para el nivel tecnológico, y 9.3 % para el nivel universitario; por su parte, la tasa de deserción por cohorte representó un 56.9 % para el nivel técnico, un 52.1 % para el nivel tecnológico y 46.1 % para el nivel universitario. Cuando se evalúa la permanencia de los estudiantes por áreas del conocimiento, las mayores tasas de deserción por período a nivel universitario se observan en matemáticas y ciencias naturales (11.1 %); en agronomía, veterinaria y afines (10.2 %); y en economía, administración, contaduría y afines (10.1 %)” .

Este tipo de información es la que debe tener en cuenta, tanto el Gobierno Nacional como los locales a la hora de elaborar políticas públicas educativas con enfoque de derechos, orientadas a reducir la deserción y aumentar cobertura y calidad, reconociendo los elementos de contexto, factores sociodemográficos de los estudiantes y la enorme variabilidad en las características de las instituciones.

 

Constitución Política de Colombia

 

Artículo 67 “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

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La enseñanza superior es la piedra angular del desarrollo sostenible.1. Crea nuevos conocimientos, enseña competencias específicas y promueve valores fundamentales como la libertad, la tolerancia y la dignidad. Según la meta 4.3 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4), relativo a las oportunidades de recibir una educación de calidad inclusiva y equitativa y de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos, en 2030 los países deberían proporcionar a todas las mujeres y todos los hombres igualdad de acceso a una enseñanza técnica, profesional y superior asequible y de calidad, incluida la enseñanza universitaria. La consecución de esa meta facilitará no solo la del ODS4, sino también la de todos los demás ODS.

Unesco (2017) Documento de política. ‘Seis maneras de asegurar que la educación superior no deje a nadie atrás’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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