Supervisión de la CIF es insuficiente para reducir deforestación

El estudio adelantado por la Contraloría Delegada para el Sector de Medio Ambiente abarcó también una evaluación de otros instrumentos de política para la gestión ambiental como son los subsidios directos y específicamente dos: el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) y el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA).

El CIF es un reconocimiento que se materializa en una subvención en dinero que el Estado entrega de manera directa a quienes realicen inversiones en plantaciones forestales y también puede ser utilizado para compensar los costos económicos directos e indirectos en los que se incurre por mantener ecosistemas naturales boscosos poco o nada intervenidos.

De acuerdo a información reportada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, durante el período 2014-2017 se sembraron en el país 26.773 hectáreas a través del CIF, principalmente en los departamentos de Vichada, Antioquia y Meta, siendo 2015 el año en que más cantidad de hectáreas se sembraron.

Sin embargo, esta cifra no supera el 0,023% del territorio nacional (114 millones de hectáreas) y las 4.966 hectáreas sembradas en 2016 no superan el 3% de la tasa anual de deforestación de ese año, calculada en 178.148 hectáreas, según cifra oficial del IDEAM reportada en 2017.

Lo mismo sucede con lo sembrado en 2017, pues esta área no supera el 3.3% de la deforestación calculada por el IDEAM a diciembre del mismo año. Según reporta también el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el período 2014 -2017 el Estado invirtió en el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) un total de $23.623,9 millones, de los cuales $16.841,7 millones se invirtieron en establecimientos de plantaciones y $6.782,3 millones en su mantenimiento.

La Contraloría considera que el seguimiento y monitoreo que se hace al CIF es muy juicioso, pero frente a la alta presión que se ejerce sobre los bosques naturales de Colombia, teniendo en cuenta el aumento en la deforestación que para el año 2017 llegó a 219.973 hectáreas, resulta ser un instrumento insuficiente para reducirla.

La conclusión del estudio de la CGR, en este sentido, es que, aunque el CIF es un instrumento sobre el que el Estado puede ejercer un mayor grado de seguimiento, monitoreo y control, su efectividad para contribuir a reducir el impacto sobre los bosques naturales y el potencial para capturar los gases efecto invernadero (GEI) aún son muy bajos.