Secuestro y homicidio: ¿Un mensaje para la industria bananera y palmera?

Por: Unidad Investigativa

En mes y medio se han registrado públicamente dos homicidios sobre la Troncal del Caribe, jurisdicción donde opera la estructura criminal ‘Los Pachencas’, que según las investigaciones adelantadas por las autoridades han sido los autores materiales de estos dos hechos de sangre: el primero fue el del contratista de Parques Naturales, Wilton Fauder Orrego León; y el segundo es el del funcionario de Daabon, Juan Carlos Pedrozo, quien se movilizaba en su camioneta por el corregimiento de Buritaca cuando fue asesinado.

De acuerdo a la información suministrada, la tenencia de la tierra y la extorsión han sido factores de riesgo no solo en la Troncal del Caribe sino también la zona urbana de la ciudad. El primer homicidio contra Wilton Fauder Orrego León, se registró en la vereda de Perico Aguao, donde según el director de Fiscalía, seccional Magdalena, Vicente Guzmán, el acto fue cometido por ‘Plancha’, integrante de la estructura sicarial de ‘Los Pachencas’, por la función que desempeñaba el guadarbosque en la zona.

Juan Carlos Pedrozo

El segundo homicidio se presentó el 18 de febrero cuando el director de Recursos Humanos de Daabon, Juan Carlos Pedrozo, se movilizaba en compañía de cuatro funcionarios en su camioneta por el corregimiento de Buritaca, cuando una motocicleta la interceptó disparándole con un arma con silenciador.

El Ejército que estaba en la zona se enfrentó a los sicarios que, en su huida, abandonaron la pistola y una moto, elementos que le permitieron a las autoridades entregar resultados inmediatos sobre el autor material e intelectual del homicidio del funcionario de Daabon que llevaba ocho años vinculados a esta importante empresa y contra quien no se conocían amenazas, identificado por un fiscal especializado como alias ‘Alfredo’ y a ‘Los Pachencas’ respectivamente.

Alías ‘Alfredo’, tiene antecedentes judiciales por delitos de Concierto para Delinquir, Tráfico y Fabricación de Estupefaciente y cumple dentro de la organización criminal, ‘Los Pachencas’ funciones de sicariato y cobro de extorsiones en la jurisdicción de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde interceptó a Juan Carlos Pedroso el 18 de febrero de 2019.

Según la alerta temprana 045 de 2018 de la Defensoría del Pueblo, ‘Los Pachencas’ se dedican al narcotráfico, pasando por el manejo de empresas turísticas hasta llegar a la extorsión sobre todas las actividades comerciales de la región donde operan empresas bananeras.

Además, las declaraciones entregadas por Freddy Castillo Carrillo a OPINIÓN CARIBE, confirman que en la Troncal del Caribe hay extorsión. “Puedo decirle que en esta zona del país no hay narcotráfico, Hernán se desmovilizó con su gente y el Gobierno acabó el narcotráfico, allá lo que hay en la actualidad son extorsiones y Bandas Emergentes o Bandas Criminales -Bacrim- hay que aclarar que este no es un grupo que se quiere organizar es un grupo que viene de afuera y quiere apoderarse de la zona y del narcotráfico para tomarse el poder”, sostuvo.

Además, el empresario del sector turístico, Castillo Carrillo señaló que “Yo conozco la zona y sé que en realidad no existen grupos al margen de la ley, por eso no me dejo extorsionar, aunque tengo claro que lo que si existen son ‘Los Pachencas’ y las Bacrim, y creo que es el momento para que la justicia actúe, esos grupos están debilitados, he denunciado a ese grupo y a las personas que he visto extorsionando para que sean capturados en flagrancia”.

Hasta la fecha las autoridades no han confirmado que el asesinato del funcionario de Daabon, esté relacionado con el cobro de extorsiones, pero las características del hecho sangriento y los protagonistas involucrados llevarían a pensar que este delito es pieza clave para esclarecer este homicidio.

GOLPES AL SECTOR BANANERO

Melisa Martínez

Es importante recordar que, en estos dos últimos años, las bandas criminales le han dado duros golpes a la industria bananera y palmera del Magdalena. El primero el 23 de agosto 2018 con el secuestro de la empresaria Melisa Martínez, administradora de la finca San José en la Zona Bananera, quien es hijastra de Miguel Cadavid, dueño de numerosas hectáreas de tierras en la Zona Bananera y socio de la compañía bananera Dole.

El segundo golpe al sector bananero y palmero en menos de seis meses, es el asesinato de un alto funcionario del Grupo Daabon, una empresa pionera y líder en la producción de ingredientes orgánicos en América del Sur.

Estos hechos no se han registrado en las mismas zonas territoriales, pero si tienen un común denominador afectación al gremio bananero y palmero del Magdalena, donde se han visto involucradas empresas de gran importancia para la económica no solo local, si no nacional.

¿Será que estos grupos delincuenciales que buscan mantener el control territorial en el Magdalena, están enviando un mensaje a los empresarios del sector bananero? Convirtiéndose esto en un desafío para las autoridades que han mostrado hasta el momento resultados importantes al momento de esclarecer estos hechos y que su mayor reto es mantener no solo el control de la cabecera urbana de Santa Marta sino también el sector rural, punto estratégico para ‘Los Pachencas’ u otras bandas delincuenciales.

EXTORSIONES Y AMENAZAS

El informe de alerta 045 de la Defensoría del Pueblo, expone que en Don Diego y Buritaca es muy frecuente ver en todos los restaurantes a mujeres que fungen como encuestadoras, anotando de manera meticulosa cuántos platos son vendidos diariamente.

El documento, también expone que estas mujeres que hacen parte de la extensa red clientelar creada por ‘Los Pachencas’, recaban esta información para que los encargados de los cobros extorsivos sepan con certeza el monto que deben cobrarle a cada quien. También los familiares de Giraldo han creado comercializadoras que monopolizan la distribución de todos los productos que se venden en la región. Quien quiera distribuir cualquier producto en este territorio, desde gaseosas, cervezas, víveres y otros productos, tiene que hacerlo necesariamente a través de esta empresa.

La perspectiva regional de esta zona, según el informe de alerta temprana 045, también es atractiva para las organizaciones criminales, quienes históricamente han utilizado este vasto territorio para la extracción de rentas ilícitas, almacenamiento de mercancías ilegales, entrenamiento y ocultamiento de combatientes; laboratorios para la obtención de coca, y para el tráfico de armas y personas.

De acuerdo con la Alerta Temprana No 045-18 A.I ‘Los Pachencas’ a través de la aplicación de mecanismos de violencia ha impuesto un orden particular que beneficia a los jefes de las estructuras para garantizar la sumisión de la población, exigiendo lealtades y recursos para la organización armada.

Además, aprovechan de acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo, las condiciones geográficas y físicas del territorio para desarrollar actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico; regulan todos los intercambios económicos y sociales que la población realiza, imponiendo porcentajes del 10 % para la compraventa de predios, aledaños al mar y en la Sierra; también existen ‘impuestos’ para los intercambios comerciales de mercancía al por mayor y al detal; y para los operadores de servicio turístico. Estas exigencias son también para los comerciantes, pescadores y operadores formales e informales de la zona urbana de la ciudad.

El informe de alerta revela que las personas que desobedezcan las imposiciones de ‘Los Pachencas’, son amenazadas de muerte, despojadas de los predios, desplazadas forzosamente, asesinadas, secuestradas y desaparecidas. Esta realidad se hace tangible en el cobro por cada turista que accede a la región; cobro por el consumo de platos de comida en los establecimientos comerciales; cobro de peajes revestidos de una fachada supuestamente comunitaria; cobro al ingreso de productos y víveres; cobro por intermediaciones en las transacciones sobre predios que se firmen.

Este documento, también expone que en el caso de ‘Los Pachencas’, estos se financian de manera directa a partir de la imposición de exacciones a hoteles, restaurantes, bananeras, centros recreacionales entradas a sitios turísticos, contrabando de hidrocarburos, comisiones por negocios inmobiliarios (fincas y tierras) que llegan hasta el 15 % del valor total y por la administración de ‘ollas’ del microtráfico en Santa Marta.

La Defensoría del Pueblo en su informe de alerta temprana, señala que en Buritaca y Bahía Concha, tras la fachada de ser peajes pertenecientes a las comunidades, se está cobrando el ingreso a los turistas; sin embargo, un porcentaje de lo recaudado termina en las arcas de ‘Los Pachencas’.

De acuerdo con el informe de alerta temprana, las empresas de turismo deben pagarte a ‘Los Pachencas’ una suma aproximada de $50.000 por cada turista que ingresa al Parque Tayrona. Si el ingreso a este parque está alrededor de 15.000 personas, el resultado del monto que recauda la estructura criminal por este medio, es considerable.

Guachaca es considerado el epicentro de las actividades económicas de ‘Los Pachencas’, la cual tiene una enorme influencia hasta el punto que controla, en buena medida, las actividades turísticas de este sector. Esta estructura armada ilegal, de acuerdo con lo expuesto por el informe de alerta temprana, que, en la práctica, controla esta región a partir del establecimiento de un status quo fundado en el miedo, la conveniencia y la oportunidad para la sobrevivencia que le brinda a parte de la población local.

Seguidamente, el informe establece que lo que ocurre en Guachaca es una clara demostración de que, ante la ausencia institucional, se dio paso a una forma de control de tipo mafioso oficial.

El gremio turístico de la zona vive en zozobra por las presiones que ejercen ‘Los Pachencas sobre esta población que debe pagar vacunas para ejercer la actividad libremente. “A la Troncal del Caribe no se lleva a cualquier persona a trabajar, solo las que están estipuladas o las que tramitan los permisos para ingresar. El requisito es tener un vínculo cercano con ellos y cumplir con las reglas establecidas”, cuenta *Pedro Sánchez, a quien le cambiamos el nombre por seguridad.

Además, agrega, que en la zona hay seis empresas operadoras turísticas; unas llevan muchos años trabajando en el negocio y conocen como es el maní, principalmente para la operación a Ciudad Perdida; las otras pueden ir por el sector Troncal sin ningún problema”.

Guachaca y Buritaca son considerados epicentros de las actividades económicas de ‘Los Pachencas’, la cual tiene una enorme influencia hasta el punto que controla, en buena medida, las actividades turísticas de este sector.

CIUDAD PERDIDA, LA JOYA DE LA CORONA

El vivir una experiencia con la mitología y la arqueología del poblado indígena Tayrona, lleva a que turistas nacionales y extranjeros deseen vivir la experiencia de conocer el lugar sagrado de Ciudad Perdida, hoy la joya de la corona tanto de operadores turísticos como de grupos ilegales a quienes les deben pagar por cada persona que visite este sitio, unos 40 mil pesos.

“Ciudad Perdida es otro nivel, del millón cien mil pesos que cuesta el tour, unos 40 mil pesos van para financiar a ‘Los Pachencas’; adicionalmente los transportadores deben cancelar un monto por cada subida hacia el lugar sagrado, unos 20 mil pesos por cada carro que entra. También cada guía tiene que cancelar un ‘impuesto’ para entrar a Ciudad Perdida”, cuenta *Wilson Fonseca, a quien le cambiamos el nombre por seguridad.

Asimismo, agrega, que “los muleros también pagan aproximadamente 20 mil pesos por cada viaje para trabajar. Esto también pasa en Minca, cada transportador debe pagar anualmente 500 mil pesos, más 50 mil pesos mensuales. Los hostales, los hoteles y restaurantes tienen una tarifa para poder trabajar”.

A Ciudad Perdida la visitan anualmente unas 20 mil personas aproximadamente, es decir, que a los grupos ilegales le representan si cobran por cada persona 40 mil pesos, una ganancia de 800 millones de pesos al año.

“Lo mismo pasa en el Parque Tayrona, los guías turísticos también tienen que bajarse del bolsillo con 50 mil pesos para que los dejen trabajar; un tour vale 80 mil pesos, de los cuales deben sacar la vacuna. A mí me amenazaron porque no pagaba, un día me llamaron y me tocó pagar 500 mil pesos, los busqué y se los dejé donde ellos me indicaron. Si tienes un vehículo de servicio turístico se tiene que pagar por trabajar, cada final de mes me llama para cobrarme la vacuna”, denuncia *Juan Diego Arvilla, a quien le cambiamos el nombre por seguridad.

Al mismo tiempo expone, que “uno siente una decepción de ver que el Gobierno no hace nada, uno llega a pesar que la misma fuerza militar está detrás de todo ese grupo criminal porque suben y bajan, pero no pasa nada. La Policía y el Ejército, saben quiénes son y no los capturan, y uno no los denuncia por temor y porque no tenemos pruebas. Si usted pagó siga en la ruta relajado”.

Según el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, la Defensoría del Pueblo ha advertido la presencia del grupo paramilitar ‘Los Pachenca’ en Santa Marta y la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, además de otros grupos que operan en alianzas con grupos paramilitares de otras regiones del país como ‘Los Paisas’, ‘Las Águilas Negras’ y ‘Los Rastrojos’, los cuales ejercen control territorial y violencia contra la población por las rutas utilizadas para el narcotráfico hacia la frontera con Venezuela.